INDICADOR POLITICO
+ Protesta
social y Estado fallido
+ Inestabilidad
contra Peña Nieto
Carlos
Ramírez
La crisis de violencia en Michoacán
no debe extrañar; más bien, se debe
insertar en el análisis en movimientos sociales antisistémicos que primero
combatieron al PAN en el poder y hoy van contra el PRI, pero que han demostrado
incapacidad para ganar el poder por
la vía electoral.
Se trata de movimientos de
inestabilidad dentro de los
sindicatos de empresas o servicios del Estado pero para consolidar su autonomía del Estado, constituyendo lo
que Manuel Camacho definió en 1974 como feudos
de poder. Son --lo mismo en seguridad con el crimen organizado, que en lo
político respecto a Pemex, maestros normalistas o la iniciativa laboral-- de
grupos que no benefician a la
sociedad sino que aprovechan su dominio para beneficio propio.
Los problemas en Michoacán no estallaron por el desalojo policiaco
de instalaciones educativas ocupadas
por normalistas y profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación, sino por la decisión del gobierno federal de replantear la formación educativa de los normalistas con una
reforma curricular. Los normalistas se opusieron y decidieron pasar a
la lucha contra la decisión
gubernamental.
Los espacios de autonomía de organizaciones sociales
--y más en áreas del Estado y no de la empresa privada-- constituyen, en sentido
estricto, una expresión del Estado fallido,
es decir, zonas en las que el Estado no gobierna y el dominio corresponde a un
sector que defiende antes que nada intereses de grupo sin pensar en los sociales.
El escalamiento de la crisis en
Michoacán forma parte de una estrategia de desestabilización
política y social de una zona de la república porque su intención no es la de negociar la aplicación de
la reforma curricular para la formación de maestros normalistas sino la de evitar la decisión del gobierno a costa
de imponer la violencia en zonas del Estado. En el fondo, la reforma curricular
está diseñada para aumentar la preparación
educativa de los futuros maestros, pero resulta que la educación pública en sus
diferentes niveles fue desviada hacia la preparación de combatientes sociales de espacios políticos.
La reforma salinista del Estado, la neoliberalización de las políticas
públicas y la alternancia panista en la presidencia de la república durante
doce años plantearon el punto central de todo proceso de transición política:
la reformulación de las relaciones
sociales, antes controladas y dominadas por el Estado priísta, luego para autonomizarse
del gobierno panista y hoy para condicionar
su relación con el regreso del PRI a la presidencia.
A lo largo de treinta años, de 1982
a la fecha, los sectores sociales organizados del Estado plantearon su
autonomía relativa de ese Estado y conquistaron
feudos de poder con dinámica propia, primero por sí mismos, luego al margen del
Estado y ahora en contra del Estado
que sería su contraparte patronal o de subordinación. Por eso es que la
reacción es violenta cuando el
Estado en forma de gobierno asume decisiones en función de ser la parte contratante.
Los trabajadores de la educación
pública fueron, en los tiempos del priísmo, los apóstoles del proyecto ideológico de la Revolución Mexicana y por
eso formaban una de las principales columnas del PRI. Pero cuando Salinas de
Gortari liquidó el proyecto de las
Revolución al sacarla de los documentos del PRI, entonces los maestros se
asumieron como proletariado autónomo.
Sólo que en función de su papel intelectual como maestros, derivaron en
movimientos antisistémicos, en
confrontación con el Estado que no sea el que ellos quieren y ahora articulados al proyecto neopopulista de
Andrés Manuel López Obrador.
El espacio intermedio entre la imposición y el rechazo es el de la
negociación; pero de sobra se sabe que el gobierno carece de fuerza para negociar reformas en la educación y los
maestros repudian cualquier intento
de subordinación al Estado. Si las cosas se mantienen como tal, la única salida al nudo político-sindical en el
sector educativo sería la privatización
y que entonces los maestros negocien con las reglas obrero-patronales. Pero
como el gobierno ya decidió la reforma curricular y los normalistas pasaron a ocupar las escuelas y el gobierno
utilizó la policía, ahora la solución ya no
puede ser negociada sino de autoridad. Y los normalistas tendrán que pagar el costo de su confrontación:
pasar de “la lucha es el camino” a “presos políticos, libertad”.
El escenario mayor tiene que ver
con la guerra de posiciones con
miras al cambio de gobierno y, en este caso, cambio de partido en el poder
ejecutivo. Los sectores que se fortalecieron con autonomía relativa del Estado
en los últimos treinta años no
quieren regresar a ser piezas de la estructura de poder del PRI. Por eso es que
van a seguir escalando la violencia y
a interrelacionarla con otras agendas y otras plazas.
La clave de la configuración de una alianza antisistémica --SME, YoSoy132, normalistas, CNTE, Atenco, EPR
y otros-- tiene que ver con la organización del partido Morena de López Obrador
como organización antisistémica para
luchar en las calles lo que no pueden ganar en las urnas institucionales. Y
todo ello antes de la toma de
posesión de Enrique Peña Nieto como presidente de la república y pieza
fundamental del regreso del PRI al
poder presidencial, luego de la derrota
de López Obrador en las urnas.
@carlosramirezh
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