INDICADOR POLITICO
+ Godoy: golpe a eje de narco
+ De poder, lucha Estado-capos
Carlos Ramírez
El desafuero del diputado perredista Julio César Godoy sería el más severo golpe del Estado contra los cárteles del narcotráfico. La principal fuente de poder de las bandas del crimen organizado no se localiza en el apoyo de la sociedad ni en la complicidad de las autoridades, sino en la interrelación con grupos de poder político.
El asunto tiene que ver con una imbricación de fondo, más allá de la simple compra de protección con narcodinero y los compromisos derivados. El desafuero y persecución penal de Godoy quiebra la más sofisticada de las complicidades del narco con las élites políticas: la de la despenalización cultural y procesal de la droga que pugnan el PRD y sectores progresistas vía la legalización y la subordinación del delito a las garantías individuales.
El caso de Godoy, de acuerdo con el procesamiento de la PGR, ha exhibido el financiamiento de carreras políticas con dinero del narco y su poder de persuasión social. No es gratuito, por ejemplo, que en los municipios dominados por el cártel de La familia Michoacana haya ganado elecciones municipales el PRD. El michoacanazo de mayo de 2009 estuvo bien enfocado, aunque procesado con insuficiencia de elementos que dejaron huecos aprovechados por los indiciados.
Michoacán ha servido para fijar dos nuevas categorías en el espacio de movilidad del narcotráfico como crimen organizado: de un lado, la narcopolítica al revelarse líneas de financiamiento de una banda criminal a carreras políticas; de otro lado, los primeros indicios de una narcoguerrilla por la presencia de campos de droga en zonas de grupos radicales armados. En los últimos meses se acentuó la presencia en México de enviados de las FARC colombianas, una guerrilla que estableció relaciones orgánicas con los capos de la droga en Colombia.
En este contexto, la acusación contra Godoy va hasta el fondo del conflicto: la interrelación de la política con el narco. Hasta ahora se habían tenido algunas sospechas de esas vinculaciones, pero las pruebas presentadas por la PGR a los jueces para solicitar órdenes de aprehensión y ante la Cámara de Diputados para la solicitud de desafuero lograron convencer que la relación de Godoy con el cártel de La Familia Michoacana iba más allá de la vecindad, las buenas relaciones y las fiestas: Godoy pidió y recibió dinero y apoyo de un cártel de la droga para una carrera política.
De ahí que el expediente y el desafuero de Godoy sienta un precedente del hecho de que uno de los peligros para México no es sólo la narcoinsurgencia --relaciones orgánicas entre narco y guerrilla y con ello el intercambio de experiencias en la lucha clandestina contra el Estado-- sino la narcopolítica. Al final, las bandas de narcotraficantes necesitan a los políticos para gobernar-controlar socialmente algunas zonas pero también para impulsar iniciativas legales. El desafuero de Godoy rompería esa peligrosa red de intereses sociales, políticos, económicos y criminales.
De entre todos los partidos, el PRD se apareció como la fuerza política más importante para los planes de los cárteles. El procesamiento de la información de inteligencia llevaría a cuando menos cinco circunstancias que habrían facilitado la relación de Godoy con La Familia Michoacana:
1.- El enfoque de fragmentación del Estado no sólo en lo territorial --con los enfoques extraterritoriales del PRD, como en el DF-- sino en lo que se refiere a la unidad jurídica estatal --con el gobierno legítimo apoyado por perredistas--. El dominio territorial de los cárteles se asume como parte del control de zonas francas como propiedad territorial. En este contexto se localiza la demanda de “fuerzas beligerantes” que promueven los grupos guerrilleros para crear Estados dentro del Estado. Sin fundamentación en el derecho público internacional, el narco opera con los mismos escenarios de intraterritorialidad.
2.- La conformación de una red de poder político y social en un escenario de nuevas coaliciones sociales. Los apoyos de bases sociales a La Familia Michoacana revelarían justamente la conformación de nuevas alianzas de poder. Las movilizaciones de apoyos sociales callejeros a La Familia fueron operadas por las estructuras sociales del PRD en el municipio de Apatzingán.
3.- La conformación de una nueva contracultura de rebelión como cultura de nueva dominación. La izquierda tiene un enfoque no policiaco de los usos de la droga, al grado de que aliados perredistas serían los más activos en las campañas de legalización de las drogas.
4.- Los enfoques de poder hacia las minorías forma parte también de los nuevos consensos sociales impulsados por el PRD. Ahí están, como ejemplos, los casos de los derechos sexuales de las minorías impulsados no como una forma de conformar nuevos sujetos jurídicos sino de incorporarlos a las prácticas de interrelación social de las mayorías heterosexuales.
5.- Y el discurso del pesimismo sociológico que practica el PRD en relación con el ejercicio de poder del PRI y del PAN, sobre todo en la parte que magnifica el derrotismo como argumento para implementar la legalización de situaciones legalmente prohibidas. Y a ello se agrega el pesimismo político perredista. Los dos pesimismos difieren sustancialmente de la doctrina que animó durante años el optimismo de la izquierda socialista.
En este contexto, el caso Godoy fue más allá de una grabación interceptada por orden de un juez y se convirtió en un asunto de seguridad nacional del Estado.
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