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Periodista, escritor, Lic. en Periodismo, Mtro. En Ciencias Políticas, oaxaqueño. Autor de la columna "Indicador Político" en El Financiero.

miércoles, 31 de agosto de 2011

31-Agosto-2011, Miércoles.


INDICADOR POLITICO




+ ¿Son los narcos como el EZLN?

+ ¿Solalinde como el Samuel Ruiz?



Carlos Ramírez



Rebasados por la violencia, algunos sectores sociales y políticos están apostando a la propuesta de pactar una “paz digna” con el crimen organizado como si fuera la solución casi mágica.

El columnista Román Revueltas, en Milenio, hizo un intento ayer de tratar de aterrizar un escenario de cómo sería la negociación. El tema da para mucho más y tiene como referencia la negociación de la paz con el EZLN en 1994, luego de que la guerrilla zapatista le declaró la guerra al ejército mexicano, pidió la renuncia del presidente de la república y anunció el avance guerrillero con armas hacia el DF. Luego de diez días de combate, el ejército derrotó a la guerrilla y Salinas fue presionado dentro del gabinete y a través de una marcha callejera a  negociar la paz.

El modelo de la negociación con un grupo armado que lucha fuera de la legalidad es conocido. Sólo que hay un peligro: el EZLN exigió ser reconocido como una “fuerza beligerante”, noción reconocida por la ONU a grupos que controlan partes sustanciales del territorio de un Estado y han establecido formas especiales de gobierno, lo que les da pauta hasta para tener un embajador. El gobierno mexicano se negó a dar ese pasó. Con todo, el EZLN era un grupo guerrillero, de tipo político.

En Colombia, en cambio, las FARC se convirtieron en aliadas de los narcos y conformaron una narcoguerrilla. Pero en lugar de la condición de fuerza beligerante, el gobierno de los EU les aplicó la etiqueta de grupo terrorista. Las FARC nunca pudieron diferenciar sus labores de alianza con el narco de sus planes de fundar un nuevo sistema político socialista en el país.

Salinas negoció con el EZLN, vía Manuel Camacho, un paquete de casi cuarenta puntos, excluyendo el de la renuncia del presidente de la república por ilegítimo. Zedillo, en cambio, realizó una negociación más formal que se convirtió en un modelo de negociación política con grupos armados. De aplicarse este modelo para negociar con los narcos, los pasos serían previsibles.

1.- Aprobar una ley para la negociación de la paz con los cárteles y aprobarla en el Congreso por todos los grupos parlamentarios. En esa ley tendría que reconocer que los narcos forman un grupo social que lucha por objetivos de mejoramiento del bienestar de los mexicanos.

2.- Crear una NarcoCocopa, comisión plural de legisladores para vigilar la negociación; del lado del gobierno habría un grupo negociador.

3.- Decretar una ley de amnistía que considere a los narcos como combatientes sociales, aunque equivocados. Las leyes anteriores señalaron claramente amnistía para quienes no hubieran cometido asesinatos. Asimismo, habría decretarse la libertad de policías y militares presos por acusaciones de violación de derechos humanos: amnistía para todos.

4.- Establecer específicamente con qué grupos se negociaría y aclarar si lo negociado sería para grupos similares aun cuando no asistan. De hecho, los dos grupos principales serían el cártel del Pacífico y el grupo de los Zetas; por tanto, sus dos jefes deberían estar presentes, debidamente amnistiados: Joaquín El Chapo Guzmán y Heriberto Lazcano El Lazca, dos de los criminales más crueles.

5.- Los narcos deberán comprometerse a abandonar las armas y las drogas o, en el mejor de los casos, entregarlas. Asimismo, los jefes narcos podrán circular, sin armas, por todo el territorio nacional e, inclusive, como el EZLN, tener acceso a la tribuna del Congreso para expresar sus ideas.

6.- El lugar de la negociación sería un problema a resolver. Pero serviría la experiencia de Chiapas, donde el obispo Samuel Ruiz protegió a los guerrilleros y prestó la catedral de San Cristóbal para las pláticas de paz. Como el sacerdote Alejandro Solalinde --formado en El Yunque panista de ultraderecha-- ya se hincó para pedirle perdón a los Zetas porque dijo que eran víctimas del ogro estatal, entonces el albergue de Solalinde en Ixtepec, en el istmo Oaxaca, podría ser un buen lugar para las pláticas de paz.

7.- ¿Qué negociar? El EZLN tenía una larga lista de agravios contra indígenas y una enorme lista de solicitud de programas sociales porque la tesis zapatista era sencilla de explicar: la miseria de los indígenas era producto del modelo explotador de capitalismo. Por tanto, la agenda del EZLN era de justicia social. La agenda de los narcos es otra: libertad para sembrar, procesar y vender droga, libertad para comercializar la droga, libertad de consumo para sus productos y libertad para vender protección a negocios. Los narcos podrían negociar zonas rojas de droga en algunas partes de la república.

8.- En la agenda de los Acuerdos de San Andrés, el EZLN introdujo el concepto de “naciones indias” autónomas, con lo que se balcanizaría la república. Los narcos podrían aspirar a lo mismo: zonas de presencia y dominio por parte de los carteles. Si el EZLN quería el gobierno en zonas de mayoría indígena, los narcos podrían exigir la autonomía de municipios donde ya tienen el control por la vía de la violencia.

Pero como los narcos son criminales, carecen de objetivos sociales y sólo hablan el lenguaje de la violencia, el camino más corto sería el de profundizar la estrategia de seguridad y mantener el objetivo de arrestar, juzgar y sentenciarlos. A menos, claro, que la negociación de una “tregua” y una “paz digna” sea el camino para entregarles el gobierno y el poder a los cárteles de la droga como una forma de aplicar la doctrina Solalinde de pedirles “perdón” a los Zetas, los mismos que causaron la tragedia del Casino Royale, porque “les hemos fallado y (los Zetas) también son víctimas de una sociedad enferma que no supo darles apoyo, que no supo darles valores”.

Además, opino que Javier Sicilia y su movimiento y desde ahora la UNAM el rector José Narro deben pedirle directamente la rendición incondicional a Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada, Heriberto Lazcano El Laza, Servando Gómez La Tuta, Juan José El Azul Esparragoza, Vicente Carrillo Fuentes y exigirles la entrega de su arsenal de armas, para ser juzgados como responsables de la violencia criminal en el tráfico de drogas.

(Diario Político 2012 de Carlos Ramírez en www.grupotransicion.com.mx)




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martes, 30 de agosto de 2011

30-Agosto-2011, Martes.


INDICADOR POLITICO




+ Violencia y estrategia: vacíos

+ Mitos de soluciones mágicas



Carlos Ramírez



En medio de una casi inexistente política de comunicación social y política del gobierno federal en materia de seguridad, los vacíos informativos han sido llenados por iniciativas políticas y sociales que son inviables en el diseño de las estrategias contra el crimen organizado pero que se presentan como la solución.

El punto más sensible de lo que el columnista y profesor de periodismo Manuel Buendía llamaba la no-política de comunicación social gubernamental radica en la inexistencia de una verdadera estrategia de información para difundir y consolidar los mensajes y para contribuir a mecanismos de cohesión social. La sociedad agraviada ha sabido posicionar sus mensajes que ignoran la peligrosidad del crimen organizado y que siempre ha preferido los acuerdos informales con los delincuentes.

Por eso es que incidentes como el incendio en el Casino Royale de Monterrey por negarse a pagar la protección que ofrecían los Zetas y como parte de la lucha de los Zetas contra el cártel de Joaquín El Chapo Guzmán o el tiroteo afuera del estadio de futbol de Torreón tienden a llevar a la sociedad a reacciones de pánico social en el sentido de detener la ofensiva aunque ello beneficie a las bandas criminales.

En este contexto, la estrategia gubernamental tiene tres deficiencias ajenas al objetivo de combatir a las bandas criminales que se han metido en las entrañas de la sociedad:

1.- Una política de comunicación social y política con capacidad de respuesta inmediata que evite el efecto negativo de los incidentes, pero mucho más allá de las declaraciones del vocero Alejandro Poiré. Una política de comunicación, de nuevo en los apuntes de Buendía, implica información, relaciones públicas, publicidad y propaganda.

2.- Un aparato de investigación e inteligencia para evitar que la estrategia se apoye sólo en la presencia del ejército y de la policía federal en las calles. Faltan ministerios públicos federales y policías de investigación, además de un rediseño del Centro de Información y Seguridad Nacional rebasado por la violencia.

3.- Una estructura de organización social que permita ir incorporando a la sociedad a las decisiones, pero más allá de reuniones formales en las que el gobierno aparece a un lado de la mesa y la sociedad del otro y que terminen en intercambios de regalos.

Las deficiencias en la estrategia gubernamental de lucha contra la inseguridad ha permitido la aparición de los magos de las propuestas o del oportunismo de corto plazo. Tres han sido las soluciones mágicas que se han ofrecido: una “paz digna” del movimiento de Sicilia, un pacto nacional anticrimen del rector de la UNAM y una tregua con amnistía del Chachalaco Vicente Fox.

Las tres propuestas, hermanadas por sus objetivos finales, implicarían la derrota del Estado ante la presencia criminal. Si hubieran faltado evidencias de la criminalidad irracional de las bandas de delincuentes, el asesinato de migrantes en Tamaulipas, los asesinatos de jóvenes y mujeres en Ciudad Juárez y el incendio cruel e inhumano en el Casino Royale le dieron una dimensión real al problema de la inseguridad y refrendaron la peligrosidad de las bandas que atacan a la sociedad sin temer a los castigos.

Además, las tres propuestas carecen de realismo: el pacto que pide el rector de la UNAM ahora en funciones de sheriff priísta ya existe en la Constitución y en las funciones y obligaciones de la autoridad pública. Nada de crítica al pasado hay en la propuesta del ex procurador salinista Jorge Carpizo Mac Gregor y del priísta  salinista Narro, como si la inseguridad hubiera nacido el viernes en Monterrey. Además, el pacto, el acuerdo y la tregua que piden significarían, ni más ni menos, el repliegue del Estado y la entrega de las plazas de la soberanía del Estado a las bandas criminales. Paradójicamente la UNAM, los anarquistas católicos de Sicilia y el autismo político de Fox beneficiarían a los capos del crimen organizado con un pacto que disminuyera la ofensiva del gobierno.

Sicilia y Fox tienen la justificación de sus propias pasiones para eludir el debate de fondo. Pero Narro y Carpizo deberían consultar a los expertos del priísta Instituto de Investigaciones Jurídicas para entender las lecciones elementales de la teoría del Estado y saber que al Estado lo define su función exclusiva de seguridad de la sociedad. Y Carpizo y Narro, funcionarios los dos del gobierno salinista, se olvidaron entonces de cualquier crítica aún en casos del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo o la visita de los Arellano Félix al nuncio apostólico, los dos hechos ligados al narcotráfico.

Más que pactar con la sociedad, la UNAM, Sicilia y Fox están pidiendo que el Estado pacte con los narcos, con los criminales. ¿Amnistiaría Fox a los Zetas responsables del asesinato del Casino Royale o a los que asesinan migrantes o a los que balacean a jóvenes? Una amnistía es simplemente el perdón. La “paz digna” de Sicilia representaría el reconocimiento de la victoria de los cárteles. Y el pacto nacional del rector de la UNAM significaría la entrega del país a los criminales. ¿Se le daría a los cárteles el mismo trato que al EZLN de Marcos?

No hay que olvidar que los Zetas que asesinaron a migrantes en Tamaulipas y a ciudadanos en el Casino Royale son las víctimas que ya perdonó el padre Alejandro Solalinde y a las que quiere darle consuelo cristiano Sicilia. Ahora resulta que para la UNAM, Sicilia y Fox los criminales son “luchadores sociales” como los guerrilleros y hay que amnistiarlos y sentarlos a negociar.

Por eso no está por demás una conclusión: “despierta, Hobbes, las élites mexicanas han perdido la razón”.

Además, opino que Javier Sicilia y su movimiento y desde ahora la UNAM el rector José Narro deben pedirle directamente la rendición incondicional a Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada, Heriberto Lazcano El Laza, Servando Gómez La Tuta, Juan José El Azul Esparragoza, Vicente Carrillo Fuentes y exigirles la entrega de su arsenal de armas, para ser juzgados como responsables de la violencia criminal en el tráfico de drogas.

 (Diario Político 2012 de Carlos Ramírez en www.grupotransicion.com.mx)




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lunes, 29 de agosto de 2011

29-Agosto-2011, Lunes.


INDICADOR POLITICO




+ Casino Royale: terror colateral

+ Empeora guerra entre cárteles



Carlos Ramírez



Más que provocar el terror, el atentado criminal en el Casino Royale definió la escalada en la violencia entre las bandas criminales mexicanas como parte ya del crimen internacionalizado en la disputa por el espacio público.

Asimismo, la tragedia volvió a poner en el tapete del debate la disociación entre los objetivos concretos de las fuerzas federales que han lastimado severamente a los cárteles y la incapacidad de la política de seguridad estatal para fijar los espacios concretos de la seguridad pública.

A diferencia de los coches bomba y de los granadazos, el incendio en el Casino Royale no ha dejado entrever, hasta donde se pudo saber, un acto estrictamente terrorista. El terrorismo perfila acciones para provocar intencionadamente miedo con daños a la población civil con intenciones políticas concretas. En el Casino Royale parece ser un caso de venganza, de lucha por territorios, de venta de protección o de guerra entre bandas criminales, no de daño intencionado a la población civil.

El terrorismo es otra cosa: el uso de la violencia criminal con el objetivo central de dañar a la población civil para obligar por el miedo a que la sociedad le exija al gobierno, al Estado y a las autoridades estatales el cese a la guerra contra los cárteles y la entrega de las plazas territoriales a las bandas del crimen organizado.

El terrorismo es una acción sicológica que cuenta con el apoyo, casi siempre reactivo y en ocasiones cómplice formal, de los medios de comunicación al presentar actos terroristas como señales de derrota de las fuerzas de seguridad. Hasta el domingo, los medios de comunicación siguieron multiplicando el pánico social con la repetición de las escenas del atentado y luego el aprovechamiento mediático de las escenas dramáticas de los funerales de las víctimas y su línea de crítica se agotó en el funcionamiento presuntamente irregular de los casinos, pero nadie había hecho el esfuerzo por identificar a la banda criminal y sus verdaderas intenciones. Lo mismo ocurrió con el incidente a las afueras del estado de futbol de Torreón: los medios reprodujeron hasta la saciedad lo de dentro cuando la balacera ocurrió fuera.

Así, el terrorismo se retroalimenta con el apoyo indirecto de los medios y contribuye a multiplicar el pánico social para exigirle al gobierno la legalización de las drogas, la firma de la paz (¿con dignidad y justicia ante la criminalidad antirreligiosa de los delincuentes?) o el fin de la estrategia de combate contra los cárteles de delincuentes. Es decir, la rendición del Estado ante el crimen organizado. Casi como imagen previsible: que el presidente de la república le entregue el espadín de mando a Joaquín El Chapo Guzmán y a Heriberto Lazcano El Lazca. ¿De verdad esto se quiere?

El terrorismo busca doblegar, atacar por el flanco débil de la sociedad que siempre paga las facturas más costosas, provocar el miedo para hacerla cómplice de las bandas criminales. Por eso es extraño --aunque nada debe extrañar-- que los medios hayan enfocado su crítica al Estado y a las autoridades y nada hayan publicado en contra del acto criminal de los delincuentes.

Ahí, en la sociedad, en los medios, en el pánico social, ahí puede decirse que los delincuentes van ganando la batalla contra el crimen organizado. A nadie extraña, por ejemplo, que la revista Forbes le haya dado a El Chapo Guzmán su condición de respetable empresario en la lista top de los más ricos del mundo y que luego, la semana pasada, esa publicación haya sugerido el pacto del gobierno mexicano con los cárteles de la droga. Forbes, sobra decirlo, se mueve en el espacio del endiosamiento del dinero y del poder, no de los intereses de las sociedades. Por ello la revista Forbes aparece como la madrina de El Chapo en su introducción a los altos niveles de la riqueza mundial.

La tragedia parece ocultar algunas responsabilidades. No sólo la de las autoridades federales y estatales en el funcionamiento irregular de casas de apuestas con disfraces múltiples, sino la falta de participación de la sociedad en la definición, supervisión y operación de las políticas estatales de seguridad. Y la mezquindad de las fuerzas políticas que se hicieron a un lado en el caso Casino Royale como una forma de dejar al gobierno federal en el centro de la crítica social. Sólo el senador priísta Manlio Fabio Beltrones, ayer domingo, sacó una declaración de unidad y de convocatoria a las fuerzas políticas a aprobar las reformas pendientes. Los delincuentes deben estar de plácemes ante una sociedad como la mexicana.

El acto criminal de vandalismo se convirtió en un acto de terror por el pánico social multiplicado por la oposición, la crítica en los medios y --de muchas maneras-- el aprovechamiento de la tragedia para subir ratings y ventas. En los Estados Unidos, España e Inglaterra, que han sido víctimas del verdadero terrorismo de radicales religiosos musulmanes, la reacción social fue de apoyo a las autoridades legales y legítimas, y eso que los actos terroristas en esos países fueron acreditados a venganzas por la presencia de fuerzas militares en Irán y Afganistán.

El agudizamiento de la violencia criminal, hasta ahora, no ha sido contra la sociedad civil. La tragedia del Casino Royale responde a enfrentamientos entre bandas en territorios civiles. De ahí que las fuerzas de seguridad del gobierno federal estén obligadas a profundizar sus acciones para identificar a los criminales, atraparlos, juzgarlos y refundirlos en la cárcel, a menos que el consuelo cristiano de los apósteles de la paz --¿digna?-- sigan asumiendo a los delincuentes como víctimas del ogro del poder político y de gobierno.

Además, opino que Javier Sicilia y su movimiento deben pedirle directamente la rendición incondicional a Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada, Heriberto Lazcano El Laza, Servando Gómez La Tuta, Juan José El Azul Esparragosa, Vicente Carrillo Fuentes y exigirles la entrega de su arsenal de armas, para ser juzgados como responsables de la violencia criminal en el tráfico de drogas

lunes, 22 de agosto de 2011

22. Agosto-2011, Lunes.


INDICADOR POLÍTICO se encuentra de vacaciones una semana. Reanudamos el próximo lunes 29 de agosto.

viernes, 19 de agosto de 2011

19-Agosto-2011, Viernes.


INDICADOR POLITICO




+ Oaxaca: rebatinga del poder

+ Fracaso político de alianzas



Carlos Ramírez



Si la alianza PAN-PRD-Convergencia en Oaxaca iba a abrir nuevas formas democráticas de hacer política, resulta que hace política muy al estilo PRI… y del peor priísmo.

El gobernador aliancista Gabino Cué Monteagudo impuso a su operador electoral de campaña Alberto Alonso Criollo como presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y por tanto las elecciones estatales se van a manejar desde el palacio de gobierno estatal.

Luego pactó en lo oscurito con las bancadas locales para imponer por dedazo a su secretario de Desarrollo Social, Carlos Altamirano Toledo, oficial mayor de la presidencia de Ernesto Zedillo, como presidente de la Auditoría superior del Estado, organismo encargado de vigilar el ejercicio del gasto público. De nueva cuenta el gobernador aliancista, el de la nueva ética política y de poder, incumplió con su compromiso de permitir la democracia del poder.

Y ahora, con la autorización política del gobernador aliancista, el PAN propuso una iniciativa para reformas el segundo párrafo del artículo 75 constitucional para permitir que gobernadores interinos puedan ser de nueva cuenta gobernadores. Se trata de una reforma con nombre y apellido: que el actual secretario general de gobierno, gobernador interino en 1985, pueda ser desde ahora el delfín del gobernador Cué en las elecciones de gobernador de 2016.

Con menos de nueve meses en el poder y el gobernador Cué ya gobierna exactamente igual que los priístas, sin  olvidar, claro, que su formación política, ética, moral y burocrática se hizo en el PRI y que se salió del PRI cuando lo relegaron en el reparto de candidaturas estatales. Pero al promoverse como candidato de la coalición PAN-PRD-Convergencia, su principal compromiso fue cambiar los estilos priístas del PRI.

Pero ahí se localiza su principal incumplimiento ético: al controlar el Instituto Estatal Electoral, el gobernador Cué regresa el sistema electoral a los peores años del priísmo cuando desde el Palacio de Gobierno se organizaban elecciones para imponer al candidato del titular del ejecutivo estatal. A lo largo de su campaña, Cué criticó duramente a los priístas que manejaban el Instituto Electoral a su antojo.

Cuando el gobernador Ulises Ruiz Ortiz designó como titular de la Auditoría Superior del Estado a su ex procuradora, los aliancistas gritaron improperios porque el gobierno estatal iba a auditarse a sí mismo con una funcionaria dependiente directamente del ejecutivo estatal. Cué acaba de demostrar que puede ser igual a Ruiz Ortiz al imponer a uno de sus principales operadores de gabinete, priísta en los tiempos de Zedillo y miembro del clan de Diódoro Carrasco, quien fue secretario de Gobernación de Zedillo en el 2000 y contribuyó a la derrota presidencial del PRI. El gobernador Cué se va a auditar a sí mismo con un incondicional en la ASE.

Y ahora se sabe que el ascenso de Jesús Martínez Alvarez a la secretaría general de gobierno estuvo condicionada a permitirle competir por el gobierno estatal en el 2016 con una modificación constitucional a modo, con nombre y apellido y con un personaje político que desde 1977 se ha convertido en un obstáculo para la circulación de las élites estatales. Martínez Alvarez, junto con el actual senador convergente y dueño del periódico Noticias, Ericel Gómez Nucamendi, fueron los dos pivotes del Grupo Oaxaca del abogado Enrique Pacheco que creó la regla del reparto del poder entre todas las familias priístas para evitar otra crisis como la de 1977 que derribó al gobernador priísta Manuel Zárate Aquino.

Pero resulta que Martínez Alvarez se salió del PRI cuando le negaron la reforma constitucional para volver a ser gobernador, se apoderó de la delegación de Convergencia en Oaxaca y la convirtió en una cueva de ex priístas resentidos. Ahí rescató a Cué, lo hizo presidente municipal y lo ayudó a la alianza que ganó las elecciones de gobernador el año pasado. Ahora acaba de pasar su factura porque es el único ex gobernador interino vivo y en activo político. Lo grave radica en el hecho de permitir reformas constitucionales a modo para perpetuar, como antes lo hacían los priístas y se lo criticaban, a un solo grupo en el poder, sino que el gobierno de Cué no ha cumplido aún nueve meses y ya está definiendo a su sucesor y entregándole el poder por adelantado.

Y a ello se agrega el hecho de que con la reforma se va a tensar más la política oaxaqueña --de suyo enredada como el quesillo-- porque el secretario de gobierno fue designado no para atender la crisis agravada de Oaxaca y una situación peor que la que heredó el saliente Ulises Ruiz Ortiz sino para utilizar impunemente --al viejo estilo priísta-- al gobierno del estado para consolidar su candidatura.

De ahí que el gobernador aliancista Cué --tan elogiado en medios por representar la transición a la democracia-- ha comenzado a construir un modelo de gobierno priísta sin el PRI sino para servir a una élite local ex priísta que ya se ha repartido el poder: el ex gobernador Diódoro Carrasco controla los dineros y los negocios y ahora el secretario de gobierno Martínez Alvarez --como ya lo dijo-- es la única instancia política con decisión. Así, el gobernador Cué se la pasa en giras sin sentido, en visitas sociales y en twitter alabándose a sí mismo, mientras Oaxaca se hunde en el desempleo, la crisis social, el control callejero de la APPO, la 22 de maestros y el PRD y la violencia política está peor que en los tiempos de Ulises Ruiz y José Murat.

El tema Oaxaca no es local sino que es sometido a observación nacional por la derrota del PRI que quiso venderse como transición a la democracia. Pero los modos priístas oaxaqueños siguen vigentes y la alianza ha demostrado una transición… hacia atrás. El PRI fue echado del gobierno estatal pero se quedaron los (ex) priístas y los modos priístas.

 (Por vacaciones de verano, Indicador Político se tomará una semana de descanso. Nos volvemos a leer aquí el lunes 29 de agosto.)

(Diario Político 2012 de Carlos Ramírez en www.grupotransicion.com.mx)




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miércoles, 17 de agosto de 2011

17-Agosto-2011, Miércoles.


INDICADOR POLITICO




+ Seguridad nacional, ¿quién?

+ México: Estado o cantón suizo



Carlos Ramírez



Aprendamos a dialogar sin

sabotear: Alejandro Martí



1.- La reanudación de la discusión sobre la ley de seguridad nacional en el congreso tendrá que decidir el dilema original: la soberanía nacional interna y externa se debe basar en los derechos humanos o en una decisión de autoridad para imponer la hegemonía del Estado sobre grupos violentos.

2.- La ley de seguridad nacional es una necesidad de la soberanía nacional y el dominio del Estado sobre grupos armados que disputan dominio territorial sobre la soberanía de la nación. Los partidos deben de proteger los derechos humanos, pero sería un gravísimo error estratégico para la soberanía del Estado poner a los derechos humanos sobre la autoridad del Estado.

3.- El monopolio de la fuerza y de la represión que caracteriza la conformación del Estado no debe ser, eso sí, una licencia de impunidad para las fuerzas de seguridad. Pero la exigencia de Sicilia, sus asesores en derechos humanos y los sacerdotes de la iglesia católica que no reconocen la autoridad del Estado implicaría dejar al Estado sin la fuerza para proteger la soberanía de la república.

4.- El debilitamiento del Estado y de las fuerzas de seguridad acotadas ha propiciado, por ejemplo, que actualmente el gobierno de los Estados Unidos en su fase de Estado de Seguridad Nacional acosen la soberanía del Estado mexicano y basen su intento de meterse en la defensa de la seguridad nacional propia con el argumento de que el Estado mexicano carece de la fuerza y legitimidad social necesaria para defender la soberanía. El Estado de Seguridad Nacional de los EU no tiene los controles que una parte de la sociedad quiere ponerle al Estado mexicano en materia de seguridad nacional.

5.- La seguridad nacional es sinónimo de autoridad. Por eso en las doctrinas de la teoría del Estado moderno no existen los conceptos de seguridad ciudadana o seguridad humana. Estas variantes de la seguridad están relacionadas con el bienestar y el desarrollo y éste sólo puede ser consecuencia de la defensa de los intereses nacionales puestos en peligro por el expansionismo geopolítico de las potencias, el terrorismo trasnacional y el crimen organizado articulado al tráfico internacional de drogas y su correlativo manejo financiero mundial de recursos de la droga.

6.- La seguridad ciudadana y la seguridad humana no pueden existir si antes no existe una soberanía garantizada por la acción  de las fuerzas de seguridad y por un eficaz modelo de desarrollo y distribución de la riqueza. El bienestar social contribuye al reforzamiento de la soberanía pero no puede definirla. La seguridad ciudadana y la seguridad humana son parte de la seguridad nacional pero no pueden definir su característica.

7.- El Estado cuenta con dos instrumentos para el bienestar: el modelo de desarrollo y la seguridad nacional del Estado. Se olvida que desde los tiempos de la guerra del Peloponeso (431-404 a. C), casi dos y medio milenios, el sistema democrático se defendía por la fuerza. En uno de sus discursos memorables de esa guerra, registrado por Tucídides, el gran Pericles señalaba a las viudas de los soldados que había que defender con la guerra --cruel y con muertos-- el sistema democrático de los griegos.

8.- En la medida en que involucra decisiones de poder y la vida humana, la seguridad nacional no puede ser definida por la sociedad. Por eso los Estados han creado fuerzas armadas adoctrinadas en el uso de la fuerza y le han dotado de mecanismos de defensa como el fuero militar, La intención de Sicilia, sus defensores de derechos humanos y los sacerdotes que no reconocen la autoridad del Estado porque dependen el Papa como Príncipe extranjero es la de priorizar los derechos humanos pero dejando a las fuerzas de seguridad sin el instrumento de defensa del fuero militar.

10.- La decisión de la Corte Suprema de México de pasar a tribunales civiles casos de violencia de militares en labores de seguridad nacional por combatir a cárteles transnacionales con armamento superior al de las fuerzas policiacas y capacidad de corrupción que se conoce mayor día a día debilitó la capacidad de ejercicio de la fuerza y de la represión de las fuerzas armadas; ahora cualquier delincuente puede alegar violación derechos humanos --y puede ser cualquier cosa, hasta un empujón-- para llevar a tribunales civiles a militares.

11.- El problema grave radica en el hecho de que las fuerzas de seguridad civiles no pueden combatir el poder de fuerza, violencia y de corrupción de los cárteles del crimen organizado y por ello el ejército se vio obligado a cubrir esa deficiencia; pero en lugar de obtener garantías con un marco jurídico adecuado a la nueva realidad, grupos de la sociedad quieren paralizar a las fuerzas armadas con una ley de seguridad nacional que beneficia objetivamente a los delincuentes.

12.- De ahí que el debate de la ley de seguridad nacional tenga que ver con la redefinición del Estado: o un aparato de poder controlado pero con garantías para defender la soberanía externa e interna o un cantón suizo donde los ciudadanos anden por las praderas con el larali larala mientras los cárteles internacionalizados usan la violencia no acotada y se apoderan de territorio y el Estado de Seguridad Nacional de los Estados Unidos avanza en su penetración en México porque las fuerzas armadas están atadas de manos. La seguridad nacional de la república debe garantizar la seguridad ciudadana y humana pero no subordinarse. Esto es precisamente lo que se debate en la ley de seguridad nacional: México como un Estado o como un cantón suizo.

Además, opino que Javier Sicilia y su movimiento deben exigir directamente la rendición incondicional a Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada, Heriberto Lazcano El Laza, Servando Gómez La Tuta, Juan José El Azul Esparragoza, Vicente Carrillo Fuentes y demandar la entrega de su arsenal de armas, para ser juzgados como responsables de la violencia criminal en el tráfico de drogas.

(Diario Político 2012 de Carlos Ramírez en www.grupotransicion.com.mx)




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martes, 16 de agosto de 2011

16-Agosto-2011, Martes.


INDICADOR POLITICO




+ PAN-2012: ¿Fox-Calderón 2006?

+ Creel regresa pareja presidencial



Carlos Ramírez



Al sentirse rebasado en la competencia por la candidatura presidencial, el senador Santiago Creel Miranda dio un paso estratégico que le costará votos al PAN: acudió a la protección del ex presidente Vicente Fox y de su operadora Martha Sahagún y volvió a meter a la pareja presidencial en la lucha por el poder.

Ni tardo ni perezoso, Fox ya se apropió del micrófono. Y resulta paradójico que el presidente Calderón ha sido cuidadoso en no dar evidencias concretas de sus preferencias permitiendo el juego abierto, en tanto que Fox ya comenzó a meter el dedo ex presidencial en el PAN para beneficiar a Creel pero sobre todo para vengarse del Calderón que en el 2005 le anuló el dedazo a favor de Creel en la disputa entonces por la candidatura.

Ahora Fox regresa a dar lecciones de política y por tanto a revivir sus patéticos estilos rancheros y --López Obrador dixit-- chachalaqueros pero bajo el criterio también priísta de que si Creel no es el candidato entonces que nadie gane y que regrese el PRI a la presidencia que el propio Fox le quitó nominalmente a los priístas aunque cogobernó con ellos en Los Pinos a cambio de no realizar las reformas de una auténtica transición-instauración de la democracia en una traición al voto útil de ciudadanos que querían no sólo fuera al PRI de la presidencia sino la fundación de un nuevo sistema-régimen político.

Y se trata del Fox que ya había anunciado con bombo y platillo el regreso del PRI a Los Pinos después de un encuentro personal en Guanajuato con el gobernador Enrique Peña Nieto, principal precandidato del PRI a la presidencia de la república. Por tanto, la estrategia del PRI de Peña Nieto pasó ya por algún tipo de entendimiento con Fox y su precandidato Creel Miranda. Al final de cuentas, el no-panismo de Fox --el PAN fue sólo la franquicia en el 2000-- le cae como anillo al dedo de Peña Nieto y al PRI para impulsar desde fuera a un candidato sin horizonte político que fue el corresponsable en la Secretaría foxista de Gobernación de la pasividad en la construcción democrática y en la dinámica de los conflictos sociales que tanto dañaron la primera presidencia panista.

Creel abrió las compuertas del foxismo verborreico y su neurosis del micrófono que le ayudará perfectamente al PRI en la lucha presidencial porque no hay mejor aliado que una inconciencia activa --por no decir alguna otra cosa-- dando lecciones de quién deberá ser el candidato presidencial del PAN.

Más que Creel, la apuesta de Fox es la del regreso del PRI a Los Pinos. Por eso sus elogios desmedidos a Peña Nieto: “hay una nueva generación de priístas cuyos miembros crecieron en un ambiente democrático”, dijo y afirmó que el gobernador mexiquense es miembro de esa generación. Al acudir al territorio guanajuatense de Fox, Creel no hizo más que aumentar el valor político de los elogios de Fox a Peña Nieto y al PRI.

Fox carece de enfoque estratégico y político y sólo recicla sus resentimientos. Uno de ellos recae en el presidente Calderón, a quien le ha reclamado su falta de acercamiento, su aislamiento y su negativa a aprovechar la experiencia de la pareja presidencial en el poder. O sea, en lenguaje ranchero, Fox está enojado porque no lo pelan. Pero Fox no quiere entender que hoy en día es un pasivo para el PAN, un lastre, un político que hace perder votos al panismo.

En todo caso, Fox ya ha demostrado que sólo le interesa el poder político y que no ha podido ocultar el gnomo priísta que siempre ha llevado dentro. En 1997, como gobernador de Guanajuato ya enfilado hacia la candidatura presidencial, se reunió con el ex presidente Luis Echeverría para pedirle consejos. En noviembre del año pasado recibió al precandidato priísta Peña Nieto en el rancho de San Cristóbal, sin entender --era mucho pedir-- el juego político priísta del gobernador mexiquense al utilizar la ingenuidad de Fox no sólo para su posicionamiento mediático sino para darle a Fox la condición de caballo de Troya del priísmo en el PAN.

Las primeras declaraciones de Fox luego de su bendición --¿beso del Diablo?-- a Creel como su precandidato presidencial panista se localizan en el escenario del juego priísta troyano y en el espacio chachalaquero de apostarle a sus intereses políticos que ya no pasan por el PAN. Por eso es que Fox cambió su desdén anterior de que el PRI iba a ganar la presidencia a abrir un pequeño resquicio a favor del PAN pero con la condición de que el candidato sea Creel y no alguno que cuente con el apoyo del presidente Calderón.

La apuesta de Creel Miranda fue poco política porque debió de haber previsto los efectos contrarios: Calderón ha dejado la competencia por la candidatura presidencial sin una decisión y con juego para los aspirantes, inclusive para el propio Creel. De ahí que Creel pudo haber cometido un grave error político de meter a Fox como expresidente en un proceso político panista que había logrado que el presidente de la república no acudiera al viejo método priísta del dedazo autoritario.

Un Fox chachalaquero, desbordado, tonto útil --Marx y Lenin dixit-- del PRI, cargado de rencor con Calderón, el propio Fox autodenominado como Presidente porque en los EU no existe el “ex”, con ganas de regresar de nuevo como pareja presidencial --como le dijo Fox al actor Adalberto Martínez Resortes Resortín de la Resortera en un encuentro de alto nivel en Los Pinos en marzo del 2003 al hablar de la presidencia Fox-Marta--, en fin, un Fox reciclado regresaría al poder con Creel Miranda en el 2012 y sálvese el que pueda.

En lo que pudiera ser un acto desesperado por el crecimiento de los demás precandidatos panistas, Creel Miranda se aferró al clavo ardiendo de Fox y lo metió a la disputa por la candidatura presidencial panista y luego por la presidencia de la república para el 2012. Y en el PAN ya no saben ahora cómo podrán callar a la Chachalaca campirana con sus declaraciones que revelan su propio juego y no el del PAN.

Por lo pronto y gracias a Creel, Fox ya se siente el dedo de oro --Guillermo Sheridan dixit-- que va a decidir la candidatura presidencial panista para el 2012.

(Diario Político 2012 de Carlos Ramírez en www.grupotransicion.com.mx)




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lunes, 15 de agosto de 2011

15-Agosto-2011, Lunes.


INDICADOR POLITICO




+ Stratfor, avanzada de los EU

+ Más prejuicios estadunidenses



Carlos Ramírez



La crisis de seguridad en México ha sacudido los enfoques geoestratégicos de dominación de la seguridad nacional de los Estados Unidos. De ahí que haya sido puesta en marcha una operación de inteligencia para mostrar que México se encuentra rebasado por las bandas criminales, que el crimen organizado ya se asentó dentro del territorio estadunidense y que México no es capaz de defenderse con sus propias armas.

La comunidad de los servicios de inteligencia y seguridad nacional de los EU ha comenzado a filtrar información sobre la consolidación de la violencia algunos cárteles y sobre la colaboración estadunidense con los servicios mexicanos de seguridad pública y seguridad nacional, algo que siempre ha existido pero con acotamientos que los EU siempre han querido minar. La tesis es obvia: sólo los EU pueden “salvar” a México.

El The New York Times y la agencia de observación Stratfor-Global Intelligence forman parte de este operativo estadunidense para meterse en las estructuras de defensa y seguridad de México. Análisis y filtraciones de fuentes oficiales del gobierno estadunidense forman parte del mecanismo de ablandamiento de México y se centran en dos objetivos: darle a los cárteles el nivel de insurgencia y revelar la participación estadunidense en ciertas investigaciones.

Stratfor fue la que inició, en mayo del 2010, la caracterización de México como Estado fallido pero no en función de las condiciones reales de un Estado fallido sino a partir de la percepción del Estado dominado internamente por las bandas criminales, algo ciertamente que hasta ahora no se ha llegado; al contrario, el Estado lanzó una vasta ofensiva de seguridad que ha diezmado a los cárteles en sus dirigencias, alianzas y dominios territoriales. Sin embargo, sectores opositores nacionales asumen los enfoques estadunidenses como propios sin la más mínima intención de confirmación.

En el fondo, Stratfor y The New York Times forman parte de la estrategia de la diplomacia de seguridad nacional de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos para debilitar el consenso interno mexicano en torno a la estrategia de ofensiva contra los cárteles del crimen organizado. Una conjunción de informaciones multiplicada acríticamente en medios mexicanos ha sido utilizada por los EU para aumentar su presencia, paradójicamente con la complicidad pasiva de quienes en México reproducen las versiones de los EU casi como verdades divinas:

--El artículo --con deficiencias de análisis estratégico-- de Stratfor de mayo de 2012 declarando a México como Estado fallido.

--La declaración en septiembre de 2010 de la secretaria norteamericana de Estado, Hillary Clinton, de que los cárteles “son una forma de contrainsurgencia”, aunque luego desmentida por la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano.

--La declaración, en febrero de 2011, del subsecretario del ejército de los EU, Joseph W. Westphal, de que los cárteles mexicanos eran una forma de “contrainsurgencia”.

--El febrero de 2011 Janet Napolitano habló de una “posible alianza narcos-Al Qaeda”, como una forma de mandar el mensaje de que por el terrorismo Washington iba a intervenir en México.

--El 11 de febrero Stratfor desmintió la declaración mexicana de que el 90% de las armas del narco mexicano llevaban desde los EU, con la clara intención de proteger el tráfico de armas de los EU a México; meses después se conocería la operación Rápido y Furioso con armas que llegaron al Chapo Guzmán. Detrás del tráfico de armas se encuentran los organismos conservadores, como la Asociación Nacional del Rifle, que luchan por la venta libre de armas. Por tanto, ahí se revelaron parte de la red de interese de Stratfor.

--En marzo de 2011 Stratford volvió a la carga y denunció que el cargamento de armas encontradas en un tráiler incinerado en Nuevo Laredo “pudo haber sido” contrabandeada por militares. El objetivo fue desprestigiar a los militares que se han resistido a entregarle los espacios de seguridad al ejército de los EU. Pero en su estilo especulativo, Stratfor no presentó pruebas, además de que desconocía el estricto control de armas decomisadas que tiene el sistema de seguridad pública mexicano. De todos modos la insinuación fue comprada por medios mexicanos.

--En agosto de 2011 Stratfor aseguró que “México perdió el control de la frontera norte”, justo cuando se dieron las severas presiones estadunidenses para profundizar la intervención estadunidense en México. La denuncia de Stratfor acusó a autoridades fronterizas del lado mexicano, pero sin reconocer que drogas, personas y contrabando ingresa a los EU por la corrupción del servicio de aduanas. De nueva cuenta Stratford sólo hizo el enunciado pero sin presentar pruebas.

--Y hace unos días Stratford “insinuó” que la operación Lince Norte que instrumento la IV región militar de la Secretaría de la Defensa Nacional había sido producto de la intervención de los EU. Sin embargo, en Lince Norte participaron cuatro mil  militares, 722 vehículos y 23 aeronaves, bajo el mando directo del general de división Noé Sandoval Alcázar, jefe de la región. Se trató de un duro golpe contra los Zetas, aunque Stratfor quiso endosárselo a los EU. Por cierto, la “revelación” de Stratford tuvo más espacio en medios que el desmentido contundente de la Sedena.

En el fondo, Stratfor forma parte de la estrategia de la comunidad de los servicios de inteligencia y seguridad nacional de los EU para minar al ejército mexicano, regatearle sus éxitos y facilitar las presiones oficiales para meter al ejército de los EU en operaciones directas en México, algo que la Sedena ha rechazado. Pero precisamente la oposición del ejército mexicano a las intenciones de los EU de ser operativos en México es la que ha desatado la ofensiva de los EU para vender la idea de que México es incapaz de defenderse solo y que por eso los EU tienen que entrar al rescate.

(Diario Político 2012 de Carlos Ramírez en www.grupotransicion.com.mx)




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viernes, 12 de agosto de 2011

12-Agosto-2011, Viernes.


INDICADOR POLITICO




+ Grave intermediación farmacéutica

+ Distribuidores sacan a laboratorios



Carlos Ramírez



Si el seguro popular desprivatizó alrededor del 30% del mercado de medicinas al pasar a los agremiados a cobertura pública, la industria farmacéutica derivó en una reorganización que prohijó la estructura de dominio del mercado por los distribuidores, colocados justo en medio de laboratorios productores y usuarios institucionales o privados.

De acuerdo con una indagación de un grupo de especialistas, ocho empresas distribuidoras controlan alrededor del 90% del mercado de las medicinas, constituyen no nada más un oligopolio sino un cártel en términos económicos --la unión de unos pocos para controlar el mercado y desplazar a otros competidores--, cuyo dominio del 70% o más del mercado permite utilidades anuales de 120 mil millones al año.

El cártel de distribuidores de medicinas está formado por empresas fuertes: Casa Saba, Maypo de los hermanos Jesús y Carlos Arenas, Nadro de la familia Escandón, El Fénix de la familia González Torres, Fármacos ERspecializados y Selecciones Médicas de la familia Pérez Fayad, Ralca de los hermanos Alberto y Sergio Ramírez, Disur de los hermanos Víctor, Jesús y Armando Sánchez Anaya y Lomedic de Carlos Lomelí Baños.

El seguro popular le quitó alrededor de 40 millones de personas a las empresas privadas de salud pública, por lo que el negocio se trasladó a la intermediación. En las licitaciones de medicinas por parte de instituciones medias o no centrales de salud participan los intermediarios y con ello aumentan los precios. El problema se ha trasladado a algunas instancias intermedias prestadores de servicios de salud porque quedan atrapados en la red del control del mercado de abasto y de precios de los intermediarios. Inclusive, algunos intermediarios han contratado a políticos para algunas gestiones institucionales.

Los laboratorios productores de medicinas carecen de sistemas de logística para la promoción, mercadeo y reparto y carecen de experiencia para sumirse en el sistema de adquisiciones de las oficinas públicas. Pero al utilizar a los distribuidores permiten el encarecimiento de los productos porque los costos se transforman en sobreprecio.

Si antes la mayoría de los mexicanos utilizaba la medicina privada por las limitaciones en la cobertura de la seguridad social pública, el seguro popular facilitó el acceso a medicinas vía instituciones oficiales. Por ello el negocio se traslado a la comercialización de medicinas en el sector público. Lo malo es que muchas dependencias medias han sido vencidas por el poder del cártel de los distribuidores y las licitaciones no permiten un libre juego de las centenas de empresas farmacéuticas y el dominio de los concursos ha estado en poder de los distribuidores.

El problema se extiende a un tráfico internacional de medicinas porque han descubierto lotes de medinas para utilización en México pero en puntos de venta en Centro y Sudamérica. Muchas de las fugas se han detectado en los sistemas estatales de salud, donde los controles suelen ser menos drásticos o hasta inexistentes. En los estados existe el esquema de compra conocido como “servicio integral” o “consolidación de proveedor”, en donde bajo el pretexto de tratar con un solo proveedor se licitan entre distribuidores todas las claves de medicamentes y material de curación, así como el manejo y la administración de farmacias de los hospitales de control estatal. Así, un solo distribuido puede tener la licitación de todo el paquete de medicinas, desde una aspirina hasta la más especializada. Este modelo ha encarecido los precios finales entre 25% y 35%, de acuerdo con investigaciones de pequeños productores.

Las autoridades federales ya han detectado este manejo parcial del mercado y han comenzado a integrar investigaciones especiales.

Una denuncia va a ser presentada en el corto plazo: la licitación LA-018T41026T8-2011 de Petróleos Mexicanos estaría precisamente en este esquema de intermediación artificial. La licitación la ganó la empresa Maypo pero en un proceso en el que se abrieron al mismo tiempo las ofertas económicas que las técnicas, lo que es una práctica inusual en las licitaciones porque primero tienen que revisarse las características técnicas. Con el mismo mecanismo Maypo también se llevó contratos por más de 650 millones de pesos en una licitación del ISSSTE el año pasado.

En la licitación de Pemex hubo participación de varias empresas no grandes para un contrato sobre sistemas logísticos, de almacenamiento y de distribución. El contrato lo ganó la empresa Maypo pero a partir de su mecanismo de dominio del mercado por oligopolio y por ofrecer precios competitivos a la baja, en una aplicación interna de dumping, también conocido como mecanismo de precios predatorios porque ofrece precios bajos pero no por negocio sino para sacar del mercado a otras empresas sin capacidad para una competencia agresiva.

Lo malo es que en el caso de la licitación en Pemex radica en el hecho de que Maypo podría convertirse en juez y parte porque sus precios en el manejo del almacenamiento y la distribución va a favorecer a las empresas distribuidoras del cártel de la intermediación de la industria farmacéutica. El mecanismo de licitación se basó solamente en el precio y no es la percepción más integral y de diversificación de las labores de salud dentro de la paraestatal; al final, las licitaciones no tienden a resolver las especulaciones que derivan en desabasto sólo para aumentar precios de suministro vía intermediarios.

En el fondo, el daño social provocado por el cártel de distribuidores de la industria farmacéutica afecta las finanzas de las instituciones compradoras de materiales en forma masiva y también al derechohabiente por el desabasto como especulación de mercado. La salud sigue siendo un negocio muy jugoso.

(Diario Político 2012 de Carlos Ramírez en www.grupotransicion.com.mx)




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