INDICADOR POLITICO
+ A
rehacer el modelo agropecuario
+ Los
empresarios toman iniciativa
Carlos
Ramírez
Si toda iniciativa para la reconstrucción del modelo mexicano de
desarrollo pasa por lo laboral, lo industrial y lo agropecuario, hasta ahora la
élite gobernante ha fracasado en el
primer punto, el segundo sigue sin rumbo y el tercero va a ser reactivado por el sector empresarial.
La elección del próximo presidente
del poderoso Consejo Nacional Agropecuario, organismo que agrupa a los
principales agricultores privados del país, estaría en la lógica de replantear el modelo de producción del campo que el
Tratado de Comercio Libre desarticuló sin
una propuesta alternativa. La candidatura del empresario tomatero Álvaro Ley,
duranguense asentado en Sinaloa, se ha consolidado
en función de su interés por contribuir a que México dé el salto cualitativo a la agroindustria.
El campo mexicano atraviesa por una
grave y profunda crisis; el producto
agropecuario se ha sostenido de la agroindustria, la siembra de grandes
extensiones y la apertura comercial aprovechada por pocos. Pero existen cuando
menos tres graves problemas que
afectan la producción y que han convertido a México en un importador de
alimentos: la propiedad ejidal
improductiva, la inseguridad
criminal que ha propiciado que los campesinos siembren droga y no alimentos y el
problema permanente de la falta de
inversión productiva.
El desafío de los empresarios agricultores radica no sólo en la
necesidad de reorientar sus objetivos de promoción sino en convencer al gobierno de mejores políticas públicas para el
desarrollo del sector: el neoliberalismo priísta terminó con el modelo de estímulos integrales y los dos sexenios
panistas se centraron en Procampo
pero sin entender que la crisis de producción agropecuaria responde a un
problema de falta de integralidad en
las políticas y de abandono en que han dejado a los productores privados
pequeños y ejidales.
El viejo modelo paternalista del
PRI --apoyo al productor a cambio de votos-- construyó un sector poco
competitivo que la apertura comercial en la primera mitad de los noventa se
encargó de arrasar. El tratado
salinista abrió la posibilidad de reformar la propiedad ejidal, pero los
ejidatarios prefirieron abandonar la
siembra, en lugar de optar por la asociación con los empresarios agricultores.
Las propuestas de Álvaro Ley para
competir por la presidencia del Consejo nacional Agropecuario para los próximos
cuatro años van más allá de los
intereses de los productores y miran al campo con un enfoque que involucre a
los productores ejidatarios que se han negado a regularizar la tenencias de su
tierra con la titulación individual y por ello carecen de seguridad jurídica.
Los grandes propietarios del sector
agropecuario ya no están tan
interesados en la absorción de los ejidatarios sino que pugnan por que los
ejidos puedan ser titulados y optar por la asociación
en el sector que representa la modernización del campo: la agroindustria. De ahí que la propuesta de Álvaro Ley busque que los
ejidatarios regularicen sus tierras y reciban apoyos económicos y facilidades
crediticias ya con la seguridad de la tierra. El objetivo es que los
ejidatarios se conviertan en pequeños
agricultores y ganaderos y con ello se puedan desamortizar las tierras ejidales improductivas pero sólo en
términos productivos y no de propiedad.
Otra propuesta novedosa del
tomatero Álvaro Ley radica en la creación
dentro del Consejo Nacional Agropecuario de una vicepresidencia de asuntos de
seguridad. A lo largo de su campaña y con datos de su experiencia como
productor ha acumulado evidencias sobre los problemas de inseguridad pública en el campo: secuestros, agresiones, pérdida de
tierras, amenazas y ataques que afectan la estabilidad para la producción.
A ello se han agregado los datos de
campesinos y propietarios rurales que han tenido que mudar la siembra de alimentos a la de droga, a veces por la pobreza
en las cosechas y en ocasiones por amenazas; al final, una hectárea de droga
sembrada le da a su propietario muchísimo más rendimientos económicos que
alimentos sin mercados o
controlados. La primera tarea de la vicepresidencia propuesta radicaría en
hacer diagnósticos de la inseguridad en el campo y también esté atenta a las
amenazas de organizaciones criminales que han expropiado en su
beneficio extensiones agropecuarias sin
que las autoridades de seguridad pública atiendan esos casos; la
vicepresidencia de seguridad buscaría una mejor
atención de los gobiernos municipales, estatales y federal.
El relevo en el Consejo Nacional
Agropecuario, de fuerza política y social similar a la del Consejo Coordinador
Empresarial, se plantea como una oportunidad
para atraer la atención pública y social a los problemas del campo y sirve para
revisar las cifras de importaciones de alimentos que México tiene que hacer a
pesar de sus grandes extensiones de
tierra cultivable. El punto central se localiza en el hecho de que el fin de la
política agropecuaria del viejo régimen priísta, el recorte de presupuestos al
campo y la apertura brutal
propiciada por el TCL han quebrado
el papel de México como productor de alimentos y lo han obligado a importar
comida.
La oferta de Álvaro Ley como
candidato al CNA toca el punto más sensible
de la organización de grandes productores privados: concebir el campo como un
escenario integral e impulsar la
organización de los ejidatarios que quedaron al garete con la reforma salinista
de 1992, lo que al final le daría a los empresarios del campo la posibilidad de
dinamizar el modelo de desarrollo
agropecuario que el Estado ha olvidado en los últimos treinta años.
@carlosramirezh
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