INDICADOR POLITICO
+ El
PRI, el narco y las listas de EU
+ Tamaulipas:
sombra de Yarrington
Carlos
Ramírez
A punto de regresar al poder
presidencial, el PRI parece no
querer resolver el expediente más delicado de los últimos tiempos, inclusive
posterior a la derrota del 2000: las relaciones
peligrosas con el crimen organizado.
El problema que enfrenta el PRI es doble: hacia el interior del partido, hacia
la composición del equipo que asumirá las riendas del gobierno federal y, de
manera sobresaliente, la lista
estadunidense de políticos mexicanos con presuntas relaciones con el
narcotráfico.
Dos estados de la república se
encuentran en el centro del conflicto:
Nuevo León y Tamaulipas, aunque ya no tanto por las acciones criminales de los
narcos sino por los desajustes
políticos internos: en Nuevo León existen maniobras priístas locales y de
grupos dominantes de poder para relevar
al gobernador Rodrigo Medina de su cargo; y en Tamaulipas, aliados y compadres
del ex gobernador Tomás Yarrington, acosado
por la justicia por relaciones con el narco, se quieren colar en el equipo del próximo presidente de la república.
El caso de Tamaulipas es el más grave para el PRI porque el punto
culminante de la crisis del narcotráfico ocurrió con el asesinato en junio del
2010 del entonces candidato del PRI al gobierno del estado, Rodolfo Torre
Cantú, luego el PRI logró la mayor
votación para llevar al gobierno al hermano del político asesinado, Egidio
Torre Cantú, más tarde Tamaulipas sufrió peor
acoso panista por temas del narcotráfico en la elección federal de este año y
ahora los personeros de Yarrington
quieren colarse al equipo del próximo presidente de la república para volver a
convertir a Tamaulipas en un botín
político.
Hasta ahora, los servicios de
inteligencia política han detectado en Tamaulipas el activismo del ex diputado
federal Baltazar Hinojosa Ochoa, sin
brillo propio pero vinculado al grupo de poder del ex gobernador Yarrington, a
quien lo unen dos compadrazgos. Pero
esa movilidad ha ido desequilibrando
las precarias alianzas estatales y con ello ha estado facilitando el asentamiento del PAN como fuerza local dominante.
El problema de Hinojosa Ochoa radica
no sólo en su formación política al lado de Yarrington, sino al hecho de que
Yarrington ha aparecido en expedientes filtrados desde los Estados Unidos no tanto por la veracidad de sus
sospechas sino como parte del estilo
de Washington de hacerle llegar al presidente electo, desde los tiempos de
López Portillo, fichas de políticos con vinculaciones serias o simplemente de
relaciones dudosas con el narcotráfico, a fin de que los nuevos gobiernos
pongan más atención en la selección
de funcionarios.
La filtración del expediente de Yarrington formó parte de esas
maniobras. Por tanto, en las oficinas de inteligencia y seguridad nacional de
los EU le han dado seguimiento a las
relaciones de poder. Ahí es donde se ha prendido la alarma en torno a Hinojosa Ochoa, sobre todo por formar parte de la
red de funcionarios vinculados a Yarrington.
Apenas en agosto pasado, el
periódico Reforma publicó una lista
de presidentes municipales que habrían recibido
dinero del crimen organizado, sobre todo del cártel del Golfo, y casi todos ellos de la zona fronteriza de
Tamaulipas con los EU. Respecto a Matamoros, un testigo reveló que Hinojosa
Ochoa, presidente municipal de Matamoros en el periodo 2005-2007, formaba parte
del círculo de Yarrington, ambos
originarios de esa misma ciudad. Ante esa revelación, aún diputado federal,
Hinojosa Ochoa negó cualquier
relación con el narcotráfico. Sin embargo, ni las autoridades judiciales ni el
gobierno mexicano realizaron alguna investigación adicional para verificar la veracidad de la denuncia.
De todos modos, el caso de Hinojosa
Ochoa formó parte de una lista caliente de colaboradores, amigos y aliados
políticos del ex gobernador Yarrington. Y si hasta ahora no se tienen más datos
de investigaciones sobre las redes políticas de poder del cártel del Golfo, las sospechas en los EU seguirán asentadas hasta en tanto no se aclare
el caso del ex gobernador Yarrington. Algunas fuentes priístas consideran que
el gobierno de Peña Nieto tendrá que darle seguimiento
a la denuncia originada en los EU.
Los casos de Tamaulipas y Nuevo
León tienen derivaciones del pasado
reciente en los grupos políticos dominantes. Sin embargo, forman parte de los
expedientes calientes que tendrá que
atender sin dilaciones el gobierno de Peña Nieto, sobre todo por el hecho de
que esas fichas entregadas cada
inicio de gobierno se pueden convertir en factores de presión estadunidense.
En los casos de Tamaulipas y Nuevo
León, los investigadores estadunidenses han otorgado especial atención sobre
todo a las redes de poder de los
políticos presuntamente involucrados con alianzas con el crimen organizado. Ahí
se localiza el principal peligro
porque implica ya no tanto la violencia de las bandas criminales, sino la complicidad del sistema de gobierno que
ha impedido alguna solución. No es gratuito que en los dos estados sigan
existiendo complicidades políticas, muchas de ellas aún no detectadas.
De ahí que la principal inquietud en Washington sea que algunas
personas sospechosas de relaciones peligrosas con la criminalidad puedan colarse en posiciones de poder en la
nueva administración. Pero el nuevo gobierno priísta debe ser el primer interesado en evitar la
contaminación de personajes que aparecen en las listas estadunidenses.
En este contexto, el nuevo gobierno
priísta debe tener claro el hecho de
que gobiernos estatales gobernados por el PRI --Nuevo León, Chihuahua,
Tamaulipas y Michoacán-- se encuentran metidos en problemas de narcotráfico y tengan
tantos problemas derivados no tanto
de la violencia sin control sino de las redes del crimen organizado con
espacios políticos de poder. De ahí la importancia para el PRI de limpiar las listas estadunidenses.
@carlosramirezh
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