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Periodista, escritor, Lic. en Periodismo, Mtro. En Ciencias Políticas, oaxaqueño. Autor de la columna "Indicador Político" en El Financiero.

martes, 21 de diciembre de 2010

21-Diciembre-2010, Martes.

Feliz Navidad 2010
y Próspero 2011


Indicador Político

viernes, 17 de diciembre de 2010

17-Diciembre-2010, Viernes.

INDICADOR POLITICO


+ Temas del 2010, temas del 2011
+ Godoy, narco, PRD; CSG; MEC

Carlos Ramírez

Otro año se va y otro viene… y el país de peor en mal:
1.- El suplente del (ex) diputado perredista Julio César Godoy protestó como diputado. Pero deja abierta una incógnita: la PGR acusó a Godoy de recibir dinero del narco para su campaña electoral. Y la fórmula era el diputado propietario y el suplente. Por tanto, la campaña de los dos se financió con el mismo dinero y tiene acreditados los mismos compromisos. Entonces el suplente Israel Madrigal Ceja llega al congreso con la marca de los intereses de Godoy. El PRD debiera ser el primer interesado en convocar a elecciones extraordinarias en el distrito de Godoy, si no quiere que siga la sospecha sobre los intereses del narco en el partido.
2.- Para tratar de salvarse, el gobernador michoacano Leonel Godoy publicó una carta que puede ser calificada como patética. Invoca relaciones familiares, parece guión de telenovela y al final sólo dice que su primo-hermano Julio César Godoy ser tiene que salvar solo. Lo malo del asunto es que la carta llega tarde, cuando la PGR, la opinión pública y la mayoría de la Cámara de Diputados fundaron el desafuero en la aceptación de las pruebas de los vínculos de Julio César con el narco. Y hay más: la PGR establece en el expediente que Julio César era el enlace de La Familia Michoacana con el gobierno de su hermano Leonel. O sea que el baile aún no termina.
3.- Populista por convicción, el mejor alcalde del mundo, Marcelo Ebrard, también ya se prefiguró como un político bicicletero. Su decisión de una ciclovía en Paseo de la Reforma rompió la fluidez del tránsito y creó ya embotellamientos garantizados. La ciudad que se imagina Ebrard no es de vialidad de vehículos de dos ruedas. Pero qué tanto es tantito si de lo que se trata es de ser… el mejor alcalde del mundo, aunque bicicletero.
4.- El secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, quedó atrapado en su propia demagogia: luego de un año de conflictos, violencias y agresiones personales, finalmente le dio por fast track la toma de nota a Martín Esparza para titularle la propiedad del Sindicato Mexicano de Electricistas. La clave del proceso es fácil de comprender: primero se salieron los disidentes que impidieron la cristalización del fraude electoral de hace un año y luego Lozano asesoró a Esparza para unas votaciones que sin disidencia le dieron la victoria con el 97% votos.
5.- Las últimas encuestas secretas revelaron la principal preocupación del mejor alcalde del mundo (y sus alrededores, qué caray, por qué no) está a punto de perder el gobierno del DF en las elecciones del 2012 porque el factor peña Nieto en el PRI capitalino ha logrado darle al tricolor una tendencia por arriba del PRD, o de los varios PRD que se disputan la candidatura perredista-ebradista local. Por eso Ebrard anda tras una alianza PAN-PRD que entregue la candidatura a gobernador mexiquense al PAN y la del DF al PRD. Sólo así podría el PRD mantener el control de la capital.
6.- Y como despedida del 2010, dos fotos al estilo de Por Mi Madre, Bohemios para ilustrar el regreso del innombrable. ¿Cuál regreso si no se ha ido? El México de mis recuerdos… o todo tiempo pasado fue mejor:
A.- Carlos Monsiváis, Carlos Salinas y Elena Poniatowska del brazo y por la calle.



B.- Manuel Camacho en el hombro de Salinas. Es decir, la catadura moral de la (auto) (denominada) izquierda:

(Por vacaciones de fin de año, Indicador Político se toma dos semanas de descanso. Nos leemos aquí el lunes 3 de enero. Para todos, un buen 2011.)


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jueves, 16 de diciembre de 2010

16-Diciembre-2010, Jueves.

INDICADOR POLITICO


+ Licitación 21: disputa legal
+ Acatar o no mandato de juez

Carlos Ramírez

A pesar del informe incompleto que entregó Transparencia Mexicana sobre el proceso de la Licitación 21 del espectro radial y la ganga a Televisa-Nextel, el problema legal persiste por la existencia de mandatos judiciales para no entregar ni ejercer el título de concesión.
Aún en el hipotético caso de que la Licitación 21 haya sido un dechado de transparencia, el asunto de fondo ya no es el proceso de licitación sino el hasta ahora desacato del secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, a una orden de un juez.
Hasta ahora, la SCT quiere zanjar el asunto con declaraciones periodísticas, aunque en realidad los procedimientos legales son mucho más estrictos. El punto clave de la defensa de Molinar radica, según declaración publicada el sábado 11 de diciembre, que “no hemos sido notificados (de la orden del juez) y no podemos actuar” para suspender el título de concesión.
Sin embargo, parece que nadie le ha dicho al politólogo Molinar --o no ha entendido-- que existe una ley de amparo y que es muy estricta. Esa ley establece en su artículo 139 que “el auto en el que un juez de Distrito concede la suspensión surtirá efectos desde luego. Por tanto, el hecho de que a la autoridad se le haya notificado la resolución que concede la suspensión provisional con posterioridad a la fecha en que ejecutó el acto que se reclama, no la exime de su cumplimiento si la concesión de la suspensión provisional se decretó con anterioridad, pues lo que determina su obligatoriedad es de haberse concedido y no su notificación”.
De ahí que el secretario Molinar se haya acercado al callejón del desacato y por tanto a enfrentar una demanda penal por no haber acatado el mandato de un juez. Por tanto, la disputa por la Licitación 21 no se agotó en los datos que revelan la entrega de una concesión del espacio radioeléctrico en un precio de ganga --180 millones por algo que vale 5 mil millones de pesos--, sino en la batalla legal en tribunales donde ha habido ya dictámenes para ordenar a la SCT a no entregar el título de concesión. A pesar de la prohibición expresa y a tiempo, Molinar ya entregó el título a Nextel --por el retiro de Televisa de la empresa, aunque manteniendo la alianza en contenidos--. Por tanto, el estudio de Transparencia Mexicana carece de valor jurídico en el proceso legal en tribunales.
Legalmente, Molinar está obligado a informar a Nextel que el título de concesión entregado tiene el valor judicial de un bilimbique de tiempos de Pancho Villa. Y Nextel, a su vez, podría enfrentar una denuncia penal al ejercer un título de concesión desvalorizado por un juez. Si intentara utilizar ese título, entonces entraría en lo que la empresa demandante, Grupo Salinas, califica como “robo de fluido”. El tema no es menor por el papel de Nextel como empresa de accionistas y su participación en el mercado bursátil estadunidense.
La que quedó atrapada en medio de la disputa legal fue Transparencia Mexicana porque su reporte difundido el martes daba por transparente el proceso de licitación, pero los tribunales mexicanos dictaminaron antes que la Licitación 21 había estado plagada de irregularidades por lo que la juez Decimosexto de Distrito en el estado de Veracruz, Naela Márquez Hernández, ordenó el pasado 30 de noviembre que se “dejara sin efectos sólo la entrega de los títulos de concesión” de la Licitación 21. Ahora Transparencia tiene que explicar cómo fue limpia una licitación que varios jueces han invalidado por irregularidades.
Y en el aspecto procedimental, Transparencia, por ejemplo, “observó que el Acta de Fallo (de la Licitación) fue firmada por dos de los cinco comisionados que conforman el pleno de Cofetel”. Y nada más. ¿No fue una irregularidad que el 40% --dos de cinco-- hayan validado una licitación? ¿Y nada le dijo a Transparencia el hecho de que uno de esos dos haya sido el presidente de Cofetel, Mony de Swaan, ex jefe de asesores del secretario de Comunicaciones y cuyo nombramiento fue impugnado por el Senado de la República? O el reporte de Transparencia fue censurado o su participación resultó inútil por los litigios en tribunales que hablan de irregularidades.
Lo que aqueda es saber cómo se va a desahogar el artículo 206 de la ley de amparo: “la autoridad responsable que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, será sancionada en los términos que señala el Código Penal aplicable en materia federal para el delito de abuso de autoridad, por cuanto a la desobediencia cometida; independientemente de cualquier otro delito en que incurra”. Molinar dice que no ha sido notificado, aunque su director jurídico ya declaró que fueron notificados. El siguiente paso, por tanto, es el tema del desacato de un funcionario a una orden judicial bastante clara y explícita.
Y para terminar de enredar las cosas, el ex secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, le entró al equipo de defensa de Nextel, pero abriendo el tema del tráfico de influencias porque la ley establece un año de distancia entre un cargo público y la incorporación a la actividad privada empresarial. El sospechosismo aporta otro elemento en contra del dictamen de Transparencia Mexicana: un ex compañero de gabinete de Molinar ayuda en un asunto legal.
Al final, el reporte de Transparencia Mexicana no transparentó nada y sólo aportó elementos para darle más opacidad a la Licitación 21.


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miércoles, 15 de diciembre de 2010

15-Diciembre-2010, Miércoles.

INDICADOR POLITICO


+ Godoy: golpe a eje de narco
+ De poder, lucha Estado-capos

Carlos Ramírez

El desafuero del diputado perredista Julio César Godoy sería el más severo golpe del Estado contra los cárteles del narcotráfico. La principal fuente de poder de las bandas del crimen organizado no se localiza en el apoyo de la sociedad ni en la complicidad de las autoridades, sino en la interrelación con grupos de poder político.
El asunto tiene que ver con una imbricación de fondo, más allá de la simple compra de protección con narcodinero y los compromisos derivados. El desafuero y persecución penal de Godoy quiebra la más sofisticada de las complicidades del narco con las élites políticas: la de la despenalización cultural y procesal de la droga que pugnan el PRD y sectores progresistas vía la legalización y la subordinación del delito a las garantías individuales.
El caso de Godoy, de acuerdo con el procesamiento de la PGR, ha exhibido el financiamiento de carreras políticas con dinero del narco y su poder de persuasión social. No es gratuito, por ejemplo, que en los municipios dominados por el cártel de La familia Michoacana haya ganado elecciones municipales el PRD. El michoacanazo de mayo de 2009 estuvo bien enfocado, aunque procesado con insuficiencia de elementos que dejaron huecos aprovechados por los indiciados.
Michoacán ha servido para fijar dos nuevas categorías en el espacio de movilidad del narcotráfico como crimen organizado: de un lado, la narcopolítica al revelarse líneas de financiamiento de una banda criminal a carreras políticas; de otro lado, los primeros indicios de una narcoguerrilla por la presencia de campos de droga en zonas de grupos radicales armados. En los últimos meses se acentuó la presencia en México de enviados de las FARC colombianas, una guerrilla que estableció relaciones orgánicas con los capos de la droga en Colombia.
En este contexto, la acusación contra Godoy va hasta el fondo del conflicto: la interrelación de la política con el narco. Hasta ahora se habían tenido algunas sospechas de esas vinculaciones, pero las pruebas presentadas por la PGR a los jueces para solicitar órdenes de aprehensión y ante la Cámara  de Diputados para la solicitud de desafuero lograron convencer que la relación de Godoy con el cártel de La Familia Michoacana iba más allá de la vecindad, las buenas relaciones y las fiestas: Godoy pidió y recibió dinero y apoyo de un cártel de la droga para una carrera política.
De ahí que el expediente y el desafuero de Godoy sienta un precedente del hecho de que uno de los peligros para México no es sólo la narcoinsurgencia --relaciones orgánicas entre narco y guerrilla y con ello el intercambio de experiencias en la lucha clandestina contra el Estado-- sino la narcopolítica. Al final, las bandas de narcotraficantes necesitan a los políticos para gobernar-controlar socialmente algunas zonas pero también para impulsar iniciativas legales. El desafuero de Godoy rompería esa peligrosa red de intereses sociales, políticos, económicos y criminales.
De entre todos los partidos, el PRD se apareció como la fuerza política más importante para los planes de los cárteles. El procesamiento de la información de inteligencia llevaría a cuando menos cinco circunstancias que habrían facilitado la relación de Godoy con La Familia Michoacana:
1.- El enfoque de fragmentación del Estado no sólo en lo territorial --con los enfoques extraterritoriales del PRD, como en el DF-- sino en lo que se refiere a la unidad jurídica estatal --con el gobierno legítimo apoyado por perredistas--. El dominio territorial de los cárteles se asume como parte del control de zonas francas como propiedad territorial. En este contexto se localiza la demanda de “fuerzas beligerantes” que promueven los grupos guerrilleros para crear Estados dentro del Estado. Sin fundamentación en el derecho público internacional, el narco opera con los mismos escenarios de intraterritorialidad.
2.- La conformación de una red de poder político y social en un escenario de nuevas coaliciones sociales. Los apoyos de bases sociales a La Familia Michoacana revelarían justamente la conformación de nuevas alianzas de poder. Las movilizaciones de apoyos sociales callejeros a La Familia fueron operadas por las estructuras sociales del PRD en el municipio de Apatzingán.
3.- La conformación de una nueva contracultura de rebelión como cultura de nueva dominación. La izquierda tiene un enfoque no policiaco de los usos de la droga, al grado de que aliados perredistas serían los más activos en las campañas de legalización de las drogas.
4.- Los enfoques de poder hacia las minorías forma parte también de los nuevos consensos sociales impulsados por el PRD. Ahí están, como ejemplos, los casos de los derechos sexuales de las minorías impulsados no como una forma de conformar nuevos sujetos jurídicos sino de incorporarlos a las prácticas de interrelación social de las mayorías heterosexuales.
5.- Y el discurso del pesimismo sociológico que practica el PRD en relación con el ejercicio de poder del PRI y del PAN, sobre todo en la parte que magnifica el derrotismo como argumento para implementar la legalización de situaciones legalmente prohibidas. Y a ello se agrega el pesimismo político perredista. Los dos pesimismos difieren sustancialmente de la doctrina que animó durante años el optimismo de la izquierda socialista.
En este contexto, el caso Godoy fue más allá de una grabación interceptada por orden de un juez y se convirtió en un asunto de seguridad nacional del Estado.


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martes, 14 de diciembre de 2010

14-diciembre-2010, Martes.

INDICADOR POLITICO


+ La godoyización de Michoacán
+ PRD y PAN: narcotejido social

Carlos Ramírez

El nuevo michoacanazo logró dar un golpe de tres bandas: romper la columna vertebral del poder criminal de La Familia Michoacana, mostrar la interrelación social y probar la vinculación del alcalde perredista Genaro Guízar con el cártel local.
Mientras en Monterrey y Tamaulipas la gente se rebela ante la incompetencia de las autoridades municipales y estatales, en Chihuahua y Michoacán una parte sustancial de la sociedad prefiere convivir con los narcos ante la incapacidad de las autoridades municipales y estatales.
La crisis en Michoacán ha podido configurar el concepto de la godoyización de la sociedad y la clase política dirigente. El medio hermano del gobernador michoacano Leonel Godoy, Julio César Godoy, fue acusado por la PGR de mantener relaciones con uno de los líderes de La Familia, Servando Gómez. Sin embargo, con la complicidad del PRD en la cámara de diputados, Julio César pudo ingresar al palacio legislativo, protestar como diputado y con ello adquirir poderoso fuero constitucional. M;ientras las fuerzas armadas combaten a balazos a los narcos, los políticos son aliados de las bandas.
Por tanto, la crisis en Michoacán --y no sólo en Apatzingán-- debe tener una lectura política estratégica: la ofensiva de las fuerzas de seguridad del gobierno federal han revelado el dato de que el cártel de La Familia ya se metió en las estructuras sociales y políticas. Las manifestaciones públicas a favor de La Familia, organizadas por el alcalde perredista de Apatzingán, Genaro Guízar, no hacen más que indicar que los cárteles del crimen organizado domina n la vida social cotidiana.
El punto fino de los conflictos radica en el hecho de que la política no ha podido dilucidar el enfoque estratégico de las estrategias de seguridad. En Michoacán, por ejemplo, se ha impuesto la tesis de que la (autodenominada) izquierda no utiliza la mano dura contra la delincuencia porque se trataría de reacciones antisociales derivadas del subdesarrollo y la pobreza. Así lo estableció Leonel Godoy cuando fue secretario de Seguridad Pública del gobierno de López Obrador en el DF. Y así lo ha establecido en Michoacán.
El segundo punto radica en el hecho de que el PRD tiene otra concepción del tráfico de drogas porque es partidario de la legalización del consumo de enervantes. Por tanto, una situación de violencia como la actual, en el enfoque perredista, sería producto de desequilibrios de mercado. La tesis central de los perredistas podría estar en el hecho de que la legalización le daría a los narcos ya no la noción de delincuentes y criminales sino de sujetos jurídicos. Al no considerar el consumo de drogas como un daño sino como una decisión personal, por tanto el comercio tampoco sería enfocado como delito.
Ello explicaría la pasividad del PRD ante el tráfico de drogas y la criminalidad asociada. Lo malo, sin embargo, ha sido el hecho de que el PRD en el poder tampoco ha logrado definir una estrategia intermedia que combata la criminalidad sin romper con su enfoque de derechos. Y si a ello se agrega la vinculación orgánica de un medio hermano del gobernador, dirigente perredista local y ahora diputado perredista con uno de los dirigentes de La Familia Michoacana, entonces la pasividad gubernamental basada en un razonamiento político se transforma en complicidad porque una cosa es pugnar por la legalización y otra permitir la construcción de una red de poder criminal-social-político-gubernamental en una entidad de la república.
En los estados de Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León el resultado es el mismo --el control de espacios por el crimen organizado--, aunque el origen no tiene que ver con definiciones políticas e ideológicas sino que derivan de una simple y llana incompetencia de los gobernadores priístas César Duarte, Eugenio Hernández y Rodrigo Medina. Los gobiernos priístas en esas plazas se desentendieron del problema y le dejaron la responsabilidad al gobierno federal. Hoy Ciudad Juárez, parte de la ciudad de Chihuahua, la zona metropolitana de Monterrey y todo el estado de Tamaulipas están en poder del crimen organizado.
De ahí que el concepto de godoyización permita darle categoría de análisis al hecho de que por complicidad directa --Michoacán-- o complicidad pasiva --Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas-- existe una responsabilidad directa de los gobiernos estatales y municipales con la instalación y crecimiento del dominio territorial del crimen organizado en esas plazas. Y en esas zonas existe una creciente participación orgánica --Michoacán y Ciudad Juárez-- o también pasiva Nuevo León y Tamaulipas-- de la sociedad con los cárteles del crimen organizado. Y las responsabilidades de los tejidos sociales y políticos son directamente de los gobernantes y políticos estatales y municipales.
El gobernador michoacano Leonel Godoy y el PRD carecen de la más mínima autoridad moral, política y social para criticar la estrategia gubernamental contra la inseguridad mientras Julio César Godoy siga como diputado federal perredista con fuero, cuando las pruebas presentadas por la PGR han sido desestimadas no por su veracidad sino por argucias leguleyas de abogados defensores. Pero la crisis en Apatzingán y las protestas sociales avaladas por el PRD local contra las fuerzas de seguridad han mostrado que el problema real del narcotráfico radica en una sociedad cómplice de los cárteles.


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lunes, 13 de diciembre de 2010

13-Diciembre-2010, Lunes.

INDICADOR POLITICO


+ Licitación 21: sigue Televisa
+ Contenidos, la carta escondida

Carlos Ramírez

A pesar de lo que digan, la alianza Televisa-Nextel sigue viento en popa. La carta escondida detrás del negocio se localiza en el contenido, en la fibra óptica y en la comercialización. Al final, el negocio no estaba en la asociación empresarial sino en los servicios.
Inclusive, todo indicaría que fue artificial el enojo de Mony de Swaan, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y (ex) asesor del secretario de Comunicaciones y Transportes. El especialista Jorge Fernando Negrete, director de la consultoría Mediatelcom (http://www.mediatelecom.com.mx/), resume el juego secreto de Tekevisa-Nextel:
“La desafortunada frase del presidente de la Cofetel (“nos quedamos sin villano favorito”, Televisa) oculta la realidad esbozada en las declaraciones de (Gustavo) Cantú (vicepresidente de Nextel), y Televisa seguirá participando en este negocio con la figura de Operador Móvil Virtual. La intención originaria de esta asociación prevalecerá. Ya no existirá la concentración de espectro por parte de Televisa, pero pronto se podría dar la entrada de ésta al mercado de la convergencia a través de acuerdos comerciales con Nextel. Ahora bien, esto quiere decir que se define lo que siempre debió quedar claro, la economía de los contenidos era la carta escondida en toda esta operación y, con ello, todos los ciudadanos quedamos atrapados en un mar de consideraciones económicas y de competencia, sin poder ejercer claramente el derecho a la información que, en materia de telecomunicaciones, debe ser garantizada y ofrecida por un servicio público sin discriminación”.
Negrete explica el nuevo mecanismo:
“Un Operador Móvil Virtual u OMV (en inglés, Mobile Virtual Network Operator o MVNO) es una compañía de telefonía móvil que no posee una concesión de espectro de frecuencia y, por tanto, carece de una red propia. Para dar servicio, debe recurrir a la cobertura e infraestructura de red de otra empresa, con la que debe suscribir un acuerdo de servicio. Existen varias modalidades: 1) desde un simple esquema de distribuidor o revendedor; 2) un esquema de compra de capacidad al mayoreo por el operador virtual y venta de su propio servicio al usuario y 3) a través del arrendamiento de frecuencias, en el cual el arrendatario instala los demás elementos de su propia red”.
Agrega:
“Esta forma de operar es una novedad en el mercado de las telecomunicaciones. Desde el 29 de julio comenzó a operar en Argentina “Nuestro”, el primer operador móvil virtual (OMV) de América Latina bajo el soporte técnico de la operadora Personal e impulsado por la Federación de Cooperativas del Sur (Fecosur). En España, según la Asociación Española de Nuevos Operadores Móviles (Aenom), los ingresos de este colectivo en 2009 ascendieron a 215 millones de euros, lo que implicó un crecimiento de 123 por ciento con respecto al ejercicio anterior. España ya cuenta con más de 20 operadores móviles virtuales desde 2006. Sin embargo, es en 2010 cuando más compañías telefónicas fijas, tiendas de autoservicio y otras prestadoras de servicios como televisión por cable, entre otras, están planteando la posibilidad de brindar servicios de telefonía móvil como OMV, entre ellas se encuentran Marcatel y Megacable. En México quien ya comenzó a operar este servicio es Maxcom con su producto MaxcomCel, que desde 2008 ofrece su servicio de telefonía celular por medio de la red de Movistar”.
La explicación del mecanismo la dio el presidente de Nextel México, Peter Foyo, en una entrevista a la revista 360º:
“Sí, al final del día el cliente quiere el contenido. Ya existe, lo tienen en sus casas. En un solo aparato pueden tener todo lo que quieran: televisión, cable, Sky, y encima de ello tienen acceso a internet, con Twitter, Facebook, y todo eso que ahora existe. Y otra cosa clave: los jóvenes. Es otro mundo. Ellos tienen su propio mundo de contenido, forman su propio contenido. Hay que ir por esa población. Y por eso hay que formar los vínculos, y eso será imparable.
“Cuando esté instalada la red 3G, un teléfono Nextel-Televisa, le dará a ese joven la capacidad de navegar por sus páginas web, en sus redes personales, a la vez que está viendo contenido de Televisa, desde deportes o cosas de la escuela y de la vida cotidiana. Los adultos podrán tener acceso a las noticias, a sus e-mails, hacer una llamada si quieren, quizá con push to talk, una conexión directa de radio que se incorporarán en varios de los equipos en el futuro. Además, a través de ese equipo, será capaz de poder realizar transacciones bancarias, ver la tele en su casa o en su trabajo, ver páginas financieras, sus acciones.
“Pero cuando hablamos de medios y contenidos el maestro es Televisa. Y el cliente va a preferir nuestro producto, porque sabe que Nextel es una empresa noble, de guerreros, fuerte, nadie nos regaló nada.”
Las alianzas también ya se dieron: se anuncia la asociación estratégica entre Univision y Televisa, donde sobresale que se “ampliará su derecho exclusivo de transmisión de contenidos por televisión en Estados Unidos y adquirirá el derecho exclusivo para transmitir dichos contenidos a través de plataformas digitales. Univision podrá usar el contenido producido por Televisa para plataformas digitales, de televisión de paga y de televisión abierta en sus tres cadenas de televisión (Univision, TeleFutura y Galavision), así como en cualquier cadena en español y cualquier plataforma digital de Univision Interactive (Univision.com, Univision Móvil y Video bajo demanda) existentes o futuras.


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domingo, 12 de diciembre de 2010

12-Diciembre-2010, Domingo.

INDICADOR POLITICO


+ 2012: desafío de politólogos
+ Rehacer el sistema al vacío

Carlos Ramírez

Entre los analistas políticos hay una frase que resume el corto plazo: “o ya no entiendo lo que está pasando o ya pasó lo que estaba entendiendo”. Por eso el gran desafío de la realidad crítica del país lo representa para la capacidad de análisis de los encargados de intentar explicar lo que ocurre en el país.
Por eso los espacios de opinión de los diarios se llenan con puntos de vista y no con intentos de razonamiento de la realidad. Ahí se localiza el texto de Ernesto Hernández Norzagaray, presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A.C., presentado en el XXI Congreso Nacional de Estudios Electorales, en Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, Puebla, el pasado 1 de Diciembre de 2010.
Por su importancia para el análisis, lo presentamos íntegro:
Este año se celebraron elecciones en catorce estados de la República Mexicana. En ellos se postularon más de cinco mil candidatos y estuvieron en juego más de dos mil cargos de representación política, y esos correspondieron a doce de gobernador, cientos de diputados locales y alcaldes, miles de regidores, síndicos y síndicos procuradores –sin contar las 418 que por usos y costumbres se llevaron a cabo en Oaxaca.
Estas elecciones comprometieron el 37% de los ciudadanos registrados en la lista nominal, decenas de miles más que se desempeñaron como funcionarios de casilla y representantes de partidos y coaliciones. Seguramente sólo un pequeño porcentaje de casillas no se instalaron en esta franja del vasto territorio y en muchos de los casos fue por problemas de inundaciones, y en otros por la inseguridad que ha traído la espiral de violencia que existe en el territorio nacional, pero de manera especial en varios estados del norte del país. Sorprende, además, saber que los partidos postularon candidatos solos o a través de coaliciones, cuyo resultado ha sido la ratificación de la pluralidad en los cargos de representación política.
Entonces, que se hayan llevado a cabo estas elecciones con la concurrencia de todos los partidos, y en su mayoría con una participación superior al 50% de la lista nominal, no es un dato rutinario sino de gran trascendencia. Es la expresión de que para la mayoría de los mexicanos las elecciones siguen siendo, aun con todo lo cuestionable, la vía menos costosa para diagnosticar e intentar resolver los problemas complejísimos que tiene la sociedad mexicana.
Las elecciones de este año fueron muy dramáticas, quizá como nunca los mexicanos vivimos en varios estados la zozobra de organizar y realizar comicios en condiciones de un virtual Estado fallido. Existen gobiernos legalmente constituidos pero éstos coexisten con el llamado poder del crimen organizado: Así, si bien los partidos, en tanto entidades de interés público, son las instituciones que detentan el monopolio de la representación política, no han quedado exentos de la contaminación, a veces sutil y otras brutal, que traen consigo las relaciones de estas dos formas de poder de manera que ha dado vida a la narcopolítica.
Los órganos electorales autónomos, que son las instituciones ciudadanizadas, se han mostrado incapaces de detener el flujo de recursos sucios en los procesos electorales e, incluso, en algunos casos, de detener postulaciones de personajes que presuntamente tendrían compromisos con el crimen organizado.
Los ciudadanos, sujetos indispensables en toda elección, en algunos estados fueron los grandes ausentes el día de la jornada electoral, dado que la atmósfera social se encontraba cubierta por la telaraña de la zozobra y la tensión de los días previos, y cómo no decir que, en varios estados, las instituciones electorales deben pedir permiso para entrar en pueblos y capacitar a los ciudadanos que habrán de instalar las mesas directivas de casilla, o de plano, por razones de seguridad, en algunos lugares no se establecieron
Este ciclo de elecciones sucede, además, en un momento especialmente crítico de la llamada guerra del Estado contra el narco. Para principios de julio aproximadamente 28 mil vidas se habían perdido en cuatro años y medio, con su impronta dramática para miles de familias con responsabilidad o sin responsabilidad en estos actos de violencia, pero que se pierden irremediablemente. Duele sobre todo cuando la mayoría de ellos jóvenes o en un rango de edad aún productiva. No obstante estos saldos negativos la estrategia contra el crimen sigue hacia adelante, sin considerar que muchas de las pérdidas humanas, corresponden a ciudadanos que estuvieron en el lugar y el momento equivocado.
A pesar de todo, el comportamiento de los votantes fue en términos generales normal, pero igualmente heterogéneo, como una muestra de la dinámica que hoy se vive en los estados de la federación.
Veamos cuatro estados donde hubo elecciones y fue más acusado el fenómeno de la violencia del crimen organizado.
En Baja California, los comicios intermedios se celebraron bajo una atmósfera de violencia criminal, que ha sido la constante desde antes de la alternancia en el gobierno del estado, lo que enseña que ésta, por sí misma, no significa gobiernos capaces de atender con eficiencia las expectativas de los ciudadanos. Los resultados electorales muestran la permanencia del abstencionismo, que parece instalado desde hace varios años en un 70%, pero lo novedoso ha sido que la mayoría de ese 30% de bajacalifornianos que sufragó, que había venido apoyando al PAN, en estos comicios favoreció a los candidatos priistas, que ganaron los cinco municipios y la mayoría absoluta del congreso del estado.
Sin embargo, lo cierto fue que de esa mínima participación, los candidatos ganadores sólo alcanzaron a lo sumo la mitad de los votos, es decir, cuando mucho el 15% de la lista nominal de su distrito o municipio. Un porcentaje ínfimo, ante el tamaño de las necesidades y las expectativas ciudadanas.
En Chihuahua, el comportamiento electoral no fue muy distinto. Prácticamente el 60% de la lista nominal no asistió a las urnas a sufragar por los partidos y coaliciones de su preferencia. La atmósfera de violencia –en particular en la fronteriza Ciudad Juárez- no se quedó en los llamados crímenes domésticos, sino se irradió hacia los sectores de la clase política, que se han transformado en objetivo del crimen organizado. Esto puso a prueba a las instituciones políticas del estado, que fueron rebasadas por el ambiente de violencia criminal poniendo en entredicho la viabilidad de las mismas elecciones. Nuevamente tenemos un caso de gobernantes con apoyos de bajo porcentaje de la lista nominal. El gran ausente es el ciudadano y el presente es el fenómeno de la violencia criminal.
En Tamaulipas, igual o peor. En este estado fronterizo la violencia criminal no ha cesado ni un solo día. Las pasadas elecciones volvieron a recordar que la clase política no está fuera de los objetivos del crimen organizado. El ataque fatal contra el candidato del PRI al gobierno del estado y la subsecuente impunidad, mostró con toda evidencia la gran debilidad de las instituciones judiciales, su incapacidad para resolver el crimen y castigar a los culpables de este magnicidio. No obstante, contra los tiempos electorales hay que reconocer la capacidad de acuerdo entre las fuerzas políticas y la participación de los ciudadanos para garantizar la formación de gobierno. Apostar, aún con su debilidad, por las instituciones de nuestra frágil democracia.
Finalmente, el estado de Sinaloa, que vivió durante estos meses un ambiente de violencia criminal sin precedentes y los ataques contra miembros de la clase política, no dejó de ser la excepción. Sin embargo, los ciudadanos asistieron puntualmente a las urnas con un 58 por ciento de la lista nominal. Un porcentaje superior a lo ocurrido en las elecciones de gobernador de 2004. El resultado, además, como sucedió en Oaxaca y Puebla, permitió el triunfo de los candidatos postulados por una coalición de fuerzas políticas y sociales heterogéneas, comprometidas con la alternancia en el gobierno del estado.
En suma, lo que tenemos son estados con elecciones convulsionadas por la violencia criminal, a la que frecuentemente se le agrega lo de las campañas negativas, creando un ambiente poco propicio para la participación ciudadana, traduciéndose en una aguda crisis de seguridad con su correlato sobre las instituciones, tanto políticas como sociales, sin que tenga los antídotos eficaces para disminuir y hacer manejables los altos niveles de incertidumbre. Este escenario, de por sí crítico, se ha visto agravado a un problema procedimental, legal, por el largo camino que existe entre el día de la elección y la toma de posesión.
Esta referencia a los casos estatales tiene, además del sentido humano, que en sí mismo es muy costoso, el correspondiente a nuestra comunidad académica. Algunos de los temas son recientes y otros, si bien no lo son tanto, adquieren una dimensión nueva que afortunadamente ya es materia de estudio de muchos de los que nos encontramos en Puebla. Apunto hacia seis ejes problemáticos que son, y serán, materia de la nueva agenda de los estudios político-electorales:
Elecciones en estados de excepción o estados de la federación casi fallidos, es decir, estados donde cada vez es más difícil realizar elecciones en franjas de su territorio, por la incapacidad que tienen los tres niveles de gobierno para asumir un control absoluto, de manera que la cobertura organizativa de las instituciones electorales, frecuentemente se pone en entredicho.
Poder público y narcopolítica. Cada vez se hace ostensible la sospecha de vínculos de personajes del poder político con el crimen organizado y esto ha dado para reconocer la existencia de la narcopolítica. Un fenómeno que se manifiesta en muchos países del hemisferio, pero donde tenemos un gran rezago de cómo se comportan los actores de esta dualidad, que mina las instituciones públicas y la confianza de los ciudadanos en su democracia.
Un eslabón de la anterior dualidad, es la debilidad de los sistemas electorales para tener control sobre todos los intentos de financiamiento ilegal, gracias a un entramado poroso y fácil de evadir, que está teniendo un alto costo para las instituciones de la democracia y que en medios académicos como el nuestro, estamos obligados a plantear posibles reformas constitucionales y reglamentarias, que amplíen los dispositivos para que este mecanismo no siga minando y debilitando la lucha franca por los votos.
También una pregunta de investigación que hoy preocupa a muchos investigadores y ciudadanos, es qué costo tiene la existencia de gobernantes con escasa legitimidad electoral, ya que como hemos visto en las experiencias comentadas, cada vez hay más ejecutivos producto de un pequeño porcentaje de la lista nominal, y eso, al menos en términos de percepción –y la percepción vale-, representa la base de toda democracia, que son los votos.
Más grave, significa tener este tipo de gobiernos acotados por el crimen organizado, gobiernos sobre los que penden amenazas, y que si bien no está relacionado con la problemática propiamente electoral, estamos hablando de los efectos que tiene en el sistema de representación.
Finalmente, están las llamadas coaliciones sin programa político común, coaliciones para la agregación política y la alternancia en los gobiernos, pero que distan mucho de las que ofrecen los sistemas parlamentarios y sistemas semi parlamentarios. Nuestra comunidad académica puede y debe ofrecer alternativas para que el sistema de coaliciones genere compromisos de gobierno, sujetos a control legislativo y ciudadano.
Por último, una reflexión a partir del politólogo brasileño Glaucio Soares, quien se desempeña como Presidente de la ALACIP, quien en un discurso que pronunció este verano en Buenos Aires, decía que la “Ciencia Política salva vidas”, y ofrecía como evidencia el peso que estos académicos habían tenido en el diseño de políticas públicas eficaces en Sao Paulo, las cuales, cuando fueron aplicadas en las comunidades que estaban generando más violencia criminal disminuyeron sensiblemente año con año, en términos absolutos y relativos el número de homicidios dolosos que habían clasificado a esta ciudad entre las más violentas del mundo. Nuestra comunidad tiene a su alcance los instrumentos para sugerir, e influir, en las decisiones de la lucha que ha debilitado al sistema electoral y el sistema de partido en algunas regiones del país y, de no detenerse, puede transformarse en un problema mucho más complejo y dramático. Si en otras regiones de América latina nuestros colegas lo hicieron, es posible hacerlo en México.


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viernes, 10 de diciembre de 2010

10-Diciembre-2010, Viernes.

INDICADOR POLITICO


+ SME: pacto secreto PAN-PRD
+ Lozano: repudiado por todos

Carlos Ramírez

El reconocimiento gubernamental a Martín Esparza como secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas acaba de demostrar que el país carece de una política laboral y que como en los tiempos priístas los acuerdos no pasan por leyes y tribunales sino por negociaciones en lo oscurito.
Es posible que la dirigencia de Esparza sea legal, pero quedan los datos de que será una dirigencia ilegítima y sobre todo inmoral. Para poder mantenerse al frente del SME --un sindicato sin empresa-- y con ello apoderarse de los activos por varias decenas de miles de pesos, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ayudó a Esparza a deshacerse de 28 mil trabajadores --alrededor de la mitad-- contrarios y luego autorizó, asesoró y legalizó una elección interna entre puros seguidores de Esparza.
Lo malo para el secretario Javier Lozano Alarcón radica en su papel de responsable de la reforma laboral del gobierno federal; sin embargo, el maniobrerismo legal para consolidar a Esparza le restó credibilidad y autoridad política a Lozano para seguir impulsando cualquier reforma que tenga que ver con los sindicatos.
Al final de cuentas, si se revisa el largo y agitado proceso para ratificar a Esparza como dirigente del SME, todos los indicios consolidan la certeza de que se trató de una operación típicamente priísta. Ahora los miles de trabajadores que aceptaron la liquidación por el compromiso formal de que no se daría macha atrás a la liquidación de la empresa Luz y Fuerza del Centro se sienten engañados por Lozano, aunque en descargo habría que señalar que las labores de negociación sindical se salieron de la Secretaría del Trabajo y se concentraron en la Secretaría de Gobernación. Como buen priísta, Lozano hubo de aceptar que la política sindical del gobierno pasara a partir de ahora a otra oficina del gabinete presidencial.
Esparza será dirigente del SME por el apoyo operativo de Lozano y de la Secretaría del Trabajo, no por el deseo de los trabajadores electricistas. Hace año y medio Esparza realizó una elección interna fraudulenta que llevó a las autoridades laborales a negarle la toma de nota por las pruebas de las irregularidades electorales también al estilo priísta de Esparza. Enojado por la decisión oficial, Esparza preparó la huelga pero días antes el gobierno liquidó la empresa y el SME se quedó en el limbo.
El punto central del conflicto fue el fraude electoral de Esparza que hace año y medio Lozano colocó como punto de ruptura. Como autoridad legal, la Secretaría del Trabajo conminó a Esparza a repetir el proceso electoral y el dirigente del SME se negó y prefirió la lucha callejera violenta. Más tarde realizó una elección interna pero de nueva cuenta la Secretaría del Trabajo desconoció los resultados por no cumplir con los requisitos legales.
Conminados por la decisión de Lozano de no dar marcha atrás a la decisión, casi treinta mil trabajadores aceptaron su liquidación. Sin embargo, por negociaciones secretas, Lozano anunció la realización de una nueva elección de dirigentes del SME sólo que sin los incómodos disidentes que creyeron en la palabra del gobierno y de Lozano. Como era obvio, en la elección sólo votaron los incondicionales de Esparza y el resultado fue el obvio: 97% de votos a favor de Esparza.
Sin embargo, el proceso electoral del SME, validado por Lozano y la Secretaría del Trabajo, fue cuando menos ilegítimo porque primero se excluyó a los disidentes y también fue inmoral porque se engañó a los disidentes que aceptaron su liquidación y por tanto perdieron sus derechos de voto. Lo único que salvó a Esparza fue una negociación secreta con el gobierno, sin duda que avalada por Lozano, que hizo trizas los derechos sindicales de  voto de alrededor de la mitad de los trabajadores.
Asimismo, la decisión de Lozano deslegitimó el proceso legal de toma de nota para reconocimiento oficial de dirigencias sindicales porque lo sacó de los espacios de las leyes y lo regresó, como en los peores tiempos del priísmo en la Secretaría del Trabajo, a las negociaciones políticas. Así, Lozano reinstaló en la Secretaría del Trabajo el espíritu sindical de Fidel Velázquez, el cacique sindical del priísmo, y a sus tiempos de reconocimientos sindicales a cambio de sumisión de los trabajadores.
Como en los tiempos del priísmo, la toma de nota vuelve a ser hoy un instrumento de control sindical y de apuntalamiento de líderes sometidos al poder político coyuntural. Con la toma de nota en la bolsa, ahora Esparza y los trabajadores electricistas se habrán convertido en calderonistas convencidos. Y por tanto, ya preparan para ser recontratados por la CFE como patrones sustitutos. Las afirmaciones oficiales de que no será así han perdido credibilidad por la decisión de Lozano de desacreditar el valor de los compromisos laborales.
Hasta donde se tienen datos, el compromiso secreto con el SME radica en la entrega de la toma de nota para disminuir sus protestas callejeras y en el reparto del botín de los activos millonarios del sindicato. Sin embargo, el SME se prepara para exigir la recontratación laboral, a pesar de que muchos de ellos fueron acusados de sabotear las instalaciones eléctricas y lanzar una campaña de linchamiento contra los periodistas que los criticaban.
Lo malo de todo es que una de las reformas fundamentales del gobierno de Calderón era precisamente la laboral pero la negociación secreta con el SME dejó a la política laboral y al secretario del Trabajo sin contenido ni credibilidad y llenas de sospechas.


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jueves, 9 de diciembre de 2010

9-Diciembre-2010, Jueves.

INDICADOR POLITICO


+ Wiki: el chisme como escándalo
+ Revelaciones revientan a Hillary

Carlos Ramírez

Para el Dr. Eduardo López Betancourt,
por su Premio al Mérito Académico IUS 2010

Al final, las verdaderas víctimas del Cablegate no serán Julian Assange ni Wikileaks, sino Barack Obama y Hillary Clinton.
1.- Como se desprende del contexto, la ofensiva de Wikileaks formaría parte de una estrategia del Partido Republicano para hundir la política exterior de Barack Obama y ensuciar su anunciada campaña de reelección.
2.- Y el pasado 3 de diciembre, justo cuando estalló el conflicto por los cables de la diplomacia del chisme, la secretaria de Estado afirmó en CBS News que no se presentará como candidata presidencial en el 2012 y señaló que el actual sería su último cargo público.
Los sueños presidenciales de Hillary habían decaído por la decisión de Obama de buscar la reelección presidencial y ella carecía ya de posibilidades. Sin embargo, el hecho político fue que reiteró su negativa justo el día en que circulaban en todo el mundo cables diplomáticos que la dejaban muy mal parada con países aliados y adversarios de los Estados Unidos.
La noticia de Hillary Clinton pasó desapercibida por la fuerza misma del escándalo. Lo grave para la secretaria de Estado fue el hecho de que ella misma pidió a embajadores y diplomáticos la investigación de cuestiones de vida privada y personal de mandatarios y políticos. El contenido de las revelaciones obligó a la propia Clinton y al presidente Obama a ofrecer disculpas a los aliados que salieron raspados en los cables.
En cambio, Assange decidió precipitar su aprehensión por el hecho de que la acusación más grave es la de “acoso sexual” porque en Suecia está penalizado el acto sexual sin condón y justamente de eso lo acusan. Desinflada legalmente la acusación, Assange saldrá fortalecido del incidente penal que por cierto no hizo más que agrandar la atención mundial al escándalo de las revelaciones de decenas de miles de informaciones secretas sobre la diplomacia estadunidense.
Lo malo, sin embargo, fue que las revelaciones de Wikileaks quedaron nada más en el escándalo: la revelación de la diplomacia del chisme, aunque con las evidencias de que la política exterior y de seguridad del país más poderoso del mundo se basa en apreciaciones personales de funcionarios sobre algunas frases soltadas por políticos de naciones que interesan a los Estados Unidos. En cambio, los documentos de Wikileaks sobre Irak y Afganistán revelaron datos de las barbaridades, mentiras y ocultamiento de muertos y víctimas civiles de las fuerzas de ocupación estadunidenses.
La toma de decisiones sobre rumores y chismes es bastante común en los Estados Unidos. En 1985, el entonces director de la CIA, William Casey, ordenó al oficial de asuntos mexicanos John  Horton --que fue jefe de la estación de la agencia en México-- que elaborara un documento que mostrara que México estaba a punto de la explosión social y política. Para ello lo alimentaron con mensajes de chismes. Horton se negó, denunció el incidente en un artículo en el The Washington Post y renunció. Horton murió en junio de 2007.
El espacio político de Horton fue ocupado por el académico Constantine Menges, recomendado por el senador ultraderechista Jesse Helms. Su texto más visible fue “Irán como vecino” refiriéndose a México, que llamó la atención del entonces candidato presidencial Ronald Reagan. En 1983 pasó de la CIA a la oficina de asuntos latinoamericanos del consejo de seguridad nacional y desde ahí alimentó el pánico contra México. Su principal aliado fue el entonces embajador de los EU en México, John Gavin. Menges y Gavin privilegiaron la diplomacia de los chismes y rumores, pues enviaban a Washington frases de sobremesa sobre México. La sombra de Gavin parece haber revivido en el actual embajador Carlos Pascual, por la cantidad de cables diplomáticos secretos basados en rumores y frases reconstruidas a contentillo. Menges murió en 2004.
A la diplomacia del chisme se unió el periodismo de frases sacadas de contexto. En México los cables fueron tomados casi como definiciones estratégicas de política exterior, sin hacer el esfuerzo de contextualización, análisis y documentación de hechos. Así, el periodismo de análisis e investigación fue apabullado por el periodismo del escándalo, aunque los cables privilegiaron el sesgo interesado de diplomáticos que captaron rumores y los enviaron a Washington sin matices de contexto. A esos cables --y obviamente a los intereses geoestratégicos de Washington para meter al ejército de los EU en territorio mexicano-- se acredita la percepción errónea de Hillary Clinton sobre la narcoinsurgencia en México.
En este contexto, los medios mexicanos se convirtieron en bocinas acríticas y cómplices de los intereses geopolíticos estadunidenses al usar los cables como opinión oficial del gobierno de los Estados Unidos con respecto a la agenda de problemas bilaterales.
De ahí que los documentos de Wikileaks hayan sido nada más papeles de escándalo. La tarea de Julian Assange se cumplió con creces al sólo difundirlos y demostrar que los embajadores y diplomáticos de los EU no cumplen con los requisitos de discreción sino que se dedican a alimentar pasiones y a enviar rumores y frases sacadas de sobremesas de café. Ahí fue el mayor daño: a ver ahora quién va a querer platicar con embajadores y funcionarios diplomáticos de los EU.


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miércoles, 8 de diciembre de 2010

8-Diciembre-2010, Miércoles.

INDICADOR POLITICO


+ Sedena, blindada a presión EU
+ Wikileaks: Washington enojado

Carlos Ramírez

El trasfondo de las revelaciones de Wikileaks sobre el ejército mexicano reveló tres hechos:
1.- El interés del gobierno de los EU por romper el blindaje del ejército mexicano que ha impedido al Departamento estadunidense de Defensa subordinarlo. La información revelada por Wikileaks enfatiza los temas centrales de la seguridad estadunidense en México: sitios estratégicos, críticas al Cisen y narcoinsurgencia. Con ello, la Casa Blanca quiere meterse directamente en las áreas militar, de seguridad pública e inteligencia de México. Por eso el primer paso es demeritarlas.
2.- Dividir a las fuerzas armadas mexicanas al elogiar a la Marina --que ya recibe entrenamiento del Marine Corps estadunidense-- y desdeñar a los militares que se han convertido en la primera línea de combate contra el crimen organizado y en la última línea de defensa de la soberanía nacional ante la intención de los capos de la droga de dominar zonas territoriales y sobornar a gobiernos y políticos.
3.- México de nueva cuenta, como en los gobiernos intervencionistas de Ronald Reagan y los dos Bush, es colocado como un problema de seguridad nacional de los Estados Unidos. Por tanto, las evaluaciones norteamericanas tienden a enfatizar a los servicios de seguridad de México en la lógica de los intereses estadunidenses que no son los mismos que los mexicanos. De todos modos resulta paradójico que los EU critiquen al Cisen mexicano cuando el servicio de inteligencia más corrupto, incompetente, torturador e infiltrado del mundo es la CIA.
Lo malo del asunto fue que Wikileaks reveló la forma de operar de las embajadas de los EU en el mundo a base de chismes, frases sueltas y datos acomodados a sus intereses, la capacidad de análisis en los países afectados se agota en la revelación y no en el procesamiento de esa misma información. Por eso en México se utilizaron algunas de las informaciones parciales de Wikileaks para caer en el juego de las intenciones estratégicas de los Estados Unidos: reproducir y magnificar acríticamente las frases sueltas difundidas en algunos cables diplomáticos, sin racionalizar la información sobre el papel del ejército mexicano, la supuesta división con la Marina o la presunta ineficacia del Cisen.
Peor aún, ningún analista mexicano se tomó la molestia de analizar los argumentos de “diplomáticos estadunidenses” que calificaron a las fuerzas armadas mexicanas de “torpes, descoordinadas, anticuadas, burocráticas, parroquiales y con aversión al riesgo” y menos aún de usar esas frases como método de análisis sobre la operación de las fuerzas estadunidenses de invasión y ocupación en Irak y Afganistán. Un dato revelador, también de Wikileaks: el todopoderoso ejército de los EU ha asesinado a alrededor de 25 mil civiles como “daño colateral” durante su presencia en esas dos naciones.
De ahí que haga falta aún el análisis sobre el hecho de que el ejército de los EU en Irak y Afganistán es un ejército de mercenarios porque se trata de batallones alquilados a la empresa privada de seguridad Blackwater. Ya no se trata, pues, de militares imbuidos con el espíritu de nación o de defensa de valores, sino que las tropas estadunidenses en Medio Oriente son alquiladas, cobran por matar y están fuera de los controles constitucionales y legales.
La intención de los EU de minimizar el papel y los resultado/s del ejército en labores de seguridad interior como parte de la seguridad nacional está directamente relacionada con la caracterización del departamento de Estado de que los cárteles de la droga ascendieron a nivel de narcoinsurgencia y con ello tratar de obligar a México a aceptar la presencia de asesores militares estadunidenses y luego de tropas de ataque. En este sentido, la revelación más importante de Wikileaks no tiene que ver con lo que opinan diplomáticos de los EU en México sino que aportan una pista sobre las presiones de Washington para enviar tropas de los EU a México.
Los cables de Wikileaks con calificativos contra el ejército mexicano se deben cruzar analíticamente otros datos también de Wikileaks de que en México existen 19 sitios estratégicos para los EU. El espíritu imperial de la Casa Blanca de Obama ni siquiera oculta la cola intervencionista de su razonamiento: como el ejército mexicano no pelea contra los narcos con valentía y los EU tienen sitios clave en México, entonces el ejército de los EU debiera de vigilar directamente con tropas esas posiciones mexicanas.
En la difusión en medios mexicanos de los cables de Wikileaks contra el ejército se excluyeron las evidencias de que el ejército ha tenido más de 200 bajas en su lucha directa contra los narcos, que los enfrentamientos a balazos son recurrentes y que la red de capos de la droga ha sido desmantelada por los militares con el arresto o muerte de los principales padrinos de la droga, resultados que han sido mucho mejores que los de las tropas estadunidenses de invasión y ocupación en Afganistán. Y hasta ahora no existe ninguna prueba de que el ejército mexicano haya eludido el riesgo; al contrario, hay datos de que ha respondido con decisión al desafío de lo narco.
En el fondo, los cables de Wikileaks exhiben el enojo del gobierno de los EU contra el ejército mexicano porque se ha negado a subordinarse a los intereses del Departamento estadunidense de Defensa. Y luego de la difusión de esas opiniones diplomáticos, en los altos mandos militares mexicanos habrá quedado la certeza de que nunca van a someterse al ejército de los EU.


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