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Periodista, escritor, Lic. en Periodismo, Mtro. En Ciencias Políticas, oaxaqueño. Autor de la columna "Indicador Político" en El Financiero.

martes, 31 de julio de 2012

31-Julio-2012, Martes.


INDICADOR POLITICO




+ PAN 1958: no tomar posesión

+ PRD 2006-2012: sólo el poder



Carlos Ramírez



A diferencia de los candidatos federales y estatales del PRD que abandonaron a Andrés Manuel López Obrador en su denuncia de fraude electoral, en 1958 el PAN ordenó a los seis candidatos a diputados ganadores que no tomaran posesión de sus cargos para provocar un conflicto legal.

La dirección nacional del PAN en ese año protestó así por lo que calificó el fraude en las elecciones presidenciales de dese año contra su candidato Luis H. Alvarez. Pero también, el partido blanquiazul se rebelaba contra la parcialidad de la Comisión Federal Electoral, organismo encargado de las elecciones entonces bajo el mando del secretario de Gobernación, Angel Carbajal, y con la operación política de Gustavo Díaz Ordaz como oficial mayor de esa dependencia y luego titular de la Segob con el candidato ganador Adolfo López Mateos.

El investigador Víctor Reynoso cuenta esa historia en su libro Rupturas en el vértice. El partido Acción nacional a través de sus escisiones históricas, editado en el 2007 por el Centro de Estudios de Política Comparada y Ediciones y Cultura. El PAN enlistó las irregularidades de la CFE: no entregó listas nominales en tiempos legales, no estableció el registro de electores como permanente, no prohibió el uso indebido de los colores nacionales por los partidos (sobre todo el PRI), no expidió instrucciones sobre las casillas.

El entonces presidente nacional del PAN, Alfonso Ituarte Servín, anunció tres decisiones: primero, denunciar “el propósito de la CFE como órgano subordinado al gobierno y al partido oficial de falsificar o deformar el resultado de la votación real”. Segundo, retirar a sus comisionados en la CFE y el consejo nacional del PAN “tomó la decisión de anunciar el carácter ilegítimo de la administración (entrante, de López Mateos), que fuera impuesta a consecuencia de esa falsificación y de abstenerse de participar en todos los actos de calificación electoral que ya no serían sino una farsa innoble”. Y tercera: que los seis diputados ganadores de elecciones distritales no tomaran posesión, aunque el final sólo obedecieron dos y los cuatro que aceptaron el fraude quedaron “automáticamente excluidos” del PAN. Si bien la orden no fue cumplida por todos, se trató de una decisión audaz de rebelarse contra el fraude electoral abandonando la CFE, el Colegio Electoral y la Cámara de Diputados.

La elección presidencial de 1958 había sido muy competida en movilizaciones, aunque la estructura corporativa de poder del PRI fue muy superior a la del PAN, con la ventaja de que la organización electoral estaba controlada totalmente por Gobernación. Las cifras oficiales finales fueron dispares: 89.81% para el PRI, contra 9.42% para el PAN. A nivel de elección de diputados, el PAN alcanzó el techo de 10.22% de los votos, la más alta en sus participaciones desde 1943.

El candidato presidencial panista Luis H. Alvarez recuerda el asunto en sus memorias Medio siglo. Andanzas de un político a favor de la democracia, editorial Plaza Janés: “el número de votos oficialmente reconocidos (710 mil para el PAN, contra 6.7 millones para el PRI) fue un agravio mayor que la propia derrota, pues teníamos la seguridad de que las concentraciones en nuestros mítines habían sido considerablemente mayores que los votos oficialmente reconocidos”.

Agrega que “el PAN, por mi conducto, calificó el proceso electoral de fraudulento”. Y “por considerar insultante el reconocimiento de esa mínima cantidad de escaños (seis de 161 distritos), Acción Nacional instruyó a sus diputados electos a rechazar el puesto”. Aunque no todos cumplieron la orden, Alvarez considera que la actitud del PAN obligó al gobierno priísta a instaurar la figura de “diputados de partido” en la reforma constitucional de 1963. Para las elecciones de 1964, el PAN tuvo veinte diputados en la cámara.

Pero a pesar de lo estricto de la reforma de diputados de partido, el gobierno priísta de López Mateos hizo malabares para impedir la presencia del PAN en la Cámara como oposición única. Por eso, violando la reforma constitucional, el gobierno priísta le dio cedió al PP (luego PPS) diez diputados de partido y cinco al PARM, a pesar de que el primero había obtenido apenas 1.37% de los votos y 0.71% el PARM, cuando el mandato constitucional exigía 2.5% de los votos. El argumento priísta, recuerda Octavio Rodríguez Araujo en su texto “Los partidos políticos”, señaló entonces que los diputados al PP y al PARM se dieron basados “en una interpretación flexible de la ley”; el PAN denunció que el 2.5% era el 2.5% y no el 1.37%. Pero por mayoría, el PRI colocó al PP y al PARM en la Cámara, partidos estos dos que habían llevado como candidato presidencial al priísta López Mateos, aunque le dieron apenas 0.08% el PP y 0.29% el PARM.

El radicalismo del PAN en 1958 para tratar de romper con los órdenes institucional y constitucional cambió treinta años después, en 1988, cuando Luis H. Alvarez como presidente del PAN negoció en lo oscurito con el PRI el voto en el Colegio Electoral para Carlos Salinas de Gortari a cambio de “reformas políticas” que incluyeron la cesión de las gubernaturas de Baja California y Guanajuato y la negativa de Salinas a cualquier cesión a favor del PRD. El mecanismo de Alvarez fue el de la “legitimación secundaria”, en los hechos, con reformas que, agregó Alvarez, Salinas no cumplió.

La decisión del PAN de Alvarez de pactar el reconocimiento de Salinas se dio porque, recuerda la nota del reportero Roberto Vizcaíno en Excelsior del 22 de enero de 1993, “de persistir en la demanda de anular las elecciones y la realización de otros comicios, hubiera significado el rompimiento del orden constitucional y el caos social en México”.

En 1958 y en 1988 la denuncia de fraude del PAN fue contra el organismo electoral que estaba bajo control de Gobernación; hoy López Obrador imputa fraude del PRI como partido de oposición pero no ordena que los candidatos perredistas se nieguen a tomar posesión de sus cargos.



@carlosramirezh

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lunes, 30 de julio de 2012

30-Julio-2012, Lunes.


INDICADOR POLITICO




+ ¿Democracia KO a democracia?

+ Fallan PAN y PRD en alternancia



Carlos Ramírez



1.- La democracia es un sistema político tan democrático que permite usar la democracia para liquidar la democracia.

2.- La democracia electoral es un procedimiento de la democracia representativa para elegir gobernantes a partir de la propuesta de un proyecto de gobierno. Lo que se vota en elecciones presidenciales es un modelo de país propuesto por los candidatos presidenciales y sus partidos.

3.- Por tanto, ahora existen dos dimensiones: el asunto puramente electoral que se dirime, como en toda democracia representativa, en las instituciones electorales y el asunto de modelo de nación que debiera tener México para enfrentar su crisis pero debatiéndose en la calles y en las urnas.

4.- López Obrador juega en dos canchas; de un lado, con el PRD en el terreno de la mesa electoral que quiere revertir el resultado de las urnas; de otro, en las calles con la confluencia de movimientos radicales antisistémicos y antipriístas que no alcanzaron a conformar una mayoría electoral.

5.- El derrotado candidato presidencial perredista quiere dos victorias: en la mesa y en la calle, dice que está caminando por el carril de las leyes pero estimula la protesta violenta y apadrina un movimiento que utiliza las presuntas irregularidades electorales --que las instituciones, con tiempo legal, están aún definiendo-- para dar el paso adelante: presentarse como un Profeta que salvará a México de la corrupción y la inmoralidad.

6.- López Obrador --seguido fielmente, hasta ahora, por el PRD de Los Chuchos-- no representa una verdadera izquierda ideológica sino una izquierda religiosa, protestante; no toma la esencia de la propuesta marxista de la lucha de clases como el eje del conflicto social y de la disputa por la riqueza, sino el neopopulismo presupuestal del Estado para regalar dinero; y se ha olvidado de las masas proletarias para acogerse a la capacidad de movilización del lumpenproletariado, la lumpenburguesía y el lumpenestudiantado.

7.- Lo que se ha puesto en el centro del debate es la democracia representativa frente a la democracia directa. Si se revisan los parámetros y coordenadas, López Obrador está aplicando el modelo de la APPO en Oaxaca: una insurrección de organizaciones sociales antisistémicas y antipriístas contra las instituciones para instaurar un gobierno popular, autogestionario y comunal. La ofensiva de López Obrador contra las instituciones electorales tiene el objetivo de desacreditarlas y por tanto aniquilarlas, La desinstitucionalización es un proceso de los movimientos antisistémicos para regresar la toma de decisiones a las calles, a la mano alzada.

8.- El movimiento estudiantil de protesta, animado por estudiantes de universidades públicas y privadas, es la otra palanca de López Obrador y en nada se parece al movimiento del 68: los estudiantes del 68 combatieron contra expresiones autoritarias y represivas del Estado y hoy la protesta es contra irregularidades electorales; en el 68 los estudiantes exigieron renuncias policiacas y derogación de leyes represivas y hoy quieren la entrega del gobierno a López Obrador; en el 68 fue un movimiento contra el modelo de gobierno priísta y hoy es un movimiento por el Caudillo… que se forjó en el PRI.

9.- El ala radical del PRD, la lopezobradorista, ha señalado como objetivo no el procedimiento de limpieza del proceso electoral, sino la anulación de las elecciones y la designación de un presidente interino. Pero comete el mismo error de la APPO en Oaxaca: exigir en el 2006 la renuncia del gobernador pero dejando intacto el sistema político priísta. Por eso el movimiento de López Obrador es en realidad un priísta antipriísta, porque deja la estructura priísta en el PRD; por tanto, el país padece un conflicto de élites, no de modelos sistémicos.

10.- Un interino tendría que darse con las reglas políticas vigentes: debería ser nombrado por el Congreso, dominado hoy por el PRI y por el PAN. Por tanto, el interino tendría que reproducir el sistema vigente y la victoria del PRI y el interino tendría que ser del PRI. De ahí que la lucha de López Obrador no sea por la renovación sistémica sino una victoria pírrica contra el político priísta que lo derrotó en las urnas con 3.4 millones de votos y casi 7 puntos porcentuales de ventaja. Se trata, pues, de evitar la derrota, aunque metiendo al país en un sobresalto de interinato que llevaría al mismo destino.

11.- López Obrador y sus fascios juveniles juegan con el vigente sistema político democrático para acabar con la democracia. Es decir, sus exigencias se alejan de los caminos democráticos, aunque en nombre de la democracia. No puede tenerse una mejor opción: se usa la democracia para acabar con la democracia.

12.- La democracia es conservadora, un modelo liberal, ideal para las sociedades masivas. Los mecanismos de representatividad pasan por los partidos, no por los liderazgos caudillistas. La democracia directa depende del caudillo.

13.- El asunto ya ha sido planteado por la ciencia política. Un texto de Ralf Dahrendorf del 2004 (revista Metapolítica No,. 37, septiembre-octubre de 2004) delineaba el dilema de que en Europa la democracia fue usada por grupos radicales de ultraderecha para terminar con la democracia. Hoy los movimientos sociales antisistémicos quieren destruir el sistema democrático o condicionarlo a sus propias preferencias: ganar en las calles lo que no se acredita en las urnas.

14.- Por ello el dilema  de México es claro: democracia representativa o democracia directa. El problema fue que la alternancia panista no trabajó la reforma del sistema político y la oposición neopopulista se preocupó más por la movilización caudillista que por reconstruir las instituciones electorales.

15.- Las crisis poselectorales han sido culpa de la alternancia fallida y la responsabilidad involucra al PAN y al PRD.



@carlosramirezh

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viernes, 27 de julio de 2012

27-Julio-2012, Viernes.


INDICADOR POLITICO




+ AMLO: la democracia soy yo…

+ Son movimientos antisistémicos



Carlos Ramírez



1.- La democracia es una forma de gobierno establecida por decisión mayoritaria.

2.- La construcción de mayorías se hace por las masas en las calles o por mecanismos electorales.

3.- La diferencia entre la democracia de las masas y la democracia institucional se define en el conflicto o por las reglas jurídicas establecidas por la representación de las fuerzas políticas y sociales.

4.- La democracia de las masas se impone en sistemas antidemocráticos. Los sistemas democráticos tienen varios tonos de democracia: baja, media, intensa. El sistema político mexicano, durante el largo reinado autoritario priísta 1947-1985, fue de democracia baja, procedimental y alto grado de autoritarismo. La transición 1978-2000 fue lenta, larga, pausada, con altibajos y claroscuros.

5.- Si la democracia consiste en el relevo de autoridad por la vía electoral, México accedió a la mayoría de edad en 1996 cuando el organismo electoral abandonó el espacio de control del gobierno y las elecciones las hizo el IFE como institución sin control gubernamental. Ahí la democracia mexicana se colocó en el rango de media-baja.

6.- La democracia se mide por la libertad del elector a la hora de votar, no por la voluntad del candidato derrotado. López Obrador aceptó las reglas del juego electoral al inscribirse como candidato y ha tenido en dos elecciones presidenciales los espacios determinados por las leyes: en el 2006 instaló un plantón del zócalo al periférico para presionar a la autoridad electoral, luego ordenó a los perredistas impedir por la vía de la fuerza y la violencia la toma de posesión de Calderón, después ordenó a los perredistas a no reconocer a Calderón como presidente Constitucional y terminó su ofensiva al margen de la democracia con su coronación como “presidente legítimo” con “gabinete”, silla gestatoria del águila, “banda” presidencial y juramento constitucional.

7.- Ahí López Obrador estableció su democracia: jugar con las reglas del sistema, perder y luego exigir la victoria. Si ha habido tanta desconfianza en el 2006 y en el 2012 en las instituciones electorales, bien pudo no haberse inscrito o retirarse como candidato antes de las elecciones.

8.- Luego de conocerse los resultados del conteo oficial, López Obrador de nueva cuenta renegó del sistema electoral institucional. Y se erigió, otra vez, en defensor de la democracia. Pero se trata de una democracia al estilo Luis XIV: “la democracia soy yo”. Se trata de una tesis absolutista, personalista. El Caudillo establece los rangos de fijación de la democracia. El problema radica en que en México no habrá democracia hasta en tanto López Obrador no gane la presidencia de la república.

9.- Si la democracia mexicana actual no es democracia, ¿qué ha hecho el PRD como fuerza política y legislativa para llevar a México a lo que sería, en el lenguaje lopezobradorista, una democracia auténtica? De 1978 a 1989 la izquierda socialista arribó al congreso y tuvo un espacio político sobresaliente y de 1989 a la reforma electoral del 2008 el PRD ha estado presente en la reconfiguración del sistema político. Por tanto, el sistema democrático actual es corresponsabilidad del PRD y de sus figuras dominantes, entre ellas López Obrador.

10.- El PRD fue determinante en la reforma del 2007-2008 para corregir los errores del 2006, incluyendo la deposición del consejero presidente Luis Carlos Ugalde y la designación del pro-perredista Leonardo Valdés Zurita. Si ahora López Obrador cuestiona a Valdés, ¿entonces por qué lo impuso el PRD en el 2008?

11.- El PRD ha fracasado en la negociación de un sistema electoral ideal, puro, a prueba de priístas, diríase que edificado sólo para beneficiar al PRD. Pero el PRD, el PT y MC critican el sistema electoral, siguiendo el liderazgo de López Obrador, que ellos avalaron como parte del sistema de partidos. Hoy Jesús Zambrano y López Obrador atacan el sistema electoral como si fueran ajenos a ellos, pero se trata del mismo sistema electoral que permitió la candidatura de López Obrador a jefe de gobierno sin cumplir los requisitos y que le permitió mover a las masas en el 2000 para ganar violando las reglas electorales. ¿En el 2000 y hoy no? Claro, en el 2000 López Obrador ganó y en el 2012 perdió.

12.- López Obrador se escuda en la democracia para defender la democracia. Pero su plan no es otro que identificar la democracia sólo si se invalida la elección y así mostrar que no perdió. Pero el plan es una muestra de la doble moral de López Obrador: a través de sus grupos de choque ataca a empresas, invade Soriana como en el 2006 atacó físicamente a Banamex, presiona en las calles, insulta a críticos como Carlos María y Ricardo Alemán. Eso sí, acude a las instancias institucionales a presentar alegatos pero ya reveló que no aceptará los dictámenes que le den a Peña Nieto la constancia de mayoría; y si ello ocurre, entonces desprestigiará al Tribunal Electoral.

13.- La democracia institucional tiene sus reglas y los partidos tienen que respetarlas. Por la esperanzas de ganar, el PRD y López Obrador dejaron pasar algunos hechos de parcialidad de funcionarios del IFE y del Trife. Como perdieron, ahora todo es malo. ¿Por qué el PRD y López Obrador no denunciaron antes esas presuntas irregularidades y por qué aceptaron  participar en las elecciones? El retiro del PRD y de López Obrador antes de las elecciones hubiera evitado el conflicto poselectoral.

14.- La democracia de las masas es pasional,  caudillesca, depende de la voluntad del César, de la masa en masa, de la estridencia. El conteo de votos le dio casi 16 millones a López Obrador. Y ahora quieren convencer que esos votos fueron puros, en tanto que los de Peña Nieto y Vázquez Mota fueron impuros.

15. En México se va a dirimir, de nueva cuenta, en un conflicto poselectoral el modelo de democracia: el institucional o el cesarista.



@carlosramirezh



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lunes, 23 de julio de 2012

23-Julio-2012, Lunes.


INDICADOR POLITICO




+ Dauahare y las narcosospechas

+ Revelaciones de general incómodo



Carlos Ramírez



Si el general Tomás Ángeles Dauahare afirma que lo están acusando de oídas, en altos círculos del poder circulan las afirmaciones que hizo el militar al periodista Rafael Loret de Mola y que aparecen en el libro Nuestro inframundo. Los 7 infiernos de México (Editorial Jus).

En una charla que Loret acredita como entrevista, el general Ángeles hace afirmaciones no sólo de corte político que todos los altos mandos se cuidan exageradamente sino que aporta cuando menos opiniones de que niveles del ejército participan en el narcotráfico aunque no menciona ningún nombre. Eso sí, señala que las conductas de los soldados reflejan las de los mandos.

En las declaraciones del general Ángeles --circuladas con la aparición del libro en septiembre de 2011-- hay cuando algunas que tienen alto contenido explosivo y algunas que señalan la penetración del narco en las filas militares, pero justo cuando las fuerzas armadas son las más involucradas en el combate contra el crimen organizado:

1.- Al mencionar “mis tres grande preocupaciones”, Ángeles pone la siguiente en el primer lugar: “la obsesión de Felipe Calderón por que el PRI no regrese a Los Pinos. A la derecha le va a costar mucho dejar el poder. No lo admite. Y no tengo idea de cómo se esté preparando para evitarlo. Pero sí sé que algo, y muy gordo, trama”. (pág. 204).

2.- (Hacia el interior del ejército los mandos) están muy divididos. Para algunos, incluso, se trata de un conflicto de lealtades. Unos se deben al presidente Calderón; para otros es necesario recuperar la historia y ésta ha mostrado la inclinación de los mexicanos, y del ejército, por los liberales. Dijéramos que la fidelidad está dividida entre Peña y Calderón”. (pág. 205)

3.- No están usted tan desencaminado (ante la afirmación de Loret de que hay dos grupos en el ejército: un grupo de generales dignos, patriotas y “una oficialidad susceptible de ser cooptada por las mafias y que extiende la podredumbre hacia sus subordinados directos). (págs. 172-173.)

4.- Fíjese: algunos oficiales que hace años estuvieron bajo mi mando me han confesado, abiertamente, que sienten mucha vergüenza porque los han asignado a la protección de alguno de esos mafiosos intocable. (Pág. 173).

5.- El problema es que en el ejército el nacionalismo, que antes era sólido, se ha ido diluyendo. Entre las jerarquías, te repito, hay muchos jefes que ni siquiera estudiaron el civismo básico. Y no creo que haya sido obra de la casualidad. (Págs. 170-171)

6.- (Al hablar de la salida de los militares de la política por celos de los políticos) Entre nosotros siempre han existido hombres capaces para llevar adelante al país. ¿Me entiende, verdad? (Pág. 174)

7.- (Ante la pregunta de Loret sobre el deterioro de la calidad social de la carrera militar) ¿Qué vemos ahora? Perdóneme si se lo digo porque no quiero ser despectivo de ninguna forma: (quieren ser militares) puros hijos de choferes, de cargadores del mercado; y muchos vaguitos que necesitan dinero, a veces para poder costear sus vicios. Esta es la dolorosa verdad. (Pág. 179)

8.- No podemos generalizar. Sería muy injusto. Mire usted: un soldado es muy dado a caer en el narco… cuando observa que sus superiores, sus coroneles, andan en malos pasos. ¿Por qué no entrarle si los jefes lo hacen, se preguntan. (Pág. 180)

9.- (Ante la afirmación de Loret de que existen versiones “cada vez más intensas en el sentido de que las tropas mexicanas cruzan la frontera protegiendo cargamentos de droga”, “el general asiente pero no agrega ninguna palabra”.) (Pág. 181)

10.- ¿Sabe usted? Al capo, sobre todo al fuerte, lo que menos le interesa es que haya problemas y deba confrontarlos. Yo tuve conocimiento de que alguno (algún capo) llegó a plantear a la superioridad: mi jefe, déjenos trabajar; podríamos ayudar a pagar la deuda con un poco de buena voluntad para ambas partes. Total: la droga no se queda en México y la deuda es alta. Y no era un cínico. (Pág. 185)

11.- (Otra de las preocupaciones del general Ángeles) La creciente presencia de grupos dispersos fuertemente armados por toda la república. Lo peor es que tales células demuestran que el comercio de armas está fuera de control. ¿A dónde cree que hayan ido a parar las dos mil armas del operativo ése de Rápido y Furioso? (Pág. 204)

12.- (Sobre el argumento del origen de los fondos de la CIA estadunidense por la Enmienda Boland que limitó los abusos de esa agencia y cortó la fuente de ingresos del narco centroamericano) Cuando Boland triunfa en el Capitolio, La CIA voltea hacia México… y formaliza, ésta es la palabra, el paso de cocaína sudamericana a través de la frontera mexicana. (Pág. 214) En una ocasión un alto funcionario de la DEA me dijo, sin el menor rubor, que ellos administraban la entrada de drogas a los Estados Unidos. Así como suena. (Págs. 169-170)

13.- Según el general Ángeles, Manuel Muñoz Rocha, el señalado como autor intelectual del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu en 1994 está vivo, “por allí anda, aunque su viuda Marcia Cano haya obtenido la declaratoria de que estaba oficialmente muerto para disponer de sus bienes”. (Pág. 296)

14.- Y el general Ángeles revela: “yo fui quien descubrió quién era, en realidad, el subcomandante Marcos”. “Agarramos a un tal comandante Daniel, superior en jerarquía aparentemente en el EZLN, quien había reñido con Marcos. Y soltó todo. Ahora es el capitán Daniel Guevara y está integrado a las fuerzas armadas” (Pág. 296)



@carlosramirezh



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viernes, 20 de julio de 2012

20-Julio-2012, Viernes.


INDICADOR POLITICO




+ ¿Pondrá presidente la CIDH?

+ Sólo recomendaciones en voto



Carlos Ramírez



Como sabe que sus impugnaciones en las leyes son intransitables porque se basan en insinuaciones y adjetivos, Andrés Manuel López Obrador ya amenazó con acudir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Pero ahí se encontrará con el principal obstáculo: ese organismo no puede poner presidente de la república de México.

La acusación del candidato presidencial perredista derrotado sería contra el IFE y contra el Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación. Y en ese punto se encontraría con el hecho de que uno de los consejeros electorales del IFE es Sergio García Ramírez, que fue juez y presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, órgano de la CIDH. Por tanto, el PRD no puede asustar a quien conoce a la perfección el proceso jurídico de ese organismo internacional.

Por lo demás, la CIDH tiene el problema de que la violación de derechos políticos debe ser abordada con un enfoque diferente porque puede implicar intervención en la instalación de autoridades de gobierno, algo lejano a sus funciones. En casos concretos de denuncias de fraudes electorales interpuestas por el PAN en elecciones de Chihuahua 1986 --la del fraude operado por el hoy lopezobradorista Manuel Bartlett Díaz-- y Estado de México 1993 y Yucatán 1998, la CIDH aceptó la validez de las denuncias panistas pero no emitió ninguna sentencia.

En la Resolución No. 01/90 de los casos 9768, 9780 y 9828 (México) sobre presuntos fraudes electorales priístas en Chihuahua 1985 y 1986 y Durango 1986, dictaminada el 17 de mayo de 1990, la CIDH llegó a cuatro conclusiones en párrafos numerados:

99. En los términos desarrollados en este documento, las tres denuncias sostienen que las elecciones celebradas no fueron auténticas pues no representaron adecuadamente la voluntad popular. En cuanto a las alegaciones específicas, la Comisión ha decidido no referirse a las situaciones de hecho denunciadas en estos casos pues algunas de ellas hubiesen implicado una presencia de la Comisión en la campaña electoral y en el momento de las elecciones. A ello debe sumarse que la Comisión no había estado realizando un seguimiento exhaustivo de la situación en México, lo cual había ocurrido en los casos en que la Comisión se ha pronunciado sobre procesos electorales, habiendo incluso realizado visitas de inspección a algunos de los países aludidos. Con ello, la Comisión no acepta ni niega la veracidad de los hechos denunciados…

100. En cuanto a los recursos y garantías internas en México la cuestión es si la legislación interna de México dispone de los medios adecuados o de un recurso sencillo y rápido o de "cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, independientes e imparciales" que amparen a quienes recurran contra "actos que violen sus derechos fundamentales", como son los derechos políticos. La Comisión ha podido apreciar que un recurso con tales características no existe en México. (Hoy existe el Trife que cumple con los requisitos de la CIDH.)

101. De acuerdo con lo anterior y en aplicación de lo dispuesto en el Art. 41, letra b de la Convención, que le atribuye la facultad de formular recomendaciones, y teniendo en cuenta además lo dispuesto en el Art. 2 de la Convención, la Comisión estima oportuno hacer presente al Gobierno de México su deber de adoptar disposiciones de derecho interno, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la Convención, ya sean medidas legislativas o de otro carácter, que sean necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades que la Convención reconoce.

102. La Comisión debe hacer presente al Gobierno de México en esta oportunidad que debe cumplir a cabalidad con la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos políticos y a la protección judicial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1.1 de la Convención Americana. En este sentido, la Comisión debe señalar que ha sido informada sobre la existencia de un activo proceso de reforma de la legislación electoral. La Comisión espera que tales reformas conduzcan a la adopción de normas que protejan adecuadamente el ejercicio de los derechos políticos y a instituir un recurso efectivo y rápido para la protección de los mismos. (…) Asimismo, la Comisión solicita al Gobierno de México que le remita la información referida al proceso de reformas electorales en curso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En su Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en México de 1998, la CIDH se dijo complacida por la reforma electoral de 1996 y su efecto en los resultados de 1997 --la derrota del PRI en el DF y otras entidades y en el Congreso-- y reconoció como “logros sustanciales” la autonomía plena del IFE y la integración del Tribunal Federal Electoral al poder judicial de la federación y recomendó una definición más clara de los delitos electorales y el “establecimiento de mecanismos que garanticen su castigo efectivo”.

Por tanto, la amenaza de López Obrador de acudir a la CIDH es otro petate del muerto, además de una violación de la soberanía porque implicaría que organismos extranjeros designaran a gobernantes porque lo busca el PRD y López Obrador es que la CIDH decrete la invalidez de las elecciones y le entregue el poder al tabasqueño.

En todo caso, la queja del PRD ante la CIDH sí podría y debería exigir que ese organismo internacional imponga a México una reforma constitucional que establezca el triunfo obligado de López Obrador en cada elección en la que participe. Así de simple. Y ya no habría conflictos poselectorales.



@carlosramirezh



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jueves, 19 de julio de 2012

19-Julio-2012, Jueves.


INDICADOR POLITICO




+ ¿Fraude 2012 sólo contra AMLO?

+ PRD: y qué nadie tome posesión



Carlos Ramírez



En 2006, cuando López Obrador comenzó su lucha contra su derrota denunciando fraude y pidiéndole al PRD que impidiera la toma de posesión de Calderón, el perredista Adolfo Gilly hizo una propuesta seria para denunciar el fraude electoral y provocar una crisis constitucional:

“Con las indispensables pruebas de la manipulación o del fraude que denuncian, el PRD y sus aliados pueden impugnar toda la elección por la vía de los hechos jurídicos: si la votación presidencial ha sido manipulada y sus cifras son falsas, las de todas las otras elecciones concomitantes (seis papeletas en total) también lo son.

“En consecuencia, tienen el recurso y el derecho legales de no tomar posesión de sus cargos --senadores, diputados, jefe de Gobierno, jefes delegacionales, asambleístas-- hasta que un conteo imparcial conceda credibilidad y legitimidad a la elección de presidente. Y a ver cómo le hacen para gobernar si quienes fueron elegidos por esa marea electoral no aceptan someterse a las manipulaciones y las trampas.”

Pero nadie en ese 2006, absolutamente nadie de los electos con López Obrador, hizo ninguna denuncia contra el fraude, ni menos aún se negó a tomar posesión de su cargo. Hoy, en las elecciones del 2012, ocurre lo mismo: ninguno de los candidatos perredistas ha denunciado fraude ni menos aún ha introducido peticiones de anulación de votaciones parciales; por ello, resulta que el fraude electoral se hizo sólo contra el candidato presidencial perredista en casillas donde se votaron elecciones federales y estatales y con los mismos funcionarios electorales.

Por eso es que todos los perredistas electos en las urnas van a tomar posesión de sus cargos. La única excepción fue Manuel Bartlett, candidato de López Obrador al Senado por Puebla y operador del fraude en el conteo de cómputo de votos en 1988 contra Cárdenas: el aún priísta pero lopezobradorista denunció que le cometieron fraude con la manipulación de votos en el conteo de las computadoras --igual que el que él le aplicó a Cárdenas--, aunque será senador pluri en la votación presuntamente fraudulenta que denunció su nuevo jefe político y al cual obviamente no renunciará.

Ahí se localiza la principal incongruencia de la denuncia de López Obrador: si ningún otro candidato perredista quedó inconforme con el resultado ni denunció fraude, y menos los que ganaron la gubernatura de Tabasco y de Morelos, entonces existen evidencias de que el proceso electoral fue aceptado por la oposición. En cualquier tribunal esta argumentación sería válida para ubicar las denuncias en su exacta dimensión.

López Obrador tiene otro problema: justificar o esconder entre gritos de denuncia su disminución en votos:

--López Obrador, en estas elecciones del 2012,  sacó en el DF 578 mil votos menos que el candidato perredista a jefe de gobierno, Miguel Angel Mancera. En cambio, Peña Nieto sacó 177 mil votos más que la candidata Beatriz paredes.

--La votación de López Obrador en el DF, su centro de poder, ilustra el tamaño de su caída electoral en la capital de la república: casi 1.5 millones de votos para López Obrador en el 2012, contra 1.8 millones de Cuauhtémoc Cárdenas en 1997, 1.6 del propio López Obrador como candidato a jefe de gobierno en el 2000, 2.2 millones de Marcelo Ebrard en el 2006 y 2.1 millones de Mancera.

--Como candidato sólo del PRD en el 2000, López Obrador apenas sacó 40 mil votos más que el panista Santiago Creel; el PAN evitó la revisión de la elección porque el gobierno del DF, a cargo de Rosario Robles, le ayudó ilegalmente con la estructura gubernamental y el PRI de Zedillo prefirió evitar las protestas lopezobradoristas de cara a la victoria del PAN con Fox y la pérdida presidencial del PRI.

La fijación de víctima política que tiene López Obrador de sí mismo para disfrazar sus derrotas electorales lo hace desconocer una realidad: en el DF tuvo más de millón de votos menos porque aquí recuerdan el plantón del 2006 y todo el daño social a la ciudad de México. El saldo de casi 1.5 millones de votos en el DF para su candidatura presidencial fueron 7 mil votos menos que los que obtuvo en el 2000 para jefe de gobierno y muy por debajo de los 2.8 millones que logró en la ciudad de México en las presidenciales del 2006.

Las cifras revelan la debacle electoral de López Obrador y son los datos que el derrotado candidato presidencial perredista oculta a sus seguidores. Por ello es que su denuncia de compra de 5 millones de votos priístas no busca probar los mecanismos de adquisición de votos del PRI, sino quiere que le resten a Enrique Peña Nieto esos 5 millones para que su votación perredista quede en 14 millones 226 mil 784 votos --el 28.27% del total-- y López Obrador entonces quede como el ganador con sus 15.8 millones de votos, el 31.6%.

Pero como el proceso electoral mexicano no se maneja en función de los caprichos de los candidatos, entonces la segunda fase apelará a invalidar la elección presidencial pero no la legislativa federal ni las locales que se realizaron en las mismas urnas.

Y como el objetivo final está casi imposible en términos legales, entonces López Obrador pasará a la fase decisiva: echar mano su figura mesiánica para victimizarse del poder de los demás. En la protesta, sus seguidores están mostrando ya indicios de la derrota: por ejemplo, la Convención Nacional contra la Imposición utiliza el concepto de imposición que acepta resultados inevitables de derrota; protestan contra la imposición, es decir, el acto de haber impuesto a alguien, y ya no contra el fraude. Y esa Convención ya anunció acciones de agresión contra ciudadanos y empresas.

Si deveras hubo fraude, entonces queda la salida de Gilly: que ningún perredista tome posesión, ni siquiera en el DF, y entonces sí crear una crisis constitucional. Pero los perredistas andan felices con sus constancias de mayoría.



@carlosramirezh

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miércoles, 18 de julio de 2012

18-Julio-2012, Miércoles.


INDICADOR POLITICO




+ Sedena: con el enemigo dentro

+ Filtraciones por narco, no 2012



Carlos Ramírez



La filtración de contratos para el área de inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa Nacional nada tuvo que ver con la designación del próximo titular del área porque es una decisión del próximo presidente de la república, sino que representó una traición que beneficia al crimen organizado.

Po lo pronto, la difusión de ciertas compras del ejército tienen que ver con la seguridad nacional y por tanto debieran mantener su secrecía; los documentos publicados por El Universal el lunes pasado revelaron formas de vigilancia sobre los cárteles del narcotráfico y pusieron en riesgo la vida de los oficiales que se dedican a elaborar el seguimiento de las principales bandas criminales y de los capos.

De ahí que la filtración interesada de documentos sobre compras de suministros para el área de inteligencia militar haya sido una fuga grave de información y su publicación también ha sido considerada una violación de los códigos periodísticos sobre áreas operativas de combate al crimen organizado. El responsable de la decisión de filtrar esos documentos para su publicación violó las reglas de la seguridad nacional.

La difusión interesada de esos documentos ha sido inducida como parte de la definición del próximo secretario de la Defensa Nacional para el próximo sexenio, una decisión que le corresponde al próximo presidente de la república. Curiosamente, también el arraigo del general Tomás Angeles Dauahare ha querido ser interpretado como parte de la lucha de grupos militares por el cargo en el siguiente gabinete presidencial.

Sin embargo, las reglas castrenses sobre la política son muy estrictas y los posicionamientos no suelen llevar a la decisión final, lo que ha eludido batallas en los altos mandos. Hasta ahora, las designaciones de altos mandos han sido tersas y sin conflictos internos. El ambiente de politización fue estimulado por las declaraciones del general Angeles Dauahare en el sentido de que su arraigo tiene que ver con su ventaja en el ánimo priísta que lo enfilaba a la Sedena, pero sin reconocer que hasta ahora ningún secretario de la Defensa ha sido general retirado --como Angeles Dauahare-- porque se interrumpe la circulación de los mandos. En todo caso, las opiniones de Angeles Dauahare han sido leídas más con la intención de politizar su caso para sacar ventaja, aunque a costa de introducir inestabilidad política en el ejército.

En este contexto, la sucesión en el mando de la Sedena se maneja en otro terreno que no es la Secretaría. De acuerdo con versiones, el equipo de Enrique Peña Nieto, candidato triunfador de las elecciones presidenciales, esperará el dictamen final del Tribunal Electoral calificando las elecciones y la entrega de la constancia de mayoría para comenzar a armar su gabinete. Como siempre ha ocurrido, los juegos de poder en la Sedena han sido ineficaces porque la decisión del secretario de la Defensa Nacional obedece a escenarios no políticos ni politizados y suelen ser para mantener la estabilidad en los mandos castrenses.

Lo grave, en todo caso, radica en el hecho de que se están filtrando documentos que revelan la capacidad militar del ejército en una de sus principales tareas: la lucha contra el crimen organizado. Hasta ahora, la difusión de ciertas informaciones militares --posicionamiento de tropas, movimientos de efectivos y capacidad de fuerza-- han sido secretos militares porque tienen que ver con la fortaleza de las fuerzas armadas en luchas contra el enemigo.

La publicación de los contratos evidenció la adquisición de material de guerra del ejército para sus labores de acopio de información para la elaboración de inteligencia en la lucha contra el enemigo, el crimen organizado. Se trata de infraestructura de vigilancia que hoy, por la vía de la difusión periodística, el crimen organizado ya sabe con lo que cuenta el ejército y con ello podrá establecer medidas de disminución del daño.

Por tanto, la difusión de los contratos fue una forma de ayudar al crimen organizado a resistir la persecución del ejército en su contra. Desde 1968, el ejército ha sido retirado de cualquier actividad que tenga que ver con inestabilidad política interna y con vigilancia de disidentes y se ha centrado en fortalecer su capacidad de lucha contra el crimen organizado como un problema de seguridad interior-seguridad pública.

Por razones de la descomposición del ambiente internacional, la administración de los problemas en la frontera con los Estados Unidos y el repudio en sectores radicales hacia Washington, México se ha visto obligado a atender como prioridad el tema del terrorismo. De ahí que cada vez sean más las necesidades de vigilancia no sólo en las bandas del crimen organizado, sino en el tema de infiltraciones de organizaciones terroristas en México como paso para penetrar en los Estados Unidos.

En este contexto se establece la urgencia de modernizar los aparatos de inteligencia de las fuerzas de seguridad. Muchos de los decomisos de infraestructura del crimen organizado tienen que ver con el uso de aparatos de contra-vigilancia. Por tanto, las fuerzas armadas están obligadas a superar en equipamiento a las bandas criminales si realmente se desea que contengan el avance violento de los cárteles en zonas territoriales de la república.

La filtración intencionada de documentos desde dentro de la Sedena y su publicación pusieron en el tapete uno de los temas más sensibles de la seguridad nacional: los secretos. Más que ocultar a la sociedad, se requiere pasar a la etapa profesional de cuerpos legislativos con cláusulas de confidencialidad que deban ser enterados de los equipamientos y operaciones, pero con la garantía --como en el Congreso de los EU-- de no difusión.

Por lo pronto, los contratos de Sedena de material de inteligencia beneficiaron a las bandas del crimen organizado y en nada influirán en la designación del próximo secretario de la Defensa Nacional.



@carlosramirezh



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martes, 17 de julio de 2012

17-Julio-2012, Martes.


INDICADOR POLITICO




+ Bartlett-Chihuahua: no-anulación

+ 88: fraude en conteo, no después



Carlos Ramírez



Convertido en el Sancho Panza del quijotesco López Obrador, el senador petista Manuel Bartlett Díaz finalmente ha reconocido que en 1988 sí hubo fraude electoral contra Cuauhtémoc Cárdenas, de acuerdo con una entrevista publicada el domingo pasado en La Jornada.

Para el entonces secretario de Gobernación y presidente de la Comisión Federal Electoral, el fraude de 1988 no se cometió en las urnas ni en el conteo de voto sino en la negociación con el PAN del voto a favor de Carlos Salinas de Gortari en el Colegio Electoral.

Sin embargo, lo que se negoció con el PAN no fue el resultado del 6 de julio sino la calificación en el Colegio Electoral. El fraude ocurrió cuando se “cayó” el sistema de cómputo de la CFE la noche del 6 de julio para permitir el acomodo de votaciones a favor de Salinas y en contra de Cárdenas. La operación directa fue de Bartlett y los responsables salinistas el entonces superasesor Joseph-Marie Córdoba Montoya y el secretario electoral priísta Patricio Chirinos.

A cambio de aprobar la elección de Salinas decidida en la CFE de Bartlett, el PAN, Luis H. Alvarez negoció una reforma política y la concertacesión de las gubernaturas de Baja California y Guanajuato. Sin embargo, esas negociaciones se iniciaron cuando Bartlett era el responsable político del gobierno de Miguel de la Madrid y en el escenario de que el propio De la Madrid autorizó las autorizó, por lo que Bartlett fue cómplice de esa cesión de espacios de poder al PAN. Y las entregas de gubernaturas ocurrieron cuando Bartlett era secretario de Educación Pública del Salinas ejerciendo una presidencia, de acuerdo con las hoy palabras de Bartlett, producto del fraude electoral.

Lo que menos puede clamar Bartlett es su inocencia. En 1986 organizó, junto con Elba Esther Gordillo, el fraude electoral en Chihuahua para impedir la victoria del candidato panista Francisco Barrio Terrazas. El fraude fue tan burdo, que intelectuales de todos los grupos --entre ellos Octavio Paz, Carlos Monsiváis, Héctor Aguilar Camín y Enrique Krauze-- exigieron la anulación de las elecciones.

En una cena con algunos de los veintiún intelectuales, cuenta Enrique Krauze en La presidencia imperial, Bartlett dijo que “era imposible ceder a su petición (de anulación) porque la victoria del PAN en Chihuahua abriría las puertas a tres enemigos históricos de México: la iglesia, los Estados Unidos y los empresarios”. El problema en Chihuahua, era el razonamiento de Bartlett, no era el fraude sino el papel ideológico y político del PAN, a pesar de que hubo pruebas suficientes sobre las irregularidades electorales. Ahí se acuñó el argumento de Bartlett en pocas palabras: un fraude patriótico.

En su entrevista con La Jornada, Bartlett vuelve a confundir a los lopezobradoristas que lo llevarán al Senado el próximo primero de septiembre: “si alguien hizo presidente a Salinas de Gortari no fui yo, sino el PAN que lo avaló en el colegio electoral”. Sin embargo, sin las cifras trampeadas en las computadoras de la CFE de Bartlett, en realidad Salinas nunca hubiera llegado al Colegio Electoral. Por tanto, el responsable directo de la entronización de Salinas es Bartlett, el hoy flamante senador lopezobradorista.

Y el problema de Bartlett es mayor por el hecho de que fue candidato del PRD-PT-Convergencia a la elección de senadores en urnas el domingo pero quedó en tercer lugar, aunque jugó a la segura como primero de lista a senadores plurinominales por el PT. Sin embargo, Bartlett declaró oficialmente que hasta el momento de al elección no había renunciado al PRI, por lo que su priísmo lo hace cómplice del PRI por las acusaciones de López Obrador. Al final, Bartlett ya perdió la brújula de lealtades políticas.

Lo realmente importante de la declaración del domingo de Bartlett fue que finalmente aceptó el uso de la palabra fraude para caracterizar la operación política que puso a Salinas de Gortari en la presidencia de la república en 1988. En declaraciones a Jorge G. Castañeda para su libro La herencia, Miguel de la Madrid contó que Bartlett le informó que las primeras cifras daban adelantado a Cárdenas y, le dijo Bartlett, “no puedo dar esas cifras  porque estarían muy ladeadas, y aunque después sigan las cifras de otros estados en donde creo nos podemos vamos a recuperar, si damos desde un principio la tendencia a favor de Cuauhtémoc, después no nos van a creer”.

Lo significativo de las palabras de Bartlett que contó de la Madrid es el uso del “nos” que implicaba su función como priísta. Lo repetiría más tarde; dijo De la Madrid que Bartlett estaba confiado en remontar las cifras adversas: “cuando nos lleguen los estados muy priístas, como Puebla, Chiapas y otros, allí nos vamos a emparejar”. Esta argumentación de De la Madrid lleva a la consolidación la tesis de que Bartlett desconectó las computadoras en la noche para permitir la llegada de votaciones de estados priístas y así ayudar a Salinas a no permitir que en ningún momento Cárdenas se colocara arriba de Salinas. Bartlett sugirió ocultar información y de la Madrid lo aceptó.

Los fraudes de Chihuahua en 1986 y presidencial en 1988 son hijos del mismo venero político del PRI y los dos tienen hilos de poder hacia Bartlett como secretario de Gobernación en del gobierno de De la Madrid. Luego de que los intelectuales pidieron anular elecciones, Bartlett fundamentó los argumentos del “fraude patriótico”, aunque en 1992, con Salinas en la presidencia, Barrio finalmente ganó la gubernatura, mientras Bartlett pactaba con el superasesor salinista Córdoba Montoya la gubernatura de Puebla por el mismo PRI que había sido derrotado en Chihuahua, eso sí, por dedazo y sin pasar por elección interna.

Por tanto, la candidatura de Bartlett al gobierno poblano fue hija del fraude de Bartlett a favor de Salinas y del pacto del PAN para entronizar a Salinas. O sea: Bartlett les debe su carrera política a Salinas, al PAN y al fraude de 1988.



@carlosramirezh

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jueves, 12 de julio de 2012

12-Julio-12, Jueves.


INDICADOR POLITICO




+ AMLO: ganar-ganar, no competir

+ Bartlett como símbolo de la derrota



Carlos Ramírez



Con la autoridad moral que le da el haber impuesto a Manuel Bartlett Díaz como candidato del PRD-PT-Movimiento Ciudadano-Morena al senado, Andrés Manuel López Obrador comenzará hoy su largo y agotador camino hacia la relección como presidente legítimo y la candidatura presidencial del 2018.

El simbolismo de Bartlett no podía acomodarse mejor para entender la lógica de los estilos político-electorales de López Obrador, el candidato del PRD dos veces derrotado en las urnas a la presidencia de la república. Una defensa apasionada, diríase que religiosa, del derecho a la libertad de voto, pero de la mano de personajes que marcaron la historia electoral del país con conflictos como el fraude de 1988 cuando Bartlett fue el presidente de la Comisión Federal Electoral.

El contrapunto entre Puebla y la elección nacional ilustra las contradicciones de la lucha de López Obrador. Lo satírico del asunto radica en el hecho de que en Puebla durmieron al velador. El candidato lopezobradorista Bartlett Díaz denunció públicamente que le hicieron un fraude electoral… exactamente igual al que él operó en 1988 contra Cuauhtémoc Cárdenas para beneficiar a Carlos Salinas de Gortari, quien de premio lo enviaría por dedazo, vía la aduana de Joseph-Marie Córdoba Montoya, de gobernador a Puebla.

En su artículo en El Universal la semana pasada, Bartlett denunció, en un texto que rezuma indignación e ingenuidad senil, que el fraude en su contra se hizo en las computadoras, igual a la caída del sistema de cómputo en 1988 que permitió el acomodo de votos a favor de su candidato Salinas. Si en política el que no la hace la paga, el que sí la hace la paga aún más caro. El párrafo de Bartlett debe ir enmarcado en el muro del humorismo involuntario político tipo Juan Orol:

“En Puebla, al final de la votación, se hicieron públicas encuestas de salida y encuestas acreditadas, que daban el triunfo de AMLO a la Presidencia, el mío al Senado y de diputados de izquierda en los cuatro distritos de la ciudad de Puebla, Cholula y otros. Al iniciarse la publicación del PREP vía electrónica, a las 12:00 AM, se me mantuvo en primer lugar, pero al término, en la madrugada, mediante inexplicable voltereta, se me colocó debajo de la candidata del PRI y 20 mil votos debajo del candidato del PAN, que se había reconocido en tercer lugar desde una semana antes; desaparecieron también todos los triunfos acreditados por encuestas, de antemano, a diputados de la izquierda, apareciendo sin sustento triunfos de PAN, y PRI. Fraude tan evidente que comentaristas acreditados lo reconocen, e incluso la mayoría de la opinión pública estupefacta.”

La denuncia de Bartlett contra el Instituto Estatal Electoral es la misma que hicieron en 1988 “comentaristas acreditados” e incluso “la mayoría de la opinión pública” contra la “voltereta” que dieron las cifras oficiales cuando Bartlett era presidente de la Comisión Federal Electoral y de pronto “desaparecieron” votos a favor de Cárdenas. Sólo que en este 2012, a diferencia de 1988, el único estupefacto fue el propio candidato derrotado en las urnas con el voto libre y no  la opinión pública ni la maniobra electoral en las computadoras.

Lo simpático del asunto es que el Bartlett que se dice víctima del fraude electoral, es el mismo Bartlett que seguirá cargando el fraude de 1988 y el fraude en el municipio de Huejotzingo cuando era gobernador y las autoridades electorales le echaron abajo el triunfo priísta.

Eso sí, Bartlett será un ejemplo más de las perversidades de la política a la mexicana: fue colocado por el voto libre de los ciudadanos en el tercer sitio y por tanto sin derecho a tener una curul por elección popular, pero el dedazo de López Obrador --sí, el hoy apóstol de la democracia-- lo llevará al Senado porque Bartlett jugó en el número uno de la lista plurinominal del exsalinista y hoy lopezobradorista PT y tendrá su curul. Lo bizarro de la política electoral mexicana permitirá que un candidato derrotado en las urnas pueda tener su lugar por la vía del dedazo. Y para mayor confusión en las perversidades políticas, Bartlett será senador del PT por designación de López Obrador pero sin renunciar a su militancia priísta.

Por lo pronto, Bartlett no se ha sumado a la demanda de López Obrador de anular o invalidar las elecciones del pasado primero de julio. Candidatos ganadores del PRD, PT y MC, así como algunos liderazgos perredistas forjados al calor del lopezobradorismo, también se han alejado de la intención de López Obrador de anular la elección presidencial aunque no las federales de senadores y diputados ni las locales de gobernador y jefe de gobierno.

Por cierto, el fraude operado por Bartlett en 1988 también afectó a López Obrador, quien compitió ese año como candidato a gobernador por el Frente Democrático Nacional de Cárdenas y sacó apenas 20% de los votos, contra 78% del candidato priísta. Como secretario de Gobernación del gobierno de Miguel de la Madrid, Bartlett fue responsable del proceso electoral federal y de los estatales.

Lo que viene a partir de hoy jueves para López Obrador es la lucha mediática para ocultar su derrota y la manipulación de las hordas lopezobradoristas movilizadas como turbamultas en contra del proceso electoral institucional. Del fraude de Bartlett en 1988 al fraude contra  Bartlett en el 2012, el PAN, el PRD y aliados han fracasado en el diseño de un sistema electoral que evite la compra o la coacción del voto. La única posibilidad que tiene López Obrador de revertir el resultado es la presentación personal de cinco millones de personas que con nombre y apellido denuncien que sus votos fueron comprados.

Pero como las cosas no serán así, a López Obrador y a Bartlett no les queda más que ensuciar el proceso y presentarse como víctimas de su propia incompetencia electoral. Al final, todo sistema electoral está organizado para competir, no para ganar-ganar.



@carlosramirezh

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