Datos personales

Mi foto
Periodista, escritor, Lic. en Periodismo, Mtro. En Ciencias Políticas, oaxaqueño. Autor de la columna "Indicador Político" en El Financiero.

lunes, 27 de agosto de 2012

27-Agosto-2012, Lunes.



POR VACACIONES DE VERANO, INDICADOR POLÍTICO DESCANSA DE HOY LUNES 27 DE AGOSTO AL DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE.

NOS VOLVEREMOS A LEER A PARTIR DEL LUNES 3 DE SEPTIEMBRE.

viernes, 24 de agosto de 2012

24-Agosto-2012, Viernes.


INDICADOR POLITICO


 

+ Duarte acusa de fraude a OCESA

+ PRI-PAN se apropian de Coparmex

 

Carlos Ramírez

 

El relevo en la presidencia de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) podría ser el primer indicio de que el PRI habría vuelto a las andadas: imponer al presidente del sindicato de patrones en función de los intereses políticos del gobierno.

Asimismo, podría ser el primer indicio de una alianza del PRI con el PAN: el gobernador priísta chihuahuense César Duarte se ha aliado al ex diputado panista y último secretario priísta de Gobernación Diódoro Carrasco Altamirano para manipular el proceso de renovación de dirigencia de la Coparmex.

La jugada lleva otro efecto directo: que el ex presidente de ese organismo y presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, se perfile desde ahora como el candidato a gobernador de Oaxaca por la alianza PAN-PRI, sacando de la jugada al PRD que se colocó en las pasadas elecciones federales como la primera fuerza política estatal.

El actual gobernador oaxaqueño es Gabino Cué Monteagudo, que le ganó al PRI en el 2010 por la alianza PAN-PRD coordinada por el ex gobernador Carrasco Altamirano. Ahora habrá un cambio estratégico en la alianza por la victoria presidencial del priísta Enrique Peña Nieto y Carrasco está ya operando en Oaxaca la candidatura del pequeño empresario Gutiérrez Candiani como candidato aliancista pero del PAN-PRI y sin el PRD.

Por segunda vez, la elección de la presidencial nacional de la Coparmex estará controlada por el ex priísta, hoy panista y casi de regreso al PRI Carrasco Altamirano, dejando a los patrones sin cartas propias. En la operación política participa el gobernador chihuahuense Duarte, quien en la competencia por la candidatura presidencial del PRI apoyó abiertamente a Beatriz Paredes Rangel y enfrentó al entonces gobernador mexiquense Peña Nieto. Duarte está conteniendo al presidente de la Coparmex en Ciudad Juárez, Carlos Chavira Rodríguez. De cumplirse la maniobra Duarte-Carrasco para imponer al sinaloense Juan Pablo Castañón, la Coparmex será entregada a la alianza PRI-PAN. Y el otro efecto adicional sería el fortalecimiento del actual presidente del CCE Gutiérrez Candiani como el enlace del sector privado con Peña Nieto

Al estilo del viejo PRI, la Coparmex está operando una elección de su dirigente con maniobras políticas de poder. Y ahí es donde el gobernador Duarte le hace el trabajo a Carrasco Altamirano para sacar de la competencia al juarense Chavira Rodríguez, aunque a costa de iniciar declaraciones de fraude que más bien están dañando a la empresa Ocesa, organizadora de espectáculos. En octubre del año pasado, empresarios de Ciudad Juárez contrataron al grupo Maná con apoyo del gobierno estatal, pero hoy Duarte denuncia que hubo fraude y ha señalado como responsable a Chavira Rodríguez, aunque en realidad está señalando de irregularidades a Ocesa porque por que fue la que firmó el contrato en representación de Maná.

El caso de Maná y Ocesa sólo quiere sacar de la competencia por la Coparmex nacional al empresario juarense Chavira Rodríguez en una jugada de alianza PRI-PAN-Coparmex:

1.- Por primera vez la convocatoria a elección de presidente de la Coparmex incluye la condición de “no haber sido condenado por delito grave, en términos de la legislación mexicana” y para ello los precandidatos deben entregar una “carta de antecedentes no penales expedido por la autoridad correspondiente”. En Chihuahua el documento tendría que entregarlo la procuraduría de Duarte.

2.- Pero sin ningún expediente judicial en curso y sólo por declaraciones mediáticas, el gobernador Duarte ha señalado a Chavira Rodríguez como responsable de un fraude en la contratación de Maná, sólo que existe un contrato firmado por Ocesa y dirigentes de la Asociación de Maquiladoras. La inexistencia de una demanda legal en proceso ha llevado a Duarte a mediatizar la responsabilidad de Chavira, quien no aparece firmando en ningún documento. Pero Duarte acusa a Chavira mediáticamente sólo para complicar su registro como candidato a la presidencia de Coparmex.

3.- Sin embargo, las acusaciones sí dañan el prestigio de Ocesa porque el contrato fue por 26 millones de pesos y Duarte dice que el grupo Maná sólo cobró 5 millones. Por tanto, Duarte deja entrever que el presunto fraude pudo haber sido cometido por Ocesa. El empresario Chavira Rodríguez ya acudió a la procuraduría estatal y le informaron que no existe denuncia alguna; por tanto, el juego sucio de Duarte sólo quiere desprestigiar la precandidatura del empresario juarense.

El asunto de Maná sería local de no ser por implicaciones nacionales: la alianza PAN-PRI para mantener el control de la Coparmex a través de un nuevo presidente funcional a los intereses del PRI, quitarle la combatividad que tiempo atrás tuvo ese organismo contra los estilos de dominación priísta, fortalecer la precandidatura de Gutiérrez Candiani al gobierno de Oaxaca en el 2016 con la alianza PAN-PRI y regresar a los tiempos en los que el PRI y el gobierno ponían liderazgos empresariales funcionalmente corporativos al partido del Estado.

Y de paso, la jugada Duarte-Carrasco Altamirano busca colocar en la presidencia de la Coparmex a un dirigente funcional a Gutiérrez Candiani --sería el sinaloense Castañón-- para tapar irregularidades en el funcionamiento interno, porque el ex dirigente Gutiérrez Candiani cometió peculado por casi 4 millones de pesos que fueron recursos del fondo Pyme que no se entregaron a la empresa y fueron usados para actividades de la presidencia del organismo.

De ahí que la futura dirigencia de la Coparmex está en manos del gobernador priísta Duarte y del ex priísta, panista y futuro priísta Carrasco Altamirano y no de los empresarios.

(Por vacaciones de verano Indicador Político toma una semana de descanso. Nos leeremos aquí a partir del lunes 3 de septiembre.)



@carlosramirezh

- - 0 - -

miércoles, 22 de agosto de 2012

22-Agosto-2012, Miércoles.


INDICADOR POLITICO




+ Ejército y seguridad municipal

+ SDN rompe control del narco



Carlos Ramírez



Mientras los militares son enjuiciados en tribunales judiciales por contados casos de derechos humanos, la Secretaría de la Defensa Nacional logró cuajar un modelo de reorganización de la policía municipal para blindarla del dominio por parte de los cárteles de la droga.

El principal problema de la inseguridad se localizaba justamente en que las policías estatales y municipales eran parte de la cadena de complicidades del narcotráfico y por tanto era imposible intentar combatir la inseguridad sin policías leales.

El prototipo del programa de reorganización de policías municipales y estatales fue aplicado en la IV Región Militar al mando del general Noé Sandoval Alcázar. A lo largo de varios meses, el ejército pasó a revisión a la seguridad estatal y municipal y se encontró con desorganización, malos salarios y ausencia de controles de confianza.

El programa de reorganización policial se hizo en el escenario de la Operación Noroeste, donde el ejército no se dedica sólo a combatir delincuentes sino que ha contribuido con su presencia a restaurar una parte del tejido social, a poner orden en los cuerpos policiacos y a dar capacitación y entrenamiento a los nuevos policías.

La IV Región Militar se encargó de coordinar las peticiones de gobernadores de cinco estados de la Operación Noroeste: Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz, Coahuila y Tamaulipas, canalizadas vía Gobernación.

La evaluación previa del estado en que se encontraban las policías estatales y municipales tuvo resultados bastante negativos y preocupantes: hace apenas un año las fuerzas de seguridad estatales y municipales no contaban con la capacidad de reacción necesaria para hacer frente a la delincuencia organizada, los salarios eran bajos, estaban al servicio de los delincuentes, no había controles sobre el uso adecuado de los permisos de portación de armas.

Si la capacidad de reacción de las policías locales era prácticamente nula, lo más grave fue que paulatinamente los cárteles fueron comprando a jefes y mandos policiacos. Las actividades de las fuerzas federales de seguridad tenían que realizarse a espaldas de los policías locales porque los narcos se enteraban de movimientos y operativos. Asimismo, la coordinación entre policías estatales y municipales era inexistente y por tanto también con las federales. El reclutamiento de personal carecía de técnicas de control pero poco se podía hacer con sueldos de miseria.

En los hechos, la comandancia de la IV Región Militar opera como una coordinación única de la seguridad en esos cinco estados, realizando periódicamente juntas de coordinación y supervisión de la capacitación. Con ello se ha blindado a los cuerpos estatales y municipales de seguridad de cualquier intento de penetración del crimen organizado.

La reestructuración de las policías municipales en el Noroeste de la república se basa en objetivos concretos, entre los que destacan los siguientes:

--Reclutamiento de personal militar retirado y del que haya causado baja dignamente de las fuerzas armadas, inclusive para darle una mejor utilización a la capacitación que recibieron en su entrenamiento. Este personal militar retirado ha pasado los controles estrictos de confianza del ejército.

--Evaluaciones de control de confianza recurrentes, para mantener al personal policiaco bajo supervisión permanente. El error del pasado consistía en contratación de policías y los dejaban sin controles posteriores. Los controles de confianza no son sólo de exámenes, sino de atención familiar.

--Depuración de las corporaciones policiales para excluir al personal que venía ya cargado de compromisos y que contaminaba permanentemente a sus compañeros. El propósito es el de crear una nueva policía con personal ajeno a las viejas prácticas.

--Informe policial homologado para evitar la dispersión de informaciones que puedan constituir inteligencia de seguridad. Hasta hace poco no sólo cada policía hacía sus informes sin ninguna coherencia de seguridad, sino que a veces ni siquiera redactaban informes. Los reportes policiacos son fuentes de inteligencia de seguridad.

--La unificación de criterios y procedimientos para el ejercicio de la función de seguridad pública, estrechando la coordinación y enlace entre las policías estatales y municipales con el personal militar.

Las nuevas policías municipales cuentan ya con recursos, infraestructura y atención: vehículos, patrullas, comando móvil y unidades blindadas, bonos especiales para el personal que tiene enfrentamientos con delincuentes, seguros de vida, derecho al Infonavit, materiales para mejorar sus condiciones de vida y una coas tan elemental como ausente: alimentación.

Hasta ahora, quince municipios de Nuevo León cuentan con mandos policiales de procedencia militar, lo que garantiza una mejor y más confiable comunicación con el personal militar en el área. Asimismo, Nuevo León ha creado una nueva policía estatal denominada Fuerza Civil, organizada en base a la doctrina y disciplina militar y con un personal inicial de casi mil 300 efectivos. Para evitar sospechas, estas policías pasan certificaciones y evaluaciones constantes. El objetivo final es, dicen los responsables del modelo, cambiar la percepción social sobre los policías y sobre todo construir un blindaje de protección de las policías para evitar la infiltración criminal.

Las nuevas policías municipales han aumentado los saldos de aseguramiento de armas, vehículos, drogas, inmuebles y delincuentes. Y han llevado algo de tranquilidad social a sus municipios



@carlosramirezh



- - 0 - -

lunes, 20 de agosto de 2012

20-Agosto-2012, Lunes.


INDICADOR POLITICO




+ AMLO y los errores en el 2012

+ Chavizar las calles contra PRI



Carlos Ramírez



El PRD y Andrés Manuel López Obrador quedaron atrapados en su laberinto: van a tratar de mantener la agitación en las calles y en los medios, pero en el entendido de que la derrota electoral del candidato presidencial perredista fue producto de malas estrategias del partido.

Los Chuchos, Jesús Ortega y Jesús Zambrano, aceptaron la mala estrategia electoral del PRD, aunque contradictoriamente insisten en anular las elecciones presidenciales sin anular también las legislativas y las estatales que reprodujeron las mismas maniobras del PRI.

De ahí que el dato significativo en los últimos días de la semana pasada hayan sido los movimientos tácticos del PRD y sus aliados: el apoyo declinante del partido a López Obrador en su protesta, el mensaje del PRD de mantener un diálogo con el próximo presidente de la república y sobre todo el reconocimiento a los errores perredistas en las elecciones y en la defensa del voto.

Queda para el análisis el discurso insidioso del presidente del PRD, Zambrano, para insultar a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si el neoperredista Marcelo Ebrard demandó al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo cuando dijo que el gobierno del DF había maiceado a ministros de la Corte para avalar las reformas al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo, Zambrano, sin pudor ni presentar prueba alguna, declaró que los magistrados del Tribunal ya habían recibido línea para declarar presidente electo a Enrique Peña Nieto.

Por lo pronto, los más apasionados seguidores de López Obrador han comenzado a criticar la estrategia de protesta y de movilización del tabasqueño. El productor televisivo Epigmenio Ibarra, de una negra historia en traiciones al zapatismo en 1994 y 1995, publicó el viernes pasado en Milenio un largo rosario de quejas contra la movilización lopezobradorista, luego de apasionados apoyos a la protesta. El de Ibarra es el discurso de lamentación de una estrategia personalizada en López Obrador y no una guerra de posiciones políticas:

--Un lamentable error de la izquierda; el haber cedido a la tentación del performance al presentar algunos de los animales de corral con los que el PRI compró votos como evidencia, ha facilitado el trabajo de quienes ahora hasta caricaturizan la demanda de impugnación.

--Los partidos de la izquierda, dominados por una burocracia que logró colocarse en la nómina, se preparan para abandonar el barco. La famosa cumbre de la izquierda huele más a rendición que a plan de lucha.

--Los movimientos sociales de filiación abiertamente obradorista se empeñan en acciones de poco calado y no hacen sentir su presencia, su músculo en las concentraciones ciudadanas que se han producido.

--Otro tanto sucede con los jóvenes de #YoSoy132. De deslinde en deslinde, poseídos por un asambleísmo febril, han abandonado a su suerte en las calles a ciudadanos que, paradójicamente, enarbolan sus banderas, portan sus emblemas sin encontrase en ellas a esos jóvenes que los hicieron despertar de su letargo.

--Sicilia y su movimiento por la paz, sin atinar a relacionar la guerra que condenan con la permanencia del PAN y el PRI en el poder, cedieron el terreno y se fueron ahora para el norte. En medio, además, de una coyuntura electoral que disminuye la eficacia y contundencia de su reclamo.

--Fuerzas más radicales son, en este momento, las más activas. Al tiempo que capitalizan el movimiento lo hacen menos digerible para amplios sectores de la población. Muy difícil resulta que ciudadanos, movidos por una indignación que poco tiene que ver con los dogmas ideológicos de la izquierda tradicional, jueguen, en estas condiciones, un papel protagónico. Sin ellos nada somos. Es pues el momento de la reflexión, la autocrítica, de la humildad y las decisiones rápidas y audaces.

--No podemos ni debemos darnos el lujo de la claudicación. Menos poniendo como pretexto para la misma la conquista de “objetivos superiores”.

El texto de Ibarra, los insultos de Zambrano al Trife, el circo en la entrega de animales como prueba, la Cumbre de la Izquierda y el aislamiento en el que quedó López Obrador por una necedad personal de impugnar solamente la elección presidencial sin el apoyo real, efectivo y activo de los candidatos que ganaron gobiernos estatales y posiciones legislativas y municipales han dibujado ya el agotamiento de la protesta lopezobradorista.

Y sabedor de que el PRD no lo acompañará a un nuevo plantón en las calles y que el partido se prepara para negociar reformas con Enrique Peña Nieto y el PRI, la salida que estaría analizando López Obrador para mantener la impugnación mediática sería la de manifestaciones callejeras casi permanentes, al estilo de Hugo Chávez en Venezuela. Sin embargo, la capacidad de convocatoria del candidato perredista derrotado ha menguado muy aprisa.

Inclusive, en el equipo del tabasqueño se tiene claro que la impugnación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sería inútil porque el desahogo será tardío y sin una sentencia que destituya a Peña Nieto y lo coloque a él en la presidencia de la república. Lo malo es que algunos juristas que acompañan a López Obrador ya lo han entendido así, pero ha sido imposible convencer al candidato derrotado de que la batalla está perdida.

El pesimismo ha comenzado a invadir al equipo de López Obrador porque se quedó en solitario con su exigencia de invalidar las elecciones presidenciales. La agenda política del país ha entrado en la dinámica del cambio de gobierno y en la definición de las reformas. Y el PRD no cometerá el error del 2006 de aislarse. Así, López Obrador quedaría como el Nicolás Zúñiga y Miranda del porfiriato que cada elección alegaba que le había ganado las elecciones al Caudillo.



@carlosramirezh

- - 0 - -

viernes, 17 de agosto de 2012

17-Agosto-2012, Viernes.


INDICADOR POLITICO




+ La transición y los dinosaurios

+ El México que fue y ya no es



Carlos Ramírez



La anécdota ha sido contada aquí: días antes de su artero asesinato en el aciago 1994, José Francisco Ruiz Massieu preguntó a analistas de su confianza desde dónde se podría operar la transición democrática, si desde la Cámara de Diputados o desde la Secretaría de Gobernación.

Observador agudo de la transición democrática de España y coordinador de un libro sobre las transiciones que publicó en la entonces Fundación Siglo XXI del PRI, Ruiz Massieu había entendido una clave del proceso español por el papel de Adolfo Suárez en esa operación democratizadora, saliendo directamente del Movimiento, la falange política del franquismo, para democratizar el sistema:

--Las transiciones las hacen los dinosaurios.

En medio de la desesperación mediática de López Obrador para ocultar su segunda derrota en elecciones presidenciales, de medios agobiados por amarrar navajas en confrontaciones en las élites, de una violencia criminal no analizada, el tema del regreso del PRI al poder ha quedado relegado del verdadero debate que debiera darse en la segunda alternancia mexicana: qué tipo de PRI estará en el ejercicio del gobierno y qué tipo de sociedad existe en el país.

Por lo pronto, dos discursos no han sido insertados en la agenda de los debates políticos: el de Enrique Peña Nieto del 21 de mayo en el que definió la presidencia democrática y el de Manlio Fabio Beltrones el 9 de agosto en la reunión de grupos parlamentarios priístas con Peña Nieto. Más que por lo que prometieron en cuanto al ejercicio del poder por el PRI en su regreso a la presidencia de la república, ambos pronunciamientos pueden leerse también como el registro político por parte de los que serán jefes del ejecutivo y del legislativo sobre el México diferente que les tocará gobernar. En cuanto a pronunciamientos políticos, los dos delinearon lo que cambió en México y que, sin duda, impedirá la restauración del viejo régimen, aunque existe el peligro que la falta de reformas de las instituciones nuevamente permita un sistema político priísta bastardo.

En su discurso de la presidencia democrática --leído al calor del nacimiento del movimiento YoSoy132--, Peña señaló sus compromisos que no fueron sino, dialécticamente asumidos, el reconocimiento de la conquista social en los últimos años del viejo régimen priísta y en los doce años de gobierno panista. Es decir, serían los puntos que el PRI en la presidencia ya no podrá modificar, y en todo caso podría hasta enfrentar una profundización de esas prácticas políticas ganadas por la sociedad.

--Libertad de manifestación.

--Libertad de expresión.

--Derechos humanos.

--División de poderes.

-.Elecciones libres.

--Transparencia y rendición de cuentas.

--Federalismo y transparencia.

Beltrones, por su parte, hizo una definición conceptual de largo alcance: ya no habló de mayoría o de primera minoría sino de “grupo mayor”, lo cual implica que el 41.4% de la bancada priísta sería el pivote de las reformas pero sin agobiar por su número. Lo importante es que los pronunciamientos de Peña Nieto y Beltrones se realizan antes de la toma de posesión de ambos de sus cargos y por tanto se convirtieron en puntos de compromiso que la sociedad y los medios debieran de asumir como puntos de referencia de sus actuaciones.

Asimismo, Beltrones también mandó un guiño en el artículo que publicó en Reforma en lunes pasado al retomar los aspectos esenciales de su discurso ante legisladores electos priístas: la cita que hizo de Miguel Roca, uno de los arquitectos de la Constitución que cerró el candado de la transición democrática de España para evitar regresiones o restauraciones, y referida al papel político de los pactos o acuerdos entre las fuerzas políticas para consolidar los cambios democráticos. México ya consiguió la transición democrática al pasar de un régimen autoritario con partido dominante a procesos electorales que permitirán alternancia del PRI al PAN y del PAN al PRI.

Experimentadas dos alternancias, lo que le ha faltado a la transición mexicana y debe venir es la construcción de la democracia; por sí mismas, las alternancias son parte de la democracia pero no su esencia. México carece de un sistema político como el español que permita un Adolfo Suárez para operar simultáneamente una transición democrática-instauración democrática en sucesión de tres esquemas de tres años: reforma política para voto libre, reforma del modelo de desarrollo y pacto constitucional. La transición española fue programada, con una hoja de ruta; la de México ha sido de circunstancias, eludiendo las rupturas revolucionarias y violentas, de botepronto.

Estudioso de los Pactos de la Moncloa, el acuerdo entre todas las fuerzas políticas que modernizó el modelo de desarrollo de España y enterró el falangismo económico español, Beltrones parece haber entendido que la salida de la crisis del desarrollo de México se encuentra en el pacto-acuerdo de las reformas que modernicen el modelo de desarrollo. Sólo que el principal obstáculo para ese presunto Pacto Mexicano se localiza en la resistencia de grupos del falangismo económico mexicano --la estructura corporativa tanto empresarial como sindical-- y todos ellos configurados en el Estado priísta.

La ingobernabilidad mexicana sólo tendrá solución cuando las reformas a las instituciones promovidas por la élite gobernante sean cuando menos iguales a las exigidas por la reactivada sociedad mexicana. Hasta ahora, la reforma política en cámara lenta --1988-2000-- tapó hoyos y destapó otros y no obedeció a la única salida que tiene el país: la construcción de un nuevo consenso nacional, luego de que se agotó el consenso de la Revolución Mexicana. Ahí se verá si el PRI viene por la restauración o la reforma nacional.



@carlosramirezh

- - 0 - -

jueves, 16 de agosto de 2012

16-Agosto-2012, Jueves.


INDICADOR POLITICO




+ Vacíos de poder y de gobierno

+ Por eso narco escala violencia



Carlos Ramírez



Aunque los cárteles del narcotráfico carecen de estrategas políticos, de todos modos se mueven por intuiciones de corto plazo. De ahí que la contraofensiva del crimen organizado en una docena de entidades de la república de la zona centro-sureste sea correlativa al vacío de poder y vacío de gobierno posterior a las elecciones presidenciales.

México vive uno de sus más inquietantes interregnos presidenciales: el partido del presidente Calderón perdió las elecciones, el PRI opositor llega sin un aparato de inteligencia y seguridad nacional suficientemente cohesionado y las oficinas oficiales para esos menesteres han sido atadas de manos, les pusieron una vendas en los ojos y no tienen prótesis auditivas luego de que los derechos humanos afectaron sus oídos internos y disminuyeron su capacidad.

A ello se agrega la incomprensión de algunas organizaciones e instituciones respecto a la decisión gubernamental de lanzar una ofensiva contra las bandas del crimen organizado que se habían sentado en zonas territoriales de soberanía del Estado. Las decisiones oficiales, de derechos humanos y en la Corte Suprema han hecho inefectiva la lucha contra los cárteles de la droga. Ello ha sido aprovechado por las bandas criminales para aumentar su criminalidad y arrinconar al Estado en espacios estrechos de los derechos humanos.

El acotamiento a las fuerzas de seguridad, la alternancia partidista en la presidencia de la república, la tardanza en la declaración de presidente electo han dejado prácticamente a la sociedad en un vacío de poder, de autoridad y de decisión de seguridad por, hasta ahora, dos meses. Y mientras más debilite López Obrador al próximo presidente de la república con acusaciones sin fundamento, la capacidad de gestión del poder presidencial será menor y a favor de las bandas criminales. El activismo del narco en los últimos días en Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Estado de México y Distrito Federal corresponde a ese vacío institucional de poder: el presidente saliente ya no tiene fuerza, los derechos humanos han paralizado la acción de seguridad y el próximo presidente tardará en ser reconocido y tendrá que lidiar primero con la campaña de descrédito del PRD.

A ello se agrega el avance del poder corruptor del narcotráfico: entidades de la república donde los funcionarios están al servicio de las bandas criminales, incapacidad de gobiernos estatales para crear policías resistentes a la corrupción del narco, políticos en activo al servicio del narco, corrupción del narco en sectores militares, políticos, empresariales, bancarios y ahora hasta altos niveles de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Y en medio de la parálisis del sector público lo mismo por corrupción que por decisiones de la Corte Suprema se desarrolla una campaña de desprestigio del poeta y anarquista católico Javier Sicilia en los Estados Unidos con la única intención de que el gobierno de Calderón detenga la ofensiva contra el narco y regrese de inmediato a los militares a sus cuarteles, lo que significa de modo automático la entrega de las plazas a los cárteles del narcotráfico. Sicilia fue a los EU a pedir más intervencionismo de la Casa Blanca en asuntos mexicanos.

La atención en el tema de inteligencia y seguridad nacional ha pasado, de modo natural, al candidato ganador de las elecciones, Enrique Peña Nieto. Y si en su entorno existe sensibilidad, entonces desde ahora debería de entender que el problema número uno de México no es el empleo, ni la reforma política, ni las reformas estructurales, ni López Obrador, ni la toma de posesión, sino la necesidad urgente de tomar desde ahora mismo los controles de las decisiones de seguridad nacional, sobre todo por la contraofensiva de los cárteles del narcotráfico en una docena de entidades.

Para colmo de la incomprensión hacia el uso de las fuerzas armadas, las acciones de violencia del crimen organizado en esas entidades no han podido detenerse con la policía sino que se hace necesaria e inevitable la intervención directa del ejército; pero sería comprensible que los militares sean más reacios en operar mecanismos de contención contra el crimen organizado si en estos días la Corte Suprema sigue acotando su accionar con los derechos humanos.

Lo grave del asunto es que los casos de violación de derechos humanos por parte de militares han sido daños colaterales o formaron parte de abuso de poder de militares que ya fueron juzgados por tribunales militares y, paradójicamente para la Corte Suprema, esos expedientes fueron enviados a tribunales civiles por los propios tribunales militares; en realidad, la Corte sólo ha decidido cuestiones de competencia de tribunales, no de negativa militar a castigar abusos. Pero los militares tendrían a su favor todas las razones para negarse a combatir delincuentes si la sociedad civil, la sociedad política y la sociedad judicial sólo están pensando en castigar abusos ajenos a comportamientos militares. Si la sociedad castiga a los militares, lo mejor es que los militares regresen ya a sus cuarteles y que la sociedad de defienda sola.

En este tiempo político de coyuntura delicada necesita Peña Nieto desde ahora mismo tomar las riendas del control de la política de inteligencia y seguridad nacional, así como en el pasado el presidente electo controlaba la Secretaría de Hacienda y la embajada de México en los EU. Las decisiones urgentes del gobierno de Calderón para encarar la contraofensiva del narco deben de estar avaladas por Peña Nieto como próximo presidente de la república.

Si Calderón y Peña Nieto van a esperar tres y medio meses para la entrega de los instrumentos de poder y en medio de una contraofensiva del narco, al país le esperan días más aciagos y violentos. Y peores si hasta ahora casi nadie se atreve a condenar al crimen organizado a pesar de que el 95% de los muertos en el sexenio fueron producto de una guerra entre cárteles.



@carlosramirezh

- - 0 - -

martes, 14 de agosto de 2012

14-agosto-12, Martes.


INDICADOR POLITICO




+ Sicilia y CIDH: con EU vs México

+ Y avanza narco en centro de país



Carlos Ramírez



En 1985, cuando el senador ultraderechista Jesse Helms realizó audiencias públicas en el Senado para enjuiciar a México por el narco y el asesinato del agente de la DEA Camarena Salazar, todas las fuerzas sociales mexicanas realizaron una marcha de protesta contra el Capitolio.

Hoy que México de nuevo se ve presionado por el aparato de poder de los EU en materia de narco, el poeta y anarquista católico Javier Sicilia, con el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vía su secretario ejecutivo Emilio Alvarez Icaza, inició esta semana una marcha en estados del sur de la Unión Americana para “suplicar” la intervención de Washington en México para detener la ofensiva del gobierno de Calderón contra el crimen organizado.

Pero el escenario mexicano no puede ser peor para Sicilia: la reactivación de los ataques de los cárteles en Nuevo León y la violencia el fin de semana en San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México y Distrito Federal. La violencia fue estallada por el crimen organizado en contra de las instituciones mexicanas y como parte de la guerra interna entre cárteles por el control de zonas de trasiego pero también de consumo.

La exigencia de Sicilia de detener la ofensiva gubernamental contra la delincuencia organizada y criminal llevaría sencillamente a la cesión de las plazas a los cárteles de la droga. La disputa de las bandas criminales se ha agudizado por la posesión de espacios territoriales de la soberanía del Estado para quedar en poder de los cárteles y excluir cualquier funcionamiento institucional. Lo que hasta la fecha se ha negado entender Sicilia es que la ofensiva del gobierno mexicano es contra el crimen organizado y no contra la sociedad o la población civil. El 95% de los muertos han sido delincuentes, la mayoría de ellos por enfrentamientos entre los propios cárteles.

A partir de la lógica del consuelo católico a víctimas mexicanas, Sicilia ha caído en el juego de poder de instancias superiores: el narcotráfico evidentemente necesita que el ejército mexicano se retire a sus cuarteles para quedarse con las plazas, el gobierno de los Estados Unidos ha sabido capitalizar esa debilidad para su intención de meter al ejército estadunidense y a los marines en operaciones anti narco pero dentro de territorio mexicano y los consumidores de ambos países desean la legalización para satisfacer las exigencias de sus vicios.

Asimismo, Sicilia decidió hacer su caravana por estados del sur estadunidense y luego subir por la costa Este hasta Washington en el momento más intenso de las campañas por la presidencia de los EU entre el republicano Mitt Romney y el demócrata Barack Obama. El cálculo de Sicilia no fue inocente: sabe que al llevar la crisis de seguridad de México a los EU le entrega argumentos a los sectores conservadores de ambos partidos para meter a México en la campaña presidencial estadunidense.

Pero al mismo tiempo, la marcha de Sicilia le aportará elementos a los sectores del aparato de inteligencia y seguridad nacional militar y civil de los EU para fortalecer sus evaluaciones de que México sería incapaz de resolver por sí mismo el conflicto que representan los cárteles del narcotráfico y por tanto apuntalarían sus conclusiones de que Washington tendría que intervenir más en México. Los sectores conservadores del aparato de inteligencia y seguridad nacional de los EU han valorado siempre las situaciones sociales de pánico para aumentar su intervencionismo.

Por si fuera poco, Sicilia también aumentará el miedo en las comunidades estadunidenses que comienzan a padecer la violencia criminal por el control del mercado al menudeo de droga en dos mil ciudades estadunidenses, donde el suministro y la venta están controlados por los cinco principales cárteles mexicanos, de acuerdo con evaluaciones de inteligencia del propio gobierno de los EU. Y de aumentar el miedo, sería ingenuo pensar que los estadunidenses van a criticar a México; al contrario, con el pánico social estimulado por Sicilia van a exigir más intervencionismo de la Casa Blanca en los asuntos de México en materia de pucha contra los cárteles.

De ahí que los sectores políticos conservadores de los Estados Unidos estén de plácemes porque Sicilia ira entregando, a lo largo de su recorrido, elementos que prueben, desde el punto de vista de Sicilia y de los propios conservadores, que el gobierno mexicano no es capaz de mantener la paz frente a los cárteles de la droga y que es necesaria una mayor intervención del gobierno de los EU en México.

En 1985, el gobierno conservador de Reagan y toda la derecha de seguridad nacional vendieron la idea de que México no podía mantener la estabilidad de seguridad y por ello el senador Helms pidió que el sector militar estadunidense se metiera en México para mantener la paz. Hoy Sicilia, con el apoyo de la CIDH vía su secretario ejecutivo, se aparece como el fantasma de Jesse Helms para pedir más intervención política y militar de la Casa Blanca en México. No por menos la marcha de Sicilia tiene el estímulo de Washington.

Además, opino que Javier Sicilia, su movimiento, el rector de la UNAM José Narro, los periodistas, el Movimiento YoSoy132 y ahora la Corte Suprema de Justicia de la Nación deben responsabilizar a los narcos de la violencia y los muertos, exigir sin dobleces la rendición incondicional de Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada, Heriberto Lazcano El Lazca, Servando Gómez La Tuta, Juan José El Azul Esparragoza, Vicente Carrillo Fuentes y otros capos y demandar la entrega de su arsenal de armas para ser juzgados como responsables de la violencia criminal y la corrupción en el tráfico de drogas y de varios de miles de muertos en enfrentamientos entre cárteles.



@carlosramirezh



- - 0 - -

jueves, 9 de agosto de 2012

9-agosto-2012, Jueves.


INDICADOR POLITICO




+ Ejército: pagar la vajilla rota

+ Congreso retrasó ley de SN



Carlos Ramírez



A René Avilés Fabila y José Agustín, dos pilares

de la literatura, por su homenaje en Atlixco, Puebla.



Si la intervención del ejército en la lucha contra el crimen organizado se apoyó en la Constitución por la seguridad interior, el Congreso federal ha sido el responsable del retraso en la reforma a la ley de seguridad nacional que hubiera aclarado las dudas en la intervención militar.

La reforma de la Ley de Seguridad Nacional osciló entre el Senado y la Cámara de Diputados durante más de tres años mientras las fuerzas armadas luchaban contra el crimen organizado. El presidente Calderón envió al Senado el 20 de abril de 2009 la iniciativa de reforma de la Ley de Seguridad Nacional, el Senado envió a la Cámara de Diputados el 27 de abril de 2010 la minuta con las reformas y la Cámara de Diputados redactó su propia minuta en abril del 2011. El gobierno federal combate a la delincuencia organizada con leyes anteriores. (Versiones íntegras de los tres documentos en http://www.grupotransicion.com.mx/sitev2/images/pdfs/LEY-DE-SEGURIDAD-NACIONAL.pdf.)

El tema central ha girado en torno a la intervención del ejército. La tesis formalista señala que el ejército viola la Constitución al participar en tareas de seguridad pública; sin embargo, la fracción VI del 89 Constitucional señala la posibilidad de las fuerzas armadas en temas de seguridad interior. Asimismo, la vigente Ley de Seguridad Nacional establece (artículo 3) los criterios de afectan a la seguridad nacional, entre los que se encuentran las acciones del crimen organizado que ponen en riesgo “la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano”.

A punto de terminar el sexenio, luego de batallas durísimas contra los cárteles de la droga y de acciones militares que contuvieron y expulsaron a bandas que se había apoderado de pedazos territoriales de la república, en instancias jurídicas quieren hacer pagar al ejército los platos rotos, si no es que toda la vajilla completa. Pero el problema real no radica en si podía o no el ejército entrar a combatir a bandas que ya habían rebasado a las policías y había tomado control de territorios nacionales, sino en el hecho de que la clase política se negó a debatir el nuevo escenario de seguridad nacional de México.

El tema conflictivo fue el de la definición de la seguridad interior:

1.- La Ley vigente de Seguridad Nacional no contempla el concepto de seguridad interior que existe en la Constitución, pero es muy clara en enfocar el asunto de la seguridad nacional: “las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano”; los objetivos son: “la protección de la nación mexicana frente a las amenazas y los riesgos”, la preservación de law soberanía (…) y la defensa del territorio, el mantenimiento del orden constitucional y, entre otras, la preservación de la democracia “fundada en el desarrollo económico, social y político”.

2.- La iniciativa del presidente Calderón estableció: “seguridad interior (es) la condición en que la estabilidad interna y permanencia del Estado mexicano se encuentran garantizadas a través de la aplicación coordinada de sus recursos y medios”.

3.- El Senado le hizo una reforma al concepto y aportó el propio: “seguridad interior (es) la condición de estabilidad interna, paz y orden público, que permite a la población su constante mejoramiento y desarrollo económico, social y cultural; y cuya garantía es una función que está a cargo de los tres poderes de gobierno”.

4.- Y la Cámara de Diputados reformó la minuta del Senado y la dejó así: “seguridad interior (es) la condición de estabilidad interna y permanencia del Estado mexicano, que permite a la población su constante mejoramiento y desarrollo económico, social y cultural; y cuya garantía es una función que está a cargo de los tres órdenes de gobierno, con la concurrencia de los sectores social y privado”.

Si la utilización del ejército está contemplada en la Constitución en asuntos de seguridad interior y de seguridad nacional relacionada con la soberanía amenazada por el crimen organizado transnacional, la reforma de la ley de seguridad nacional le hubiera otorgado a esa decisión una mayor certeza jurídica. Pero a lo largo de más de tres años los legisladores de las dos cámaras carecieron de sensibilidad --para decir lo menos-- para desahogar una de las reformas más importantes que tenía que ver con el Estado nacional.

El otro punto conflictivo fue la falta de decisión de los gobernadores y presidentes municipales para asumir su responsabilidad en el aumento de la delincuencia y de la violencia de las bandas criminales. Y a ello se agrega el hecho de que las policías estatales y municipales quedaron en el aire en cuanto a definición de responsabilidades y su condición precaria las condujo a los brazos de la corrupción promovida por los cárteles de la droga.

El fracaso en el rediseño de las policías estatales y municipales ha conducido a la imposibilidad de retirar de inmediato al ejército de las calles por la falta de policías por la incapacidad de las policías estatales y municipales. El candidato presidencial ganador Enrique Peña Nieto anunció la creación de una gendarmería como instancia intermedia entre el ejército y la policía y con labores de lucha contra el crimen organizado, pero su organización tardaría varios meses.

De todos modos, la reforma a la ley de seguridad nacional debería ser la prioridad del próximo gobierno para lograr la certeza en acciones contra la inestabilidad provocada por la acción creciente del crimen organizado y sobre todo para corresponsabilizar a los tres niveles de gobierno en tareas de combate a la inseguridad.



@carlosramirezh

- - 0 - -

miércoles, 8 de agosto de 2012

8-agosto-2012, Miércoles.


INDICADOR POLITICO




+ Corte: seguridad pública o interior

+ ¿Sí DN-III y no contra malandros?



Carlos Ramírez



Si el desahogo de asuntos en la Corte Suprema de Justicia que tienen que ver con el fuero militar fuera realmente una oportunidad para revisar la estrategia del gobierno federal contra el crimen organizado, entonces habría que tomar en cuenta un enfoque no kelseniano del derecho: el tamaño del crimen organizado es mucho mayor a la aplicación pura de las leyes.

Hasta ahora, los ministros de la Corte Suprema parecen atender a lo señalado concretamente en la Constitución. Pero hay otros elementos que tomar en cuenta: la interpretación de las leyes y el sentido de su aplicación. El ejército no fue enviado a las calles a masacrar a civiles sino a combatir delincuentes. En casi seis años, el ejército detuvo a casi 50 mil delincuentes, decomisó más de 120 mil armas y doce millones de cartuchos y le quitó al crimen organizado casi 50 mil vehículos. De no haber intervenido, esos pertrechos estuvieran en las calles.

La otra equivocación de ministros de la Corte Suprema radica en la confusión de términos: el ejército intervino en labores no de seguridad pública  sino de seguridad interior que sí le permiten las leyes; los soldados con uniforme verde no se convirtieron en policías de crucero ni en policía preventiva. La seguridad interior es la delincuencia que amenaza la estabilidad de la república. La fracción VI del artículo 89 constitucional es más que clara al señalar las facultades y obligaciones del presidente de la república:

Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”.

Las razones de la intervención del ejército estuvieron justificadas por la ley: el crimen organizado no está formado por ladronzuelos de colonia sino por bandas criminales con capacidad de fuerza superior a la de las policías, lo que llevó a la decisión de utilizar al ejército. No se requiere hacer ningún esfuerzo de interpretación si se asume que el crimen organizado se convirtió en un problema para las tres funciones que reconoce la Constitución para uso del ejército: la de “soberanía” nacional por su conformación trasnacional, la de “territorio” porque se apoderó de espacios territoriales de la república como zona franca donde la policía no podía ingresar y de “emergencia nacional” porque la desarticulación de la estructura de seguridad pública primero con los gobiernos tecnocráticos del PRI y luego con la alternancia panista aumentaron la violencia criminal.

Asimismo, la intervención del ejército se hizo en apoyo de la estructura legal de la seguridad pública --policías federales, estatales y municipales-- y a solicitud de autoridades de gobierno en los tres niveles. La emergencia nacional de la inseguridad obligó al gobierno federal a utilizar a las fuerzas armadas como un dique de contención al avance del crimen organizado. Tamaulipas se había entregado a las dos más importantes mafias en guerra entre sí: Los Zetas y el Cártel del Golfo. Ciudades enteras pasaron a control criminal. La intervención del ejército permitió recuperar esa parte del territorio nacional.

El artículo 89 es claro en la conceptualización de la seguridad en dos escenarios por el uso de una conjunción que divide las funciones; la seguridad interior y (la) defensa exterior; por tanto, el ejército tiene facultades constitucionales para actuar dentro del territorio nacional, al grado de que a lo largo de seis años el poder legislativo en manos de la oposición nunca las puso en duda. La clave radica en la conceptualización de los malandrines como un asunto de seguridad interior cuando rebasaron en fuerza criminal a las policías y por tanto de seguridad nacional porque la operación de las bandas criminales en zonas territoriales de la república había quitado capacidad de ejercicio soberano del poder institucional y constitucional.

 El punto central radica en el reconocimiento/desconocimiento de que el crimen organizado le había expropiado soberanía constitucional y soberanía territorial al Estado mexicano; la sola estructura de armamento del crimen organizado superior al de las policías y los cárteles como organizaciones transnacionales implicó ya un asunto de soberanía nacional. Otro dato: el ejército le quitó a las bandas en seis años 10 mil granadas de fragmentación.

El tema de los derechos humanos está lejos de ser el meollo del problema de la seguridad porque los casos han sido excepcionales: en más de 2 mil 600 enfrentamientos del ejército con delincuentes se han recibido más de 5 mil quejas de violaciones de derechos humanos, pero sólo ha habido 25 y 79 se encuentran en estudio. Una cosa es la queja y otra la investigación y luego la recomendación.

Todo indica que la Corte Suprema está entrando al asunto por el final y sin que el Congreso haya atendido el problema central: una ley de seguridad nacional que defina los nuevos conceptos de la criminalidad y las tareas de las fuerzas de seguridad. Ante esa falla, a lo mejor la Corte Suprema puede atender el desafío, antes de sus conclusiones en el caso del fuero militar, de la definición de conceptos jurídicos: ¿realiza el ejército labores de seguridad interior o de seguridad pública?

Por lo pronto, los ministros bien pudieran darle una revisada a la página web del ejército www.sedena.gob.mx donde se encuentran todos los datos relacionados con los derechos humanos y las cifras de decomisos. Los militares no pidieron entrar a la lucha contra el crimen organizado sino que los enviaron por razones de sus obligaciones constitucionales en temas de soberanía, territorio y emergencias. ¿Por qué se objeta que el ejército combata a las bandas criminales y se acepta que intervenga en labores de rescate civil con el DN-III? Las circunstancias son las mismas: la estructura civil carece de capacidad para ambos desastres. A menos que se quiera regresar al ejército a sus cuarteles y abandonar a los civiles a la ley de la selva de las bandas criminales.



@carlosramirezh

- - 0 - -

viernes, 3 de agosto de 2012

3-Agosto-2012, Viernes.


INDICADOR POLITICO




+ Soriana: el bumerang del PRD

+ Zambrano y tiradero de AMLO



Carlos Ramírez



Después de haber insultado, agredido físicamente, desprestigiado, burlado, mentido y acusado sin pruebas a la empresa Soriana, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, se enojó por la repuesta de la tienda de autoservicio y amenazó con acusarla de “difamación y daño moral”.

El diferendo PRD-Soriana-PRD-AMLO-Soriana-PRD-AMLO forma parte del discurso de propaganda de Andrés Manuel López Obrador para mantener en medios vigente su protesta por el resultado electoral del primero de julio que lo colocó casi 7 puntos debajo de Enrique peña Nieto y con 3.4 millones de votos menos.

Los puntos delicados tienen que ver con la campaña de estridencia de López Obrador, el PRD y Zambrano contra Soriana que derivó como efecto directo en invasión de propiedad privada por perredistas, más de 180 agresiones contra la tienda y tres bombas molotov en un local en Monterrey. Y cuando la empresa respondió con un desplegado vinculando directamente las acusaciones agresivas de López Obrador, el PRD y Zambrano, la respuesta de éstos va desde el desdén del tabasqueño hasta las amenazas del dirigente perredista.

Y ahora viene la demanda legal del PRD contra Soriana, y la hará nada menos que julio Scherer Ibarra, miembro de comisiones del PRD y abogado de López Obrador, de quien circula y se ha publicado --como muchas veces lo ha hecho Proceso-- una conversación grababa clandestinamente donde pide fondos a un banquero para la campaña de López Obrador.

Lo malo es que las reacciones perredistas dan material para incluirlas como argumentos políticos en contra del PRD. Dijo, por ejemplo, Zambrano: “que gente en varias partes del país se les identifique como perredistas, eso no significa que lo sean”. Por tanto, lo lógico es que Zambrano, el PRD y López Obrador se deslinden de “esos” perredistas que toman plazas, cercan empresas, se meten a negocios y gritan contra el supuesto fraude electoral porque, siguiendo la lógica de Zambrano, no todos son lo que dicen ser y los analistas estaríamos acreditando el coima de violencia política a furibundos lopezobradoristas. En ese mismo sentido, a lo mejor hay colados hasta en los mítines del tabasqueño.

El consejo de serenarse se lo debió de haber dado López Obrador a Zambrano, quien parece un troglodita --en términos de la ciencia política de Montesquieu-- acusando a Soriana, en un acto difamatorio, de “alinearse al PRI”. Si Zambrano afirma que “ninguno de los personajes del Movimiento Progresista somos responsables de nada que no sea nuestra lucha dentro del marco legal en defensa de la democracia”, entonces qué espera el PRD para deslindarse de los macheteros de Atenco que amenazaron con estrangular el DF o con el YoSoy132 que afectó el funcionamiento de una empresa privada impidiendo el ingreso de empleados a su centro de trabajo.

En su lenguaje de la vieja izquierda revolucionaria y guerrillera, Zambrano ha sido difamatorio de los que no apoyan a López Obrador. En una declaración para deslindarse de los bombazos contra Soriana en monterrey, Zambrano dijo que se trataba de “un posible montaje provocador” supuestamente organizado por la misma empresa. Lo malo de este conflicto es que los particulares carecen de instrumentos legales para acusar a los políticos --y más a los perredistas-- de difamaciones porque supuestamente los perredistas son un dechado de pureza política. Obviamente que Zambrana carecía de pruebas para su declaración difamatoria que pudo haberle causado daño moral a una empresa privada.

Pero justo en las horas pico del conflicto Soriana-PRD, perredistas del municipio de San Vicente Chicoloapan, Estado de México, “encabezados por el ex candidato derrotado a la alcaldía Gerardo Cervantes” y retuvieron duramente tres horas dentro de una sucursal de Soriana a más de 300 personas, en un acto de protesta por el papel denunciado por López Obrador y Zambrano a favor del PRI.

El problema con Soriana forma parte de la pérdida de control de López Obrador, Zambrano y el PRD de las acciones de protesta contra el resultado electoral del pasado primero de julio. Se trata de una estrategia de tensión que históricamente ha utilizado la derecha --revelada por el escritor comunista Leonardo Sciascia en Los Navajeros--: seguir los pasos legales de denuncia, pero llevar a la estridencia social la identificación de complicidades a empresas privadas: hoy son Televisa, Soriana, como en el 2006 fueron Pepsi-Co, Banamex, Wal-Mart y otras. La intención es la de romper la alianza atacando con violencia verbal y física a empresas privadas como una forma de dejar sentado el mensaje de que la alianza de empresarios con el PRI llevará al PRD a agredir físicamente a esos aliados.

En todo caso, la agresión física y la escalada verbal de López Obrador, Zambrano y el PRD contra empresas privadas presuntamente aliadas o usadas por el PRI en las elecciones presidenciales tiene el doble propósito de reconocer que la batalla legal está perdida porque los acusadores carecen de pruebas legales y de intimidar a otras empresas para alejarse del PRI. Si se analiza a fondo, la diseñada contra Soriana se trata de una estrategia guerrillera de ataques laterales de desactivación de alianzas que Zambrano conoce muy bien porque viene de la liga Comunista 23 de septiembre, la que asesinó al empresario Eugenio Garza Sada en 1973.

Asimismo, el caso de Soriana como eje de las protestas de López Obrador, Zambrano y el PRD tiene como escenario colateral la derrota jurídica de la coalición lopezobradorista por una mala fundamentación de los razonamientos legales y la ausencia de pruebas reales, porque es paradójico que el tabasqueño acuse a los medios de haberle hecho un espacio mediático a Peña Nieto y les diga que perdieron credibilidad y luego los use como base probatoria de sus acusaciones contra Peña Nieto.

Ante la inminencia del dictamen legal de validez de las elecciones, López Obrador, Zambrano y el PRD están urgidos de un ambiente mediático que escale la animosidad de los ciudadanos. Así, Soriana es parte de la estrategia para ganar en la calle y en el odio lo que no se podrá ganar en tribunales electorales, aunque vaya a ser un bumerang del PRD contra el PRD.



@carlosramirezh

- - 0 - -