INDICADOR POLITICO
+ Recados
a EPN de Moreira y Lazca
+ Sociedad
y autoridades, culpabilidad
Carlos
Ramírez
En el interregno no sólo
político sino de redefinición de la estrategia de seguridad nacional para el
gobierno de Peña Nieto que comienza en ocho semanas, los casos de José Eduardo
Moreira y el jefe Zeta Heriberto
Lazcano El Lazca han evidenciado los puntos más sensibles del problema del
narco.
Y todos ellos exhiben los huecos que la nueva estrategia debiera
de atender:
1.- Aunque no se excluyen problemas en zonas dominadas por otros partidos, los
sucesos en Ciudad Acuña --asesinato del hijo del ex presidente nacional priísta
Humberto Moreira-- y Progreso --muerte del jefe Zeta El Lazca-- se
convirtieron en mensajes de tipo
político por involucrar zonas priístas en la víspera de la toma de posesión del próximo gobierno presidencial
priísta, y más aún en el estado que fue gobernado por el ex presidente nacional
priísta. Por tanto, esos hechos han tensado
la definición de la estrategia contra la inseguridad porque pusieron al PRI en
el centro de la atención mediática.
2.- Los sucesos coahuilenses en
esos dos municipios alertaron sobre
el papel pasivo de la sociedad y sus autoridades locales. ¿Cómo fue posible que
un presidente municipal haya designado como subdirector de seguridad a quién
había reprobado el control de
confianza y luego fue el que entregó a Moreira Rodríguez a sus asesinos? ¿Cómo
ha sido posible que El Lazca se
moviera con tranquilidad en un municipio de menos de 3 mil 5000 habitantes sin que lo descubrieran? El crimen
organizado se ha instalado en zonas
territoriales del Estado nacional sólo por la complicidad local. Y ése, sin duda, será el principal desafío de la estrategia del gobierno
de Peña Nieto porque fue donde falló la estrategia de Calderón.
3.- A pesar de las evidencias recurrentes,
la estrategia federal de seguridad se estropeó ante la negativa estatal y municipal de entrarle de lleno y a fondo a la limpieza
de sus establos policiacos. Por eso los narcos han operado con total impunidad. El caso del subjefe
policiaco en Ciudad Acuña, Rodolfo castillo Montes, es apenas uno entre muchos:
reprobó el control de confianza, fue designado interino y a la llegada, hace
unos días, de titular, lo dejaron formalmente como subdirector. Las sociedades
regionales han visto con temor cómo
policías sirven abiertamente a los narcos y continúan en sus cargos. La única salida sería una policía única fuera
del control de alcaldes y gobernadores.
4.- Otra demanda clara es la reformulación de la política de
comunicación social en materia de seguridad. Los medios destacan los muertos y
acusan a las autoridades pero no hay
periodismo de investigación sobre la configuración de los cárteles, la denuncia de sus crímenes y la corrupción. La mezquindad de las agrupaciones
ciudadanas es producto de la politización
de sus intenciones. La sociedad se ha negado
a condenar a los capos y prefiere
denunciar algunos abusos en la lucha contra el crimen organizado, a pesar de
que los cárteles son responsables de más del 95% de los
muertos contabilizados.
5.- La nueva estrategia de
seguridad deberá apostarle a un acuerdo
social de participación en la lucha contra el crimen organizado. La impunidad es la moneda corriente: con
facilidad roban el cadáver de El Lazca a las 2 de la mañana, el
forense denuncia el hecho a las 8 de la mañana, nadie vigiló el cuerpo y ya
estaba en la funeraria, el subdirector de la policía municipal de Ciudad Acuña pone
al hijo del ex gobernador y ex líder priísta para que lo asesinen, después de
haber reprobado el examen de
confianza. De ahí que la nueva estrategia debe ser mucho más estricta en la supervisión de personal
policiaco.
6.- Y la urgencia de una integralidad en la estrategia, porque
el abatimiento de El Lazca fortalece el poder del Z-40 Miguel Treviño Morales en la zona
del Golfo y ello aumentará la
violencia criminal.
El nuevo gobierno de Peña Nieto
encontrará varias zonas calientes del
crimen organizado, un sector crítico que quiere disminuir el combate para
buscar un pacto con los cárteles y la
politización de la crítica. De ahí
que el tema de la estrategia del nuevo gobierno federal priísta contra el
crimen organizado podría convertirse en el más importante de los primeros cien días de funciones. El golpe contra El Lazca, el cerco contra el Z-40 y el acoso contra El Chapo Guzmán podrían ir acotando el activismo de los cárteles, aunque con la posibilidad de
que haya una respuesta violenta del
crimen organizado.
Los sucesos criminales de las
últimas semanas han ayudado a dimensionar
el tamaño del problema del crimen organizado, la forma en que los narcos se
pueden mover con tranquilidad en zonas regionales al amparo de la protección de
autoridades y sociedad y la violencia
con la que defienden sus territorios. Se trataría del escenario inédito en el que se tendrá que definir la estrategia del
gobierno de Peña Nieto, ya sobre el terreno de la realidad.
Además, opino que Javier Sicilia,
su movimiento, el rector de la UNAM José Narro, los periodistas, el Movimiento YoSoy132 y ahora la Corte Suprema de
Justicia de la Nación deben responsabilizar
a los narcos de la violencia y los muertos, exigir sin dobleces la rendición incondicional de Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada, Heriberto Lazcano El Lazca, Servando Gómez La Tuta, Juan José El Azul Esparragoza, Vicente Carrillo Fuentes, el Z-40 (†) y otros capos y demandar la entrega
de su arsenal de armas para ser juzgados
como responsables de la violencia criminal y la corrupción en el tráfico de drogas y de varios de miles de muertos
en enfrentamientos entre cárteles.
@carlosramirezh
-
- 0 - -
No hay comentarios:
Publicar un comentario