INDICADOR POLITICO
+ Oaxaca: rebatinga del poder
+ Fracaso político de alianzas
Carlos Ramírez
Si la alianza PAN-PRD-Convergencia en Oaxaca iba a abrir nuevas formas democráticas de hacer política, resulta que hace política muy al estilo PRI… y del peor priísmo.
El gobernador aliancista Gabino Cué Monteagudo impuso a su operador electoral de campaña Alberto Alonso Criollo como presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y por tanto las elecciones estatales se van a manejar desde el palacio de gobierno estatal.
Luego pactó en lo oscurito con las bancadas locales para imponer por dedazo a su secretario de Desarrollo Social, Carlos Altamirano Toledo, oficial mayor de la presidencia de Ernesto Zedillo, como presidente de la Auditoría superior del Estado, organismo encargado de vigilar el ejercicio del gasto público. De nueva cuenta el gobernador aliancista, el de la nueva ética política y de poder, incumplió con su compromiso de permitir la democracia del poder.
Y ahora, con la autorización política del gobernador aliancista, el PAN propuso una iniciativa para reformas el segundo párrafo del artículo 75 constitucional para permitir que gobernadores interinos puedan ser de nueva cuenta gobernadores. Se trata de una reforma con nombre y apellido: que el actual secretario general de gobierno, gobernador interino en 1985, pueda ser desde ahora el delfín del gobernador Cué en las elecciones de gobernador de 2016.
Con menos de nueve meses en el poder y el gobernador Cué ya gobierna exactamente igual que los priístas, sin olvidar, claro, que su formación política, ética, moral y burocrática se hizo en el PRI y que se salió del PRI cuando lo relegaron en el reparto de candidaturas estatales. Pero al promoverse como candidato de la coalición PAN-PRD-Convergencia, su principal compromiso fue cambiar los estilos priístas del PRI.
Pero ahí se localiza su principal incumplimiento ético: al controlar el Instituto Estatal Electoral, el gobernador Cué regresa el sistema electoral a los peores años del priísmo cuando desde el Palacio de Gobierno se organizaban elecciones para imponer al candidato del titular del ejecutivo estatal. A lo largo de su campaña, Cué criticó duramente a los priístas que manejaban el Instituto Electoral a su antojo.
Cuando el gobernador Ulises Ruiz Ortiz designó como titular de la Auditoría Superior del Estado a su ex procuradora, los aliancistas gritaron improperios porque el gobierno estatal iba a auditarse a sí mismo con una funcionaria dependiente directamente del ejecutivo estatal. Cué acaba de demostrar que puede ser igual a Ruiz Ortiz al imponer a uno de sus principales operadores de gabinete, priísta en los tiempos de Zedillo y miembro del clan de Diódoro Carrasco, quien fue secretario de Gobernación de Zedillo en el 2000 y contribuyó a la derrota presidencial del PRI. El gobernador Cué se va a auditar a sí mismo con un incondicional en la ASE.
Y ahora se sabe que el ascenso de Jesús Martínez Alvarez a la secretaría general de gobierno estuvo condicionada a permitirle competir por el gobierno estatal en el 2016 con una modificación constitucional a modo, con nombre y apellido y con un personaje político que desde 1977 se ha convertido en un obstáculo para la circulación de las élites estatales. Martínez Alvarez, junto con el actual senador convergente y dueño del periódico Noticias, Ericel Gómez Nucamendi, fueron los dos pivotes del Grupo Oaxaca del abogado Enrique Pacheco que creó la regla del reparto del poder entre todas las familias priístas para evitar otra crisis como la de 1977 que derribó al gobernador priísta Manuel Zárate Aquino.
Pero resulta que Martínez Alvarez se salió del PRI cuando le negaron la reforma constitucional para volver a ser gobernador, se apoderó de la delegación de Convergencia en Oaxaca y la convirtió en una cueva de ex priístas resentidos. Ahí rescató a Cué, lo hizo presidente municipal y lo ayudó a la alianza que ganó las elecciones de gobernador el año pasado. Ahora acaba de pasar su factura porque es el único ex gobernador interino vivo y en activo político. Lo grave radica en el hecho de permitir reformas constitucionales a modo para perpetuar, como antes lo hacían los priístas y se lo criticaban, a un solo grupo en el poder, sino que el gobierno de Cué no ha cumplido aún nueve meses y ya está definiendo a su sucesor y entregándole el poder por adelantado.
Y a ello se agrega el hecho de que con la reforma se va a tensar más la política oaxaqueña --de suyo enredada como el quesillo-- porque el secretario de gobierno fue designado no para atender la crisis agravada de Oaxaca y una situación peor que la que heredó el saliente Ulises Ruiz Ortiz sino para utilizar impunemente --al viejo estilo priísta-- al gobierno del estado para consolidar su candidatura.
De ahí que el gobernador aliancista Cué --tan elogiado en medios por representar la transición a la democracia-- ha comenzado a construir un modelo de gobierno priísta sin el PRI sino para servir a una élite local ex priísta que ya se ha repartido el poder: el ex gobernador Diódoro Carrasco controla los dineros y los negocios y ahora el secretario de gobierno Martínez Alvarez --como ya lo dijo-- es la única instancia política con decisión. Así, el gobernador Cué se la pasa en giras sin sentido, en visitas sociales y en twitter alabándose a sí mismo, mientras Oaxaca se hunde en el desempleo, la crisis social, el control callejero de la APPO, la 22 de maestros y el PRD y la violencia política está peor que en los tiempos de Ulises Ruiz y José Murat.
El tema Oaxaca no es local sino que es sometido a observación nacional por la derrota del PRI que quiso venderse como transición a la democracia. Pero los modos priístas oaxaqueños siguen vigentes y la alianza ha demostrado una transición… hacia atrás. El PRI fue echado del gobierno estatal pero se quedaron los (ex) priístas y los modos priístas.
(Por vacaciones de verano, Indicador Político se tomará una semana de descanso. Nos volvemos a leer aquí el lunes 29 de agosto.)
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