Datos personales
- Carlos Ramírez
- Periodista, escritor, Lic. en Periodismo, Mtro. En Ciencias Políticas, oaxaqueño. Autor de la columna "Indicador Político" en El Financiero.
lunes, 27 de agosto de 2012
27-Agosto-2012, Lunes.
POR VACACIONES DE VERANO, INDICADOR POLÍTICO DESCANSA DE HOY LUNES 27 DE AGOSTO AL DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE.
NOS VOLVEREMOS A LEER A PARTIR DEL LUNES 3 DE SEPTIEMBRE.
viernes, 24 de agosto de 2012
24-Agosto-2012, Viernes.
INDICADOR POLITICO
+ Duarte
acusa de fraude a OCESA
+ PRI-PAN
se apropian de Coparmex
Carlos
Ramírez
El relevo en la presidencia de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) podría ser el primer indicio de que el PRI habría
vuelto a las andadas: imponer al
presidente del sindicato de patrones en función de los intereses políticos del
gobierno.
Asimismo, podría ser el primer
indicio de una alianza del PRI con
el PAN: el gobernador priísta chihuahuense César Duarte se ha aliado al ex diputado panista y último
secretario priísta de Gobernación Diódoro Carrasco Altamirano para manipular el proceso de renovación de
dirigencia de la Coparmex.
La jugada lleva otro efecto directo: que el ex presidente de ese
organismo y presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez
Candiani, se perfile desde ahora
como el candidato a gobernador de Oaxaca por la alianza PAN-PRI, sacando de la jugada al PRD que se
colocó en las pasadas elecciones federales como la primera fuerza política
estatal.
El actual gobernador oaxaqueño es
Gabino Cué Monteagudo, que le ganó
al PRI en el 2010 por la alianza PAN-PRD coordinada por el ex gobernador Carrasco
Altamirano. Ahora habrá un cambio estratégico en la alianza por la victoria
presidencial del priísta Enrique Peña Nieto y Carrasco está ya operando en Oaxaca la candidatura del
pequeño empresario Gutiérrez Candiani como candidato aliancista pero del PAN-PRI
y sin el PRD.
Por segunda vez, la elección de la
presidencial nacional de la Coparmex estará controlada por el ex priísta, hoy panista y casi de regreso al PRI
Carrasco Altamirano, dejando a los patrones sin cartas propias. En la operación
política participa el gobernador chihuahuense Duarte, quien en la competencia
por la candidatura presidencial del PRI apoyó
abiertamente a Beatriz Paredes Rangel y enfrentó al entonces gobernador
mexiquense Peña Nieto. Duarte está conteniendo
al presidente de la Coparmex en Ciudad Juárez, Carlos Chavira Rodríguez. De cumplirse la maniobra Duarte-Carrasco para
imponer al sinaloense Juan Pablo Castañón, la Coparmex será entregada a la alianza PRI-PAN. Y el
otro efecto adicional sería el fortalecimiento del actual presidente del CCE
Gutiérrez Candiani como el enlace del
sector privado con Peña Nieto
Al estilo del viejo PRI, la Coparmex está operando una elección de su
dirigente con maniobras políticas de poder. Y ahí es donde el gobernador Duarte
le hace el trabajo a Carrasco Altamirano para sacar de la competencia al juarense Chavira Rodríguez, aunque a
costa de iniciar declaraciones de fraude que más bien están dañando a la empresa Ocesa,
organizadora de espectáculos. En octubre del año pasado, empresarios de Ciudad
Juárez contrataron al grupo Maná con apoyo del gobierno estatal, pero hoy
Duarte denuncia que hubo fraude y ha
señalado como responsable a Chavira Rodríguez, aunque en realidad está
señalando de irregularidades a Ocesa porque por que fue la que firmó el contrato en representación de
Maná.
El caso de Maná y Ocesa sólo quiere
sacar de la competencia por la
Coparmex nacional al empresario juarense Chavira Rodríguez en una jugada de alianza PRI-PAN-Coparmex:
1.- Por primera vez la convocatoria
a elección de presidente de la Coparmex incluye
la condición de “no haber sido
condenado por delito grave, en términos de la legislación mexicana” y para ello
los precandidatos deben entregar una “carta de antecedentes no penales expedido
por la autoridad correspondiente”. En Chihuahua el documento tendría que entregarlo la procuraduría de Duarte.
2.- Pero sin ningún expediente
judicial en curso y sólo por declaraciones
mediáticas, el gobernador Duarte ha señalado a Chavira Rodríguez como responsable
de un fraude en la contratación de
Maná, sólo que existe un contrato firmado por Ocesa y dirigentes de la
Asociación de Maquiladoras. La inexistencia de una demanda legal en proceso ha
llevado a Duarte a mediatizar la
responsabilidad de Chavira, quien no
aparece firmando en ningún documento. Pero Duarte acusa a Chavira
mediáticamente sólo para complicar
su registro como candidato a la presidencia de Coparmex.
3.- Sin embargo, las acusaciones sí
dañan el prestigio de Ocesa porque
el contrato fue por 26 millones de pesos y Duarte dice que el grupo Maná sólo cobró 5 millones. Por tanto,
Duarte deja entrever que el presunto fraude
pudo haber sido cometido por Ocesa. El empresario Chavira Rodríguez ya acudió a
la procuraduría estatal y le informaron que no existe denuncia alguna; por tanto, el juego sucio de Duarte sólo quiere desprestigiar la precandidatura del
empresario juarense.
El asunto de Maná sería local de no ser por implicaciones nacionales: la
alianza PAN-PRI para mantener el control
de la Coparmex a través de un nuevo presidente funcional a los intereses del
PRI, quitarle la combatividad que
tiempo atrás tuvo ese organismo contra los estilos de dominación priísta,
fortalecer la precandidatura de
Gutiérrez Candiani al gobierno de Oaxaca en el 2016 con la alianza PAN-PRI y regresar
a los tiempos en los que el PRI y el gobierno ponían liderazgos empresariales funcionalmente corporativos al
partido del Estado.
Y de paso, la jugada
Duarte-Carrasco Altamirano busca colocar
en la presidencia de la Coparmex a un dirigente funcional a Gutiérrez Candiani
--sería el sinaloense Castañón-- para tapar
irregularidades en el funcionamiento interno, porque el ex dirigente Gutiérrez
Candiani cometió peculado por casi 4
millones de pesos que fueron recursos del fondo Pyme que no se entregaron a la empresa
y fueron usados para actividades de
la presidencia del organismo.
De ahí que la futura dirigencia de
la Coparmex está en manos del
gobernador priísta Duarte y del ex priísta, panista y futuro priísta Carrasco
Altamirano y no de los empresarios.
(Por vacaciones de verano Indicador
Político toma una semana de descanso. Nos leeremos aquí a partir del lunes 3 de
septiembre.)
@carlosramirezh
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miércoles, 22 de agosto de 2012
22-Agosto-2012, Miércoles.
INDICADOR POLITICO
+ Ejército
y seguridad municipal
+ SDN
rompe control del narco
Carlos
Ramírez
Mientras los militares son
enjuiciados en tribunales judiciales por contados
casos de derechos humanos, la Secretaría de la Defensa Nacional logró cuajar un modelo de reorganización de
la policía municipal para blindarla
del dominio por parte de los cárteles
de la droga.
El principal problema de la
inseguridad se localizaba justamente en que las policías estatales y
municipales eran parte de la cadena
de complicidades del narcotráfico y por tanto era imposible intentar combatir
la inseguridad sin policías leales.
El prototipo del programa de reorganización de policías
municipales y estatales fue aplicado en la IV Región Militar al mando del
general Noé Sandoval Alcázar. A lo largo de varios meses, el ejército pasó a revisión a la seguridad estatal y
municipal y se encontró con desorganización, malos salarios y ausencia de
controles de confianza.
El programa de reorganización
policial se hizo en el escenario de
la Operación Noroeste, donde el
ejército no se dedica sólo a combatir delincuentes sino que ha contribuido con su presencia a
restaurar una parte del tejido social, a poner orden en los cuerpos policiacos
y a dar capacitación y entrenamiento a los nuevos policías.
La IV Región Militar se encargó de coordinar las peticiones de
gobernadores de cinco estados de la Operación
Noroeste: Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz, Coahuila y Tamaulipas, canalizadas vía Gobernación.
La evaluación previa del estado en
que se encontraban las policías estatales y municipales tuvo resultados
bastante negativos y preocupantes:
hace apenas un año las fuerzas de seguridad estatales y municipales no contaban
con la capacidad de reacción necesaria para hacer frente a la delincuencia
organizada, los salarios eran bajos, estaban al servicio de los delincuentes, no había controles sobre el uso adecuado de los permisos de
portación de armas.
Si la capacidad de reacción de las policías locales era
prácticamente nula, lo más grave fue que paulatinamente los cárteles fueron comprando a jefes y
mandos policiacos. Las actividades de las fuerzas federales de seguridad tenían
que realizarse a espaldas de los
policías locales porque los narcos se enteraban de movimientos y operativos.
Asimismo, la coordinación entre policías estatales y municipales era inexistente y por tanto también con las
federales. El reclutamiento de personal carecía
de técnicas de control pero poco se podía hacer con sueldos de miseria.
En los hechos, la comandancia de la
IV Región Militar opera como una coordinación única de la seguridad en esos cinco estados, realizando periódicamente
juntas de coordinación y supervisión de la capacitación. Con ello se ha blindado a los cuerpos estatales y
municipales de seguridad de cualquier intento de penetración del crimen
organizado.
La reestructuración de las policías municipales en el Noroeste de la
república se basa en objetivos concretos, entre los que destacan los
siguientes:
--Reclutamiento de personal militar
retirado y del que haya causado baja dignamente de las fuerzas armadas,
inclusive para darle una mejor utilización a la capacitación que recibieron en
su entrenamiento. Este personal militar retirado ha pasado los controles
estrictos de confianza del ejército.
--Evaluaciones de control de
confianza recurrentes, para mantener al personal policiaco bajo supervisión permanente. El error del pasado
consistía en contratación de policías y los dejaban sin controles posteriores.
Los controles de confianza no son sólo de exámenes, sino de atención familiar.
--Depuración de las corporaciones
policiales para excluir al personal
que venía ya cargado de compromisos y que contaminaba permanentemente a sus
compañeros. El propósito es el de crear una nueva policía con personal ajeno a las viejas prácticas.
--Informe policial homologado para evitar la dispersión de
informaciones que puedan constituir inteligencia de seguridad. Hasta hace poco
no sólo cada policía hacía sus informes sin ninguna coherencia de seguridad,
sino que a veces ni siquiera redactaban informes. Los reportes policiacos son
fuentes de inteligencia de seguridad.
--La unificación de criterios y procedimientos para el ejercicio de la
función de seguridad pública, estrechando la coordinación y enlace entre las
policías estatales y municipales con el personal militar.
Las nuevas policías municipales cuentan ya con recursos,
infraestructura y atención: vehículos, patrullas, comando móvil y unidades
blindadas, bonos especiales para el personal que tiene enfrentamientos con
delincuentes, seguros de vida, derecho al Infonavit, materiales para mejorar
sus condiciones de vida y una coas tan elemental como ausente: alimentación.
Hasta ahora, quince municipios de
Nuevo León cuentan con mandos policiales de procedencia militar, lo que garantiza una mejor y más confiable
comunicación con el personal militar en el área. Asimismo, Nuevo León ha creado
una nueva policía estatal denominada Fuerza
Civil, organizada en base a la
doctrina y disciplina militar y con un personal inicial de casi mil 300
efectivos. Para evitar sospechas, estas policías pasan certificaciones y
evaluaciones constantes. El objetivo final es, dicen los responsables del modelo,
cambiar la percepción social sobre
los policías y sobre todo construir un blindaje
de protección de las policías para evitar la infiltración criminal.
Las nuevas policías municipales han
aumentado los saldos de
aseguramiento de armas, vehículos, drogas, inmuebles y delincuentes. Y han
llevado algo de tranquilidad social
a sus municipios
@carlosramirezh
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lunes, 20 de agosto de 2012
20-Agosto-2012, Lunes.
INDICADOR POLITICO
+ AMLO
y los errores en el 2012
+ Chavizar las calles contra PRI
Carlos
Ramírez
El PRD y Andrés Manuel López
Obrador quedaron atrapados en su
laberinto: van a tratar de mantener
la agitación en las calles y en los medios, pero en el entendido de que la
derrota electoral del candidato presidencial perredista fue producto de malas estrategias del partido.
Los
Chuchos, Jesús Ortega y Jesús Zambrano, aceptaron la mala estrategia electoral del PRD, aunque
contradictoriamente insisten en anular
las elecciones presidenciales sin anular también las legislativas y las
estatales que reprodujeron las mismas
maniobras del PRI.
De ahí que el dato significativo en
los últimos días de la semana pasada hayan sido los movimientos tácticos del PRD y sus aliados: el
apoyo declinante del partido a López Obrador en su protesta, el mensaje del PRD
de mantener un diálogo con el próximo presidente de la república y sobre todo
el reconocimiento a los errores
perredistas en las elecciones y en la defensa del voto.
Queda para el análisis el discurso insidioso del presidente del PRD,
Zambrano, para insultar a los
magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si el
neoperredista Marcelo Ebrard demandó
al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo cuando dijo que el gobierno del DF había maiceado a ministros de la Corte para avalar las reformas al aborto y al
matrimonio entre personas del mismo sexo, Zambrano, sin pudor ni presentar prueba alguna, declaró que los
magistrados del Tribunal ya habían recibido línea para declarar
presidente electo a Enrique Peña Nieto.
Por lo pronto, los más apasionados
seguidores de López Obrador han comenzado a criticar la estrategia de protesta y de movilización del
tabasqueño. El productor televisivo Epigmenio Ibarra, de una negra historia en traiciones al
zapatismo en 1994 y 1995, publicó el viernes pasado en Milenio un largo rosario de quejas
contra la movilización lopezobradorista, luego de apasionados apoyos a la protesta. El de Ibarra es el discurso de lamentación de una estrategia
personalizada en López Obrador y no una guerra de posiciones políticas:
--Un lamentable error de la izquierda; el haber cedido a la tentación
del performance
al presentar algunos de los animales de corral con los que el PRI compró votos como
evidencia, ha facilitado el trabajo de
quienes ahora hasta caricaturizan la
demanda de impugnación.
--Los partidos de la izquierda, dominados por una burocracia que logró
colocarse en la nómina, se preparan para
abandonar el barco. La famosa cumbre
de la izquierda huele más a rendición que a plan de lucha.
--Los movimientos sociales de filiación abiertamente obradorista se
empeñan en acciones de poco calado y
no hacen sentir su presencia, su músculo en las concentraciones ciudadanas que
se han producido.
--Otro tanto sucede con los jóvenes
de #YoSoy132.
De deslinde en deslinde, poseídos por un asambleísmo
febril, han abandonado a su suerte en
las calles a ciudadanos que, paradójicamente, enarbolan sus banderas,
portan sus emblemas sin encontrase en ellas a esos jóvenes que los hicieron
despertar de su letargo.
--Sicilia y su movimiento por la paz, sin atinar a relacionar la guerra que condenan con la permanencia
del PAN y el PRI en el poder, cedieron
el terreno y se fueron ahora para el norte. En medio, además, de una coyuntura
electoral que disminuye la eficacia y contundencia de su reclamo.
--Fuerzas más radicales son, en este momento, las más activas. Al tiempo que capitalizan el movimiento lo hacen menos
digerible para amplios sectores de la población. Muy difícil resulta que
ciudadanos, movidos por una indignación que poco tiene que ver con los dogmas ideológicos de la izquierda
tradicional, jueguen, en estas condiciones, un papel protagónico. Sin ellos
nada somos. Es pues el momento de la
reflexión, la autocrítica, de la humildad y las decisiones rápidas y audaces.
--No podemos ni debemos darnos el
lujo de la claudicación. Menos poniendo como pretexto para la misma la
conquista de “objetivos superiores”.
El texto de Ibarra, los insultos de
Zambrano al Trife, el circo en la entrega
de animales como prueba, la Cumbre de la
Izquierda y el aislamiento en el
que quedó López Obrador por una necedad personal
de impugnar solamente la elección presidencial sin el apoyo real, efectivo y
activo de los candidatos que ganaron gobiernos estatales y posiciones
legislativas y municipales han dibujado ya el agotamiento de la protesta lopezobradorista.
Y sabedor de que el PRD no lo acompañará a un nuevo plantón en
las calles y que el partido se prepara para negociar reformas con Enrique Peña Nieto y el PRI, la salida que estaría analizando López
Obrador para mantener la impugnación mediática
sería la de manifestaciones callejeras casi permanentes, al estilo de Hugo Chávez en Venezuela. Sin
embargo, la capacidad de convocatoria del candidato perredista derrotado ha menguado muy aprisa.
Inclusive, en el equipo del
tabasqueño se tiene claro que la impugnación en la Corte Interamericana de
Derechos Humanos sería inútil porque el desahogo será tardío y sin una sentencia que destituya a Peña Nieto y lo coloque
a él en la presidencia de la república. Lo malo es que algunos juristas que
acompañan a López Obrador ya lo han entendido
así, pero ha sido imposible convencer al candidato derrotado de que la batalla
está perdida.
El pesimismo ha comenzado a invadir al equipo de López Obrador porque
se quedó en solitario con su exigencia de invalidar las elecciones
presidenciales. La agenda política
del país ha entrado en la dinámica del cambio de gobierno y en la definición de
las reformas. Y el PRD no cometerá el error del 2006 de
aislarse. Así, López Obrador quedaría como el Nicolás Zúñiga y Miranda del porfiriato que cada elección alegaba que le
había ganado las elecciones al Caudillo.
@carlosramirezh
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viernes, 17 de agosto de 2012
17-Agosto-2012, Viernes.
INDICADOR POLITICO
+ La
transición y los dinosaurios
+ El
México que fue y ya no es
Carlos
Ramírez
La anécdota ha sido contada aquí:
días antes de su artero asesinato en el aciago 1994, José Francisco Ruiz
Massieu preguntó a analistas de su confianza desde dónde se podría operar la transición democrática, si desde la
Cámara de Diputados o desde la Secretaría de Gobernación.
Observador agudo de la transición democrática de España y coordinador de un
libro sobre las transiciones que publicó en la entonces Fundación Siglo XXI del
PRI, Ruiz Massieu había entendido una clave
del proceso español por el papel de Adolfo Suárez en esa operación
democratizadora, saliendo directamente del Movimiento, la falange política del
franquismo, para democratizar el sistema:
--Las transiciones las hacen los dinosaurios.
En medio de la desesperación
mediática de López Obrador para ocultar
su segunda derrota en elecciones presidenciales, de medios agobiados por
amarrar navajas en confrontaciones en las élites, de una violencia criminal no analizada, el tema del regreso del PRI al poder ha quedado
relegado del verdadero debate que
debiera darse en la segunda alternancia mexicana: qué tipo de PRI estará en el ejercicio del gobierno
y qué tipo de sociedad existe en el
país.
Por lo pronto, dos discursos no han sido insertados en la agenda de
los debates políticos: el de Enrique Peña Nieto del 21 de mayo en el que
definió la presidencia democrática y
el de Manlio Fabio Beltrones el 9 de agosto en la reunión de grupos
parlamentarios priístas con Peña Nieto. Más que por lo que prometieron en cuanto al ejercicio del poder por el PRI en su
regreso a la presidencia de la república, ambos pronunciamientos pueden leerse
también como el registro político
por parte de los que serán jefes del ejecutivo y del legislativo sobre el
México diferente que les tocará
gobernar. En cuanto a pronunciamientos políticos, los dos delinearon lo que cambió en México y que, sin duda, impedirá la restauración del viejo régimen, aunque existe el peligro que la falta
de reformas de las instituciones nuevamente permita un sistema político priísta
bastardo.
En su discurso de la presidencia
democrática --leído al calor del nacimiento del movimiento YoSoy132--, Peña señaló sus compromisos
que no fueron sino, dialécticamente asumidos, el reconocimiento de la conquista social en los últimos años
del viejo régimen priísta y en los doce años de gobierno panista. Es decir,
serían los puntos que el PRI en la presidencia ya no podrá modificar, y en todo caso podría hasta enfrentar una profundización de esas prácticas
políticas ganadas por la sociedad.
--Libertad de manifestación.
--Libertad de expresión.
--Derechos humanos.
--División de poderes.
-.Elecciones libres.
--Transparencia y rendición de
cuentas.
--Federalismo y transparencia.
Beltrones, por su parte, hizo una
definición conceptual de largo
alcance: ya no habló de mayoría o de primera minoría sino de “grupo mayor”, lo cual implica que el
41.4% de la bancada priísta sería el pivote
de las reformas pero sin agobiar por su número. Lo importante es que los
pronunciamientos de Peña Nieto y Beltrones se realizan antes de la toma de posesión de ambos de sus cargos y por tanto se
convirtieron en puntos de compromiso
que la sociedad y los medios debieran de asumir como puntos de referencia de sus actuaciones.
Asimismo, Beltrones también mandó
un guiño en el artículo que publicó
en Reforma en lunes pasado al retomar
los aspectos esenciales de su discurso ante legisladores electos priístas: la
cita que hizo de Miguel Roca, uno de los arquitectos de la Constitución que cerró el candado de la transición
democrática de España para evitar regresiones o restauraciones, y referida al
papel político de los pactos o
acuerdos entre las fuerzas políticas para consolidar los cambios democráticos.
México ya consiguió la transición
democrática al pasar de un régimen autoritario con partido dominante a procesos
electorales que permitirán alternancia del PRI al PAN y del PAN al PRI.
Experimentadas dos alternancias, lo
que le ha faltado a la transición mexicana y debe venir es la construcción de la democracia; por sí mismas, las
alternancias son parte de la democracia pero no su esencia. México carece de un sistema político como el
español que permita un Adolfo Suárez para operar simultáneamente una transición
democrática-instauración democrática en sucesión de tres esquemas de tres años:
reforma política para voto libre, reforma del modelo de desarrollo y pacto
constitucional. La transición española fue programada,
con una hoja de ruta; la de México ha sido de circunstancias, eludiendo las rupturas revolucionarias y violentas,
de botepronto.
Estudioso de los Pactos de la
Moncloa, el acuerdo entre todas las fuerzas políticas que modernizó el modelo
de desarrollo de España y enterró el
falangismo económico español, Beltrones parece haber entendido que la salida de
la crisis del desarrollo de México se encuentra en el pacto-acuerdo de las
reformas que modernicen el modelo de desarrollo. Sólo que el principal obstáculo para ese presunto Pacto Mexicano se localiza en la
resistencia de grupos del falangismo
económico mexicano --la estructura corporativa tanto empresarial como sindical--
y todos ellos configurados en el Estado priísta.
La ingobernabilidad mexicana sólo tendrá solución cuando las reformas
a las instituciones promovidas por la élite gobernante sean cuando menos iguales a las exigidas por la
reactivada sociedad mexicana. Hasta ahora, la reforma política en cámara lenta --1988-2000-- tapó hoyos y
destapó otros y no obedeció a la
única salida que tiene el país: la construcción de un nuevo consenso nacional, luego de que se
agotó el consenso de la Revolución Mexicana. Ahí se verá si el PRI viene por la
restauración o la reforma nacional.
@carlosramirezh
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jueves, 16 de agosto de 2012
16-Agosto-2012, Jueves.
INDICADOR POLITICO
+ Vacíos
de poder y de gobierno
+ Por
eso narco escala violencia
Carlos
Ramírez
Aunque los cárteles del narcotráfico carecen de estrategas políticos, de todos
modos se mueven por intuiciones de
corto plazo. De ahí que la contraofensiva
del crimen organizado en una docena de entidades de la república de la zona
centro-sureste sea correlativa al
vacío de poder y vacío de gobierno posterior a las elecciones presidenciales.
México vive uno de sus más inquietantes interregnos presidenciales:
el partido del presidente Calderón perdió las elecciones, el PRI opositor llega
sin un aparato de inteligencia y
seguridad nacional suficientemente cohesionado y las oficinas oficiales para
esos menesteres han sido atadas de
manos, les pusieron una vendas en los ojos y no tienen prótesis auditivas luego
de que los derechos humanos afectaron sus oídos internos y disminuyeron su
capacidad.
A ello se agrega la incomprensión de algunas organizaciones
e instituciones respecto a la decisión gubernamental de lanzar una ofensiva
contra las bandas del crimen organizado que se habían sentado en zonas territoriales de soberanía del Estado. Las
decisiones oficiales, de derechos humanos y en la Corte Suprema han hecho inefectiva la lucha contra los cárteles de la droga. Ello ha sido aprovechado por las bandas criminales
para aumentar su criminalidad y arrinconar
al Estado en espacios estrechos de los derechos humanos.
El acotamiento a las fuerzas de
seguridad, la alternancia partidista en la presidencia de la república, la
tardanza en la declaración de presidente electo han dejado prácticamente a la
sociedad en un vacío de poder, de
autoridad y de decisión de seguridad por, hasta ahora, dos meses. Y mientras
más debilite López Obrador al
próximo presidente de la república con acusaciones sin fundamento, la capacidad
de gestión del poder presidencial será menor y a favor de las bandas criminales. El activismo del narco en los
últimos días en Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas, Michoacán,
Guerrero, Veracruz, Estado de México y Distrito Federal corresponde a ese vacío institucional de poder: el presidente
saliente ya no tiene fuerza, los derechos humanos han paralizado la acción de seguridad y el próximo presidente tardará
en ser reconocido y tendrá que lidiar primero
con la campaña de descrédito del PRD.
A ello se agrega el avance del poder corruptor del
narcotráfico: entidades de la república donde los funcionarios están al servicio de las bandas criminales, incapacidad de gobiernos estatales para
crear policías resistentes a la corrupción del narco, políticos en activo al
servicio del narco, corrupción del narco en sectores militares, políticos,
empresariales, bancarios y ahora hasta altos
niveles de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Y en medio de la parálisis del sector público lo mismo
por corrupción que por decisiones de la Corte Suprema se desarrolla una campaña
de desprestigio del poeta y anarquista católico Javier Sicilia en los Estados
Unidos con la única intención de que
el gobierno de Calderón detenga la ofensiva contra el narco y regrese de inmediato a los militares a sus
cuarteles, lo que significa de modo automático la entrega de las plazas a los cárteles
del narcotráfico. Sicilia fue a los EU a pedir
más intervencionismo de la Casa Blanca en asuntos mexicanos.
La atención en el tema de
inteligencia y seguridad nacional ha pasado,
de modo natural, al candidato ganador de las elecciones, Enrique Peña Nieto. Y
si en su entorno existe sensibilidad,
entonces desde ahora debería de entender que el problema número uno de México no es el empleo, ni la reforma
política, ni las reformas estructurales, ni López Obrador, ni la toma de
posesión, sino la necesidad urgente
de tomar desde ahora mismo los controles de las decisiones de seguridad
nacional, sobre todo por la contraofensiva
de los cárteles del narcotráfico en
una docena de entidades.
Para colmo de la incomprensión hacia el uso de las fuerzas armadas, las
acciones de violencia del crimen organizado en esas entidades no han podido detenerse con la policía
sino que se hace necesaria e inevitable
la intervención directa del ejército; pero sería comprensible que los militares
sean más reacios en operar
mecanismos de contención contra el crimen organizado si en estos días la Corte
Suprema sigue acotando su accionar
con los derechos humanos.
Lo grave del asunto es que los casos de violación de derechos humanos
por parte de militares han sido daños colaterales
o formaron parte de abuso de poder de militares que ya fueron juzgados por tribunales militares y,
paradójicamente para la Corte Suprema, esos expedientes fueron enviados a
tribunales civiles por los propios tribunales militares; en realidad, la Corte
sólo ha decidido cuestiones de competencia
de tribunales, no de negativa
militar a castigar abusos. Pero los militares tendrían a su favor todas las razones para negarse a combatir
delincuentes si la sociedad civil, la sociedad política y la sociedad judicial
sólo están pensando en castigar
abusos ajenos a comportamientos militares. Si la sociedad castiga a los
militares, lo mejor es que los militares regresen
ya a sus cuarteles y que la sociedad de defienda sola.
En este tiempo político de
coyuntura delicada necesita Peña Nieto desde ahora mismo tomar las riendas del control de la política de
inteligencia y seguridad nacional, así como en el pasado el presidente electo
controlaba la Secretaría de Hacienda y la embajada de México en los EU. Las
decisiones urgentes del gobierno de
Calderón para encarar la contraofensiva
del narco deben de estar avaladas
por Peña Nieto como próximo presidente de la república.
Si Calderón y Peña Nieto van a
esperar tres y medio meses para la entrega
de los instrumentos de poder y en medio de una contraofensiva del narco, al país le esperan días más aciagos y violentos. Y peores si hasta
ahora casi nadie se atreve a
condenar al crimen organizado a pesar de que el 95% de los muertos en el
sexenio fueron producto de una guerra
entre cárteles.
@carlosramirezh
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martes, 14 de agosto de 2012
14-agosto-12, Martes.
INDICADOR POLITICO
+ Sicilia
y CIDH: con EU vs México
+ Y avanza
narco en centro de país
Carlos
Ramírez
En 1985, cuando el senador
ultraderechista Jesse Helms realizó audiencias públicas en el Senado para enjuiciar a México por el narco y el
asesinato del agente de la DEA Camarena Salazar, todas las fuerzas sociales mexicanas realizaron una marcha de
protesta contra el Capitolio.
Hoy que México de nuevo se ve presionado por el aparato de poder de
los EU en materia de narco, el poeta y anarquista católico Javier Sicilia, con
el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vía su secretario
ejecutivo Emilio Alvarez Icaza, inició esta semana una marcha en estados del sur de la Unión Americana para “suplicar” la intervención de Washington en México
para detener la ofensiva del gobierno de Calderón contra el crimen organizado.
Pero el escenario mexicano no puede
ser peor para Sicilia: la
reactivación de los ataques de los cárteles
en Nuevo León y la violencia el fin de semana en San Luis Potosí, Zacatecas,
Guanajuato, Michoacán, Estado de México y Distrito Federal. La violencia fue estallada por el crimen organizado en
contra de las instituciones mexicanas y como parte de la guerra interna entre cárteles por el control de zonas de trasiego pero también de
consumo.
La exigencia de Sicilia de detener la ofensiva gubernamental contra la
delincuencia organizada y criminal llevaría sencillamente a la cesión de las plazas a los cárteles de la droga. La disputa de las
bandas criminales se ha agudizado por la posesión
de espacios territoriales de la soberanía del Estado para quedar en poder de
los cárteles y excluir cualquier
funcionamiento institucional. Lo que hasta la fecha se ha negado entender Sicilia es que la ofensiva del gobierno mexicano es
contra el crimen organizado y no
contra la sociedad o la población civil. El 95% de los muertos han sido delincuentes, la mayoría de ellos por
enfrentamientos entre los propios cárteles.
A partir de la lógica del consuelo
católico a víctimas mexicanas, Sicilia ha caído en el juego de poder de instancias superiores: el narcotráfico
evidentemente necesita que el ejército mexicano se retire a sus cuarteles para quedarse con las plazas, el gobierno de
los Estados Unidos ha sabido capitalizar
esa debilidad para su intención de meter
al ejército estadunidense y a los marines
en operaciones anti narco pero dentro
de territorio mexicano y los consumidores de ambos países desean la
legalización para satisfacer las exigencias de sus vicios.
Asimismo, Sicilia decidió hacer su
caravana por estados del sur estadunidense y luego subir por la costa Este
hasta Washington en el momento más intenso
de las campañas por la presidencia de los EU entre el republicano Mitt Romney y
el demócrata Barack Obama. El cálculo de Sicilia no fue inocente: sabe que al llevar la crisis de seguridad de
México a los EU le entrega
argumentos a los sectores conservadores de ambos partidos para meter a México
en la campaña presidencial estadunidense.
Pero al mismo tiempo, la marcha de
Sicilia le aportará elementos a los
sectores del aparato de inteligencia y seguridad nacional militar y civil de
los EU para fortalecer sus evaluaciones de que México sería incapaz de resolver por sí mismo el
conflicto que representan los cárteles
del narcotráfico y por tanto apuntalarían
sus conclusiones de que Washington tendría que intervenir más en México. Los sectores conservadores del aparato de
inteligencia y seguridad nacional de los EU han valorado siempre las situaciones sociales de pánico para aumentar
su intervencionismo.
Por si fuera poco, Sicilia también aumentará el miedo en las comunidades
estadunidenses que comienzan a padecer la violencia criminal por el control del
mercado al menudeo de droga en dos mil ciudades estadunidenses, donde el
suministro y la venta están controlados
por los cinco principales cárteles
mexicanos, de acuerdo con evaluaciones de inteligencia del propio gobierno de
los EU. Y de aumentar el miedo, sería ingenuo
pensar que los estadunidenses van a criticar a México; al contrario, con el
pánico social estimulado por Sicilia van a exigir más intervencionismo de la Casa Blanca en los asuntos de México en
materia de pucha contra los cárteles.
De ahí que los sectores políticos
conservadores de los Estados Unidos estén de plácemes porque Sicilia ira entregando, a lo largo de su recorrido,
elementos que prueben, desde el punto de vista de Sicilia y de los propios
conservadores, que el gobierno mexicano no
es capaz de mantener la paz frente a los cárteles
de la droga y que es necesaria una mayor intervención
del gobierno de los EU en México.
En 1985, el gobierno conservador de
Reagan y toda la derecha de seguridad nacional vendieron la idea de que México no podía mantener la estabilidad de
seguridad y por ello el senador Helms pidió que el sector militar estadunidense
se metiera en México para mantener
la paz. Hoy Sicilia, con el apoyo de la CIDH vía su secretario ejecutivo, se
aparece como el fantasma de Jesse
Helms para pedir más intervención política y militar de la Casa Blanca en
México. No por menos la marcha de Sicilia tiene el estímulo de Washington.
Además, opino que Javier Sicilia,
su movimiento, el rector de la UNAM José Narro, los periodistas, el Movimiento YoSoy132 y ahora la Corte Suprema de
Justicia de la Nación deben responsabilizar
a los narcos de la violencia y los muertos, exigir sin dobleces la rendición incondicional de Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada, Heriberto Lazcano El Lazca, Servando Gómez La Tuta, Juan José El Azul Esparragoza, Vicente Carrillo Fuentes y otros capos y demandar la entrega de su arsenal de armas para ser juzgados como responsables de la violencia criminal y la corrupción en el tráfico de drogas y de
varios de miles de muertos en enfrentamientos entre cárteles.
@carlosramirezh
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jueves, 9 de agosto de 2012
9-agosto-2012, Jueves.
INDICADOR POLITICO
+ Ejército:
pagar la vajilla rota
+ Congreso
retrasó ley de SN
Carlos
Ramírez
A René Avilés Fabila y José Agustín, dos
pilares
de la literatura, por su homenaje en Atlixco,
Puebla.
Si la intervención del ejército en
la lucha contra el crimen organizado se apoyó
en la Constitución por la seguridad interior, el Congreso federal ha sido el responsable del retraso en la reforma a
la ley de seguridad nacional que hubiera aclarado
las dudas en la intervención militar.
La reforma de la Ley de Seguridad
Nacional osciló entre el Senado y la
Cámara de Diputados durante más de tres años mientras las fuerzas armadas
luchaban contra el crimen organizado. El presidente Calderón envió al Senado el
20 de abril de 2009 la iniciativa de reforma de la Ley de Seguridad Nacional,
el Senado envió a la Cámara de Diputados el 27 de abril de 2010 la minuta con
las reformas y la Cámara de Diputados redactó su propia minuta en abril del
2011. El gobierno federal combate a la delincuencia organizada con leyes anteriores. (Versiones íntegras de los
tres documentos en http://www.grupotransicion.com.mx/sitev2/images/pdfs/LEY-DE-SEGURIDAD-NACIONAL.pdf.)
El tema central ha girado en torno
a la intervención del ejército. La tesis formalista señala que el ejército viola la Constitución al participar en
tareas de seguridad pública; sin
embargo, la fracción VI del 89 Constitucional señala la posibilidad de las
fuerzas armadas en temas de seguridad interior.
Asimismo, la vigente Ley de
Seguridad Nacional establece (artículo 3) los criterios de afectan a la seguridad nacional, entre los que se encuentran las
acciones del crimen organizado que ponen en riesgo “la integridad, estabilidad
y permanencia del Estado mexicano”.
A punto de terminar el sexenio,
luego de batallas durísimas contra los cárteles
de la droga y de acciones militares que contuvieron
y expulsaron a bandas que se había apoderado
de pedazos territoriales de la república, en instancias jurídicas quieren hacer
pagar al ejército los platos rotos,
si no es que toda la vajilla completa. Pero el problema real no radica en si podía o no el ejército entrar a combatir a
bandas que ya habían rebasado a las
policías y había tomado control de territorios nacionales, sino en el hecho de
que la clase política se negó a
debatir el nuevo escenario de seguridad nacional de México.
El tema conflictivo fue el de la definición de la seguridad interior:
1.- La Ley vigente de Seguridad
Nacional no contempla el concepto de seguridad interior que sí existe en la Constitución, pero es
muy clara en enfocar el asunto de la seguridad nacional: “las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano”; los objetivos son:
“la protección de la nación mexicana frente a las amenazas y los riesgos”, la preservación de law soberanía (…) y la defensa del
territorio, el mantenimiento del orden
constitucional y, entre otras, la preservación
de la democracia “fundada en el desarrollo económico, social y político”.
2.- La iniciativa del presidente
Calderón estableció: “seguridad interior (es) la condición en que la estabilidad interna y permanencia del Estado mexicano se
encuentran garantizadas a través de
la aplicación coordinada de sus recursos y medios”.
3.- El Senado le hizo una reforma
al concepto y aportó el propio: “seguridad interior (es) la condición de
estabilidad interna, paz y orden público,
que permite a la población su constante mejoramiento
y desarrollo económico, social y cultural; y cuya garantía es una función que está a cargo de los tres poderes de gobierno”.
4.- Y la Cámara de Diputados
reformó la minuta del Senado y la dejó así: “seguridad interior (es) la
condición de estabilidad interna y permanencia
del Estado mexicano, que permite a la población su constante mejoramiento y desarrollo económico,
social y cultural; y cuya garantía
es una función que está a cargo de
los tres órdenes de gobierno, con la concurrencia
de los sectores social y privado”.
Si la utilización del ejército está
contemplada en la Constitución en
asuntos de seguridad interior y de seguridad nacional relacionada con la
soberanía amenazada por el crimen organizado transnacional, la reforma de la ley de seguridad nacional le
hubiera otorgado a esa decisión una mayor certeza
jurídica. Pero a lo largo de más de tres años los legisladores de las dos
cámaras carecieron de sensibilidad
--para decir lo menos-- para desahogar una de las reformas más importantes que
tenía que ver con el Estado nacional.
El otro punto conflictivo fue la falta de decisión de los gobernadores y
presidentes municipales para asumir su responsabilidad
en el aumento de la delincuencia y de la violencia de las bandas criminales. Y
a ello se agrega el hecho de que las policías estatales y municipales quedaron
en el aire en cuanto a definición de
responsabilidades y su condición precaria las condujo a los brazos de la corrupción promovida por
los cárteles de la droga.
El fracaso en el rediseño de las
policías estatales y municipales ha conducido a la imposibilidad de retirar de inmediato al ejército de las calles por
la falta de policías por la incapacidad
de las policías estatales y municipales. El candidato presidencial ganador
Enrique Peña Nieto anunció la creación de una gendarmería como instancia intermedia entre el ejército y la
policía y con labores de lucha contra el crimen organizado, pero su
organización tardaría varios meses.
De todos modos, la reforma a la ley
de seguridad nacional debería ser la prioridad
del próximo gobierno para lograr la certeza
en acciones contra la inestabilidad provocada por la acción creciente del
crimen organizado y sobre todo para corresponsabilizar
a los tres niveles de gobierno en tareas de combate a la inseguridad.
@carlosramirezh
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miércoles, 8 de agosto de 2012
8-agosto-2012, Miércoles.
INDICADOR POLITICO
+ Corte:
seguridad pública o interior
+ ¿Sí
DN-III y no contra malandros?
Carlos
Ramírez
Si el desahogo de asuntos en la
Corte Suprema de Justicia que tienen que ver con el fuero militar fuera realmente una oportunidad para revisar
la estrategia del gobierno federal contra el crimen organizado, entonces habría
que tomar en cuenta un enfoque no kelseniano del derecho: el tamaño del crimen organizado es mucho mayor a la aplicación pura de las
leyes.
Hasta ahora, los ministros de la
Corte Suprema parecen atender a lo señalado concretamente en la Constitución. Pero hay otros elementos que
tomar en cuenta: la interpretación
de las leyes y el sentido de su
aplicación. El ejército no fue
enviado a las calles a masacrar a civiles sino a combatir delincuentes. En casi
seis años, el ejército detuvo a casi 50
mil delincuentes, decomisó más de 120
mil armas y doce millones de
cartuchos y le quitó al crimen organizado casi 50 mil vehículos. De no haber intervenido, esos pertrechos
estuvieran en las calles.
La otra equivocación de ministros de la Corte Suprema radica en la
confusión de términos: el ejército intervino en labores no de seguridad pública sino
de seguridad interior que sí le
permiten las leyes; los soldados con uniforme verde no se convirtieron en
policías de crucero ni en policía preventiva. La seguridad interior es la
delincuencia que amenaza la estabilidad
de la república. La fracción VI del artículo 89 constitucional es más que clara
al señalar las facultades y obligaciones
del presidente de la república:
“Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley
respectiva, y disponer de la totalidad
de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la
Fuerza Aérea para la seguridad interior
y defensa exterior de la Federación”.
Las razones de la intervención del ejército estuvieron justificadas por la ley: el crimen
organizado no está formado por ladronzuelos de colonia sino por bandas
criminales con capacidad de fuerza
superior a la de las policías, lo que llevó a la decisión de utilizar al ejército. No se requiere
hacer ningún esfuerzo de interpretación si se asume que el crimen organizado se
convirtió en un problema para las tres funciones que reconoce la Constitución
para uso del ejército: la de “soberanía”
nacional por su conformación trasnacional, la de “territorio” porque se apoderó de espacios territoriales de la
república como zona franca donde la
policía no podía ingresar y de “emergencia
nacional” porque la desarticulación de la estructura de seguridad pública
primero con los gobiernos tecnocráticos del PRI y luego con la alternancia
panista aumentaron la violencia
criminal.
Asimismo, la intervención del ejército
se hizo en apoyo de la estructura
legal de la seguridad pública --policías federales, estatales y municipales-- y
a solicitud de autoridades de
gobierno en los tres niveles. La emergencia nacional de la inseguridad obligó al gobierno federal a utilizar a
las fuerzas armadas como un dique de
contención al avance del crimen organizado. Tamaulipas se había entregado a las dos más importantes
mafias en guerra entre sí: Los Zetas
y el Cártel del Golfo. Ciudades
enteras pasaron a control criminal.
La intervención del ejército permitió recuperar
esa parte del territorio nacional.
El artículo 89 es claro en la
conceptualización de la seguridad en dos
escenarios por el uso de una conjunción que divide las funciones; la seguridad interior y (la) defensa exterior; por tanto, el ejército sí tiene facultades constitucionales
para actuar dentro del territorio
nacional, al grado de que a lo largo de seis años el poder legislativo en manos
de la oposición nunca las puso en
duda. La clave radica en la
conceptualización de los malandrines como un asunto de
seguridad interior cuando rebasaron
en fuerza criminal a las policías y por tanto de seguridad nacional porque la operación de las bandas criminales en
zonas territoriales de la república había quitado
capacidad de ejercicio soberano del poder institucional y constitucional.
El punto central
radica en el reconocimiento/desconocimiento de que el crimen organizado le
había expropiado soberanía
constitucional y soberanía territorial al Estado mexicano; la sola estructura
de armamento del crimen organizado superior
al de las policías y los cárteles
como organizaciones transnacionales
implicó ya un asunto de soberanía nacional. Otro dato: el ejército le quitó a
las bandas en seis años 10 mil
granadas de fragmentación.
El tema de los derechos humanos
está lejos de ser el meollo del
problema de la seguridad porque los casos han sido excepcionales: en más de 2
mil 600 enfrentamientos del ejército con delincuentes se han recibido más de 5
mil quejas de violaciones de
derechos humanos, pero sólo ha habido 25 y 79 se encuentran en estudio. Una
cosa es la queja y otra la
investigación y luego la recomendación.
Todo indica que la Corte Suprema está
entrando al asunto por el final y
sin que el Congreso haya atendido el problema central: una ley de seguridad
nacional que defina los nuevos
conceptos de la criminalidad y las tareas de las fuerzas de seguridad. Ante esa
falla, a lo mejor la Corte Suprema puede atender el desafío, antes de sus conclusiones en el caso
del fuero militar, de la definición
de conceptos jurídicos: ¿realiza el ejército labores de seguridad interior o de seguridad pública?
Por lo pronto, los ministros bien
pudieran darle una revisada a la
página web del ejército www.sedena.gob.mx
donde se encuentran todos los datos
relacionados con los derechos humanos y las cifras de decomisos. Los militares no pidieron entrar a la lucha contra el crimen organizado sino que
los enviaron por razones de sus obligaciones
constitucionales en temas de soberanía, territorio y emergencias. ¿Por qué se objeta que el ejército combata a las
bandas criminales y se acepta que
intervenga en labores de rescate civil con el DN-III? Las circunstancias son
las mismas: la estructura civil
carece de capacidad para ambos desastres. A menos que se quiera regresar al
ejército a sus cuarteles y abandonar
a los civiles a la ley de la selva de las bandas criminales.
@carlosramirezh
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viernes, 3 de agosto de 2012
3-Agosto-2012, Viernes.
INDICADOR POLITICO
+ Soriana:
el bumerang del PRD
+ Zambrano
y tiradero de AMLO
Carlos
Ramírez
Después de haber insultado,
agredido físicamente, desprestigiado, burlado, mentido y acusado sin pruebas a la empresa Soriana, el
presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, se enojó por la repuesta de la tienda de autoservicio y amenazó con acusarla de “difamación y
daño moral”.
El diferendo PRD-Soriana-PRD-AMLO-Soriana-PRD-AMLO
forma parte del discurso de propaganda
de Andrés Manuel López Obrador para mantener en medios vigente su protesta por
el resultado electoral del primero de julio que lo colocó casi 7 puntos debajo de Enrique peña Nieto y con 3.4
millones de votos menos.
Los puntos delicados tienen que ver con la campaña de estridencia de López
Obrador, el PRD y Zambrano contra Soriana que derivó como efecto directo en invasión de propiedad privada por perredistas,
más de 180 agresiones contra la tienda y tres bombas molotov en un local en
Monterrey. Y cuando la empresa respondió
con un desplegado vinculando directamente las acusaciones agresivas de López
Obrador, el PRD y Zambrano, la respuesta de éstos va desde el desdén del tabasqueño hasta las amenazas
del dirigente perredista.
Y ahora viene la demanda legal del PRD contra Soriana, y
la hará nada menos que julio Scherer Ibarra, miembro de comisiones del PRD y
abogado de López Obrador, de quien circula y se ha publicado --como muchas
veces lo ha hecho Proceso-- una
conversación grababa clandestinamente donde pide fondos a un banquero para la campaña de López Obrador.
Lo malo es que las reacciones
perredistas dan material para
incluirlas como argumentos políticos en contra del PRD. Dijo, por ejemplo, Zambrano:
“que gente en varias partes del país se
les identifique como perredistas, eso no significa que lo sean”. Por tanto,
lo lógico es que Zambrano, el PRD y López Obrador se deslinden de “esos” perredistas que toman plazas, cercan empresas,
se meten a negocios y gritan contra el supuesto fraude electoral porque,
siguiendo la lógica de Zambrano, no
todos son lo que dicen ser y los analistas estaríamos acreditando el coima de
violencia política a furibundos lopezobradoristas. En ese mismo sentido, a lo
mejor hay colados hasta en los
mítines del tabasqueño.
El consejo de serenarse se lo debió
de haber dado López Obrador a Zambrano, quien parece un troglodita --en términos
de la ciencia política de Montesquieu-- acusando a Soriana, en un acto difamatorio, de “alinearse al PRI”. Si
Zambrano afirma que “ninguno de los personajes del Movimiento Progresista
somos responsables de nada que no
sea nuestra lucha dentro del marco
legal en defensa de la democracia”, entonces qué espera el PRD para deslindarse de los macheteros de Atenco que amenazaron con estrangular el DF o con el YoSoy132 que afectó el funcionamiento de una empresa privada impidiendo el
ingreso de empleados a su centro de trabajo.
En su lenguaje de la vieja
izquierda revolucionaria y guerrillera, Zambrano ha sido difamatorio de los que no apoyan a López Obrador. En una
declaración para deslindarse de los bombazos contra Soriana en monterrey,
Zambrano dijo que se trataba de “un posible montaje provocador” supuestamente organizado por la misma empresa.
Lo malo de este conflicto es que los particulares carecen de instrumentos legales para acusar a los políticos --y más
a los perredistas-- de difamaciones porque supuestamente los perredistas son un
dechado de pureza política.
Obviamente que Zambrana carecía de
pruebas para su declaración difamatoria que pudo haberle causado daño moral a
una empresa privada.
Pero justo en las horas pico del conflicto Soriana-PRD,
perredistas del municipio de San Vicente Chicoloapan, Estado de México, “encabezados por el ex candidato
derrotado a la alcaldía Gerardo Cervantes” y retuvieron duramente tres horas dentro de una sucursal de Soriana a
más de 300 personas, en un acto de protesta
por el papel denunciado por López Obrador y Zambrano a favor del PRI.
El problema con Soriana forma parte
de la pérdida de control de López
Obrador, Zambrano y el PRD de las acciones de protesta contra el resultado
electoral del pasado primero de julio. Se trata de una estrategia de tensión que históricamente ha utilizado la derecha
--revelada por el escritor comunista Leonardo Sciascia en Los Navajeros--: seguir los pasos legales de denuncia, pero llevar
a la estridencia social la
identificación de complicidades a empresas privadas: hoy son Televisa, Soriana,
como en el 2006 fueron Pepsi-Co, Banamex, Wal-Mart y otras. La intención es la
de romper la alianza atacando con
violencia verbal y física a empresas privadas como una forma de dejar sentado
el mensaje de que la alianza de
empresarios con el PRI llevará al PRD a agredir
físicamente a esos aliados.
En todo caso, la agresión física y la escalada verbal de López
Obrador, Zambrano y el PRD contra empresas privadas presuntamente aliadas o
usadas por el PRI en las elecciones presidenciales tiene el doble propósito de reconocer que la batalla legal está
perdida porque los acusadores carecen de pruebas legales y de intimidar a otras empresas para
alejarse del PRI. Si se analiza a fondo, la diseñada contra Soriana se trata de
una estrategia guerrillera de
ataques laterales de desactivación de alianzas que Zambrano conoce muy bien
porque viene de la liga Comunista 23 de septiembre, la que asesinó al empresario Eugenio Garza Sada en 1973.
Asimismo, el caso de Soriana como eje de las protestas de López Obrador,
Zambrano y el PRD tiene como escenario colateral la derrota jurídica de la coalición lopezobradorista por una mala fundamentación de los
razonamientos legales y la ausencia
de pruebas reales, porque es paradójico que el tabasqueño acuse a los medios de haberle hecho un espacio mediático a Peña
Nieto y les diga que perdieron credibilidad y luego los use como base probatoria de sus acusaciones contra Peña Nieto.
Ante la inminencia del dictamen
legal de validez de las elecciones, López Obrador, Zambrano y el PRD están urgidos de un ambiente mediático que escale
la animosidad de los ciudadanos. Así, Soriana es parte de la estrategia para
ganar en la calle y en el odio lo
que no se podrá ganar en tribunales electorales, aunque vaya a ser un bumerang
del PRD contra el PRD.
@carlosramirezh
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