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Periodista, escritor, Lic. en Periodismo, Mtro. En Ciencias Políticas, oaxaqueño. Autor de la columna "Indicador Político" en El Financiero.

miércoles, 29 de febrero de 2012

29-Febrero-2012, Miércoles.

INDICADOR POLITICO




+ México-EU: seguridad nacional

+ Napolitano, tras el Chapo aquí



Carlos Ramírez



Uno de los temas centrales en el proceso electoral presidencial es el de la redefinición del papel de las naciones en el escenario internacional: el modelo priísta de nacionalismo aislacionista se agotó, pero la alternancia panista en la presidencia fracasó en el rediseño de la nueva seguridad nacional como pilar de los intereses nacionales.

La toma de posesión del general secretario Guillermo Galván Galván como presidente de la Conferencia de Ejércitos Americanos tiene el contexto del nuevo escenario estratégico en el que México tiene que posicionarse, abandonando el modelo del aislacionismo.

La globalización financiera, la internacionalización del crimen organizado y la declinación del papel de los Estados Unidos en la geopolítica mundial ha atrapado a México en el debate priísta del nacionalismo del pasado que no hizo más que aumentar la dependencia mexicana de los intereses de Washington. Pero lo grave del asunto es que las campañas electorales presidenciales han soslayado el tema esencial de la soberanía mexicana: la seguridad nacional.

La visita el lunes pasado de la secretaria de Seguridad Interna del gobierno de Barack Obama, Janet Napolitano, abrió --más bien: debió abrir--  el debate sobre la seguridad nacional de los EU y el papel de México, pero también quedó claro que México debería primero redefinir su doctrina de seguridad nacional y luego buscar entendimientos con la de los Estados Unidos. Hasta ahora los intereses de seguridad nacional de los EU son  los que definen la lógica de los intereses de seguridad nacional de México.

México ha tenido tres oportunidades de replanteamiento de la relación estratégica con los EU: el fin del ciclo aislacionista priísta, la globalización promovida por la apertura económica con el tratado comercial y los ataques terroristas contra los EU el 9/11. Sin embargo, fueron tres oportunidades perdidas porque el priísmo salinista se subordinó a la geopolítica de Washington y el  panismo no supo redefinir la política exterior. Cuando menos tres políticas fueron las que optaron por la no-redefinición: la exterior, la económica y la de defensa. Peor aún, los dos gobiernos panistas disminuyeron el papel de la política exterior, mantuvieron la subordinación de la política económica y se desentendieron de la política de defensa. Así fue como México debilitó con la alternancia su escudo de seguridad nacional.

El cambio de gobierno en México, con la posibilidad de relección de Obama, ha puesto a la doctrina y política de seguridad nacional de México en la agenda de las prioridades. Si en el pasado priísta  la presidencia de la república era la institución central de la seguridad nacional mexicana, la pluralidad planteó la necesidad de que México creara un sistema de instituciones para remarcar sus intereses de seguridad nacional

El comportamiento de la secretaria Napolitano y la aprobación por Obama de la Ley de Autorización de Defensa Nacional en diciembre pasado debieron de encender los focos de alarma en México para debatir el sistema de seguridad nacional mexicano, sobre todo cuando la presión internacional jurídica está no sólo debilitando las bases del sistema de defensa nacional sino desmantelando las estructuras institucionales.

Los derechos humanos y la judicialización de los asuntos de seguridad nacional han acotado las políticas de seguridad nacional cuando en otros países estratégicos no se ha llegado a los extremos de limitar el fuero militar que constituye la piedra angular de cualquier política de defensa. La derivación ha sido lógica: al debilitar el papel de la coerción como punto central de la definición del Estado --Benjamín Constant lo reconoció mucho antes que Gramsci--, entonces la seguridad nacional de México quedó subordinada al escudo de defensa de los Estados Unidos.

El gran debate mexicano que no se ha dado es el de la seguridad nacional en el contexto de la democracia y los derechos humanos, pero a partir del criterio de que de ninguna manera son puntos excluyentes. De ahí que el retraso en la discusión legislativa de la ley de seguridad nacional se encuentre en la agenda de intereses estadunidenses. Obama ha revalidado las leyes patrióticas y de terror de George W, Bush que afectan la relación en la zona fronteriza y Napolitano vino a México a imponer reglas en la “seguridad de la cadena de logística global”, ambas con efectos inmediatos en la política de seguridad nacional de México. Con ese acuerdo los EU se metieron ya en México en los aspectos de organizaciones delictivas transnacionales, terroristas y migración ilegal.

Pero hay dos temas fundamentales que han estado fuera de las campañas presidenciales mexicanas: la relación con los Estados Unidos después de la alternancia partidista y el papel del ejército mexicano cuya resistencia al acoso de los EU ha definido una distancia crítica de los intereses geopolíticos estadunidenses. En este contexto ha sido vital la intervención del ejército mexicano en la lucha contra los cárteles del crimen organizado porque ha impedido la intervención directa de los EU que ha sido muchas veces insinuada y hasta planteada directamente.

El involucramiento de la secretaria Napolitana en la persecución de Joaquín El Chapo Guzmán en México al meterlo en el contexto de Osama bin Laden fue otro aviso de advertencia de que los EU ya se colaron en la guerra mexicana contra el crimen organizado de los cárteles mexicanos, a pesar de que la Casa Blanca ha permitido en los últimos años el asentamiento del mercado al menudeo de droga por parte de los capos mexicanos en todas las ciudades de los EU.

De ahí que los temas centrales de las campañas presidenciales mexicanas, además de la crisis, sean la seguridad nacional interna-externa, la soberanía ante el acoso de los EU y el papel del ejército mexicano en la doctrina de defensa nacional. Pero parece que los candidatos son ajenos a esta realidad vital.





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martes, 28 de febrero de 2012

28-Febrero-2012, Martes.

INDICADOR POLITICO




+ Stratfor: brazo político de EU

+ Seguridad nacional privatizada



Carlos Ramírez



Calificada como una “CIA en la sombra”, la empresa de análisis de inteligencia y seguridad nacional Stratfor acaba de ser exhibida en sus intereses oscuros por revelaciones de Anonymous vía Wikileaks. Y los correos electrónicos circulados mostraron una especie de oficina alterna privada de los intereses geopolíticos de los Estados Unidos.

Stratfor se dedica a distribuir reportes de asuntos de inteligencia, geopolítica y seguridad nacional. Pero los datos conseguidos por Anonymous revelan que su contenido carece de calidad científica y académica y sus enfoques están redactados para reflejar los intereses de los Estados Unidos. Detrás de los informes se encuentra también la tarea de intermediarios en asuntos de inteligencia y seguridad nacional, además de un loby político.

En este sentido, la empresa Stratfor forma parte de los mecanismos de privatización de la seguridad nacional de los EU a través de empresas privadas que cubren las tareas de las oficinas públicas. Esta privatización de la seguridad nacional estadunidense ha llegado a la decisión audaz de contratar a batallones armados --formados por ex militares-- para ir a combatir al Medio Oriente en lugar de las tropas regulares; con ello, la política militar de los EU ha ido reduciendo la presencia de efectivos y de protestas por la exportación de militares.

La primera filtración de correos electrónicos de Stratfor que hizo el fin de semana Wikileaks expuso los intereses reales de la empresa privada: su dependencia de oficinas militares, diplomáticas, de inteligencia y de seguridad nacional de los EU e Inglaterra, además de servir a los intereses geopolíticos de empresas transnacionales. En este escenario, la tarea de Stratfor tiene una doble vía: como captadora de información de inteligencia y seguridad nacional que va a dar a las agencias similares de los EU y como filtradora de enfoques de inteligencia y seguridad nacional a través de sus reportes pero para reproducir los intereses geopolíticos y estratégicos de los Estados Unidos.

México se convirtió en foco de atención de Stratfor a través de sus reportes distribuidos por correo electrónico y por la venta de sus servicios de información. Pero ahora se sabe que los reportes de Stratfor carecen de metodología seria y científica para analizar la realidad y que responden a los intereses de los llamados mexicans desk u oficinas de las agencias de inteligencia y seguridad nacional de los EU que necesitan fuentes de información sobre México.

En México existen algunas referencias al hecho de que algunas oficinas mexicanas que tienen que ver con asuntos de inteligencia y seguridad nacional hayan adquirido suscripciones de Stratfor con la suposición de que sus análisis ayudan a entender la realidad mexicana. Ahora se sabe también que a través de sus reportes Stratfor ha estado sembrando información interesada en oficinas encargadas del combate contra el crimen organizado.

Pero se trata de información contaminada por los intereses de las oficinas de inteligencia y seguridad nacional de los EU, tanto militares y civiles. La filtración de la red de intereses de Stratfor ha permitido entender que algunos de los reportes de esa empresa sobre México son filtraciones para imponer criterios de intereses de los EU pero también hay algunas que en el lenguaje del espionaje se consideran como “papillas de bario”, es decir, información que se siembra en una oficina y se va rastreando a lo largo de las redes de información mexicanas para seguir los senderos de la circulación de la información.

Las revelaciones de Anonymous a través de Wikileaks exhiben también la forma en que Stratfor acopia información para sus reportes de inteligencia: el establecimiento de una red de informantes pagados y por tanto interesados. Pero junto a ello existe otra forma de conseguir información: analistas de Stratfor realizan conversaciones con funcionarios de gobiernos, aunque éstos sin saber que el contenido de sus datos se incorpora a un flujo de inteligencia que termina en las agencias militares y civiles de inteligencia y seguridad nacional de los EU.

Stratfor ha abierto una línea de análisis sobre México ya no sólo en materia de geopolítica --por el papel de México en la órbita de seguridad nacional de los EU-- sino que ya le ha entrado a los temas de narcotráfico para imponer criterios supuestamente provenientes de los EU sobre la composición de los cárteles. Y recientemente Stratfor ha comenzado una observación de los temas políticos y electorales de México. Los reportes de Stratfor sobre México han aterrizado en escritorios de importantes funcionarios, aunque algunos de ellos hasta ahora no se hayan percatado de que se trata de información contaminada y hasta envenenada.

El dueño de Stratfor es George Friedman, un académico orientado a temas de seguridad nacional. Nacido en Hungría, huyó a los Estados Unidos para salir del comunismo de su país. En 1996 fundó Stratfor y tardó unos años en tejer su red de intereses, informantes y mecanismos de colaboración con las oficinas de inteligencia y seguridad nacional de los EU. En México ha publicado algunos textos, ensayos y artículos en la revista Nexos y se mueve con comodidad en los círculos intelectuales mexicanos. Se ha especializado en el análisis prospectivo militar muy demandado en círculos geopolíticos estadunidenses, además de sospechas de asesorar al Pentágono y a la CIA.

Aunque quiere darle a Stratfor un perfil de oficina de análisis geopolíticos, los verdaderos alcances de los trabajos de la empresa llevaron al periódico español Público a caracterizarla como “una CIA en las sombras”. Cuando Anonymous hackeó en diciembre pasado el sitio de Stratfor, Friedman dijo que sus reportes eran una mezcla de información de diarios con análisis de bancos y financieras. Sin embargo, las revelaciones de Anonymous vía Wikileaks han mostrado que los estudios de Stratfor forman parte de los intereses de la inteligencia y la seguridad nacional de las agencias civiles y militares de los EU.





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lunes, 27 de febrero de 2012

27-Febrero-2012, Lunes.

INDICADOR POLITICO




+ Narcotráfico: la nota o la vida

+ Medios: la retaguardia abierta



Carlos Ramírez



A casi un año de la firma del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, su incumplimiento por parte de medios y autoridades civiles ha abierto una brecha peligrosa de seguridad: el uso de averiguaciones previas para fines políticos o para revelaciones sensacionalistas.

De un lado, expedientes en proceso de integración y con informaciones no consolidadas se están usando para reventar precandidaturas políticas con revelaciones sobre acusaciones que aún carecen de confirmación y que la mayor parte de las veces suelen diluirse por falta de seriedad o de aportaciones probatorias.

De otro lado, la facilidad para obtener expedientes de averiguaciones previas ha expuesto a algunas autoridades de seguridad ante el peligro de revelar datos que pongan en riesgo vidas humanas., En diciembre de 2009 familiares de un marino que participó en el combate en que murió el capo Arturo Beltrán Leyva, en Cuernavaca, fueron asesinados en venganza en Tabasco.

La filtración de averiguaciones previas ha abierto a los medios a información no consolidada que incrimina a personas aún bajo investigación. Recientemente el periódico Reforma publicó, basados en averiguaciones previas, nombres de personal militar presuntamente señalado como responsable de algún delito pero aún en proceso de comprobación, poniendo en riesgo la vida de ellos, de sus familiares y de las propias fuerzas armadas.

El problema de la publicación de averiguaciones previas radica en el hecho de que la redacción de los textos suele acreditar culpabilidades mediáticas que más tarde se diluyen o no resultan serias o de confirmación de responsabilidades que acreditarían sentencias penales. De hecho, se trata de una reproducción en medios escritos del modelo de acusación del documental Presunto culpable, donde las autoridades tergiversan procesos judiciales para inculpar a inocentes; las averiguaciones previas filtradas se usan como si fueran expedientes cerrados y sentenciados. Al final, en base al expediente de indagación, algunos medios sentencian a presuntos culpables.

Las acusaciones afectan por igual a delincuentes que a autoridades acusadas de abuso de autoridad y a políticos sospechosos de complicidad con el crimen organizado. En el ejército existe la molestia por la filtración de averiguaciones previas y por la publicación del contenido de algunas de ellas, sobre todo por la forma en que se delatan nombres de militares presuntamente acusados de violación de derechos humanos poniendo en peligro a sus familiares y de paso para usar asuntos parciales como una forma de desacreditar a la Secretaría de la Defensa Nacional y de manchar a los militares que luchan contra las bandas. De hecho, la filtración de expedientes parece formar parte de una estrategia que beneficia intencionadamente al crimen organizado.

En el fondo existe una violación legal. El artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, supuestamente en vigor, establece la prohibición de apertura y uso mediático de averiguaciones previas, lo que convierte su difusión en un delito paradójicamente para revelar la existencia de un delito:

“Al expediente de averiguación previa únicamente tendrán acceso el inculpado, su defensor y la víctima u ofendido o su representante legal. La averiguación previa así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, y los objetos, registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados.

“Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, únicamente deberá proporcionarse una versión pública de la resolución de no ejercicio de la acción penal, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal, sin que pueda ser menor de tres ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha resolución haya quedado firme.

“Si la resolución de no ejercicio de acción penal resulta de la falta de datos que establezcan que se hubiese cometido el delito, el Ministerio Público podrá proporcionar la información de acuerdo a las disposiciones aplicables, siempre y cuando no se ponga en riesgo indagatoria alguna.

En ningún caso se podrá hacer referencia a información confidencial relativa a los datos personales del inculpado, víctima u ofendido, así como testigos, servidores públicos o cualquier persona relacionada o mencionada en la indagatoria…

“Al servidor público que quebrante la reserva de la información de la averiguación previa o proporcione copia de los documentos que contenga, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal que corresponda.”

La publicación de nombres de fuerzas de seguridad involucradas en presuntos delitos no sólo se convierte en otro delito sino, lo que es más grave, pone en riesgo a las familias de los señalados. En el pasado priísta, la filtración de averiguaciones previas se usaba por los delincuentes para amenazar a testigos y obligarlos a retraerse en sus declaraciones y hoy se utiliza por parte de los delincuentes parea vengarse de las autoridades.

El fondo radica en el dilema del periodismo: la exclusiva o la vida, aunque ahora no referida a la vida del comunicador sino de los inculpados, aún a los propios delincuentes. Lo grave informativamente hablando es que las averiguaciones son procesos de investigación y no de conclusión de responsabilidades, por lo que su difusión significaría una perversión de la credibilidad periodística porque se dan por concluidos hechos no probados.

Al final, la publicación de averiguaciones es mera estridencia, aunque debilitan la retaguardia de la estrategia de lucha contra el crimen organizado.





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viernes, 24 de febrero de 2012

24-Febrero-2012, Viernes.

INDICADOR POLITICO




+ Mendiguchía: quien a hierro mata

+ Reclama derechos que apachurró



Carlos Ramírez



En esas ironías jurídicas del viejo régimen priísta, el ex gobernador chiapaneco Pablo Salazar Mendiguchía reclama, exige, suplica y manipula para sí derechos humanos que él aplastó cuando gobernó el estado por la vía de la represión.

Durante su gestión estatal 2000-2006 como candidato (ex) priísta y una alianza de toda la oposición anti priísta, Salazar reprimió la disidencia, encarceló periodistas, persiguió penalmente a políticos del gobierno anterior, castigó a  indígenas y utilizó la ley como un instrumento de control político caciquil.

Su brazo operador fue el ex fiscal federal Mariano Herrán Salvatti, hoy también encarcelado por delitos probados. Salazar tiene ya varias órdenes de aprehensión ejercidas, entre ellas por su responsabilidad en la muerte de niños en un hospital de Comitán. Sin embargo, montado en una estridencia mediática, Salazar no ha probado su inocencia pero ha intentado politizar su encarcelamiento.

Lo malo para el político chiapaneco es que dejó una estela de represión criminal y de corrupción a su paso por el gobierno estatal. Varios hechos de represión contra la prensa estatal obligaron a la intervención del gobierno de Vicente Fox, pero Salazar se protegió detrás del principio de la autonomía estatal.

Uno de los ejemplos de la manipulación del poder de  Salazar sigue abierto: después de que el periódico estatal Cuarto Poder reveló con pruebas que no estaba titulado y usurpaba ilegalmente la profesión de abogado cometiendo delitos penados, Salazar persiguió al dueño del diario Conrado de la Cruz Morales; para salvar su vida, Conrado tuvo que exiliarse. Sin embargo, el gobernador Salazar encarceló al hijo de Conrado y ordenó que lo vejaran duramente en la cárcel, al viejo estilo de las venganzas mafiosas de los priístas de antes; por decisión de Salazar, Conrado hijo permaneció encarcelado. El dueño del periódico murió en Miami sin poder regresar a su estado porque Salazar lo tenía amenazado de muerte.

Si el encarcelamiento por razones políticas fue grave, la familia De la Cruz tuvo que padecer las vejaciones del hijo en prisión. Conrado hijo murió al salir de la cárcel pero por el daño causado dentro de la cárcel por instrucciones directas del gobernador Salazar. Al final, como ocurrió con el caso de otro periodista perseguido, el director de Orbe de Tapachula, la intención final de Salazar era la que apropiarse de los medios de comunicación para construir un poder periodístico local.

El contraste no deja de ser parte de las ironías de la democracia: como titular de un poder caciquil, Salazar ordenó la vejación de un reo por causas periodísticas y políticas; pero hoy encarcelado por acusaciones probadas de fraude y tráfico de poder, Salazar goza de servicios de comunicación como el twitter y su cuñado tenía un centro de espionaje contra sus enemigos políticos.

El periódico Cuarto Poder había denunciado que Salazar no sólo no era abogado como se ostentaba y como tal había ascendido a senador por el PRI y firmado documentos oficiales cometiendo el delito de usurpación profesional, sino que había falsificado su título y ostentaba la cédula profesional 0745078 que le pertenecía a una licenciada en sicología. La revelación enfureció al entonces gobernador y éste utilizó todo el poder político para perseguir al dueño y a su hijo.

La represión de la prensa chiapaneca en los tiempos del gobierno de Salazar provocó quejas pero nunca una rectificación. Escudado en el apoyo y el aval político del PRD, el PAN, el PT, Convergencia, el Partido de la Sociedad Nacionalista, Alianza Social y el Partido del Centro Democrático, Salazar hizo un gobierno autoritario y personalista ajeno a los compromisos de la alianza opositora. Su brazo autoritario fue Herrán Salvatti, ex procurador general de la república, quien cometió delitos de abuso de poder --dinero, aviones y riqueza a su disposición-- y tejió una red de poder que tuvo algunos indicios vinculados al crimen organizado que hasta ahora las autoridades no han querido profundizar.

Como político priísta, Salazar manipuló el gobierno para poner sucesor pero Juan Sabines Guerrero construyó su candidatura a través del entonces Frente Amplio PRD-PT-Convergencia, en tanto que Salazar regresó a pactos secretos con el PRI para impulsar al priísta José Antonio Aguilar Bodegas, hoy bajo investigación por presuntas relaciones peligrosas con Salazar. La intención de poner sucesor al viejo estilo priísta rompió la alianza de toda la oposición y el voto se dividió entre el FA, el PRI-Verde y el PAN.

La ironía jurídica del sistema penal le ha permitido a Salazar invocar violación de derechos humanos en la cárcel, cuando él los aplastó en el encarcelamiento de adversarios políticos y la persecución contra periodistas. Y ahora el gobierno de Sabines Guerrero ha tenido que hacer esfuerzos adicionales para lograr el encarcelamiento de Salazar con suficientes pruebas de sus corruptelas, represiones e irregularidades. Asimismo, el gobernador Sabines Guerrero ha liberado a decenas de indígenas presos por razones políticas.

Las redes de poder de Salazar son inusitadas. El PRD y el PAN que lo llevaron al gobierno estatal se han desentendido de las acusaciones; y el EZLN del subcomandante Marcos ha fortalecido una extraña alianza con Salazar que buscaba colocar ahora a Aguilar Bodegas como candidato del PRI-Partido Verde al gobierno estatal, sólo que denuncias legales del gobierno lo sacaron de la jugada y el candidato PRI-Verde sería el senador Manuel Velasco, nieto del reconocido médico Manuel Velasco Suárez. La jugada de Salazar era poner gobernador estatal priísta y salir de la cárcel.

A pesar de todo, a Salazar lo alcanzó la justicia por irregularidades en su gestión, aunque quedan pendientes todos los casos de represión brutal a la prensa y la persecución de la libertad de opinión.





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jueves, 23 de febrero de 2012

23-Febrero-2012, Jueves.

INDICADOR POLITICO




+ La inseguridad, de fuero común

+ Los muertos, de gobernadores



Carlos Ramírez



En lo que se aclaran las cosas, cualquier intervención de las fuerzas armadas en zonas dominadas por el crimen organizado debe de pasar antes por una solicitud formal y por escrito de las autoridades estatales y municipales.

El propósito de esta formalidad es la de prorratear responsabilidades a la hora de las acusaciones: las fuerzas federales de seguridad --civiles y militares-- carecen de un marco jurídico adecuado por el retraso de los legisladores en aprobar la Ley de Seguridad Nacional. Por ello es que los gobernadores y alcaldes que quieran fuerzas federales deben de comprometerse por escrito a solicitar la intervención federal.

El principal error de la estrategia del gobierno federal de lucha contra el crimen organizado se localiza en la distribución de responsabilidades: la incapacidad de gobernadores y alcaldes en materia de seguridad motivó la decisión de enviar fuerzas federales a zonas locales dominadas por los cárteles.

Pero a la hora del prorrateo de saldos, los gobiernos estatales y municipales se han hecho a un lado para dejar que el gobierno federal cargue con el fardo de los muertos por la inseguridad.

Y ahí debe comenzar el deslinde: los muertos en enfrentamientos entre bandas criminales con las fuerzas federales de seguridad no llegan a tres mil, por lo que 50 mil muertos forman parte del ajuste de cuentas entre las propias organizaciones delincuenciales en zonas en las que los gobiernos estatales y judiciales perdieron el control soberano.

La crisis de seguridad pública en estados y municipios no fue culpa del gobierno federal porque las bandas se asentaron en amplias zonas territoriales por la complicidad de las autoridades estatales y municipales de gobierno y con el consentimiento de la sociedad. Asimismo, el auge de la criminalidad tuvo razones locales, no federales. La autoridad federal intervino para resolverles el problema a los gobiernos estatales y municipales y las policías locales se marginaron por la desconfianza en sus lealtades; todavía es la hora en que no pasa día sin que el ejército, la marina o la policía arresten a policías estatales o municipales por estar aliadas a los cárteles criminales.

Por tanto, el cierre del sexenio debe darse en función de tres criterios:

1.- Los muertos por fuerzas federales se dieron en enfrentamientos directos entre fuerzas de seguridad con delincuentes.

2.- Los 50 mil muertos fueron producto de la lucha entre las propias bandas criminales por territorios o zonas de trasiego.

3.- La presencia y violencia de las bandas criminales es un asunto de fuero común en su origen, por tanto de responsabilidad directa de gobernadores y alcaldes.

Como el ejército es el que tiene las cifras consolidadas del saldo de la lucha contra las bandas criminales, sus cifras de diciembre de 2006 a enero de 2012 sirven para una evaluación:

--Más de 42 mil detenidos in fraganti.

--Más de 108 mil armas decomisadas.

--Casi 42 mil vehículos decomisados.

--Casi 10 mil toneladas de marihuana capturadas.

--Casi 35 toneladas de cocaína capturadas.

Delincuentes, armas, vehículos y droga se movían a nivel estatal y municipal sin que las autoridades estatales y municipales las afectaran. Por tanto, la inseguridad ha sido un asunto de fuero común y en consecuencia habría que exigirles cuentas a los gobernadores y presidentes municipales y a la misma sociedad que permitió el asentamiento de las bandas criminales en sus áreas de dominio territorial.

Lo grave del asunto es que gobernadores y alcaldes firmaron un acuerdo de reforma der seguridad en el 2008 y se comprometieron a profesionalizar a sus cuerpos de seguridad, pero los saldos han sido deficientes: las noticias de violencia criminal surgen en zonas territoriales estatales y municipales donde las autoridades locales han fracasado en la reorganización de sus políticas de seguridad.

De ahí que el reparto de culpas tenga que matizar el concepto de “los muertos de Calderón” por el de “los muertos de los gobernadores y alcaldes”. Las fuerzas federales no rebasaron a la autoridad local sino que la suplieron por ineficiencia de funcionarios estatales y municipales.

Por lo demás, los gobernadores y alcaldes de las zonas en conflicto de seguridad le deben a los mexicanos una explicación de cómo fue que las bandas criminales tomaron el control de territorios de la soberanía del Estado.

En este contexto se localiza el recordatorio que hizo el general secretario Guillermo Galván Galván sobre cómo creció el poder del crimen organizado:

“Esta rémora criminal evolucionó sigilosamente durante décadas. Primero como pandillas, operando con un bajo perfil, controladas por las policías locales. Con los años, las nefastas bandas pasaron a un proceso de enquistamiento en la sociedad, con la colaboración de la propia autoridad. En la dilatación de este proceso, la situación se tornó aún más grave.

“En algunas regiones del país, la delincuencia organizada se apropió de las Instituciones del Estado y ya en ese apoderamiento, diversificó sus ominosas actividades para despojar a la sociedad de lo que por derecho le corresponde, generando un clima de violencia inusitado”.

(Además, opino que Javier Sicilia, su movimiento y el rector de la UNAM José Narro deben pedir directamente la rendición incondicional de Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada, Heriberto Lazcano El Lazca, Servando Gómez La Tuta, Juan José El Azul Esparragoza, Vicente Carrillo Fuentes y otros capos y exigirles la entrega de su arsenal de armas, para ser juzgados como responsables de la violencia criminal en el tráfico de drogas y de varios de miles de muertos.)





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miércoles, 22 de febrero de 2012

22-Febrero-2012, Miércoles.

INDICADOR POLITICO




+ PRI: fruta de árbol envenenado

+ Ilegalidad del Consejo Político



Carlos Ramírez



La judicialización de las candidaturas de diputados priístas en Oaxaca acaba de arrinconar al PRI en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y podría generar un dictamen que eche abajo las nominaciones aprobadas y meta al partido en una severa crisis de organización.

La tesis jurídica de un aspirante rechazado a participar en el proceso de lucha por una candidatura se basa en el principio jurídico de los frutos del árbol envenenado: decisiones de un organismo son inválidas si su origen es otro organismo que no cumplió con los requisitos legales.

El aspirante priísta oaxaqueño Jaime Larrazábal Bretón impugnó ante el Trife la negativa de la Comisión Nacional de Procesos Internos de registrarlo como aspirante a una diputación, pero denunció la ilegalidad de este organismo por haber sido designado por el Consejo Político Nacional también ilegalmente estructurado.

Por tanto, el Trife está siendo convocado a dictaminar si el Consejo Político Nacional del PRI es legal y por tanto si también es legal la Comisión Nacional de Procesos Internos que está decidiendo las candidaturas a cargos legislativos e inclusive a presidente de la república. La Comisión de Procesos Internos le negó a Larrazábal el registro para competir por la candidatura del distrito 10 de Oaxaca.

Si la impugnación de Larrazábal se resuelve a su favor, entonces todas las candidaturas aprobadas por la Comisión Nacional de Procesos Internos serían ilegales y el PRI tendría que reponer el proceso, pero comenzando por una nueva integración del Consejo Político Nacional.

La argumentación jurídica de Larrazábal es muy sencilla: el Consejo Político Nacional del PRI designó a los miembros de la Comisión Nacional de Procesos Internos para decidir candidaturas. Pero por ley, el Consejo Político debe estar integrado paritariamente por hombres y mujeres. El artículo 147 de los estatutos del PRI registrados en el IFE y de cumplimiento obligatorio señala:

Los consejeros políticos que correspondan a los sectores, organizaciones adherentes y Organismos Especializados, serán electos de conformidad con el principio que alude el artículo anterior. Será obligatorio que en su integración quede debidamente representada la paridad de género, considerando el 50% de mujeres y 50% de hombres”.

En su impugnación Larrazábal incluye copia certificada de los integrantes del Consejo Político Nacional del PRI para probar que su composición no cumple con el mandato de paridad 50%-50% y viola la ley; por tanto, el Consejo Político que nombró a la Comisión Nacional de Procesos Internos era ilegal y la composición de la Comisión de Procesos fue fruto de un árbol envenenado y también es ilegal.

El problema para el PRI no es menor porque la queja de Larrazábal ante el Trife se basa en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ejemplo cita la jurisprudencia Registro No. 252103:

“ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE.

Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal.” Primer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito.

La impugnación de Larrazábal ante el Trife fundamenta la ilegalidad: “de lo anterior se desprende con claridad que al no ser legal las convocatorias a sesiones de la Comisión Nacional de Procesos Internos, por no provenir del Presidente de la misma, ya que el órgano que lo designó no se encuentra debidamente integrado conforme a la normativa estatutaria del PRI, por ende al contar con incapacidad de origen, todos los frutos que deriven de los actos que suscriba son lisa y llanamente nulos”.

La decisión que dictamine el Trife será histórica porque tendrá que ver con el valor de los estatutos de los partidos y de su cumplimiento/incumplimiento. Larrazábal cita una jurisprudencia del Trife sobre los “elementos mínimos de democracia” que deben estar presentes en los partidos políticos:

1.- La asamblea u órgano equivalente, como principal centro decisor del partido. 2.- La protección de los derechos fundamentales de los afiliados, que garanticen el mayor grado de participación posible, como son el voto activo y pasivo en condiciones de igualdad, el derecho a la información, libertad de expresión, libre acceso y salida de los afiliados del partido. 3.- El establecimiento de procedimientos disciplinarios, con las garantías procesales mínimas, como un procedimiento previamente establecido, derecho de audiencia y defensa, la tipificación de las irregularidades así como la proporcionalidad en las sanciones, motivación en la determinación o resolución respectiva y competencia a órganos sancionadores, a quienes se asegure independencia e imparcialidad. 4.- La existencia de procedimientos de elección donde se garanticen la igualdad en el derecho a elegir dirigentes y candidatos. 5.- Adopción de la regla de mayoría como criterio básico para la toma de decisiones dentro del partido. Y 6.- Mecanismos de control de poder.

La decisión del Trife sobre la impugnación del aspirante Larrazábal podría declarar la ilegalidad del Consejo Político Nacional del PRI y reventar el proceso de asignación de candidaturas, incluyendo la de Enrique Peña Nieto.





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martes, 21 de febrero de 2012

21-Febrer0-2012, Martes.

INDICADOR POLITICO




+ Revienta PRI en candidaturas

+ Trife enjuiciará consejo político



Carlos Ramírez



De nueva cuenta los priístas de Oaxaca encabezan una rebelión contra la dirigencia estatal y nacional por el reparto de candidaturas legislativas locales y la decisión pasó ya al Tribunal Electoral del Poder Judicial de a Federación, pero el ejemplo puede contaminar otros estados donde existen también protestas por el mecanismo priísta de selección de candidatos.

Hasta ahora existen 25 impugnaciones oaxaqueñas contra el proceso de selección interna de candidatos como producto de un reparto de posiciones entre grupos priístas dominantes y en contra de militantes. Por lo pronto, el Tribunal ordenó al PRI estatal a darle el registro como candidata a Mónica Bernardino Martínez, por el distrito 04, el cual le habían negado violando la ley. Esta primera victoria de los disidentes es el inicio de la judicialización de las candidaturas priístas.

La lucha por las candidaturas ha medito al PRI en rupturas graves. En 1995 el entonces gobernador priísta y hoy diputado panista Diódoro Carrasco Altamirano impuso como candidato del PRI a la alcaldía de la capital a su tío David Palacios y la rebelión priísta provocó la victoria del PAN.

Lo grave de la crisis priísta en Oaxaca es que pudiera llevar al colapso de la estructura de dirigencia nacional del partido porque los priístas descontentos pidieron al Trife la desaparición del Consejo Político Nacional por haber violado exigencias legales al tomar decisiones sin tener la paridad de género de 50% hombres-50% mujeres que exige la ley, lo que implicó que todos los acuerdos del CPN son legalmente inválidos o nulos por no cumplir con la legalidad electoral.

El caso Oaxaca afecta a Enrique Peña Nieto porque el delegado del CEN del PRI en Oaxaca es Arturo Osornio Sánchez, secretario de Agricultura del gabinete peñista en el gobierno del Estado de México, y el delegado especial del partido es Jesús Aguilar Padilla, el gobernador de Sinaloa que perdió su sucesión ante la alianza opositora encabezada por el ex priísta Mario López Valdez. Además, el  ex gobernador José Murat Casab, metido en reparto de posiciones de poder, acaba de ser designado por el precandidato Peña Nieto como secretario de Vinculación Política del CEN del PRI. Es decir, que Oaxaca es posición clave de Peña Nieto.

La crisis del PRI en la selección de candidatos ya había estallado en el DF, donde el Trife ordenó la reposición de la convocatoria a la elección de candidato a jefe de gobierno capitalino, con efecto en las nominaciones de candidatos a diputados locales y federales y a jefes delegacionales. Esta decisión legal afectó severamente la decisión de Peña Nieto de haber designado por dedazo a Beatriz Paredes Rangel como precandidata oficial a la jefatura de gobierno. La decisión sobre el DF tendrá efectos en las impugnaciones de Oaxaca.

El proceso de designación de candidatos oaxaqueños por el PRI excluyó a la militancia priísta que carecían del favor de alguno de los ex gobernadores priístas. Por la vía de la manipulación de las solicitudes de registro de aspirantes, los grupos dominantes de poder del PRI impusieron a sus preferidos: por ejemplo, entró Juan Díaz Pimentel que había sido sancionado por la Auditoría Superior de la Federación y había competido recientemente por el PRD y aliado del gobernador aliancista Gabino Cué; en otro distrito se registró a un ex presidente municipal de San Agustín Loxicha, acusado de desaparición de disidentes políticos. Y los ex gobernadores Murat y Heladio Ramírez colocaron a sus hijos en candidaturas.

En cambio, figuras locales ajenas a los compromisos de grupo recibieron el rechazo a su solicitud de registro, varios de ellos con carrera política en posiciones estatales y federales. A ello se han agregado las renuncias a la militancia en el PRI de otros aspirantes que fueron desdeñados con trampas legaloides y que estarían ya enfilados a participación en la oposición al PRI.

En el fondo, la crisis del PRI en Oaxaca es una secuela de un conflicto histórico: el fin del acuerdo de reparto equitativo del poder entre los grupos priístas. La disputa priísta interna reventó en 1977 con la caída del gobernador Manuel Zárate Aquino y las élites tricolores decidieron compartir el poder para evitar fracturas; el pacto duró hasta 1995 cuando el gobernador Carrasco Altamirano se quiso quedar con todo el poder y excluyó a los demás grupos y tronó con la decisión de Ernesto Zedillo de darle la nominación a gobernador en 1998 a Murat por encima de Carrasco. En el periodo 1995-1998 los grupos priístas riñeron por el poder por la ambición de Carrasco y la crisis llevó a la pérdida priísta del gobierno estatal en el 2010.

El problema ahora es del precandidato presidencial Peña Nieto, porque Oaxaca tenía 600 mil votos de la elección de gobernador en el 2010 pero las disputas entre grupos, las impugnaciones a las candidaturas y las renuncias al partido podrían llevar esa cifra a apenas la mitad. Y si en Oaxaca triunfan las impugnaciones y el Trife obliga a reponer el proceso para nominaciones sin preferencia de grupos dominantes, el ejemplo podría contaminar otras plazas y provocarle a Peña Nieto una severísima crisis de militancia que beneficia a los demás partidos que andan a la caza de descontentos priístas.

El Trife se ha metido en serio a atender las quejas de aspirantes priístas a cargos de elección popular y está comenzando a exigir información a la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI sobre la forma de procesamiento de las solicitudes de registro de aspirantes, porque el PRI se aferró a argumentos no legales para rechazar precandidaturas.

Por ejemplo, al priísta oaxaqueño Jaime Larrazábal el PRI le negó el registro arguyendo que nació en el DF y a pesar de que presentó acta de registro natal de Oaxaca porque pertenece a una familia de amplio reconocimiento local. La impugnación judicial de Larrazábal está siendo tomada como modelo para otras. Y Larrazábal fue el pivote de la rebelión priísta municipal de 1995.

La crisis del priísmo en la repartición de candidaturas y la judicialización de las quejas en Oaxaca, Veracruz y el DF han sido un aviso a Peña Nieto de que el PRI anda a la deriva, que las candidaturas se reparten a grupos de poder, que habrá renuncias que beneficiarán a los demás partidos y que se están perdiendo votos priístas para las presidenciales.





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lunes, 20 de febrero de 2012

20-Febrero-2012, Lunes.

INDICADOR POLITICO




+ Crimen: gobernadores y alcaldes

+ Repartición de responsabilidades



Carlos Ramírez



MAZATLAN, Sin.- Como andan campaña, los precandidatos a la presidencia de la república encontraron la fórmula milagrosa para regresar el ejército a sus cuarteles: tener en seis meses policías estatales y municipales preparados para combatir el crimen organizado.

Cuando altos mandos militares escuchan esos argumentos políticos, no pueden --por disciplina-- más que esbozar una sonrisa. ¿Por qué los gobernadores y alcaldes, bajo cuya responsabilidad territorial recae la inseguridad, no han cumplido con esos compromisos firmados desde 2008?

De haber existido policías estatales y municipales eficientes y gobernadores y alcaldes atentos a su responsabilidad en materia de seguridad, en primer lugar no habría existido un crimen organizado ocupando territorios de la soberanía del Estado y en segundo lugar el ejército no hubiera salido a las calles a combatir a los delincuentes.

Pero no pasa día sin que paradójicamente los militares arresten a policías en activo por estar al servicio de los cárteles criminales o sustituyan a policías más preocupados por sus derechos laborales y su propia vida que por combatir a muerte a los delincuentes.

La demagogia electorera está distorsionando la delicadeza del tema de seguridad. El precandidato que ofrezca en seis meses retirar al ejército por existir en ese lapso policías estatales y municipales eficientes está simple y llanamente mintiendo y jugando con la vida de los miembros de las fuerzas armadas y policías federales que están supliendo la irresponsabilidad estatal y municipal.

Y si es grave que policías estatales y municipales sigan siendo presa de los intereses y poderes económicos de los cárteles, la situación es peor cuando se ve en casi toda la república a policías estatales y municipales protegiendo a poderosos particulares en lugar de estar cuidando a la ciudadanía en las calles. Hay gobernadores que tienen hasta 150 policías ministeriales para protegerlo a él y a su familia y casos en los que el gobernador ha autorizado uso de policías estatales para dar escoltas a niveles bajos como directores de área y sus familias.

De ahí que la ciudadanía pague impuestos para que el Estado --por definición teórica y de funciones-- cumpla con la seguridad como primera tarea fundamental pero ve cómo la policía cuida a particulares. Hasta ahora sólo dos gobernadores han dado el paso exigido por el ejército para que las licencias de portación de armas para policías se dediquen a tareas públicas, no privadas: los mandatarios de Tamaulipas y Sonora quitaron vigilancia policiaca a particulares y regresaron a esos policías a las calles; la custodia ha pasado a servicio privado.

Detrás de la función de proteger a particulares con escoltas policías se esconde un negocio político: policías auxiliares que cobran por servicio de escoltas y custodia pero el dinero no ingresa a las arcas. Tres policías tienen miles de efectivos protegidos por licencia para servicio público pero vendiendo servicio a particulares: la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México y la Policía Bancaria e Industrial y la Policía Auxiliar del DF. El presupuesto se cubre con finanzas públicas, pero el cobro de los servicios no pasa por regulaciones presupuestales.

A ello se agrega el aspecto político del negocio: los gobernadores prefieren distraer policías para destinarlos a la protección de particulares y cobran el favor político con alianzas con los poderes privados fácticos; un empresario que tiene policías para protegerlo agradece el detalle al gobernador o al alcalde en turno. Pero ello implica que gobernadores usan la licencia militar de portación colectiva de armas para policías para un negocio político.

Hace poco la Secretaría de la Defensa Nacional consideró la necesidad de desaparecer las policías auxiliares para terminar con el negocio de las escoltas a particulares con personal policiaco que debiera estar en las calles, pero curiosamente fueron los gobernadores quienes pidieron una prórroga. En plazas calientes como Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Michoacán, de alta incidencia criminal, una parte sustancial de policías cuidan a particulares y dejan sin cuidar a la ciudadanía. Tamaulipas y Sonora regresaron un importante número de policías a las calles al suspender el servicio de escoltas.

La batalla contra el crimen organizado efectivamente atraviesa la tolvanera de la inseguridad de las clases altas. Pero resulta un contrasentido que la policía cuide a particulares en lugar de cumplir con su función primaria de proteger a la ciudadanía que mayoritariamente no le sirve a los gobernadores como alianza política o que carece de dinero para pagar una escolta.

Altos mandos militares regionales tienen evidencias del efecto en las cifras de delincuencia por el desvío de policías a servicios privado, lo que pudiera tipificarse legalmente como peculado. Y si a ello se agrega la falta de un espíritu de servicio en la función policiaca, entonces se tendrían ya los elementos para concluir por qué las bandas del crimen organizado se asentaron con facilidad en zonas territoriales que supuestamente la policía tenía que impedir.

El día en que policías estatales y municipales abandonen la vigilancia de particulares y la policía deje de ser un negocio privado de funcionarios públicos, ese día la sociedad verá más policías en las calles combatiendo a delincuentes. Porque causa enojo en la ciudadanía que altos funcionarios estatales y municipales se muevan en sus plazas con policías cuidándolos. La cobija del servicio policiaco es pequeña y destapa a las mayorías cuando se jala para tapar a funcionarios de bajo nivel y sus familias.

De ahí que a los precandidatos presidenciales deben ser menos demagogos y concluir que los gobernadores prometieron hace cuatro años policías estatales y municipales eficientes y honestas y no han cumplido su palabra. Y prometer que en seis meses se arreglará el problema es no sólo demagogia sino irresponsabilidad política.





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viernes, 17 de febrero de 2012

17-Febrero-2012, Viernes.

INDICADOR POLITICO




+ IFE: papá regañón y autoritario

+ Y partidos bastante caprichudos



Carlos Ramírez



El único beneficio que tendrá el actual caos en el sistema electoral es que el IFE saldrá destruido por los partidos y que la tarea principal del próximo gobierno será rediseñar la estructura fundamental del sistema democrático basado en el fracaso del instituto.

Por lo pronto, el desorden en el funcionamiento del Instituto ha quedo exhibido en toda su dimensión: la intervención de los partidos en el proceso electoral dañó la democracia electoral por reproducir los mismos vicios de la Comisión Federal Electoral del reinado priísta.

En el fondo, el problema de la organización electoral no es el consejero presidente Leonardo Valdez Zurita sino el juego de poder que lo puso al frente de una institución que requería a un ciudadano más calificado. Con todo, Valdez hace su mejor esfuerzo; en todo caso, la dimensión de los problemas ha rebasado la capacidad del consejero presidente.

El problema central de la organización de las elecciones fue la reforma del 2007, realizada no con el objetivo de mejorar la funcionalidad del instituto sino para satisfacer las pasiones encendidas del PRD. Lo malo de esa reforma fue elevar a rango constitucional criterios puramente procedimentales de organización de elecciones que debieran haberse quedado en leyes secundarias o reglamentarias.

Lo paradójico del caso ha sido el hecho de que el IFE se separó del gobierno para quitarle el dominio partidista del PRI, pero quedó atrapado en el juego complicado de intereses de los partidos. Los partidos hicieron la reforma del 2007 y se apoderaron del sistema de designación de consejeros electorales. Así, resulta que el árbitro electoral, que en todo juego necesita de independencia absoluta, está dominado por los equipos en pugna. El IFE está penetrado por una cuádruple presencia de partidos: los consejeros que fueron designados por cuotas de poder partidista, los partidos que tienen representación en el consejo general, los representantes del poder legislativo que a su vez tienen cuotas por representación partidista y el activismo de partidos con presión mediática.

Lo contradictorio del periodo de confusión actual es que los partidos diseñaron la reforma del 2007 y designaron a los consejeros electorales y son hoy los partidos los que se quejan de la reglamentación del proceso electoral y del comportamiento del Instituto. El miércoles el representante del PRD, el senador Pablo Gómez Alvarez, caracterizó al IFE como un “papá regañón” que se la pasa castigando a los partidos.

Para la actual conformación del sistema electoral, con el IFE como pieza fundamental, los partidos carecen de movilidad política, son enfocados como presuntos delincuentes electorales y la regulación  parte del criterio de que sólo saben pelear y no hacer política. De paso, el sistema electoral también tiene la percepción de que los medios de comunicación están dominados por algún partido o algún candidato y por tanto no debe existir libertad de expresión.

El vicio del IFE es la reglamentitis o ese vicio por regular todas las actividades políticas, lo que constituye una negación de la actividad política como el juego de la participación pública. De ahí que el IFE esté prácticamente a un paso de ser una organización electoral equiparable con la de Cuba o Corea del Norte, donde la voluntad autoritaria de la institución decide las reglas de la competencia política.

Si la esencia de la competencia política es la confrontación, el IFE quiere un proceso electoral de pipa y guante, de bombín y de bastón. La maduración de la competencia electoral debe de pasar por la experiencia de la disputa fuerte; por ejemplo, en las elecciones del 2012 ya no tendrían efecto las acusaciones de que alguno de los candidatos sería un peligro para México. ¿Y cómo confrontar competencias para ejercer cargos públicos si no se denuncian irregularidades? Con sus comportamientos exageradamente regulatorios, el IFE no sólo es el papá regañón de los partidos sino el padre conservador que vigila lo que los electores deben de ver y saber.

Y lo que se olvida es que en 2006 López Obrador desestabilizó el proceso electoral, mandó al diablo las instituciones, quiso madrugar en el zócalo diciendo que había ganado con 500 mil votos de ventaja, sitió a las instituciones electorales para que le dieran el triunfo al margen de las votaciones, instaló un plantón de tiendas de campaña --vacías-- dividiendo a la ciudad y dio la orden para que Calderón no  tomara posesión como presidente de la república, con un IFE en ese entonces sin autoridad ni energía.

Los partidos están pagando por sus errores al aprobar la reforma electoral del 2007. Más que quejarse, debieran encontrar salidas al hoyo en que metieron a los procesos electorales en un sistema competitivo de partidos. Sin embargo, los partidos han encontrado el camino fácil de culpar al IFE de la reforma electoral que los partidos políticos aprobaron.

Candidatos, partidos y medios de comunicación han quedado sometidos a los dictados de los consejeros del IFE pero a través de decisiones hechas no en función de facilitar la reglamentación electoral y privilegiar la competencia, sino para establecer hipotéticas equidades electorales. Los más afectados han sido los medios electrónicos por las amenazas en contra de sus títulos de concesión. El problema de los debates exhibió la incapacidad del IFE para entender la lógica de la competencia electoral.

Si el eje de una democracia radica en el relevo de gobernantes y funcionarios políticos vía procesos electorales con garantías de una competencia con el mínimo de regulaciones, las elecciones hoy no se ganan en las urnas sino en los tribunales electorales y ahí tampoco existen las garantías de equidad.

Lo malo, después de todo, será que los diseñadores de la próxima reforma electoral serán los mismos que fracasaron en la del 2007.





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