Indicador Político 21-febrero-10, Domingo

+ México: crisis 1995-2010 (7)
+ Una economía sin transición

Carlos Ramírez

La economía ha sido sin duda el elemento delineador de las posibilidades e imposibilidades de la transición mexicana. En la economía se resumen las contradicciones y limitaciones del país: el modelo de desarrollo ha estado atado al lastre de los compromisos históricos per se, en lugar de convertirse en el detonador de los objetivos del Estado de bienestar. Las crisis económicas han sido los recordatorios de que las políticas económicas carecen de una autonomía relativa.
El problema de fondo radica en el hecho de que el pensamiento económico mexicano ha estado articulado al pensamiento histórico y éste ha mantenido referentes con el pensamiento político y el pensamiento social. Ocurrió con suficiente intensidad cuando se definieron los dos grandes modelos de desarrollo --la sustitución de importaciones y el desarrollo estabilizador--, se convirtió casi en un acto de fe durante los años del populismo y operaron como obstáculos en los periodos del neoliberalismo estabilizador y del neoliberalismo globalizador. Y como para que no hubiera duda alguna, ese pensamiento económico dependiente ha impedido que la alternancia partidista en la presidencia de la república pudiera redefinir las posibilidades de la nueva política de desarrollo. La transición económica no ha cuajar por arrastrar el lastre del pensamiento oficial.
De ahí que el pensamiento económico no ha podido salirse de los parámetros de la carga histórica de la Revolución Mexicana. Aún después de que el PRI dio el salto cualitativo de la Revolución Mexicana al liberalismo social como redefinición provocada por la negociación del tratado de comercio libre, el peso de la revolución de 1910 fue determinante. A lo largo del siglo XX, el pensamiento crítico también cayó en esa dependencia. La izquierda comunista y la derecha democristiana no pudieron fijar nuevos parámetros para el debate. Por tanto, la metodología de la crisis ha debido de moverse dentro de las coordenadas de la Revolución Mexicana. El esfuerzo teórico de Carlos Salinas en el periodo 1990-1993 y al calor de las negociaciones del TCL no pudo crear otros referentes. Y ante las tendencias de las encuestas a favor del regreso del PRI a la presidencia de la república para el 2012, el pensamiento político priísta ha comenzado a regresar al modelo nacional de la Revolución Mexicana.
El debate económico del siglo XX ha girado intensamente en torno a la dialéctica cumplimiento-incumplimiento de los compromisos de la Revolución Mexicana. La izquierda comunista no pudo diseñar una propuesta alternativa, quizá porque en los años cincuenta y sesenta había logrado hacerse del control de los liderazgos de los principales sindicatos y éstos respondían justamente al pensamiento sindical oficial que pugnaba por una alianza histórica del Estado con los trabajadores, además de que el Partido Comunista Mexicano carecía de reflexión teórica marxista sobre la política del desarrollo de los gobiernos posrevolucionarios. Y la oposición democristiana había también laborado en los gobiernos revolucionarios e inclusive --el caso de Manuel Gómez Morín fue significativo-- habían fundado la estructura financiera del Estado de la Revolución Mexicana.
De ahí que el gran debate histórico del siglo XX haya girado en torno al incumplimiento de las metas de la Revolución Mexicana y éstas determinaron los perfiles y definiciones del modelo de desarrollo y de las políticas económicas. La discusión se dio, en consecuencia, en torno a compromisos-pasivos de los gobiernos posrevolucionario. En 1969 hubo cuando menos cuatro grandes cortes de caja de la relación entre los compromisos de la Revolución Mexicana con los resultados sociales cuantitativos: el del agotamiento del modelo de desarrollo estabilizador, el de la crítica de Luis Echeverría al saldo social negativo, el del recordatorio entre el consenso nacional vinculado al bienestar de las mayorías y sobre todo el del pacto político histórico entre la clase obrera con los gobiernos priístas.
En ese año se enfrentó el país al primer gran desafío de advertir críticamente que el modelo de desarrollo de la Revolución Mexicana era incapaz de satisfacer el bienestar de una población creciente y se acumularon las evidencias de que la economía necesitaba transitar hacia un nuevo modelo productivo: las élites optaron por lo político en detrimento de lo económico. Pero también se tuvieron las certezas de que el modelo de desarrollo era correspondiente al sistema político. Uno no podía modificarse sin afectar al otro. Así, la crisis económica condujo a crisis política y de agotamiento de la estructura de funcionamiento del régimen político y éste a su vez retroalimentó nuevas fases de la crisis económica. En el periodo 1990-1993 Carlos Salinas canceló la etapa del modelo de desarrollo de la Revolución Mexicana, pero no reformó el sistema político. La crisis de la globalización articuló conflictos en la economía y las relaciones sociales y de gobierno.
Sin alternativas radicales del proceso histórico, entonces el debate sobre la crisis económica a finales de los sesenta y principios de los setenta se agotó en el eje conductor de las metas de la Revolución Mexicana. Sin propuesta socialista ni opción democristiana y con una clase intelectual también dependiente del proceso histórico, en consecuencia la crítica al modelo de desarrollo se centró en el contrapunto de las metas sociales de la Revolución Mexicana. De las críticas desde dentro del sistema priísta una de las más lúcidas y profundas fue la del maestro Enrique Padilla Aragón en dos ensayos fundamentales primero como crítica y luego como propuesta: México: desarrollo con pobreza y México: hacia el crecimiento con distribución del ingreso, el primero circulado a mediados de 1968 y el segundo en 1981. Los dos libros fueron publicados en fechas fundamentales del quiebre de dirección política: la crisis político-social de 1968 y el agotamiento del populismo y la sucesión presidencial a favor de los tecnócratas del neoliberalismo.
El primer libro hacía un recuento del saldo social de casi sesenta años de gobiernos revolucionarios. Y la crítica de Padilla Aragón se centraba en tres tesis: los gobiernos de la Revolución no había resuelto el problema del bienestar social, el modelo capitalista había polarizado la pobreza y la miseria y el camino de solución estaba en retomar las metas de la Revolución Mexicana. Para Padilla Aragón, el problema central estaba localizado en el crecimiento demográfico por su tasa de 3.5% de crecimiento anual porque obligaba a tasas altas de PIB. Pero también hacía énfasis en la ausencia de mecanismos de distribución del ingreso: la política social requería de enormes presupuestos y la política fiscal se había tornado complaciente con los empresarios.
En 1970, las cifras sociales de la economía expresadas en la distribución del ingreso revelaban las falacias del discurso político triunfalista de la Revolución Mexicana:
--El 30% de la población más rica se apropiaba del 70% del ingreso, en tanto que el 70% de la población más pobre se repartía el 30% del ingreso.
--El 10% de la población más rica concentraba el 45.5% de la riqueza, en tanto que el 10% de la población más pobre apenas tenía acceso al 5.6% de la riqueza.
--Hacia 1977, el saldo económico-social de los gobiernos de la Revolución Mexicana se resumía en la concentración de la riqueza y de la pobreza en dos polos.
--El porfirismo hacía tenido un ritmo irregular de crecimiento económico en el periodo 1896-1911, con una tasa promedio anual de PIB de 2.7%. El primer periodo de la Revolución Mexicana, de 1910 a 1927, había logrado a duras penas un crecimiento anual promedio de 0.8%. Los años de la crisis de la gran depresión, de 1928 a 1932, hundieron a México a tasas promedio de PIB de -4.2%. Y el largo periodo de consolidación económica, de 1933 a 1982, el crecimiento económico promedio fue de alrededor de 6%.
--El país había tenido varios periodos de definición del desarrollo: el de la exportación de materias primas, el de sustitución de importaciones al calor de la segunda guerra mundial, el del desarrollo estabilizador luego la devaluación de 1954 a 1970, el del populismo como desarrollo compartido vía decisiones del Estado de 1971 a 1982, el de la estabilización macroeconómica neoliberal de 1982 a 1990 y el del neoliberalismo globalizador de 1990 al 2010.
Lo paradójico del contexto de los ensayos de Padilla Aragón radicaba en el hecho de que la política del desarrollo se había desvinculado del discurso político de la Revolución Mexicana. Las cifras de la distribución del ingreso en 1977 reforzaban la tesis de que México crecía a tasa altas de PIB --6% promedio anual-- con baja inflación --2% anual promedio--, pero el país registraba un aumento en la población empobrecida. El crecimiento económico no se transformaba en bienestar social. Señalaba Padilla Aragón: “la Revolución Mexicana no puede ni debe orientarse hacia un capitalismo maduro y caduco, cuyas limitaciones padece el mundo (a finales de los sesenta comenzó la fase conocida como la “crisis general del capitalismo”). Si la Revolución Mexicana lleva a México a ser un país capitalista “altamente desarrollado”, como todo el mundo dice ahora, mal habrá cumplido sus fines la revolución”.
La crítica de Padilla Aragón se apreció certera pero tardía. Veinte años antes, en 1947, el economista y abogado Daniel Cosío Villegas publicó un breve ensayo titulado “La crisis de México”, en la que establecía --antes de las rupturas obreras y sociales-- que los problemas económicos, políticos y sociales respondían al hecho del incumplimiento de las metas de la Revolución Mexicana e inclusive ponía en duda la validez de esos objetivos. Sin embargo, casi un cuarto de siglo después, en El sistema político mexicano, Cosío Villegas destacaba el hecho de relevos presidenciales sin violencia y con estabilidad: sin crisis. Pero una cosa era la estabilidad en un país con un régimen piramidal, autoritario y de partido hegemónico y otras las cifras de concentración de la riqueza en pocas manos. En este punto centró Padilla Aragón su crítica. A finales de los sesenta y principios de los sesenta, la política de justicia social del Estado revolucionario se resumía en tres instrumentos tibios e insuficientes: el salario, la seguridad social y la tutela estatal de trabajadores y campesinos. Sin embargo, las cifras de polarización de riqueza y pobreza desmentían el discurso oficial de la justicia social.
El llamado de atención de Padilla Aragón fue certero pero mal enfocado. En efecto, la tasa de crecimiento económico promedio de 6%, inflación anual promedio de 2% y un tipo de cambio fijo y libre sustentado en el control de la inflación no llevaban a una justa distribución de la riqueza. Se trataba, en términos de Padilla Aragón, en un “desarrollo con pobreza”. En un análisis social publicado en 1979, el economista Carlos Tello Macías ofreció un panorama de la desigualdad social:
--El 35 por ciento de la población mayor de seis años no tenía educación formal. El 22 por ciento del total de la población mayor de edad apenas tenía la escuela primaria. Ocho millones de personas mayores de 10 años eran analfabetas. El 59 por ciento de la población entre los 6 y 14 años estaba en primaria.
--10 millones de personas no comían carne ningún día a la semana; 11.2 millones no consumían huevo; 18.4 millones no tomaban leche; 33.9 millones no se alimentaban con pescado; y 11.3 millones no tenían acceso al pan de trigo.
--El 69 por ciento de las viviendas del país tenía dos cuartos; el 40 por ciento, un cuarto. El 39 por ciento de las viviendas no tenía agua entubada; el 59, sin drenaje; el 44 utilizaba leña y carbón como combustible.
--La desigualdad regional y demográfica traía consigo sus injusticias: todo a las ciudades y a la industria.
--El 50 por ciento de las familias con más bajos ingresos recibía el 15 por ciento del ingreso personal disponible. En el otro extremo, el 20 por ciento de las familias de más altos ingresos captaba el 64 por ciento del ingreso. En términos más estrictos, el 10 por ciento de las familias más ricas acaparaba el 51 por ciento de la riqueza. Si el ingreso promedio por persona era de 600 dólares al año, tan sólo el 10 por ciento de las familias más pobres llegaba apenas a 90 dólares.
--La desocupación tenía su explicación: la oferta amplia de mano de obra disminuía los costos y aportaba a los empresarios un ejército de reserva. Según datos oficiales, la desocupación representaba el 7.0 por ciento de la población económicamente activa; asimismo, el 81 por ciento de la PEA estaba ocupada más de nueve meses al año. Si la desocupación y la subocupación tomara, además, a quienes ganan menos del salario mínimo, la cifra de parados y semiparados llegaba al 45 por ciento de la PEA.
--La planta industrial ofrecía las mismas contradicciones: el 1.0 por ciento de los establecimientos acaparaba el 67 por ciento de los activos fijos totales de la industria, el 63 por ciento del capital y el 63 por ciento de la producción. En el otro lado, el 92 por ciento de los establecimientos tenía nada más el 5.2 por ciento de los activos, el 5.0 por ciento del capital y el 6.0 por ciento de la producción.
--En el campo, las tasas de producción habían caído y la concentración de la propiedad era significativa: menos del 5 por ciento de la superficie total era para el 80 por ciento de los propietarios; y el 1.1 por ciento de propietarios ricos tenía para sí el 60 por ciento de la superficie campesina.
El debate debió girar sobre un nuevo modelo de desarrollo. Sin embargo, Padilla Aragón logró fundamentar la propuesta de redefinir el modelo en función de dos estrategias: el desarrollo hacia dentro y la distribución del ingreso. Su libro de 1981 fue más a fondo y delineó cuatro criterios:
--Sí es posible la estrategia de crecimiento con distribución del ingreso.
--La distribución del ingreso no impide la meta de altas tasas de PIB: justicia social con estabilidad.
--En diez años se pueden obtener metas de equidad social.
--La política de crecimiento con distribución del ingreso debería enfatizar cinco puntos: alcance y dominio del gobierno sobre la economía, ir más allá del simple ingreso cono indicador y fijar criterios de nutrición, salud, vivienda y educación, elevar la productividad, atender la función del bienestar y abandonar el modelo brasileño de mayor intensidad de capital por el de mayor intensidad de trabajo.
La propuesta de Padilla Aragón fue la más coherente porque analizaba la reorganización del modelo de desarrollo y una reconsideración audaz de la política económica. Sin embargo, el problema fue su dependencia no tanto de las metas de justicia social y equidad de la Revolución Mexicana sino su fundamento histórico. El pensamiento económico del siglo XX en México giraba en torno a temas sustanciales: el marco teórico de la Revolución Mexicana, el papel hegemónico del Estado, el control de los factores de la producción, el partido hegemónico como heredero de los valores del movimiento de 1910 y el presidencialismo dominante.
Pero la dependencia del pensamiento económico al pensamiento histórico limitó los alcances del desarrollo. Más aún: lo castró. En una visión de largo plazo, las metas de la Revolución Mexicana fueron demasiado nebulosas: el bienestar en lo general. La idea central de una tercera vía --ni capitalismo ni socialismo-- afectó incluso la movilidad de las ciencias sociales y del pensamiento crítico del poder. El modelo político se centró en el dominio del Estado a través del gobierno y por el mecanismo del control de las fuerzas sociales, políticas y productivas. Por tanto, la propuesta fue un híbrido: socialismo de Estado y capitalismo productivo. Sin embargo, la capacidad de desarrollo de infraestructura, tecnología y educación limitó las posibilidades del desarrollo. La fase de sustitución de importaciones y de desarrollo estabilizador condujo a un modelo proteccionista de alta intensidad de exportaciones controladas y poca oferta interna.
El modelo mexicano se agotó sólo en la definición primaria: la intervención del Estado en el proceso productivo pero con poca dinámica en la creación de factores propiamente productivos. El problema de fondo se localizó en la crisis fiscal del Estado, vista en toda su dimensión en el gobierno de Echeverría: ampliación del gasto público y mayor compra de empresas públicas, pero sin atender las exigencias de los ingresos ni atendiendo a la utilidad real del sector paraestatal. El déficit presupuestal rompió el equilibrio inflacionario y la inflación apresuró la devaluación, en medio de la ruptura del equilibrio de la economía mixta. Desde los setenta la crisis del Estado se localiza en el renglón fiscal. Echeverría acudió al déficit presupuestal y López Portillo al endeudamiento, los dos como caminos de corto plazo que provocaron sendas crisis.
El neoliberalismo estabilizador preparó el camino para la globalización. Pero el error estratégico de Carlos Salinas fue optar sólo por el comercio libre y no explorar el camino de la reconversión industrial ni un nuevo plan de modernización agropecuaria, a pesar de que Salinas rompió con el mito de la reforma agraria y el ejido pero no redinamizó la producción del campo. La apertura comercial por razones originariamente antiinflacionarias y sin una modernización de la planta industrial condujo a la quiebra de líneas completas de producción y la transformación de los industriales en importadores. Y el aumento indiscriminado de la inversión extranjera directa, indirecta y especulativa entregó sectores productivos a los intereses foráneos.
El pensamiento político hegemónico se quedó estancado en los “ideales” de la Revolución Mexicana y no pudo transformarlos a la dinámica de la economía internacional. La lógica se apoyaba en el criterio de que la libertad económica podía derivar en una libertad política y con ello la ruptura de los mecanismos de control, productivo que determinaban el autoritarismo del Estado. Trabajadores, campesinos y empresarios dependían de los hilos del poder del sistema político piramidal. Los diferendos salariales, por ejemplo, se resolvían en el PRI y luego pasaban a las instituciones. Los empresarios estaban atados a los subsidios y a la limitada infraestructura, pero sin libertad de movimiento. Y los campesinos veían resueltos todos sus problemas por subsidios del Estado: tierra, agua, fertilizantes, créditos y precios de garantía, además de seguridad social. Y luego se daba el detalle adicional de que los mecanismos de representación política, social y de clase eran sólo una reproducción de los espacios políticos en el partido en el poder. Aún sin tener representación en el PRI como los trabajadores, campesinos y clases medias, los empresarios dependían --subordinados-- de las decisiones de política económica del Estado Al final, los empresarios formaban un sector invisible del sistema-partido.
Ahí se establecía el mecanismo de dependencia del sistema productivo de los hilos del poder político. Y el pensamiento económico también estaba atado a los valores ideológicos y culturales del sistema político priísta, sin que la izquierda y la derecha pudieran ofrecer caminos alternativos. Los economistas trabajaban en el Estado a través del PRI. Y los intelectuales dependían del discurso ideológico de la Revolución Mexicana. Por ello la política económica nunca se salió de los caminos institucionales, cuyas vertientes eran suficientemente laxas como para tolerar inclinaciones a la derecha y a la izquierda. La salida del pensamiento económico no fue trabajar la libertad de ideas sino preferir la ortodoxia. Las escuelas de economía de las universidades públicas --sobre todo la UNAM-- fijaron su pensamiento en el Estado y éste vivía a cuenta de del pensamiento histórico de la revolución mexicana.
La última oportunidad de debate dentro de los parámetros fue la abierta por Padilla Aragón. Pero la definición de un modelo de desarrollo para el crecimiento con distribución del ingreso requería de un esfuerzo de reestructuración no sólo del pensamiento económico sino de la organización de la clase política. Es decir, de una segunda Revolución Mexicana, aunque ahora sin muertos ni guerra civil. Sin embargo, la clase política priísta estaba burocratizada, los liderazgos presidenciales impedían el juego de ideas y la izquierda y la derecha no cumplían su función de contrapesos políticos e ideológicos. Echeverría y López Portillo no quisieron la profundización ideológica y se conformaron sólo con la revitalización del Estado, pero sin atender la lógica de ingresos-gastos, conduciendo al país a estallamientos presupuestales que derivaron en devaluaciones y recesiones.
En este contexto, las crisis económicas tuvieron un escenario poco atendible: el pensamiento económico sin libertad de reflexión y con el pensamiento político-histórico atado al cuello de sus propias posibilidades. Lo malo de todo fue que la Revolución Mexicana como célula madre del pensamiento político e histórico del siglo XX no tuvo preocupaciones por la teoría económica sino que se conformó con la vía intermedia de un Estado políticamente fuerte pero sin una teoría para la intervención creciente en el proceso productivo. El ejemplo lo dio Echeverría: se dedicó a comprar empresas en quiebra pero no a crear un sistema paraestatal funcional a la dinámica productiva. La salida de Salinas tampoco fue solución: liquidó el pensamiento histórico de la Revolución Mexicana y subordinó la economía nacional a la internacional.
Lo que pocos han entendido es que la transición política real requiere de un nuevo equilibrio productivo y de clases y éste sólo se determina por la transición económica. Por tanto, el pensamiento económico debiera romper con las ataduras del pensamiento político ortodoxo.