INDICADOR POLITICO
+ Sedena:
con el enemigo dentro
+ Filtraciones
por narco, no 2012
Carlos
Ramírez
La filtración de contratos para el
área de inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa Nacional nada tuvo que ver con la designación
del próximo titular del área porque es una decisión del próximo presidente de
la república, sino que representó una traición
que beneficia al crimen organizado.
Po lo pronto, la difusión de ciertas
compras del ejército tienen que ver con la seguridad
nacional y por tanto debieran mantener su secrecía; los documentos publicados
por El Universal el lunes pasado revelaron formas de vigilancia sobre
los cárteles del narcotráfico y
pusieron en riesgo la vida de los oficiales que se dedican a elaborar el
seguimiento de las principales bandas criminales y de los capos.
De ahí que la filtración interesada de documentos sobre compras de suministros para
el área de inteligencia militar haya sido una fuga grave de información y su
publicación también ha sido considerada una violación de los códigos periodísticos sobre áreas operativas de
combate al crimen organizado. El responsable de la decisión de filtrar esos documentos para su
publicación violó las reglas de la seguridad nacional.
La difusión interesada de esos
documentos ha sido inducida como
parte de la definición del próximo secretario de la Defensa Nacional para el
próximo sexenio, una decisión que le corresponde al próximo presidente de la
república. Curiosamente, también el
arraigo del general Tomás Angeles Dauahare ha querido ser interpretado como
parte de la lucha de grupos militares por el cargo en el siguiente gabinete
presidencial.
Sin embargo, las reglas castrenses sobre
la política son muy estrictas y los posicionamientos no suelen llevar a la decisión final, lo que ha eludido batallas en
los altos mandos. Hasta ahora, las designaciones de altos mandos han sido
tersas y sin conflictos internos. El
ambiente de politización fue estimulado por las declaraciones del general
Angeles Dauahare en el sentido de que su arraigo tiene que ver con su ventaja en el ánimo priísta que lo
enfilaba a la Sedena, pero sin reconocer que hasta ahora ningún secretario de
la Defensa ha sido general retirado --como Angeles Dauahare-- porque se
interrumpe la circulación de los mandos. En todo caso, las opiniones de Angeles
Dauahare han sido leídas más con la intención
de politizar su caso para sacar ventaja, aunque a costa de introducir inestabilidad
política en el ejército.
En este contexto, la sucesión en el
mando de la Sedena se maneja en otro
terreno que no es la Secretaría. De acuerdo con versiones, el equipo de Enrique
Peña Nieto, candidato triunfador de las elecciones presidenciales, esperará el dictamen final del Tribunal
Electoral calificando las elecciones y la entrega de la constancia de mayoría
para comenzar a armar su gabinete. Como siempre ha ocurrido, los juegos de
poder en la Sedena han sido ineficaces porque la decisión del secretario de la
Defensa Nacional obedece a escenarios no
políticos ni politizados y suelen ser para mantener la estabilidad en los
mandos castrenses.
Lo grave, en todo caso, radica en el hecho de que se están filtrando
documentos que revelan la capacidad militar
del ejército en una de sus principales tareas: la lucha contra el crimen
organizado. Hasta ahora, la difusión de ciertas informaciones militares
--posicionamiento de tropas, movimientos de efectivos y capacidad de fuerza-- han
sido secretos militares porque
tienen que ver con la fortaleza de las fuerzas armadas en luchas contra el
enemigo.
La publicación de los contratos
evidenció la adquisición de material de guerra
del ejército para sus labores de acopio de información para la elaboración de
inteligencia en la lucha contra el enemigo, el crimen organizado. Se trata de
infraestructura de vigilancia que hoy, por la vía de la difusión periodística,
el crimen organizado ya sabe con lo
que cuenta el ejército y con ello podrá establecer medidas de disminución del
daño.
Por tanto, la difusión de los
contratos fue una forma de ayudar al
crimen organizado a resistir la persecución del ejército en su contra. Desde
1968, el ejército ha sido retirado de cualquier actividad que tenga que ver con
inestabilidad política interna y con vigilancia de disidentes y se ha centrado
en fortalecer su capacidad de lucha
contra el crimen organizado como un problema de seguridad interior-seguridad
pública.
Por razones de la descomposición
del ambiente internacional, la administración de los problemas en la frontera
con los Estados Unidos y el repudio en sectores radicales hacia Washington,
México se ha visto obligado a
atender como prioridad el tema del terrorismo. De ahí que cada vez sean más las
necesidades de vigilancia no sólo en las bandas del crimen organizado, sino en
el tema de infiltraciones de
organizaciones terroristas en México como paso para penetrar en los Estados
Unidos.
En este contexto se establece la
urgencia de modernizar los aparatos
de inteligencia de las fuerzas de seguridad. Muchos de los decomisos de
infraestructura del crimen organizado tienen que ver con el uso de aparatos de
contra-vigilancia. Por tanto, las fuerzas armadas están obligadas a superar en equipamiento a las bandas
criminales si realmente se desea que contengan el avance violento de los cárteles en zonas territoriales de la
república.
La filtración intencionada de
documentos desde dentro de la Sedena y su publicación pusieron en el tapete uno
de los temas más sensibles de la seguridad nacional: los secretos. Más que ocultar a la sociedad, se requiere pasar a la
etapa profesional de cuerpos legislativos con cláusulas de confidencialidad que
deban ser enterados de los equipamientos y operaciones, pero con la garantía --como en el Congreso de los
EU-- de no difusión.
Por lo pronto, los contratos de
Sedena de material de inteligencia beneficiaron
a las bandas del crimen organizado y en nada
influirán en la designación del próximo secretario de la Defensa Nacional.
@carlosramirezh
-
- 0 - -
No hay comentarios:
Publicar un comentario