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Periodista, escritor, Lic. en Periodismo, Mtro. En Ciencias Políticas, oaxaqueño. Autor de la columna "Indicador Político" en El Financiero.

miércoles, 26 de septiembre de 2012

26-Septiembre-2012, Miércoles.


INDICADOR POLITICO


 

+ Sindicatos y fin de sistema-PRI

+ De estabilidad social a estorbo

 

Carlos Ramírez

 

Más que la intervención en la vida interna de los sindicatos, la iniciativa de reforma laboral del presidente Calderón debe debatir el fin del modelo histórico de relación de sindicatos con el Estado que se firmó en la Revolución Mexicana y en los hechos completa la reforma neoliberal del gobierno de Carlos Salinas.

Y lo que los sindicatos no han entendido es que la reforma laboral sería una consecuencia lógica de la reforma económica que inició Salinas en 1982 en la Secretaría de Programación y Presupuesto al colocar al mercado por encima del Estado y al asumir el salario y el bienestar de los trabajadores como una variable estabilizadora y no como un objetivo de justicia social.

Por tanto, la reforma laboral de Calderón se localiza más en la reforma del Estado que inició Salinas y que privatizó el ejido, disminuyó el papel del Estado, privatizó las empresas públicas, reconoció los derechos de la iglesia católica e integró la economía a las necesidades de la producción estadunidense.

En este contexto, la reforma laboral de Calderón afecta más al PRI que a los sindicatos y a los trabajadores porque simplemente reconoce legalmente que el sistema político priísta ya no necesita de los sindicatos y trabajadores como elementos de la estabilidad social. Se trataría, en consecuencia, de completar el gran salto modernizador del sistema político dándole al Estado la oportunidad planteada por Salinas en su proyecto de modernización política: la autonomía relativa del Estado con respecto a las clases en pugna.

La gran decisión de la reforma laboral pasó del espacio del PAN a los dominios del PRI. De hecho, el PAN debió de haber colocado la reforma laboral, luego de la modernización neoliberal salinista en el periodo 1980-2000, como la prioritaria en el 2000 para meterse en la alternancia de sistema político-productivo. Sin embargo, Vicente Fox prefirió la comodidad de entenderse con el PRI que responder al desafío de la transición. Al terminado el ciclo panista de dos sexenios presidenciales, el PAN lanza la iniciativa de reforma laboral para obligar a la definición de modelo de desarrollo del PRI.

Los sindicatos tienen poco que hacer. Su historia ha estado llena de derrotas: primero fueron peones del Estado para consolidar la Revolución, luego aceptaron convertirse en sector cardenista más como instrumento de control social y como ariete contra los empresarios que por afanes de justicia, más tarde aceptaron su charrización con el proceso de líderes charros controlados por el PRI y por el presidente, también guardaron silencio ante la represión priísta de finales de los cincuenta y los sesenta, nada hicieron ante el liderazgo férreo de Fidel Velásquez como el eterno líder sindical del Estado priísta, en 1981 salieron derrotados en su disputa por la nación con la victoria del neoliberalismo de Salinas, en 1989 vieron con pavor el quinazo de Salinas contra los sindicatos petrolero y magisterial y callaron con la reforma salinista de declinación del Estado y el auge del mercado.

La gran derrota funcional de los sindicatos ocurrió cuando aceptaron el argumento salinista de que el salario era una variable y no un compromiso histórico; ahora la decisión de romper con la estructura de poder sindical es una decisión inevitable ante la corrupción política, moral y ética de los líderes sindicales como explotadores de los trabajadores por el manejo de las cuotas. Los líderes sindicales que hoy toman calles son los mismos que aceptaron el modelo neoliberal de Salinas.

El PRD ha caído en la trampa del oportunismo vulgar al salir en defensa no de los trabajadores sino de los líderes sindicales enquistados en los sindicatos. Ahí está el neoperredista Francisco Hernández Juárez como el Fidel Velásquez del sindicalismo “progresista”: en 1976 derrocó al líder telefonista Salustio Salgado por eternizarse en el poder y lleva 36 años de líder telefonista y ahora el jefe de jefes del cártel de sindicatos revolucionarios y jefe sindical funcional al PRD.

Los sindicatos fueron poderosos cuando garantizaban la estabilidad del Estado y del PRI; hoy que el sistema productivo es de mercado, los sindicatos son un estorbo productivo. En 1981 los sindicatos percibieron que carecían de fuerza cuando lanzaron una iniciativa política --documentada con precisión por Carlos Tello y Rolando Cordera en su ensayo México: la disputa por la nación-- para tratar de imponer el proyecto popular de nación ante el proyecto neoliberal, pero a la larga la victoria la consiguió Salinas.

La gran oportunidad para los sindicatos radica en acomodarse al nuevo sistema productivo. La gran alianza histórica del Estado con los trabajadores terminó en 1982 con el arribo de los tecnócratas al poder priísta y a la presidencia de la república. El sindicalismo controlado por el PRI vía la estructura corporativa creada por Lázaro Cárdenas se va a someter a los intereses del gobierno priísta; y el sindicalismo de oposición carece de líderes carismáticos y honestos.

Al final, la decisión de reforma laboral ya no será del PAN sino del PRI que regresa a Los Pinos y que necesita, como Salinas en 1989, tirar lastre corporativo por el alto costo económico y productivo del modelo de organización sindical. No será una novedad: Benito Juárez como presidente de origen indígena puro fue el encargado de reprimir a los indígenas autonomistas --la segunda conquista-- y sólo así, con el ejército, instaurar las bases del capitalismo democrático que representó el liberalismo social.

Paradójicamente, el PRD y el movimiento juvenil YoSoy132 han quedado como defensores del sindicalismo del viejo PRI, del sindicalismo al estilo Fidel Velásquez.

 



@carlosramirezh

 

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martes, 25 de septiembre de 2012

25-Septiembre-2012, Martes.


INDICADOR POLITICO


 

+ ¿Quiere 132 imponer a AMLO?

+ ¿Deciden leyes o voluntarismo?

 

Carlos Ramírez

 

Al grito de no a la imposición de Enrique Peña Nieto como presidente de la república, el movimiento del chavos del 132 se ha dado a la tarea de… imponer como presidente a Andrés Manuel López Obrador.

Formado por estudiantes de nivel superior de escuelas públicas y privadas, el 132 en realidad fracasó en su objetivo de construir una movilización callejera de protesta --como las de la Primavera Árabe en el Medio Oriente-- contra el resultado electoral del pasado primero de julio y ha dado el paso provocador al vandalismo callejero imitando la toma de tribunas del PRD insurreccional.

El uso de argumentaciones y discursos políticos ha revelado que el 132 tiene un bajísimo nivel académico para racionalizar la política y por eso ha preferido la algarada, el grito, el insulto y algunas pancartas chistosas, en lugar del debate argumentativo que ha logrado un espacio en las recientes teorías políticas.

La estrategia del 132 fue la de generar movilización en las calles contra el resultado electoral para conformar una masa creciente de jóvenes contrarios a los procesos electorales institucionales. Sin embargo, los estudiantes de universidades privadas cada vez tienen menos tiempo para la militancia en el 132 porque en sus centros de estudio son muy estrictos con las asistencias y exámenes, en tanto que en las públicas prevalece el fosilismo y los fósiles se permiten dedicar más tiempo a la protesta que al estudio.

Pero el fondo del movimiento 132 radica en su conceptualización política del resultado electoral. Nadie les exige a los del 132 que crean a ojos cerrados en el resultado electoral, sino que confronten información. De ahí que el 132, en su campaña contra “la imposición de Peña Nieto”, está obligado a responder a tres preguntas clave:

1.- ¿Por qué el 132 no han entregado su informe de irregularidades documentadas en las elecciones de julio, con información suficiente para concluir que fue una elección fraudulenta y por tanto la toma de posesión de Peña Nieto sería una imposición?

2.- ¿Por qué el 132 no han entregado la fundamentación jurídica para confrontar el informe final del Tribunal Federal Electoral, sobre todo si el Tribunal fue minucioso hasta en mostrar las torpezas de los notarios perredistas? ¿Dónde está el contra-informe electoral que rebata punto-por-punto la conclusión del Tribunal? ¿En qué documento existen las pruebas que magnifican los gritos juveniles?

3.- ¿Por qué el 132 quiere imponer su grito de protesta como pensamiento único y con él tratar de poner a Andrés Manuel López Obrador como presidente de la república cuando en las cifras oficiales hasta ahora no rebatidas Peña Nieto obtuvo 3.3 millones de votos más y 6.6 puntos porcentuales por encima del ex candidato perredista? ¿Cómo se llama la acción discursiva de protesta para imponer un argumento sin fundamentación legal?

Ante la carencia de argumentos racionales, el 132 ha preferido el camino del grito y el insulto; sólo que la ausencia de respuestas autoritarias ha dejado a los chavos del 132 sin espacio político de acción. Por eso los del 132 van a escalar tomas de tribunas y persecución de políticos priístas, no importa que sean unos cuantos chavos los que quieran ocultar su condición minoritaria con carteles insultantes o con máscaras de luchadores.

Lo malo para los chavos del132 es que el PRD, Marcelo Ebrard, las autoridades de la UNAM y hasta el movimiento de renovación de López Obrador los han abandonado en medio de la plaza y sólo los radicales como el SME, Atenco y los maestros de la XXII de Oaxaca y algunas plumas al servicio del tabasqueño siguen cilindrando a los jóvenes pero sin darles espacios políticos de oposición. Por eso es que el 132 va a seguir subiendo el tono de su protesta hasta convertirla en verdadera provocación de respuesta autoritaria y puedan tener sus primeros reprimidos como bandera de lucha.

El fundamentalismo político del 132 se ha centrado en construir un frente anti PRI y anti Peña Nieto porque así le conviene a López Obrador para la construcción de su partido-masa y su democracia a mano alzada. Por ello los jóvenes de educación superior del 132 parecen haber olvidado su preparación universitaria para apoyarse en un movimiento de gritería callejera.

La virtud original del 132 radicó en su protesta contra el PRI por desdeñarlos durante la visita de Peña Nieto a la Universidad Iberoamericana, pero su ganancia se convirtió en pérdida cuando extravió el perfil juvenil de protesta y se agotó el la gritería de los grupúsculos minoritarios. El principal error estratégico fue no comprender que los estudiantes no con una clase social; y su principal falla fue haber sido utilizado por el PRD, Ebrard y López Obrador y luego dejarlos a la mitad del camino sin ninguna orientación política.

Sin un proyecto político, abandonados sus seis puntos del manifiesto original, desdeñados por el movimiento de López Obrador y paradójicamente obligados a aferrarse a su decreciente espacio mediático, el 132 no ha podido reinventarse y parece estar condenado a repetir errores de movimientos similares de mil cabezas y acciones dispersas. El 132 perdió ideas, frescura y originalidad y es una mala copia de los Panchos Villa o los Antorchas por su chantaje político.

Al final, el 132 ya cumplió su tarea original y debe definir su nuevo espacio de lucha política ajeno a los intereses y discursos fundamentalistas de López Obrador. Si no, su destino político será cada vez marginal.

 



@carlosramirezh

 

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lunes, 24 de septiembre de 2012

24-Septiembre-2012, Lunes.


INDICADOR POLITICO


 

+ 132: ¿democracia o fascismo?

+ Hijos políticos de Atenco y APPO

 

Carlos Ramírez

 

A la memoria de Javier Ibarrola, compañero fraternal,

el periodismo está de luto

Impulsados y consolidados por personalidades y organizaciones de la coalición neopopulista de centro-izquierda, los chavos del movimiento YoSoy132 se han salido del espacio de la lucha política y se comportan como pandilleros políticos similares a fascios.

De ahí que la mini cumbre política de organizaciones disidentes, reunida en Oaxaca el pasado fin de semana, haya estimulado al 132 a aumentar el grado de su protesta, con lo que se confirmó la dependencia política del movimiento estudiantil respecto al Movimiento de Atenco, la Sección XXII de maestros, la APPO oaxaqueña y el SME.

En este contexto, el 132 se acercó ya a cuando menos tres definiciones:

1.- Establecer si sigue siendo un cuerpo político unitario, aunque en sus bases comiencen a decantarse separaciones por el tipo de acciones callejeras que sólo aspiran a llamar la atención y más por déficit de atención que como acciones propagandísticas.

2.- Definir su modelo político y con ello su objetivo final porque algunos dicen que buscan una democracia auténtica --cualquier cosa que eso quiera decir-- y otros han pasado ya a movimiento anti-sistémico y por tanto anarquista, aunque tropezándose unos contra otros.

3.- Aceptar su dependencia orgánica del movimiento de Andrés Manuel López Obrador porque ya nadie les cree que luchen por una “democracia auténtica” sino que operan como sector juvenil neopopulista del tabasqueño.

La escalada de violencia pandilleril del 132 ha sido tomada en los espacios analíticos del poder como una exhibición de la falta de efecto político del movimiento en la sociedad y como indicio de desesperación de los sectores radicales. Lo que más ha frustrado al 132 ha sido que su movimiento anti-PRI no ha encontrado eco en una sociedad que decidió reinstalar en Los Pinos al PRI.

Pero una cosa es que los del 132 sean chavos y desconozcan la realidad del país --Salvador Allende dijo en Guadalajara en 1972 que el primer deber de los estudiantes era conocer la realidad social-- y otra cosa que carezcan de reflexión y pensamiento político para comprender la realidad que dicen querer cambiar.

En este contexto, los chavos del 132 deberían de responder a otro paquete de preguntas básicas:

1.- ¿Cuál es su definición de democracia y de ahí establecer cuál es su definición, a partir de la ciencia política, democracia auténtica? ¿Tienen algún estudio concreto sobre la evolución de la teoría política sobre la democracia?

2.- ¿Cuál es su diagnóstico sobre el sistema político priísta, cómo nació, cómo ha sobrevivido, por qué permitió el regreso del PRI a la presidencia?

3.- ¿Cuál es su diagnóstico de la crisis del sistema político en el 2000 y la alternancia partidista y cuál es su razonamiento politológico sobre la victoria electoral del PRI el pasado primero de julio?

4.- ¿En base a qué estudios y modelo de interpretación política consideran que Enrique Peña Nieto ganó sólo por la televisión?

5.- ¿Qué opinión tienen de la encuesta sobre cultura cívica hicieron en México, y en otros cuatro países, los politólogos Gabriel Almond y Sidney Verba en 1963 y en la que concluyeron que la cultura política del mexicano no es de definiciones filosóficas sino de conveniencias del Estado de bienestar?

5.- ¿Consideran que las estrategias electorales de Peña Nieto también las utilizó Andrés Manuel López Obrador y Josefina Vázquez Mota, sobre todo la imagen de televisión? ¿Por qué no han criticado a López Obrador de su anterior complicidad con Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego desde el GDF?

6.- ¿Basados en qué estudios científicos --encuestas, investigaciones de campo, indagaciones socio-psicológicas-- afirman que los mexicanos que votaron por Peña Nieto fueron estupidizados por la televisión o los compraron por hambre? ¿Consideran que los votantes del PRI son enajenados mentales que deben ser eliminados políticamente? ¿Bajo qué principio de autoridad el 132 --y no las autoridades constitucionales electorales-- califican quién ganó las elecciones y en base a qué criterios legales? ¿Son ustedes un IFE paralelo que dirá quién ganó y quién no y no en base a votos sino a sentimientos?

7.- ¿En qué espacio político se colocan: movimiento democratizador institucional, movimiento anti-sistémico, movimiento anarquista, guerrilla Playboy por aquellas niñas que enseñaron el busto el 15 de septiembre como forma de protesta, movimiento revolucionario?

8.- ¿Qué tipo de democracia quieren: representativa, a mano alzada, institucional aunque con iniciativas populares, proletaria, pequeño burguesa? ¿Son sus modelos democráticos el SME como parásitos a costa del erario, la APPO que quiso una Comuna revolucionaria en Oaxaca, la Sección XXII de maestros de Oaxaca que suspende clases a capricho o los machetes de Atenco? ¿Quieren llevar a esos movimientos al poder popular presidencial?

9. ¿Cuál es su estudio científico y politológico sobre la calidad de la democracia? En ciencia política comparada, ¿en qué nivel y bajo qué investigación científica colocan a la democracia mexicana?

10.- ¿Creen ustedes que los estudiantes pueden cambiar el sistema productivo y por qué métodos de lucha? Si tanto insisten en que sólo una revolución cambiaría el destino de México, ¿por qué no han renunciado a sus escuelas y se han ido a la montaña a hacer la revolución y por qué todo se agota en carteles chistosos pero ineficientes?



@carlosramirezh

 

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viernes, 21 de septiembre de 2012

21-Septiembre-2012, Viernes.


INDICADOR POLITICO


 

+ Peña pedirá una ¿Iniciativa NY?

+ EU, compra-venta, no consumo

 

Carlos Ramírez

 

Si el gobierno mexicano se encuentra bajo presión estadunidense en el escenario de la Iniciativa Mérida, el nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto bien podría pensar en exigir una Iniciativa Nueva York para obligar al gobierno de los Estados Unidos a entrarle en serio a resolver el problema de la demanda de drogas.

Como en todo mercado, la demanda determina la oferta. Pero en lugar de atacar directamente el rubro de la demanda de drogas para el aproximadamente 10% de la población de la unión americana que es consumidora consistente de drogas ilícitas, el gobierno de Barack Obama ha decidido actuar sobre la educación.

Mientras tanto, información de la oficina antidrogas de la Casa Blanca han establecido el dato de que alrededor de dos mil ciudades a lo largo de los EU tienen el mercado de abasto y venta de droga al menudeo controlado por cárteles mexicanos. Inclusive, muchas de las zonas de comercio de drogas en esas ciudades son zonas francas de control de las bandas de vendedores en las que la policía no tiene ningún control.

Las investigaciones estadunidenses ya tienen muy claro el panorama de la integración de organizaciones transnacionales del crimen organizado. Sin embargo, el Departamento de Estado se ha dedicado a presionar a México para una mayor intensidad en la lucha contra los cárteles, aunque sin reconocer que la fortaleza de las bandas mexicanas se localiza en el lavado de dinero que hasta ahora pasa impunemente por el sistema financiero estadunidense y en el acceso a las armas que se comercian con facilidad desde los EU.

La Iniciativa Mérida es un mecanismo de presión sobre México pero sin que Washington ofrezca la integración de estrategias efectivas que tengan que ver con el consumo. Para ello, la Casa Blanca debería autorizar una ofensiva para desmantelar los mercados de venta al menudeo en las ciudades, aunque existe el peligro de que la respuesta violenta de vendedores y consumidores como en México que pudiera desatar motines en esas ciudades estadunidenses.

En este sentido, especialistas en temas del narcotráfico consideran que la estrategia de los EU ha consistido en trasladar a los países productores o de trasiego la responsabilidad de combatir a los cárteles de la droga, cuando en realidad esas organizaciones criminales trasnacionales ya están presenten en los mercados de venta al menudeo. Los cárteles que ya forman parte de las redes criminales en los EU son Los Zetas, El Chapo y el Cártel del Golfo; inclusive, Los Zetas ya participan en la cultura mediática por su aparición como protagonistas en las principales series policiacas de la televisión estadunidense.

De ahí que México deba ser más intenso en la exigencia de que el gobierno de los EU defina un programa similar a la Iniciativa Mérida y se decida a combatir a los cárteles mexicanos en los mercados de venta al menudeo de droga en las principales ciudades de la unión americana. Hasta ahora los cárteles mexicanos no sólo entregan droga sino que sus sicarios forman parte de las redes criminales del narcotráfico y también controlan el mercado de la droga desde las prisiones.

En la última reunión bilateral realizada en Washington a comienzos de esta semana para revisar la Iniciativa Mérida, la secretaria estadunidense de Estado Hillary Clinton destacó los esfuerzos mexicanos para profesionalizar las policías y el apoyo de los EU para acosar a algunos de los capos, pero nada se dijo del hecho de que el enfoque educativo sobre la demanda en los EU de hecho no resuelve el problema del abasto creciente para satisfacer el consumo de los americanos.

México ha sido demasiado débil en insistir en que el problema de la demanda es el tema central del problema del narcotráfico. Al bajar la demanda, tendría que disminuir la oferta. Y ahí es donde se debe presionar para una Iniciativa Nueva York, sin duda la plaza de mayor demanda y consumo de droga y donde se han instalado los organismos internacionales sobre temas del narcotráfico.

El cambio de gobierno y de partido en la presidencia de México se presenta como una oportunidad extraordinaria para replantear el problema del narcotráfico en México y su articulación a los Estados Unidos, toda vez que la ofensiva exclusivamente de seguridad dejó de lado el tema de la demanda de drogas, del tráfico de armas y del lavado de dinero.

Hasta ahora el gobierno de Calderón cumplió con el objetivo de detener el avance de los cárteles en zonas territoriales del Estado, de desmantelar algunas bandas, de encarcelar a más de 60 mil delincuentes y de dificultar el abasto. Sin embargo, del lado americano sólo hubo recriminaciones y críticas y casi ninguna decisión para disminuir el consumo con la intención de afectar la demanda de drogas. Peor aún, el sistema político estadunidense llegó a llevar a Joaquín El Chapo Guzmán al star system al incorporarlo a la lista de los más ricos de la revista Forbes, aunque sin explicar el hecho de que el cálculo de riqueza de la publicación se hace respecto a la propiedad accionaria y no por venta der producto.

Mientras México no le exija a los EU un mayor esfuerzo directo sobre en el binomio demanda-consumo, el tráfico de armas y el lavado de dinero en el sistema financiero estadunidense, el problema del narco permanecerá en la actividad cotidiana y los cárteles podrán renovarse sin desaparecer, México seguirá poniendo los muertos y los EU aportarán los consumidores.

 



@carlosramirezh

 

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jueves, 20 de septiembre de 2012

20-Septiembre-2012, Jueves.


INDICADOR POLITICO


 

+ Alvarez Icaza no quiere CIDH

+ Busca heredar grupo de Sicilia

 

Carlos Ramírez

 

A pesar de que por reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA está impedido a representar a víctimas, el mexicano Emilio Alvarez Icaza pasa más tiempo al lado de Javier Sicilia que ateniendo sus funciones en el organismo internacional con sede en Washington.

Como defensor de derechos humanos, Alvarez Icaza fue fundador del movimiento de Sicilia, sólo que tomó posesión del cargo de secretario ejecutivo de la CIDH el 16 de agosto. Y como lo publicó Indicador Político el viernes 10 de agosto, la fracción 3 del artículo 12 del Reglamento de la CIDH establece que, entre otros, el secretario ejecutivo, “al momento de asumir sus funciones”, “se comprometerá a no representar a víctimas”.

Aunque la redacción del texto exige un compromiso, de todos modos en los términos de la burocracia de organismos internacionales el compromiso implica una restricción por el papel que debe jugar la CIDH en la defensa de los derechos humanos pero sin someterse a subordinaciones de grupos activistas. La CIDH investiga presuntos casos de violaciones de garantías individuales, no es un tribunal popular que castigue sin investigar.

Si Alvarez Icaza fue designado secretario ejecutivo de la CIDH el 19 de julio, el 3 de agosto confrontó a funcionarios jurídicos del gobierno mexicano a propósito de la ley de víctimas y lo hizo como representante del movimiento de Sicilia. Y si tomó posesión el 16 de agosto, su presencia al lado de Sicilia a la llegada de la caravana a Washington la semana pasada lo involucró en organismos de representación de víctimas, con lo que violó el reglamento de la CIDH.

En el fondo, hay indicios de que Alvarez Icaza no se siente a gusto en la CIDH porque el trabajo del secretario ejecutivo es más administrativo que operativo o de investigación y tiene que ver con supervisión presupuestal y de programas de trabajo. El compromiso de los funcionarios de no representar a víctimas tiene que ver, según el Reglamento, con la confidencialidad de asuntos. Por tanto, Alvarez Icaza pudo haber pactado el cargo de secretario ejecutivo de la CIDH para inducir el desahogo de denuncias mexicanas a favor de las víctimas.

El pasado viernes 15 de septiembre --día hábil para la burocracia de la CIDH--, Alvarez Icaza apareció al lado de Sicilia no nada más como invitado sino haciendo declaraciones de apoyo a Sicilia, justificando el retiro del poeta de la dirección del movimiento por la paz y poniéndose al lado de las víctimas. La nota de Notimex dice: “Alvarez Icaza consideró que el movimiento no se va a debilitar por el descanso temporal de Javier Sicilia, sino que generará una condición en que las víctimas asuman un nuevo protagonismo y eso lo llevará a una nueva etapa en la que se fortalecerá”.

El activismo del secretario ejecutivo de la CIDH se pasó el reglamento de la Comisión por el arco del triunfo y contaminó ya las denuncias de Sicilia en la Comisión y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y más por el hecho de que Alvarez Icaza avaló la interrelación de víctimas de la violencia en México y los Estados Unidos y dejó entrever que se estaría gestando una “agenda” de víctimas entre los dos países.

La aparición de Alvarez Icaza en la fase final de la caravana de Sicilia en Washington reveló el interés del hoy secretario ejecutivo de la CIDH por asumir el liderazgo oculto, a trasmano, del movimiento por la paz al retiro de Sicilia. De ser así, pronto tendría que renunciar al cargo en la CIDH porque el reglamento de este organismo exige tiempo y dedicación completas a los trabajos de organización de las investigaciones de denuncias que provienen de todos los países que forman parte de la OEA.

Eso sí, el activismo de Alvarez Icaza a favor de la agenda de Sicilia que exige cambios en la ley de armas de los EU ha causado suspicacias en las instancias estadunidenses que participan en la CIDH vía la OEA, aunque Washington no reconoce jurisdicción a la Corte Interamericana, pero sobre todo porque el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana estaría siendo parcial a favor de las víctimas.

El problema no radica en el hecho de que Alvarez Icaza siga defendiendo a víctimas de la violencia y participando en actividades de movimientos de denuncia, sino que lo haga representando también a la CIDH como secretario ejecutivo. Alvarez Icaza fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF y que compitió en 2009 por la presidencia de la Comisión Nacional de DH y para ello buscó el apoyo del entonces gobernador del estado de México y precandidato presidencial entonces, Enrique Peña Nieto, para lograr el voto del PRI en el Senado.

La presencia del secretario ejecutivo de la CIDH en actividades de movimientos de defensa de víctimas ya contaminó la imparcialidad de la Comisión Interamericana donde se están ventilando denuncias sobre presuntas violaciones de derechos humanos en México. Ahora mismo la Corte Interamericana, que forma parte del mecanismo de la Comisión, desahoga algunas denuncias en las que debe existir una distancia de las víctimas para que las sentencias se apeguen a derecho y no a militancias en grupos de presión.

Pero el anuncio del retiro de Sicilia del movimiento por la paz desató ya una lucha interna en el grupo para heredar la dirección política de la representación de víctimas de la violencia y Alvarez Icaza ya se apunto. Además de ser una salida a la angustia de la gente afectada, el movimiento de Sicilia es un grupo político de presión de mayor importancia que la burocrática secretaría ejecutiva de la CIDH.

 



@carlosramirezh

 

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miércoles, 19 de septiembre de 2012

19-Septiembre-2012, Miércoles.


INDICADOR POLITICO


 

+ Preguntas a chavos del YoSoy132

+ ¿Cuál es su diagnóstico del narco?

 

Carlos Ramírez

 

Al asumir la denuncia contra la estrategia de seguridad del gobierno federal como una bandera de oposición política, los chavos del movimiento YoSoy132 deberían de fundamentar su algarabía con análisis políticos para fundamentar la seriedad de sus acusaciones.

Mientras la población rendía un cálido reconocimiento al ejército por participar en la lucha contra los cárteles de la droga, brigadas de chavos del 132 le gritaban asesino al presidente de la república. De ahí la importancia de que ese movimiento juvenil responda algunas preguntas clave:

1.- ¿Cuál es el diagnóstico del 132 sobre el crimen organizado en México y su evaluación sobre los cárteles del narcotráfico? ¿Cuáles son los estudios e investigaciones que han hecho sobre el nacimiento, conformación y distribución territorial de los carteles criminales? ¿Dónde están esos documentos?

2.- Si acusan de asesino al presidente de la república, ¿en qué pruebas se basan para suponer que el jefe del ejecutivo federal dio una orden estricta de salir a matar delincuentes? ¿En qué razonamiento basan su argumentación de que los 60 mil muertos son “muertos de Calderón” si el 98% de esos muertos fueron producto del enfrentamiento entre cárteles y los muertos por fuerzas federales de seguridad fueron como respuesta a agresiones de hombres armados?

3.- ¿Tiene el 132 estudios específicos, que pasen la prueba del análisis, sobre la situación en que murieron los 60 mil muertos acreditados al combate contra el crimen organizado? Con el número de chavos militantes que han salido a gritar contra la “imposición” electoral, ¿ha hecho el 132 algún estudio para determinar las circunstancias en que murieron esas 60 mil personas? ¿Ha hecho el 132 estudios para determinar la condición de los muertos para saber si eran ciudadanos ajenos a la criminalidad o miembros del crimen organizado?

4.- ¿Ha hecho el 132 un análisis de la forma de operar de los narcos en zonas de Tamaulipas en contra de migrantes? ¿Ha recogido el 132 testimonios sobre la crueldad de narcos contra migrantes, las formas que han usado los narcos para asesinar a inocentes?

5.- ¿Tiene el 132 estudios sociológicos sobre las principales zonas territoriales que estaban en poder del narcotráfico --poder en el sentido weberiano de coerción sobre la sociedad-- y la forma en que la sociedad padecía la violencia criminal? ¿Ha hecho el 132 estudios sociales después de que el ejército retomó el control soberano sobre esas ciudades?

6.- Por la forma de defender a los criminales muertos en enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad, ¿cómo considera el 132 a los criminales: víctimas o disruptores de la ley?

7.- Por los ataques que hace el 132 contra el gobierno federal y el presidente de la república por los 60 mil delincuentes muertos en agresiones contra la sociedad, ¿cómo considera el 132 a los narcos y criminales muertos: delincuentes o ciudadanos? Y la pregunta adicional: ¿cuál es la definición del 132 sobre ciudadanía?

8.- ¿Ha hecho el 132 algún análisis sobre el saldo de decomisos de la Secretaría de la Defensa Nacional hasta el momento? ¿Qué significa para el 132 que el ejército haya detenido a casi 50 mil delincuentes, decomisado 120 mil armas de fuego muchas de ellas de altísimo poder, recogido 50 mil vehículos usados por los delincuentes y decomisado 35 mil kilos de cocaína y casi 10 millones de kilos de marihuana? ¿Son para el 132 estas cifras signo de peligrosidad de los cárteles o se trata de delincuentes comunes inofensivos?

9.- ¿Tiene el 132 estudios sociales y de campo para llegar a la conclusión que los narcos han sido víctimas del sistema productivo mexicano o consideran que su opción criminal fue asumida con conciencia?

10.- ¿Por qué hasta la fecha el 132 no ha emitido ninguna condena o crítica contra capos de los cárteles mencionándolos por sus nombres? ¿Y por qué sí llaman asesino al presidente de la república?

11.- ¿Quién considera el 132 --ciencia política pura-- que debe ser el guardián de la sociedad y el guardián de la soberanía nacional ante la expropiación por parte de los cárteles de espacios territoriales del Estado?

12.- ¿Está conciente el 132 que el retiro del ejército y la armada representa la cesión de las plazas al crimen organizado?

13.- ¿Tiene análisis y estudios políticos el 132 para determinar si las fuerzas armadas hacen labores de seguridad pública, seguridad interior o seguridad nacional?

14.- ¿Ha hecho el 132 un seguimiento a fondo, vía bufetes gratuitos, de los casos de violación de los derechos humanos realizados por fuerzas federales de seguridad?

15.- ¿Cuándo presentará el 132 todos los documentos de investigación, a partir de su nivel académico, sobre el problema del narcotráfico en México?

Además, opino que Javier Sicilia, su movimiento, el rector de la UNAM José Narro, los periodistas, el Movimiento YoSoy132 y ahora la Corte Suprema de Justicia de la Nación deben responsabilizar a los narcos de la violencia y los muertos, exigir sin dobleces la rendición incondicional de Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada, Heriberto Lazcano El Lazca, Servando Gómez La Tuta, Juan José El Azul Esparragoza, Vicente Carrillo Fuentes, el Z-40 y otros capos y demandar la entrega de su arsenal de armas para ser juzgados como responsables de la violencia criminal y la corrupción en el tráfico de drogas y de varios de miles de muertos en enfrentamientos entre cárteles.



@carlosramirezh

 

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martes, 18 de septiembre de 2012

18-Septiembre-2012, Martes.


INDICADOR POLITICO


 

+ Partido AMLO y reglas del IFE

+ Chantaje en registro de Morena

 

Carlos Ramírez

 

Además de dividir a la coalición neopopulista de centro-izquierda, el Movimiento de Regeneración Nacional de López Obrador tendrá que enfrentar la aduana del IFE, justo cuando los seguidores del tabasqueño en la cámara de diputados inicien el procedimiento de juicio político contra magistrados del Tribunal Electoral Federal.

Pero el problema en realidad no será el juicio de procedencia en sí, sino el hecho de que en enero del próximo año, el 2013 el Morena deberá iniciar el procedimiento legal de registro ante el IFE. Y entre muchos otros de los postulados que obligadamente deben de cumplir los partidos, se encuentran dos de suma importancia que tienen que ver con el respecto irrestricto de los partidos al sistema de democracia representativa:

--La fracción a) del articulo 28 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que la declaración de principios de los nuevos partidos “invariablemente contendrá” la “obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e instituciones que de ella emanen”.

--Y la fracción d) del mismo artículo exige en la declaración de principios “la obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía democrática”.

Y como la única democracia que reconoce la Constitución es la democracia representativa, entonces López Obrador tendrá que comprometer por escrito la obligación del Morena de abandonar las prácticas de la democracia directa, de poder popular y de mano alzada y ya no acudir al criterio fundamentalista de López Obrador y sus seguidores de sólo reconocen las leyes que les benefician. Por tanto, para obtener el registro legal en el IFE como partido político legal y con posibilidad de acceder a recursos públicos para su funcionamiento, el Morena de López Obrador tendrá que aceptar el dictado de las instituciones electorales y políticas que en dos ocasiones ha enviado al diablo.

En una situación previsible, el Morena de López Obrador tendrá que aceptar las resoluciones finales del Tribunal Electoral Federal en materia de calificación de las elecciones, y ya no acudir a criterios personales si esas resoluciones no le favorecen. Ante el dictamen del Tribunal sobre las elecciones del 2012, López Obrador determino que “Morena rechaza tajantemente la imposición” de Peña Nieto y anunció que no reconoce a Peña Nieto como presidente legítimo, algo que ya no podrá ocurrir si acepta las condicionalidades del Cofipe.

La clave en la rebelión de López Obrador contra las instituciones se localiza en el hecho de que las resoluciones del Tribunal Electoral Federal, además de inatacables, son de cumplimiento obligatorio para todos los organismos que participan legalmente en los procesos electorales, incluyendo los partidos políticos; si acaso, las resoluciones se pueden cuestionar pero no dejar de cumplirse. En el 2006, López Obrador no sólo atacó la resolución de las instituciones electorales sino que como un renegado de la democracia instaló su propio gobierno legítimo, con presidencia, banda presidencial, gabinete, toma de protesta y hasta silla gestatoria con el águila del poder.

Al solicitar su registro como partido legal ante el IFE, el Morena tendrá que someterse al dictado de la ley y regresar las instituciones electorales de la zona del diablo donde las mando dos veces López Obrador. Y a pesar de que está acostumbrado a imponer sus percepciones personales sobre los resultados institucionales, López Obrador tendrás que jurar legalmente que ahora sí va a respetar las instituciones.

Lo más interesante del registro del Morena radicará en el hecho de que López Obrador como su promotor y eje político tendrá que comprometerse a respetar la democracia representativa. Porque el tabasqueño respeta las instituciones cuando le conviene y las ataca y desconoce cuando no se someten a sus caprichos. Aunque desde ahora habrá que prever que López Obrador invente el Morena como partido político y él se quede como “líder moral” sin cargo y desde ahí vuelva a las andadas antisistémicas cuando en el 2018 vuelva a perder las elecciones presidenciales.

Por lo pronto, habrá que considerar que López Obrador, como político cincelado en los estilos del PRI, siga siendo ese costal de mañas priístas. Por ello es que su “plan de desobediencia civil” es mediático, carece de decisiones rupturistas, está lleno de calificativos y nada contiene de un verdadero programa de desobediencia civil; al final, se trató sólo de cubrir las apariencias de rebeldía.

El anuncio de la transformación del Morena de asociación a partido político está coincidiendo con el proceso formal de la bancada lopezobradorista de juicio político contra los magistrados del Tribunal Electoral Federal como una forma de no respetar los procedimientos legales sobre el valor judicial de las instituciones electorales.

En este sentido se han dado las suspicacias que provocan los movimientos estratégicos de López obrador: iniciar juicio de procedencia contra magistrados del Tribunal Electoral e iniciar simultáneamente el proceso de registro legal del Morena como partido político, lo que ha llevado ya a las primeras percepciones que en el juicio político hay visos de chantaje político para obligar al IFE a registrar al partido sin tantas exigencias.

En el fondo, López Obrador quiere salvaguardar su espacio de rebelión para tiempos futuros cuando las instituciones electorales no respondan a sus expectativas. Así, el tabasqueño le apuesta al modelo de ganar-ganar, aunque sin ceder milímetro alguno y a la larga quedar estancado en el esquema de perder-perder.



@carlosramirezh

 

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lunes, 17 de septiembre de 2012

17-Septiembre-2012, Lunes.


INDICADOR POLITICO


 

+ El narcotráfico, cáncer y plaga

+ Educación militar especializada

 

Carlos Ramírez

 

En la ceremonia que dio por concluido el sexenio en materia militar, el presidente Calderón y el general secretario Guillermo Galván Galván aprovecharon el espacio político para ofrecer el contexto social y de seguridad nacional que condujo a la decisión de enviar a las fuerzas armadas a combatir al crimen organizado que se había apropiado de espacios de soberanía territorial del Estado.

La disposición de usar a las fuerzas armadas no fue estimulada por razón alguna que tuviera que ver con la legitimación política por el conflicto poselectoral del 2006. Calderón afirmó en viernes pasado, en la ceremonia de clausura del ciclo escolar 2011-2012 de planteles militares y de apertura del ciclo 2012-2013, que envió a militares y marinos “a combatir el cáncer de la criminalidad que, por muchos años, se extendió casi impunemente hasta enquistarse en nuestras comunidades”, “un cáncer, una plaga que amenazaba la viabilidad misma del Estado mexicano”.

Los discursos de Calderón y del general secretario Galván dibujaron el contorno del tema que ha desgastado el consenso interno: el involucramiento de las fuerzas armadas contra el crimen organizado. Se trató no de un asunto de seguridad pública que le correspondía a las fuerzas policiacas, sino un tema central que tiene que ver con la soberanía del Estado: la seguridad interior, parte sustancial de la seguridad nacional y la seguridad nacional amenazada no por otros ejércitos invasores sino por un crimen organizado que había expulsado leyes y autoridades de espacios territoriales de la república.

El tema se ha agotado en la superficialidad de los análisis. Al comenzar el sexenio, varios estados estaban bajo dominio de una decena de cárteles de la droga. Corrompidas las autoridades políticas y de seguridad estatales y municipales, la opción era dejar las cosas como estaban o recuperar la soberanía del Estado. Ahí se localizó la decisión estratégica de seguridad nacional de usar a las fuerzas armadas como dique de contención para impedir el avance de la criminalidad.

La crisis en la conceptualización de la seguridad condujo al ejército a la modernización de su pensamiento militar ya no en función de los viejos modelos de defensa de la soberanía territorial ante eventuales invasiones de ejércitos extranjeros, sino a su adecuación ante las nuevas amenazas contra el Estado. El general secretario Galván señaló que la educación superior militar dio dos pasos sustanciales: la maestría en Seguridad Interior y Defensa Nacional en el Colegio de Defensa y el curso de Estado Mayor Conjunto en lo que era curso superior de guerra.

Mientras las instancias legislativas y civiles siguen regateando la modernización de las fuerzas armadas, los planteles militares dan saltos cualitativos en la conceptualización de las doctrinas de defensa, algo similar a lo que ha ocurrido en otros países en donde las doctrinas de defensa nacional reconocen el papel fundamental de los ejércitos en la defensa de la soberanía ante amenazas externa e internas nuevas.

De ahí que el papel de las fuerzas armadas en acciones de seguridad interior como parte de la seguridad nacional se haya dado no sólo en los campos de batalla enfrentando la violencia criminal contra la sociedad sino en la redefinición de funciones para la estabilidad de la república. A pesar de los regateos civiles y judiciales, las fuerzas armadas lograron desmantelar bandas, decomisar droga y armamentos y diezmar a los principales cárteles.

La errática y deficiente política de comunicación social del gobierno federal no logró acreditar el peligro que representaba el poder armado y de corrupción del crimen organizado. Pero la apreciación del presidente Calderón el viernes fue la más certera: el poder del crimen organizado “amenazaba la viabilidad misma del Estado mexicano”. Todavía en los últimos meses el poderío criminal de los cárteles atacó zonas de Tamaulipas y Michoacán desbordando a las autoridades estatales y municipales, sin que sectores de la sociedad alcancen a entender la dimensión del peligro.

La comunicación gubernamental no pudo fijar el debate nacional sobre la inseguridad y la violencia criminal en los terrenos de la corrupción, la complicidad del sistema político y la falta de responsabilidad de las autoridades estatales y municipales, por lo que la discusión se agotó en la pobreza y el desempleo como nutriente de los cárteles. Asimismo, la estrategia gubernamental desdeñó las campañas de educación, los programas de empleo temporal en zonas afectadas e inversiones sociales de emergencia.

Al finalizar el sexenio de Calderón y comenzar el de Peña Nieto, el sistema político debe evaluar los pasivos con las fuerzas armadas: la reforma a la ley de seguridad nacional para mayor certeza jurídica, una doctrina de defensa nacional y la salvaguarda del fuero militar. Los cárteles del crimen organizado como enemigos de la república van a seguir latentes después del primero de diciembre, sino es que antes organizan una ofensiva para recuperar posiciones aprovechando el vacío político y de poder del interregno.

Y el nuevo gobierno debe resolver la paradoja política: el ejército es castigado por abusos de algunos militares que ya habían sido castigados por tribunales castrenses, pero la estructura política y judicial del Estado ha sido penetrada por los narcos y nada hace para establecer sanciones: un diputado del PRD que fue acusado de informar al cártel de Michoacán y un secretario de estudio y cuenta de un ministro actual de la Corte Suprema -.-donde se castiga severamente el fuero militar-- está preso por ser informante del cártel del Chapo, ambos protegidos por sus instancias políticas y judiciales.



@carlosramirezh

 

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