INDICADOR POLITICO
+ Cofetel, miedo al desacato
+ Presiones de SCT, ilegales
Carlos Ramírez
La licitación de concesiones para el espectro radioeléctrico entró ya en la ruptura institucional: las presiones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para decidir ya a favor de Televisa-Nextel se encontró con la ausencia de dos comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones que temen las consecuencias penales por no acatar una orden judicial de suspender el concurso.
El tema central que ha pospuesto la votación para decidir la licitación es judicial y tiene que ver si la SCT y la Cofetel fueron o no notificados por jueces de Acapulco y Matamoros para impedir la decisión ya tomada por las autoridades de Comunicaciones a favor de Televisa-Nextel. Lo grave fue que las autoridades quedaron enredadas en su propia telaraña porque quisieron desconocer los acuerdos judiciales diciendo que no habían sido notificadas pero con ello perdieron el tiempo jurídico para responder la demanda en su contra.
El viernes la Cofetel citó a los cinco consejeros para votar la entrega de la concesión de las licitaciones 20 y 21, pero dos de ellos --Ernesto Gil Elorduy y José Luis Peralta-- no asistieron, a pesar de que hubo tres convocatorias para ese mismo día. Los tres comisionados restantes, comandados por el recientemente electo presidente Mony de Swaan, estuvieron a punto de decidir la concesión, pero temieron el efecto mediático de una licitación con la ausencia de dos comisionados.
Hoy lunes se hará el intento definitivo para oficializar la entrega de la concesión a Televisa-Nextel, en medio de un intenso debate público basado en el criterio de que hubo favoritismo. Pero el problema de fondo radica en la ausencia de dos comisionados por razones judiciales: el desacato de las autoridades de la SCT y la Cofetel a dos decisiones judiciales que ordenaron suspender la licitación. Mañosamente, con una maniobra típica de las chicanas jurídicas, la SCT y la Cofetel se dicen no notificadas y por tanto con el derecho a seguir con el procedimiento. Sin embargo, hay cuando menos cinco hechos que pudieran convertir a la SCT y a la Cofetel en instancias violatorias de órdenes judiciales y por tanto en situación penal de desacato:
1.- El director del jurídico de la SCT, Gerardo Sánchez Henkel, aceptó el pasado 8 de julio tuvo indicios de las decisiones de jueces de Acapulco y Matamoros. Por tanto, jurídicamente la SCT no puede alegar que no fueron notificados por confusiones en el domicilio para recibir notificaciones.
2.- El debate en medios ha sido lo suficientemente amplio como para que los funcionarios de la SCT y la Cofetel tuvieran las evidencias de las decisiones de dos jueces para suspender las licitaciones por una demanda levantada por el Grupo Iusacell.
3.- El fin de semana pasado un juez informó a Iusacell que la SCT y la Cofetel fueron emplazados, conocieron los actos y perdieron el derecho para contestar la demanda en su contra dentro de los términos legales para ello. Más aún: las autoridades judiciales decidieron notificaciones por listas, para evitar las chicanas de la SCT y la Cofetel.
4.- El miércoles 11, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó al presidente de la república a declarar desierta la licitación del espectro radioeléctrico porque beneficia a Televisa-Nextel. Ahí hubo otro elemento que tuvieron la SCT y la Cofetel sobre la polémica concesión.
5.-. Y finalmente, el diputado del PT, Mario di Costanzo, le recordó personal y directamente al secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, en la comparecencia del martes 10 la existencia del artículo 320 del Código Federal de Procedimientos Civiles que establece --y refuerza-- el principio de derecho de que el desconocimiento de las leyes no exime de su cumplimiento: “si la persona mal notificada o no notificada se manifestare, ante el tribunal, sabedora de la providencia, antes de promover el incidente de nulidad, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos, como si estuviese hecha con arreglo a la ley. En este caso, el incidente de nulidad que se promueva será desechado de plano”.
Por tanto, si los consejeros de Cofetel deciden hoy lunes entregar la concesión del espectro radioeléctrico de 30 megahertz a Televisa-Nextel estarían violando acuerdos judiciales y podrían ser juzgados por desacato y destituidos de sus cargos. Ahí se localiza la esencia del problema.
Asimismo, habría un efecto colateral: la confirmación de acusaciones sobre el nombramiento de Mony de Swaan como comisionado presidente de la Cofetel, pasando automáticamente de la coordinación de asesores del titular de la SCT al máximo cargo en la Cofetel para tomar decisiones no en función de la autonomía institucional sino de las órdenes directas del secretario de Comunicaciones. El debate sobre De Swaan no tiene que ver con su experiencia en el terreno de las telecomunicaciones --no es, por cierto, un novato-- sino por su dependencia del sector central del ramo.
La ausencia de los comisionados Gil Elorduy y Peralta no fue caprichosa sino que estuvo decida por las implicaciones judiciales de no atender un mandato judicial. Sin embargo, el viernes, la oficina de prensa de la Cofetel distribuyó un boletín de prensa para explicar el retraso en la votación, pero fue redactado mañosamente para regañar a los ausentes, revelando datos para desprestigiar a Elorduy y Peralta.
De ahí que la concesión a Televisa-Nextel sea ya un conflicto judicial, de desacato, de ruptura dentro de la Cofetel y de enfrentamiento de una rama del ejecutivo federal con el legislativo.
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