Indicador Político martes 10-noviembre-09.

INDICADOR POLITICO

+ Chihuahua: CSI contra crimen
+ Seguridad: política y desarrollo

Carlos Ramírez

CHIHUAHUA, Chih. A partir de una decisión política de gobierno, Chihuahua ha dado un paso audaz hacia la conformación de un sistema novedoso de seguridad pública: la integración de un banco de datos genéticos de la criminalidad similar al sistema de CSI norteamericano y una ley para penalizar la violencia de género.
La ofensiva jurídica del gobernador José Reyes Baeza logró la aprobación de una legislación avanzada. Entre ellas, la utilización de datos genéticos es única porque permitirá las investigaciones con carácter científico, abandonando los tiempos de las pesquisas basadas en el olfato y la violencia policiales.
Los datos genéticos de delincuentes son bastante completos: el ADN, la huella genética, los marcadores genéticos y la muestra biológica. El objetivo es establecer un banco de datos de la huella genética para investigaciones penales. A nivel estatal, esta ley permitirá una más profesional indagación criminal de ilícitos, además de auxiliar en las identificaciones de parentesco en casos no criminales. Se trata del primer esfuerzo de profesionalización científica en materia de seguridad pública. La ley establece el control estricto de la información para evitar su manipulación.
De las iniciativas de ley en materia de seguridad en el gobierno de Reyes Baeza quedan dos pendientes de aprobar: la ley de extinción de dominio y una novedosa ley estatal de protección de testigos. La primera, que viene de la ley federal, busca expropiar para el Estado de locales donde hayan ocurrido delitos criminales. Y la segunda busca regular el uso de los testigos en la denuncia de ilícitos pero guardando la seguridad de los denunciantes. Esta última ley es muy similar a la estadunidense, donde se proporciona nueva identidad a testigos de calidad en casos criminales. Hasta ahora muchos denunciantes quedan en el desamparo y víctimas de venganzas de los acusados.
En su reciente quinto informe de gobierno, Reyes Baeza también aportó datos sobre los pendientes del expediente de las muertas de Ciudad Juárez, un tema que encendió el debate. El dato revelador del informe fue el de los indicios de que la mayoría de los 115 casos de muerte de mujeres en Ciudad Juárez en cinco años resultó producto de la violencia intrafamiliar. De todos modos siguen existiendo casos y evidencias de muertes de mujeres por violencia de género, es decir, por la sola condición femenina.
Los casos de las muertas de Juárez siguen impactando por el contexto de descomposición social en el municipio y por la acumulación de corrupciones policiacas municipales. Pero la solución se localiza en la urgencia gubernamental para reorganizar el sistema de seguridad pública. Chihuahua fue de los primeros estados en mostrar que el aumento de la delincuencia fue correlativo a la desorganización de la seguridad pública, la corrupción policiaca y la pasividad política. Por tanto, las soluciones han derivado de la iniciativa política --no solamente policiaca-- del gobierno estatal.
La instalación de un CSI estatal y la aprobación de una política local de protección de los derechos de la mujer han ido acotando los espacios para la delincuencia. En cinco años ha habido en Ciudad Juárez 117 homicidios de mujeres, pero el uso de modernas técnicas policiacas ha logrado resolver el 58% de ellos.
El problema de Ciudad Juárez ya no es precisamente de los feminicidios. En todo caso, este fenómeno de la criminalidad de género ha crecido más en zonas como el DF y el Estado de México. La vida cotidiana en Ciudad Juárez se ha interrumpido por el problema de la violencia del narcotráfico, sin duda correspondiente a la misma lógica que en su momento tuvo el caso de los feminicidios: el agotamiento de un modelo de seguridad pública municipal, la falta de decisión de los gobiernos estatales de la crisis municipal y sobre todo la corrupción. El gobierno de Reyes Baeza prepara una reorganización total de los cuerpos de seguridad pública municipal.
El problema de la seguridad pública en Chihuahua cruza dos tipos de coordenadas: el desarrollo económico y la voluntad política. El primero se percibe no tan conflictivo como en zonas del centro de la república. Y la segunda decayó por la sorpresiva velocidad con la que aumentó el ritmo de la criminalidad. Como buena parte de los estados de la república, los gobiernos estatales acreditaron la responsabilidad de la inseguridad por narcotráfico a la atención federal. El problema en Chihuahua creció a tal nivel que la acción federal apenas ha cubierto la parte de la vigilancia. Al final, el gobierno estatal de Reyes Baeza entendió la lógica de la inseguridad en temas del narco como parte de la corresponsabilidad federal y tomó decisiones de fondo con leyes para acotar los espacios de maniobra del narco. La ley estatal de extinción de dominio fue pensada, dicen aquí, para cerrarle espacios al narco, sobre todo en la modalidad de las narcotienditas conocidas aquí como picaderos.
Aunque el tema de estabilidad política y de desarrollo económico ha sido constante, en realidad la atención de los chihuahuenses se ha centrado en la inseguridad pública. De ahí la prioridad del gobierno Reyes Baeza a esos temas. La estabilidad social del estado radica en la seguridad ciudadana.