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Periodista, escritor, Lic. en Periodismo, Mtro. En Ciencias Políticas, oaxaqueño. Autor de la columna "Indicador Político" en El Financiero.

jueves, 30 de junio de 2011

30-Junio-2011, Jueves.

INDICADOR POLITICO




+ Volpi: “una pasión desdichada”

+ Fuera del presupuesto, error



Carlos Ramírez



Cuando analizó la cuestión de los intelectuales y el poder, el poeta Octavio Paz dijo que los hombres de letras podían trabajar en el gobierno pero “mantener la distancia del Príncipe”. Aunque reconocer la dificultad de lograrlo, concluyó que las relaciones de los intelectuales con el poder era una “pasión desdichada”.

El pequeño affaire del escritor Jorge Volpi con la canciller Patricia Espinosa está muy lejos de los conflictos analizados por Paz y Jean Paul Sartre sobre el papel de los intelectuales ante el poder y se acerca más a la picardía del conocido personaje de la malicia priísta César El Tlachuache Garizurieta: “vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”.

Claro, las redes sociales son capaces de convertir cualquier incidente salarial en escándalo de poder. Volpi se enojó porque le habían prometido un cargo cultural en la embajada de México en Italia, luego de haber terminado su ciclo como director de Canal 22 del Estado. Pero horas antes de la formalización, le avisaron que la plaza de había cancelado. Y Volpi se quedó fuera del presupuesto público.

El asunto se enredó cuando Volpi dijo que la razón de su desnombramiento se localizaba en sus opiniones políticas que no gustaron en ciertos niveles burocráticos, sobre todo una referencia al problema de la seguridad pública y la estrategia gubernamental. Se trataba de algunas frases al final de su colaboración editorial en Reforma el pasado domingo 19 de junio, al comentar el libro El ruido de las cosas al caer, del escritor Juan Gabriel Vásquez, que toca la crisis del narco en Colombia. Ahí Volpi deslizó lo que considera el párrafo que sacudió --¿tambaleó?-- al gobierno del presidente Calderón:

“Al mirarse en el espejo de Laverde (protagonista asesinado en la novela por sicarios), el abogado observa los pasos que lo condujeron al crimen y a la muerte. No descubre una solución fácil al dilema del narco, pero al menos se atreve a contemplar de cerca, sin rencores ni prejuicios, una de las miles de vidas destruidas por éste. Quizás no parezca demasiado, pero es un paso imprescindible. Bien haríamos nosotros en abandonar por un momento las estadísticas y los reportes policiales para mirar a esos miles de individuos que se despeñan en el crimen. Sólo así, atisbando sus razones, que suelen ser las razones de la pobreza, el rencor o el pánico, podremos aspirar a recomponer el tejido social que nos envuelve”.

A lo largo de su tiempo como funcionario, Volpi nunca se salió del protocolo ni se atrevió a publicar alguna crítica política contra el régimen. Más aún, tocó temas polémicos pero sin aparecer ya no se diga como un disidente sino como una persona con pensamiento crítico o, peor aún, con relativa autonomía. En el artículo anterior, por ejemplo, habla de la crisis de seguridad en Colombia en 1996 que “remite a alguna ciudad mexicana, Morelia, Ciudad Juárez, Monterrey”, pero, molusco intelectual, da una salida y dice que se ha querido encontrar similitudes mexicanas “sin apreciar matices”.

Más que el asunto de la “crítica” que supuestamente no gustó en Relaciones Exteriores, el fondo en realidad fue otro: cuál es --y cuál debería ser-- la relación de los intelectuales con el poder. Volpi no quería salirse del presupuesto, por eso aceptó una posición menor en el servicio diplomático. Y como se trataba de plazas que no es la primera vez que se cancelan --con Fox ocurrió lo mismo--, entonces el problema fue de chamba, no de ideas.

Lejos, muy lejos, quedaron los tiempos en los que los intelectuales renunciaban al Estado por razones políticas. En 1968 José Revueltas renunció a un modesto cargo en la Secretaría de Educación en protesta al mal trato que le dieron en el aeropuerto al regresar en marzo de Cuba. Y qué decir de la ejemplar posición de Octavio Paz de renunciar a la embajada en la India en protesta por la represión priísta en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Como embajador, Paz envió unas notas a la cancillería en las que prefiguró la tesis de Posdata:

“La reforma de nuestro sistema político, según ya dije, requiere no sólo realismo sino imaginación política. Necesitamos encontrar formas de participación política y económica que den a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes, ya sean estudiantes u obreros, la posibilidad de discutir los asuntos públicos y de colaborar efectivamente en su resolución”.

Y en una comunicación confidencial, Paz renunció por la represión de Tlatelolco: “no estoy de acuerdo en lo absoluto con los métodos empleados para resolver --en realidad: reprimir-- las demandas y problemas que ha planteado nuestra juventud”.

Lo peor de todo es que Volpi analizó a fondo el papel de los intelectuales en la política y frente al poder en dos libros de investigación: La imaginación y el poder. Una historia intelectual de 1968, publicado justamente en el año de 1998 en que la revista Vuelta publicaba las cartas de Paz sobre Tlatelolco, y en la que Volpi pasaba revista acrítica, complaciente y temerosa de los intelectuales ante Tlatelolco. Y en el 2004 publicó La guerra y las palabras. Una historia intelectual de 1994, o los intelectuales ante la aparición de Marcos y el EZLN.

Volpi fue director de la Casa México en París, un cargo gubernamental que le otorgó el gobierno panista de Fox, y luego en el Canal 22 en el gobierno actual pasó sin dejar huella. Su regreso al servicio exterior en el cargo menor de consejero cultural en la embajada en Italia estaba apuntado también como los anteriores: asegurar un empleo burocrático para investigar temas de sus libros.

Los dimes y diretes de Volpi y la Secretaría de Relaciones Exteriores ocultan el tema central: los intelectuales orgánicos. O, con su salida, Volpi anunciaría el fin de la dictadura perfecta en la que los intelectuales vivían del presupuesto y criticaban al sistema, sin que nadie les dijera algo. Pero el asunto se resume al salario, no a las ideas. Y menos con los intelectuales moluscos.

(Diario Político 2012 de Carlos Ramírez en www.grupotransicion.com.mx)







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miércoles, 29 de junio de 2011

29-Junio-2011, Miércoles.

INDICADOR POLITICO




+ Edomex: en qué falló oposición

+ Estridencias, en lugar de votos



Carlos Ramírez



La ventaja del candidato priísta al gobierno del Estado de México sobre la oposición es una repetición de  la elección de 1993, cuando el candidato priísta Emilio Chuayffet ganó con el 62% de los votos, contra 17.8% del candidato panista Luis Felipe Bravo Mena y 8.7% del candidato perredista Alejandro Encinas.

La principal lección de la oposición, tres elecciones estatales después, radica en el error de combatir al PRI en los medios y no en las estructuras de poder. El PAN y el PRD no revisaron su derrota de las municipales del 2009 cuando el PRI le arrebató al PAN el corredor azul y al PRD la zona popular de Nezahualcóyotl.

El principal error de la oposición en el Estado de México fue hacer una campaña contra el gobernador Enrique Peña Nieto y no preparar una estrategia local basada en el dato más revelador de las pasadas elecciones: el PRI ha ganado los gobiernos estatales pero ha bajado su votación con respecto a la lista nominal de electores de 40% en 1981 a 20% en la elección de Peña Nieto el 2005.

Es decir, el PRI depende solamente de su voto duro, no ha ganado nuevos votantes y ha perdido votos con respecto a su techo de 1993: casi 2 millones de votos. En el periodo 1987-2011, el padrón electoral se triplicó pero el PRI ha mantenido sus mismos votos. El dato fue desaprovechado por la oposición: el PAN y el PRD no hicieron algo para ganar a los nuevos electores ni para recuperar los que perdieron en las municipales.

De ahí que la estrategia del PRI sea la de bajar el volumen de votantes debajo de 45% para mantener su tendencia de 52% de los votos en las encuestas. Pero hasta donde se han visto las campañas de la oposición, el PAN y el PRD no han logrado estimular que el flujo de votantes sea mayor a 55%. Por tanto, el PRI tiene más que seguro a su voto duro y leal y con ello piensa ganar las elecciones. No era difícil la posibilidad de que la oposición aumentara la tendencia de sus votos, pues hace seis años logró 25% para el PAN y 25% para el PRD. El descuido, la apatía, la ausencia de organización y sobre todo las pugnas internas desplomaron el voto por la oposición.

Luis Felipe Bravo Mena y Alejandro Encinas supusieron que sus solos nombres iban a disparar la tendencia de los votos. La tendencia de las encuestas son muy parecidas a las de 1993, sólo que al revés: el PAN baja a una media de 18%, contra el pico de 35.5% de 1999 con José Luis Durán Reveles y el PRD disminuye de su pico de 25% de 2005 con Yeidkol Polevnsky.

El candidato priísta Eruviel Avila llegó ya a un techo de 52% de tendencia de votos en encuestas telefónicas con un cálculo aproximado de 2 millones de votos, casi los mismos que logró Chuayffet en 1993 con el 62.6% de los votos. La apuesta priísta, por tanto, radica en bajar la afluencia de votantes con el discurso triunfalista del “ya ganó” y con ello desalentar la presencia en casillas. La oposición no entendió la lógica de las cifras y no convirtió el ir a votar en el discurso central de campaña.

La lista de errores de la oposición es bastante larga, de la cual sobresalen los que parecen los más importantes:

--La oposición no entendió que la clave de las derrotas priístas en Oaxaca, Puebla y Sinaloa no fue solamente el modelo de las alianzas PAN-PRD sino el objetivo de llevar a los ciudadanos a votar.

--El PAN y el PRD se contentaron con la figura de sus candidatos y se olvidaron de las dos necesidades básicas de una elección: una estructura de partido dinámica y con presencia territorial y una estructura electoral para movilizar el voto y cuidar las votaciones. Es la hora en que por sí solos el PAN y el PRD no alcanzan a cubrir la mitad de las casillas.

--El PAN y el PRD no convirtieron a los nuevos votantes de los últimos dieciocho años en su objetivo y se dedicaron a hacer una campaña mediática sin objetivos precisos. La clave del ascenso de la oposición en el pasado electoral mexiquense estuvo en la conquista de los nuevos electores, de los jóvenes con mentalidad más moderna y anti priístas.

--Bravo Mena y Encinas hicieron campaña contra Peña Nieto ignorando su fuerte posicionamiento local basado en los programas asistencialistas y se  olvidaron de la presentación específica de programas locales.

--En los dos debates oficiales, el candidato del PRI fue muy cuidadoso en centrar sus propuestas en asuntos locales y en el enlistado de los programas asistencialistas, en tanto que Encinas y Bravo Mena carecieron de sensibilidad para saber que los votantes van a elegir al que les dé más programas que cubran gratuitamente sus necesidades. Encinas perdió tiempo en filosofar sobre la diferencia entre programa social y programa asistencialista, olvidando que en el DF el PRD ha comprado lealtades electorales con programas específicos de entregas gratuitas de bienes y servicios.

--El PAN y el PRD hicieron una campaña de tipo nacional, en tanto que el PRI desarrollo una campaña a nivel de piso y tierra. La presencia de López Obrador fue escasa y no logró reactivar la actividad política de oposición en la entidad. La campaña política del PAN se centró en la presencia de los precandidatos presidenciales panistas pero sin ningún efecto político en los electores mexiquenses. La vieja idea priísta de que el estado ganaba mucho si había relación directa gobernador-presidente de la república no funcionó en el PAN y el PRD porque los mexiquenses ven adelantado a Peña Nieto y por ahora sin competencia.

--El PRD descubrió demasiado tarde la estructuración parcial al PRI del Instituto Electoral del Estado de México pero no supo denunciarlo a tiempo y con precisión.

Al final, la oposición se vio apática y le apuesta al milagro.

 (Diario Político 2012 de Carlos Ramírez en www.grupotransicion.com.mx)







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martes, 28 de junio de 2011

28-Junio-2011, Martes.

INDICADOR POLITICO




+ ¿Y el poder judicial, cuando?

+ Caso Hank, justicia o gracia



Carlos Ramírez



Ante la decisión del crimen organizado de explotar al máximo a su favor los procesos judiciales en su contra, el sistema de impartición de justicia llegó ya a un dilema casi existencial: otorgarle más peso al delito o a la presentación de cargos.

En su explicación de los problemas legales para castigar a la delincuencia, el presidente Calderón utilizó, en el diálogo en el Castillo de Chapultepec el pasado jueves 23 de junio, el caso Hank Rhon para plantear el conflicto: el delito de acopio de armas existió, pero la juez le otorgó más peso al proceso de arresto y el empresario priísta no sólo sigue libre sino que se prepara a ser candidato del PRI al gobierno de Baja California.

Se trataría de la ejemplificación contemporánea de un principio jurídico elaborado, dicen, en tiempos de Benito Juárez: “a los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”. Por alguna razón el sistema de impartición de justicia en casos de delincuencia organizada aplica la justicia y la gracia exigiendo que los operativos de seguridad cumplan escrupulosamente con la ley.

Si se aplicara estrictamente la ley en todos los casos vinculados a miembros del crimen organizado, sin duda que todos los detenidos deberían seguir libres, y más cuando el sistema penal es humanista y presupone las bondades de la reinserción.

Por lo pronto, algunos detenidos han sido liberados precisamente por la preeminencia del cumplimiento estricto del procedimiento penal, sin matizarlo con el tamaño del delito. Un juez liberó recientemente a detenidos en un operativo militar cuando detectó que la declaración primera de los soldados que realizaron la captura difería de una segunda declaración; y no fueron diferencias sustanciales, sino de matiz, pero fue suficiente para desechar el arresto. Basta un detalle para desmoronar casos, a pesar de la probatoria del grado de criminalidad de algunos detenidos.

El razonamiento del caso Hank Rhon le pasó el balón de la inseguridad al poder judicial. La respuesta llegó casi de inmediato con un boletín de prensa de la Suprema Corte de Justicia al aceptar un “acercamiento” con las organizaciones del movimiento por la paz. Pero en ese mismo boletín, la Corte reafirmó su compromiso con la “justicia imparcial”.

El problema de fondo se percibe en la existencia de dos dimensiones: la del procesamiento del delito y la de la calificación del delito y la sentencia. En el viejo régimen priísta el sistema de justicia dependía de los intereses del gobierno en turno. Ahora la impartición de justicia tiene que lidiar con un manual añejo, enmohecido y disfuncional de los procedimientos penales y la existencia de delitos de alta calificación del crimen organizado.

El caso Hank Rhon llevó el conflicto a su límite: la flagrancia del delito fue avalada por un juez y por tanto el operativo se validó legalmente pero vino una jueza a determinar que el operativo había sido ilegal y que por tanto el delito quedaba impune. Lo dijo, sorprendido, el presidente Calderón: ¿qué hacemos con las armas encontradas en la casa del empresario priísta? Hank Rhon salió libre. En el actual sistema, la dimensión del delito no se toma como elemento para la decisión judicial.

El diálogo en el Castillo de Chapultepec mostró otros pendientes en materia de seguridad: la pasividad de los gobernadores ante la realidad de que el 90% de los delitos del crimen organizado es de fuero común, la incapacidad de los presidentes municipales para enfrentar el problema de sus policías al servicio del narco.

El actual sistema de justicia penal parte de la definición humanística de la justicia, es decir, de la concepción de los delitos como errores humanos. Sin embargo, la delincuencia organizada funciona en otra dimensión: la de la impunidad del crimen, la de la delincuencia como una forma de vida asumida concientemente, la del uso de la violencia criminal sin límites contra la sociedad y sus instituciones. Pero la estructura de procesos penales, aún con las reformas, ha dejado vigente el modelo humanista de rehabilitación, aunque la parte de las prisiones se haya abandonado absolutamente para convertirlas en verdaderas escuelas del delito.

La justicia imparcial y ciega no existe. Al final, las decisiones forman parte de procesos de decisión que atienden a los procesos establecidos. La gran reforma judicial debe de tener, por tanto, dos dimensiones: la del ministerio público para obligar a una mejor integración de las averiguaciones previas y la de los jueces para evitar que se olvide la dimensión del delito y se califiquen las acusaciones sólo por el expediente de la averiguación previa porque al final los jueces se parecen más a Pilatos que a un representante de la sociedad en la aplicación de castigos contra los delincuentes.

Al final, no se hace justicia liberando a un delincuente. La justicia es la reparación del daño, no la aplicación escrupulosa de la ley.

La criminalidad sofisticada, impune, sin límites y con expresiones en casos concretos --como el pozolero que disolvía a sus víctimas en ácido o los asesinos que enterraban a decenas de sus víctimas en fosas comunes-- ha sabido capitalizar a su favor el sistema penal de beneficios al delincuente. Hasta hace poco se logró, por ejemplo, que los abogados dejaran de ser correos de narcos o que los locutorios en las prisiones se convirtieran prácticamente en oficinas para despachar asuntos criminales.

Por tanto, la caravana por la paz y las exigencias de justicia en los casos derivados de la estrategia de combate a la inseguridad deberían abrir las ventanillas de la Corte, los juzgados, los gobiernos estatales, las administraciones municipales y la CNDH para ampliar la observación a estas instancias que se han hecho las distraídas ante la crisis del sistema de justicia.

 (Diario Político 2012 de Carlos Ramírez en www.grupotransicion.com.mx)







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miércoles, 22 de junio de 2011

22-Junio-2011, Miércoles.

INDICADOR POLITICO




+ Ira, el combustible del fascismo

+ Praderas quemadas de Zapatero



Carlos Ramírez



Cuando el Partido Socialista Obrero Español arribó al poder en 1982, un entusiasta dirigente del partido le dijo al rey Juan Carlos I que ahí terminaba la transición. El monarca respondió que no:

--Los socialistas tenéis que llegar, estar y salir y no dejar atrás praderas quemadas.

El colapso político actual de España tiene que ver ya con el fin del consenso de la transición y el humo de las praderas quemadas. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero, del PSOE, jugó al Maquiavelo para impedir la teoría de los ciclos políticos pendulares; por eso decidió impulsar el socialismo socialdemócrata y en plena crisis giró al neoliberalismo fondomonetarista más conservador.

Hoy España se presenta como un ejemplo política mal operada:

1.- Los indignados forman un movimiento de protesta contra la crisis y por la exigencia de una política asistencialista al margen de las condiciones de manejo de las políticas económicas.

2.- El fin del consenso de la transición fue decidido por Zapatero al negarse a un acuerdo con el centro-derecha Partido Popular. Aplastado el pasado 22 de mayo en las elecciones autonómicas y municipales, Zapatero no quiere adelantar elecciones, ya impuso por dedazo --al estilo PRI-- a su sucesor y utiliza el aparato de poder para beneficiar al PSOE.

3.- Los primeros indicios señalan que la derrota de Zapatero y el PSOE en las próximas elecciones generales --para redefinir un  nuevo periodo de gobierno de cuatro años--, pero todo indica que Zapatero está quemando las praderas para vender cara su derrota.

4.- La crisis está llevando también a la pérdida del consenso de la monarquía, por un rey demasiado frívolo y una familia real con riqueza propia  pero gastando con cargo a los presupuestos. En el contexto de los indignados, una joven abogada encaró al príncipe Felipe para pedirle que convocara a un referéndum para preguntarles a los españoles si querían monarquía o república. La pregunta irritó al impoluto príncipe pero la abogada sólo respondió: “queremos decidir si somos súbditos o ciudadanos”. Más que unir, la monarquía comienza a separar a los españoles.

5.- Zapatero ha fracturado los consensos básicos. España logró una transición histórica por el acuerdo plural --aún con la mezquindad de Felipe González al frente del PSOE-- entre las fuerzas políticas y sociales y los Pactos de la Moncloa que fijaron una estrategia de desarrollo firmada por todos. En lo político, Zapatero ha querido manipular a todos pero con derrotas sucesivas. Y al estilo PRI, utiliza la estructura del gobierno para beneficiar a su partido.

6.- Los indignados no entienden la lógica de la crisis, no se atreven a culpar al gobierno socialista de Zapatero y sólo quieren empleo y bienestar, no justicia social ni menos aún un razonamiento de los problemas. Pero el fondo de la crisis es contradictorio: Zapatero aumentó el gasto público para dar más beneficios a sus seguidores y luego vino la crisis inmobiliaria de 2008 y volvió a subir el gasto, pero llevó el déficit a 16% del PIB, cuando uno manejable es, con mucho, 4%. El FMI y la Unión Europea le ha exigido recortes; y esos recortes los trasladó Zapatero no a la burocracia sino --como buen neoliberal-- a los trabajadores, provocando un desempleo de casi 5 millones de españoles, cuando recibió el gobierno con menos de 2 millones. Los indignados, en la lógica de la masa, rechazan explicaciones y sólo quieren su bienestar.

7.- La protesta de los indignados tiene un superávit de cantos y frases hechas, pero un severo déficit de racionalidad política y económica. Trasladan su pérdida de bienestar al sistema político, pero es la hora en que no pueden definir una alternativa. Por eso todo se va en plantones y frases para muros pero no para un debate serio. No falta mucho para que el movimiento derive en una expresión europea de los globalifóbicos violentos que rechazan la integración económica internacional, pero sin reconocer que España perdió la capacidad de autonomía productiva. España, Grecia y Portugal no son víctimas del malvado sistema económico internacional, sino que pagan las facturas de gobiernos socialdemócratas irresponsables que se dedicaron a gastar para adormecer a las masas pero ahora tienen que recortar gastos y dañar a esas mismas masas.

8.- Los indignados ignoran qué rumbo tomar. Están convocando a una consulta popular para el próximo 15 de octubre con cinco preguntas que ponen en duda al sistema representativo, apelan a una democracia de masas a mano alzada y en plaza pública para la toma de decisiones y sueñan con una economía utópica determinada por la justicia poética. Sin embargo, ninguna de las cinco preguntas puede definir una alternativa. La consulta va a terminar por desprestigiar al sistema de gobierno de democracia representativa.

9.- La violencia comienza a meterse en las filas de los indignados. De un lado, el choque directo con la policía en Barcelona cuando quisieron impedir una sesión del parlamento; de otro, marchas contra las instituciones para paralizar el sistema de toma de decisiones. La ira de los jóvenes se ha convertido en pasto de protestas rupturistas y ha conformado masas que suelen terminar en bases del fascismo: Alemania enardeció a los jóvenes e Italia encauzó el fascismo por el sendero socialista.

10.- Para el prestigiado analista Luis María Ansón, Zapatero ha dilapidado el espíritu democrático de la transición: rompió el acuerdo entre el centro-izquierda y el centro-derecha y se alió con los grupos secesionistas que han comenzado a tomar el poder en autonomías y municipios y con la misma organización terrorista ETA.

La crisis de España podría resumirse en una frase: las praderas quemadas de Zapatero, el fin del consenso de la transición democrática y el colapso de la democracia. Ni a Franco le ocurrió una cosa semejante.

(A partir de hoy, Diario Político 2012, de Carlos Ramírez en www.grupotransicon.com.mx)







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martes, 21 de junio de 2011

21-Junio-2011, Martes.

INDICADOR POLITICO




+ Conago: parto de los montes

+ DF: peor semana en seguridad



Carlos Ramírez



Acostumbrados al triunfalismo en boca propia, el Comandante en Jefe de las policías estatales y municipales, Marcelo Ebrard, entregó un reporte que representó, en su dimensión modesta, el parto de los montes: un pequeño ratón salido de un volcán ruidoso y tembloroso.

El reporte final del Operativo Nacional Ebrard-2012 de seguridad de la Conferencia Nacional de Gobernadores no sólo no ofreció resultados en materia de arrestos de miembros de la delincuencia organizada, sino que inclusive los pocos raterillos despistados que agarraron ofrecieron un saldo menor al cotidiano de las cifras oficiales del pasado reciente.

Por si fuera poco, a Ebrard lo alcanzaron los fantasmas de su pasado: justo cuando comandaba ostentosamente a más de trescientos mil policías estatales y municipales de todo el país, en el DF le saltaron asuntos graves de seguridad: un linchamiento en Cuajimalpa que recordó los policías muertos del linchamientos en Tláhuac cuando Ebrard era secretario de Seguridad Pública del gobierno de López Obrador en noviembre de 2004, la protesta el fin de semana de los padres de los doce jóvenes muertos en la disco News Divine en junio de 2008 por responsabilidad de la policía de Ebrard y la huelga de hambre del nigeriano que fue molido a golpes por policías preventivos del GDF y que murió el pasado 11 de mayo en circunstancias extrañas.

Al final de cuentas, el Operativo Nacional Ebrard-2012 sólo sirvió para un posicionamiento mediático de Ebrard como Comandante en Jefe de las fuerzas policiales nacionales. Sin embargo, el saldo numérico dejó mucho de desear: demasiado circo mediático durante una semana para sólo 3 mil 918 detenidos. En todo caso, esa cifra habla que la inseguridad realmente no es un problema nacional. Esos detenidos significan 559.7 delincuentes cada uno de los siete días, pero apenas 17.5 pillos por cada uno de las treinta y dos entidades de la república. Para el DF esa cifra de 17.5 delincuentes detenidos es sencillamente ridícula: en junio del 2010 hubo un promedio diario en el mes de 560 averiguaciones previas contra presuntos delincuentes y de 509 diarios apenas en abril pasado.

Asimismo, Ebrard informó de la recuperación en toda la semana pasada de mil 500 vehículos robados, lo que da una media de 214 autos por día y apenas 6.7 autos por entidad federativa. Ciertamente que el promedio elude la diferenciación de entidades con más robos que en otras, pero el promedio permite hacer un cálculo elemental: ante la cifra de 69 autos robados al día durante el mes de junio de 2010 y de 49 diarios en el pasado mes de abril, la recuperación de 6.7 autos no justifica la movilización de más de trescientos mil policías: o en realidad no existen ladrones de autos o los ladrones prefirieron ocultarse ante el anuncio espectacular del operativo o las policías fueron ineficaces para localizar a las bandas delincuenciales de robos de autos.

Por lo demás, más de trescientos mil policías se movilizaron en toda la república para perseguir maleantes y sólo decomisaron 170 armas de fuego ilegales, algo así como 24 por día y ni siquiera un arma --0.75%-- por entidad de la república. Con una estrategia mejor articulada y una persistencia alejada del interés mediático, la Secretaría de la Defensa Nacional ha decomisado casi 90 mil armas en cuatro años y cinco meses, a una media de 55 armas por día.

Y por si fuera poco, el Operativo Nacional Ebrard-2012 de la Conago logró cumplimentar 892 órdenes de aprehensión en siete días, 127 al día  y 4 por entidad federativa. Sin embargo, el rezago en el ejercicio de las órdenes de aprehensión en delitos de fuero común llega a más de 800 mil, lo que significa que la Conago debe sentirse satisfecha porque logró una victoria mediática del 0.1% en el ejercicio de las órdenes de aprehensión. O visto de otra manera, aún siguen libres 799 mil 108 delincuentes que deben estar en la cárcel pero que las policías estatales no han podido/querido capturar.

El reporte del Comandante en Jefe de las fuerzas policiales del país, Marcelo Ebrard, no desglosó la cifra que todos los ciudadanos estaban esperando: ¿cuántos de los detenidos forman parte de los cárteles de la droga en cualquiera de sus especializaciones: sicarios, distribuidores, narcomenudistas, transportistas, grandes capos? ¿Cuántos jefes de las bandas de delincuentes --tráfico de personas, prostitución, robo de autos, carteristas, asaltantes de usuarios bancarios, robos a casas habitación, asaltantes de micros y taxis, secuestradores, entre otras-- se encuentran entre los 3 mil 918 detenidos?

Del otro lado, el Operativo Nacional Ebrard-2012 no aportó ningún resultado sobre policías estatales y municipales vinculados al crimen organizado, sin duda el problema número uno de la inseguridad. El jueves de la semana pasada el ejército entregó a la justicia a los policías municipales de Zuazua, Nuevo León, por pertenecer al cártel de Los Zetas. Pero esos policías formaban parte del operativo encabezado por el Comandante en Jefe policiaco Marcelo Ebrard. En las plazas de alta incidencia de presencia del narcotráfico existen las evidencias de que los policías estatales y municipales son parte de los propios cárteles del narcotráfico.

La intención real de Ebrard al convencer a los gobernadores de la Conago del operativo nunca se localizó en el área de la seguridad porque implicaba una coordinación con las fuerzas armadas y la Secretaría de Seguridad Pública Federal, pero es la hora en que Ebrard no reconoce el rango constitucional y legítimo del presidente Calderón por temor a irritar a López Obrador. La descoordinación estados-federación, inducida intencionalmente por Ebrard, no hizo más que recordar que la politización de las políticas de seguridad pública tiene parte de la responsabilidad de la presencia del crimen organizado en el país.

Por lo pronto, Ebrard ya tuvo su probadita de miel: Comandante en Jefe de las fuerzas policiales de la república. Algo es algo.







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lunes, 20 de junio de 2011

20-Junio-2011, Lunes.

INDICADOR POLITICO




+ Conago: Operativo Ebrard-2012

+ Raterillos, no crimen organizado



Carlos Ramírez



Gracias al cargo de presidente en turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Marcelo Ebrard tuvo sus quince minutos de gloria: una exposición nacional mediática en televisión durante siete días para reportar los magros resultados del operativo nacional de seguridad; eso sí, el jefe de gobierno del DF aumentó su presencia en la república.

De ahí que la Conago haya puesto el Operativo Nacional en charola de plata a Marcelo Ebrard sólo para ayudarlo a posicionarse mediáticamente cerca de López Obrador en la competencia por la candidatura presidencial del PRD. La Conago se prestó ingenuamente a una estrategia electoral de Ebrard, porque al final de cuentas el operativo fue un fracaso en materia de seguridad. Pero Ebrard ganó en dos puntos: la pantalla de televisión una semana para informar del arresto del algunos raterillos y apropiarse de la bandera de la seguridad pública para meterla como tema de su campaña presidencial.

Así, el Operativo Nacional Ebrard-2012 de la Conago eludió entrarle de lleno a los tres problemas más serios de la inseguridad: la articulación de las policías estatales y municipales con las bandas delincuenciales, la integración de la delincuencia en un verdadero crimen organizado y los cárteles de la droga como el asunto social número uno. Y a ello se debe agregar la existencia de una violencia social en comunidades urbanas-rurales donde existe la justicia por propia mano ante la incapacidad de las fuerzas de seguridad estatales.

La complicidad policías-delincuentes fue marginada, a pesar de ser el conflicto más grave. En Nuevo León, por ejemplo, la IV región militar de la Secretaría de la Defensa Nacional logró detener --en la semana del Operativo Ebrard-2012 de la Conago-- a una de las bandas colaterales más importantes del  cártel de Los Zetas: los vendedores ambulantes, quienes ya no eran activo de grupos políticos sino que formaban parte de la estructura de Los Zetas. En el Operativo Ebrard-2012 de la Conago en el DF, nada hizo la policía para revisar a los vendedores ambulantes ante la sospecha de pertenecer ya a cárteles y de todos modos formar un cártel por sí mismo por el uso de sus puestos para vender mercancía robada, inclusive con la percepción de que los ambulantes están cometiendo delitos criminales; en el DF, los ambulantes son intocables.

El Operativo Ebrard-2012 en el DF nada hizo contra las bandas de robo de autos, contra los ambulantes que venden artículos robados, contra vendedores al menudeo de droga; eso sí, se vieron abusivamente policías con armas largas subirse a microbuses a imponer su fuerza, pero sin pensar que en un conflicto en el estrecho espacio del micro pudo desatar una tragedia. Asimismo, Ebrard detuvo a algunos raterillos de Tepito pero sin atreverse a meterse de lleno contra el cártel de Tepito. Y nada, pero absolutamente nada, hizo para limpiar el Dodge City de la delincuencia capitalina que representa Iztapalapa.

Ebrard aparecía en las imágenes por televisión como si fuera el Sheriff Nacional atendiendo gente, dando órdenes, tratando de venderse como el policía alternativo al operativo de las fuerzas federales de seguridad que han desarticulado a las bandas criminales serias, las que matan, las que controlan, no los raterillos que Ebrard quiso vender como los capos de barriada. El segundo día del operativo el ejército detuvo a toda la policía municipal del municipio de Zuazua, en Nuevo León, por estar al servicio de Los Zetas, esos polis que estaban en el Operativo Ebrard-2012. Y en Monterrey los policías estatales en el operativo se dedicaron a asaltar a ciudadanos con el pretexto de revisar si eran narcos o tenía armas.

La tomadura de pelo del Operativo Nacional Ebrard-2012 de la Conago debiera avergonzar a los gobernadores porque el problema de seguridad no está en las calles con los raterillos sino en el poder de los cárteles para corromper a las policías estatales y municipales. El problema de la inseguridad en el DF se localiza ya en el tráfico de drogas para trasiego, venta y sobre todo consumo al menudeo; y se trata, aunque las autoridades se nieguen a aceptarlo, de un asunto de fuero común, es decir, de las autoridades capitalinas. Y el Operativo Ebrard-2012 no atrapó ya no se diga a una banda de narcomenudistas, sino a algún narcomenudista despistado; ni a uno.

La intención oficial del Operativo Nacional Ebrard-2012 de la Conago tenía la intención de desplazar la estrategia federal de lucha contra la inseguridad; sin embargo, ese operativo de la Conago eludió a la delincuencia vinculada al narcotráfico, aunque la penetración de los cárteles en las plazas estatales y municipales sólo pudo lograrse por la complicidad o miedo de las policías y funcionarios de esos niveles.

Por lo demás, el saldo de detenidos en el Operativo Ebrard-2012 de la Conago ofrece cifras sin comprobar de raterillos detenidos, alguna pistola decomisada y cualquier orden de aprehensión sin ejercer. Es decir, se trata de delitos de responsabilidad directa y cotidiana de las autoridades estatales; por tanto, el número de detenidos por el operativo prueba sencillamente la incapacidad de las policías para cumplir cotidianamente con su función de proteger a la sociedad, debido a que se trataba de violaciones típicas de la ley.

¿Por qué los gobernantes de la Conago no hicieron antes operativos similares? Sólo cuando inventaron un operativo con efectos mediáticos decidieron los gobernadores, y de manera sobresaliente el jefe de gobierno del DF, cumplir con su obligación primera: defender a la ciudadanía de los delincuentes; es decir, sólo cuando existe una capitalización mediática los gobernantes estatales se desperezaron de su pasividad para hacer su tarea fundamental. Luego de cuatro y medio años de jefe de gobierno, en los que la inseguridad subió 30% en el DF, Ebrard decidió ahora sí combatir a la delincuencia.

De ahí que los gobernadores de la república tienen mucho que explicar hoy que presenten la evaluación del Operativo Nacional Ebrard-2012 y responder a dos preguntas: ¿por qué hasta ahora? y ¿por qué tan paupérrimos resultados?







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viernes, 17 de junio de 2011

17-Junio-2011, Viernes.

INDICADOR POLITICO




+ Carpizo y el narcosalinismo

+ Adrián Carrera y Mario Ruiz



Carlos Ramírez



Protegido bajo la cobertura del priísta Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y ostentando todavía una escolta de la policía federal, el exprocurador salinista Jorge Carpizo MacGregor acusa a las autoridades mexicanas de ineficiencia en el combate al narcotráfico, pero sin reconocer que durante su gestión los cárteles se metieron hasta el fondo de la PGR.

Al investigador emérito de la UNAM le tocó manejar la PGR en 1993-1994, justo cuando los cárteles de la droga dieron sus golpes más espectaculares, entre ellos el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. En sus dos años, la PGR de Carpizo MacGregor cometió las faltas que hoy le endilga a las autoridades federales: ineficacia u omisión. Cuatro hechos revelan cómo las bandas del narco se metieron hasta el fondo de la PGR de Carpizo MacGregor:

--El cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo fue asesinado en mayo de 1993. La versión oficial --ilustrada con la técnica Nintendo por Carpizo MacGregor-- señala que el prelado quedó en medio de dos bandas de narcos, la de El Chapo y la de los hermanos Arellano Félix. Sin embargo, sigue latente la versión de que el cardenal poseía información sobre el auge del narcotráfico en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, al cual sirvió Carpizo MacGregor como rector de la UNANM, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, procurador general y secretario de Gobernación.

--Cuando en diciembre de 1993 los hermanos Arellano Félix llegaron impunemente a la nunciatura papal en México, en un acto de ineficiencia y omisión de los servicios de inteligencia de la PGR, para pedirle al nuncio su intermediación para hablar con el presidente de la república y decirle que ellos no habían matado al cardenal, Salinas preguntó si no sería buena una incursión de la PGR en la nunciatura para apresar a los capos del Cártel de Tijuana. Pero el procurador Carpizo MacGregor se opuso con el argumento de que la policía judicial de la PGR estaba penetrada por los narcos y que no tenía confianza en su policía. Esa afirmación fue la aceptación de que el crimen organizado estaba metido hasta la médula de la PGR de Carpizo MacGregor.

--Luego del asesinato de Posadas, el procurador Carpizo MacGregor nombró al policía Adrián Carrera como director general de la policía judicial federal, a pesar de la información de que Carrera estaba ya sirviendo a los intereses del crimen organizado y del narcotráfico. Hoy Carrera es testigo protegido de la PGR a cambio de confesar como la policía judicial en los tiempos de Carpizo MacGregor estuvo al servicio del crimen organizado.

--A lo largo de todas sus posiciones administrativas, Carpizo MacGregor tuvo siempre a un colaborador de todas sus confianzas: el abogado Mario Ruiz Massieu. En la rectoría de la UNAM, de 1985 a 1989, Ruiz Massieu fue abogado general, uno de los cargos de mayor confianza del rector Carpizo MacGregor. En la PGR, Carpizo MacGregor presionó al presidente Salinas de Gortari para que creara el cargo de subprocurador general ---hasta ese momento inexistente-- y designara a Ruiz Massieu, porque las subprocuradurías oficiales no satisfacían la vanidad del designado. E n noviembre de 1994 Ruiz Massieu renunció al PRI, se pasó al PRD y denunció que su hermano había sido asesinado por priístas. Luego Ruiz Massieu fue atrapado en los EU y acusado de lavado de dinero y de haber recibido dinero del narco mientras era subprocurador general de Carpizo MacGregor.

En esta revisión de hechos e informaciones verificables, Carpizo MacGregor aparece como el menos indicado para criticar la estrategia de lucha contra el narcotráfico, sobre todo porque en la PGR permitió --por comisión o por omisión-- que los cárteles de la droga fueran protegidos por las policías judiciales. Como procurador salinista, Carpizo MacGregor formó parte de los servicios de inteligencia. Y el narcotráfico penetró las estructuras de poder a pesar de la existencia de esos servicios de inteligencia. Lo malo fue que esos servicios de inteligencia no fueron usados para combatir el expansionismo de los cárteles sino para espiar a periodistas y elaborar expedientes que luego eran utilizados por el gobierno de Salinas de Gortari para acotar la libertad de expresión, aunque en acciones de franca violación de los derechos humanos de los comunicadores.

Los capos del narcotráfico han pasado por cuatro generaciones: las primera, la de los viejos, operó hasta principios de los ochenta; la segunda fue capitaneada por el padrino mayor Miguel Félix Gallardo hasta el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar y su captura --junto a Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Don Neto-- en 1989; la tercera, la de los grandes capos ya organizados como cárteles con dominio regional, ocurrió durante el salinismo: Joaquín El Chapo, Juan García Abrego, Amado Carrillo, Juan José Esparragoza El Azul, los hermanos Arellano Félix e Ismael El Mayo Zambada, entre otros; y la cuarta, la de los sobrevivientes de la estrategia gubernamental contra el crimen organizado iniciada en diciembre de 2006.

Como ha ocurrido con todos los grupos involucrados en el debate sobre la inseguridad, la Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia, patrocinada por la UNAM, exigió el regreso de los militares a sus cuarteles, pero no hubo ninguna referencia al poder criminal de los cárteles de la droga ni menos aún a la corresponsabilidad de funcionarios del área de seguridad que hoy han encontrado refugio en la UNAM y tampoco a la violencia de los cárteles en el asesinato en la lucha entre pandillas y en los crímenes brutales contra migrantes que se niegan a sumarse a las bandas como sicarios.

El problema del crimen organizado no radica sólo en la escalada de violencia para tratar de mantener el control de sus viejos territorios, sino en indagar cómo fue que los cárteles lograron fortalecerse con el apoyo de policías del viejo régimen y cómo la tercera generación de narcos tuvo su auge en el sexenio de Salinas con Carpizo MacGregor como procurador de la república.







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jueves, 16 de junio de 2011

16-Junio-2011, Jueves.

INDICADOR POLITICO




+ PRI: el dinosaurio seguía ahí

+ Hank, estudiantes, Chaires…



Carlos Ramírez



Si el árbol no permite ver el bosque, entonces se está haciendo una lectura bastante superficial de los acontecimientos políticos del corto plazo: lo que está mostrando la realidad no nada más una derrota política del PAN sino la vigencia del viejo régimen priísta que se prepara para regresar al poder en el 2012 a restaurar su reinado.

El problema de fondo no radica en que el expediente judicial contra Jorge Hank Rhon haya sido desechado en tribunales sino que el proceso judicial ha revelado que el sistema penal sigue operando para proteger la impunidad del poder. Y también ha recordado el fracaso de los dos gobiernos panistas para realizar la gran reforma judicial al viejo sistema legal que creó el PRI para protegerse a sí mismo.

El caso Hank Rhon ha recordado aquellas dramáticas palabras de Luis Cabrera, uno de los principales colaboradores políticos de Venustiano Carranza, cuando le exigieron pruebas de sus acusaciones de ladrones a políticos ya incrustados en el sistema político de la Revolución Mexicana: “los acuso de corruptos, no de tarugos”.

Y también el caso Hank Rhon ha servido de contexto a las declaraciones del presidente Calderón en la Universidad de Stanford de que el PRI en el poder presidencial pasado del país, cuando él era estudiante, tenía más pasivos que activos: “México todavía contaba con un régimen autocrático, todos los gobernadores estatales y todos los senadores eran del mismo partido, durante muchas décadas ese solo partido controlaba todo; lo que se le permitía decir a los medios, lo que debían enseñar en las escuelas, qué conciertos de rock se permitían, todo. Cuando los estudiantes como ustedes protestaban eran masacrados. Muchos oponentes del régimen simplemente fueron desaparecidos”.

De ahí que el fracaso coyuntural de la PGR en el caso Hank Rhon permita exponer en todo su esplendor el papel de la vieja estructura judicial que permite aún la protección de la impunidad política del poder y la advertencia de que precisamente ese viejo régimen priísta podría venir de regreso en las próximas elecciones presidenciales, porque el PRI también perdió la oportunidad de renovarse y modernizarse y la élite que domina el PRI es precisamente la misma que perdió la presidencia de la república en el 2000.

Y al caso Hank se han sumado algunos otros expedientes del funcionamiento vigente del viejo régimen priísta: el caso, por ejemplo, del coahuilense Vicente Chaires Yáñez y su crecimiento como empresario al amparo del poder, lo que provocó el nerviosismo en la élites priísta y la desaparición de su nombre de la estructura del comité ejecutivo nacional del PRI. Y la comida del ministro de la Corte Suprema Sergio Valls Hernández con el ex presidente Carlos Salinas como invitado de honor, o la queja priísta de “campañas negras” que solamente son recordatorios de un pasado que regresa a cada rato, o la protección priísta a políticos locales presuntamente involucrados con el narco.

El debate de fondo no debe desgastarse en los asuntos concretos sino en el contexto. A eso se refería seguramente el presidente Calderón cuando mandó un twitter para que leyeran su discurso de Stanford justamente en el contexto. Apenas el viernes hubo otro recordatorio de la represión a estudiantes el 10 de junio de 1971 y pocos quisieron acordarse de que fue una represión del viejo régimen priísta contra los que pedían la liberalización del sistema político.

O la represión en Tlatelolco que no sólo masacró a estudiantes sino que puso en funcionamiento a todo el sistema judicial en contra de los líderes arrestados, con la presencia ominosa de uno de los jueces de consigna que marcaron el sistema judicial priísta: Eduardo Ferrer McGregor, quien condenó a los estudiantes a prisión a partir de su pertenencia a la estructura de dominación autoritaria del sistema judicial, como lo revela el cada día más vigente alegato judicial de defensa del escritor José Revueltas, acusado de ser el responsable intelectual del movimiento estudiantil del 68, de haber “insultado” al presidente Díaz Ordaz porque dijo que era el Tlacatlecuhtli --ningún insulto sino jefe militar indígena-- y por haber propuesto la “autosugestión universitaria” (autogestión).

El caso Hank Rhon volvió a poner en el tapete de debates la necesidad de reformar el sistema judicial a fondo para impedir que a los políticos los acusen de corruptos y no de tarugos. Los días de arresto de Hank Rhon sirvieron para que los medios desahogaran los expedientes del político mexiquense-tijuanense como una pieza fundamental del sistema político priísta pero que el sistema judicial existente fuera tan riguroso que lo sacara de prisión a partir de argucias legales y la aplicación purista de la ley que los priístas en el pasado no aplicaron.

Y ahora el político priísta Hank Rhon aparece como la estrella del viejo régimen priísta de la impunidad del poder, el triunfalismo del que se siente protegido por un sistema parcial de justicia, con todo su expediente a cuestas que sólo ayuda a recordar las herencias de ese pasado que no ha podido derrotarse y que se enfila hacia la restauración del reino perdido.

El contexto del caso Hank Rhon permite, pues, ver lo que el viejo régimen priísta se ha negado a cambiar --la limpieza de sus establos políticos--, lo que el PAN en el poder presidencial no ha podido transformar en un sistema democrático que se califique no por la coartada del bienestar social --el modelo de subsidios y toletazos-- sino por la aplicación de un hasta ahora inexistente nuevo Estado de derecho.

De ahí que la victoria priísta del caso Hank Rhon dibuje el bosque del viejo régimen agazapado y esa victoria se convierta paradójicamente en la dialéctica de la derrota moral de un sistema político que se niega a transformarse y que se prepara para reinstalarse  de nueva cuenta en el poder y en el centro de una sociedad apática que ha pasado diez años quejándose del presente de la alternancia pero --ya se ve-- añorando el pasado.







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