INDICADOR POLITICO
+ PAN
1958: no tomar posesión
+ PRD
2006-2012: sólo el poder
Carlos
Ramírez
A diferencia de los candidatos
federales y estatales del PRD que abandonaron
a Andrés Manuel López Obrador en su denuncia de fraude electoral, en 1958 el
PAN ordenó a los seis candidatos a diputados ganadores que no tomaran posesión de sus cargos para provocar un conflicto legal.
La dirección nacional del PAN en ese
año protestó así por lo que calificó
el fraude en las elecciones presidenciales de dese año contra su candidato Luis
H. Alvarez. Pero también, el partido blanquiazul se rebelaba contra la parcialidad de la Comisión Federal Electoral,
organismo encargado de las elecciones entonces bajo el mando del secretario de
Gobernación, Angel Carbajal, y con la operación
política de Gustavo Díaz Ordaz como oficial mayor de esa dependencia y luego
titular de la Segob con el candidato ganador Adolfo López Mateos.
El investigador Víctor Reynoso cuenta esa historia en su libro Rupturas en el vértice. El partido Acción
nacional a través de sus escisiones históricas, editado en el 2007 por el
Centro de Estudios de Política Comparada y Ediciones y Cultura. El PAN enlistó las
irregularidades de la CFE: no
entregó listas nominales en tiempos legales, no estableció el registro de
electores como permanente, no prohibió
el uso indebido de los colores nacionales por los partidos (sobre todo el
PRI), no expidió instrucciones sobre las casillas.
El entonces presidente nacional del
PAN, Alfonso Ituarte Servín, anunció tres
decisiones: primero, denunciar “el propósito de la CFE como órgano subordinado al gobierno y al partido
oficial de falsificar o deformar el
resultado de la votación real”. Segundo, retirar
a sus comisionados en la CFE y el consejo nacional del PAN “tomó la decisión de
anunciar el carácter ilegítimo de la
administración (entrante, de López Mateos), que fuera impuesta a consecuencia de esa falsificación y de abstenerse de participar en todos los actos
de calificación electoral que ya no serían sino una farsa innoble”. Y
tercera: que los seis diputados ganadores de elecciones distritales no tomaran posesión, aunque el final
sólo obedecieron dos y los cuatro que sí
aceptaron el fraude quedaron “automáticamente excluidos” del PAN. Si bien la orden no fue cumplida por todos, se
trató de una decisión audaz de rebelarse
contra el fraude electoral abandonando la CFE, el Colegio Electoral y la Cámara
de Diputados.
La elección presidencial de 1958
había sido muy competida en
movilizaciones, aunque la estructura corporativa de poder del PRI fue muy
superior a la del PAN, con la ventaja
de que la organización electoral estaba controlada totalmente por Gobernación.
Las cifras oficiales finales fueron dispares:
89.81% para el PRI, contra 9.42% para el PAN. A nivel de elección de diputados,
el PAN alcanzó el techo de 10.22% de
los votos, la más alta en sus participaciones desde 1943.
El candidato presidencial panista
Luis H. Alvarez recuerda el asunto en sus memorias Medio siglo. Andanzas de un político a favor de la democracia,
editorial Plaza Janés: “el número de votos oficialmente reconocidos (710 mil para el PAN, contra 6.7 millones para el PRI) fue
un agravio mayor que la propia derrota,
pues teníamos la seguridad de que
las concentraciones en nuestros mítines habían sido considerablemente mayores que los votos oficialmente
reconocidos”.
Agrega que “el PAN, por mi conducto, calificó el proceso electoral
de fraudulento”. Y “por considerar insultante el reconocimiento de esa
mínima cantidad de escaños (seis de 161 distritos), Acción Nacional instruyó a sus diputados electos a rechazar el puesto”. Aunque no todos
cumplieron la orden, Alvarez considera que la actitud del PAN obligó al gobierno priísta a instaurar
la figura de “diputados de partido” en la reforma constitucional de 1963. Para
las elecciones de 1964, el PAN tuvo veinte
diputados en la cámara.
Pero a pesar de lo estricto de la
reforma de diputados de partido, el gobierno priísta de López Mateos hizo malabares para impedir la presencia del
PAN en la Cámara como oposición única. Por eso, violando la reforma
constitucional, el gobierno priísta le dio cedió
al PP (luego PPS) diez diputados de partido y cinco al PARM, a pesar de que el
primero había obtenido apenas 1.37% de los votos y 0.71% el PARM, cuando el
mandato constitucional exigía 2.5%
de los votos. El argumento priísta, recuerda Octavio Rodríguez Araujo en su
texto “Los partidos políticos”, señaló entonces que los diputados al PP y al
PARM se dieron basados “en una interpretación
flexible de la ley”; el PAN denunció que el 2.5% era el 2.5% y no el 1.37%. Pero por mayoría, el PRI colocó al PP y al PARM en la Cámara,
partidos estos dos que habían llevado como candidato presidencial al priísta
López Mateos, aunque le dieron apenas 0.08%
el PP y 0.29% el PARM.
El radicalismo del PAN en 1958 para
tratar de romper con los órdenes
institucional y constitucional cambió
treinta años después, en 1988, cuando Luis H. Alvarez como presidente del PAN
negoció en lo oscurito con el PRI el
voto en el Colegio Electoral para Carlos Salinas de Gortari a cambio de
“reformas políticas” que incluyeron la cesión
de las gubernaturas de Baja California y Guanajuato y la negativa de Salinas a cualquier cesión a favor del PRD. El
mecanismo de Alvarez fue el de la “legitimación secundaria”, en los hechos, con reformas que, agregó Alvarez,
Salinas no cumplió.
La decisión del PAN de Alvarez de pactar el reconocimiento de Salinas se
dio porque, recuerda la nota del reportero Roberto Vizcaíno en Excelsior del 22 de enero de 1993, “de
persistir en la demanda de anular las elecciones y la realización de otros
comicios, hubiera significado el
rompimiento del orden constitucional y el caos social en México”.
En 1958 y en 1988 la denuncia de fraude del PAN fue contra
el organismo electoral que estaba bajo control de Gobernación; hoy López
Obrador imputa fraude del PRI como
partido de oposición pero no ordena
que los candidatos perredistas se nieguen
a tomar posesión de sus cargos.
@carlosramirezh
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