Indicador Político 18-febrero-10, Jueves

+ “Es mejor vivir con narcos”
+ Mentiras de Human Rights

Carlos Ramírez

El narcotráfico se ha convertido en un desafío para el análisis. Hay dos ejemplos:
1.- Un correo electrónico enviado a Indicador Político desde Ciudad Juárez llega a una conclusión: ante lo que considera abusos de fuerzas militares y policiacas y la corrupción política del sistema, una mujer juarense dice que “es mejor vivir con narcotraficantes que ayudan a la comunidad”.
2.- Luego de que el reporte último de Human Rights Watch cuestionó duramente el papel del ejército mexicano en la lucha contra el narco y de que esa información fue usada por dos periódicos nacionales como nota principal sin confirmar hechos, ahora resulta que los casos “documentados” mencionados por el reporte fueron falseados al usar sólo la información de los quejosos y sin indagar las denuncias y a partir de ello llegar a conclusiones.
El asunto de Ciudad Juárez ha derivado en la exaltación de la valentía de una mujer, madre de dos muchachos asesinados el 31 de enero, al cuestionar al presidente de la república. A partir de ahí se ha estructurado una conclusión para demostrar que la presencia de fuerzas policiacas y militares ha fracasado. Sin embargo, el problema es mucho más grave. Uno de los puntos que los juarenses se han negado a debatir es el hecho de que los narcos no aparecieron de repente en la ciudad sino que se fueron expandiendo como la humedad entre la sociedad. Ahí hubo, por tanto, responsabilidad de las autoridades municipales, estatales y federales y corresponsabilidad de la sociedad.
Pero resulta que la sociedad tiene su propia interpretación de su realidad. Un correo electrónico enviado a Indicador Político establece el contrapunto en la percepción social sobre la labor del ejército y las policías y los efectos en la comunidad del asentamiento de bandas de tráfico de drogas. Y el resultado es, por decir lo menos, sorprendente: hay personas de la sociedad juarense que prefieren a los narcos que a las fuerzas de la autoridad.
En este contexto, la sociedad juarense analiza la presencia del narco en relación directa a quejas sobre la presunta violación de derechos --no probada con datos--. Es decir, la sociedad juarense ha optado entre fuerzas del orden que persiguen delincuentes en sus madrigueras y la presencia del narco en la vida cotidiana. Para fortalecer su contrapunto, el correo enviado a Indicador Político mezcla a las policías con lo que llama la impunidad de los gobernadores de Oaxaca y Puebla, los Bibriesca, “los primos de Calderón”, Elba Esther y Romero Deschamps.
A partir de la existencia de esos temas, la remitente juarense concluye: “Sí señor es mejor vivir con narcotraficantes que ayudan a la comunidad ayudan a nuestros gobiernos, y que únicamente venden lo que consumen en otro pais, las narcotienditas que usted mensiona (sic) no es negocio es apenas para sobrevivir”.
Ahí se localiza el punto neurálgico del problema en Ciudad Juárez y otras plazas: el narcotráfico se metió en los sentimientos de la gente y se ha convertido en parte de su vida cotidiana. Ahora resulta que las narcotienditas y los picaderos de droga forman parte del modo de vida y lo peor de todo es que ya cuentan con la aprobación de la sociedad. Para algunos juarenses, los narcos se han dedicado a ayudar a la comunidad, aunque en el fondo corrompan a la misma sociedad promoviendo el consumo de drogas.
El otro problema es igualmente grave: una política de información basada sólo en la difusión de informes que atacan al gobierno mexicano, pero sin la comprobación de hechos. Entre las denuncias del último reporte de HRW contra el ejército mexicano --y la tibieza y miedos de ese grupo para criticar a Barack Obama-- difundieron como casos lo que sólo se trató de denuncias en proceso o archivadas.
El asesinato de Josefina Reyes Salazar ha querido vestirse como de una activista por los derechos humanos, cuando su muerte fue producto del ajuste de cuentas entre dos bandas del crimen organizado y las relaciones de su hijo, también asesinado, con el comando de “La Línea” que asesinó al dirigente mormón Lebarón. Asimismo, HRW presentó como caso el asunto de la aprehensión --y presunta tortura-- de veinticinco policías municipales en Tijuana y su concentración para evitar que se repitiera el rescate de veintitrés policías municipales, días antes, por un comando del narco, lo que probaba el hecho de que los municipales estaban aliados a las mafias de la droga. Y HRW presenta como caso documentado la denuncia de unos jóvenes en Morelos respecto a que fueron presuntamente detenidos y torturados, pero cuyo expediente CNDH/2/2009/3799/Q fue archivado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por considerar que no existía materia de la queja y no acreditarse la existencia de los hechos.
Entre la manipulación extranjera de denuncias tergiversadas que quieren desprestigiar al ejército pero que carecen de fundamento y la certeza de parte de la sociedad juarense de que “es mejor vivir con narcos” que aceptar la presencia militar y policiaca, la estrategia de lucha contra el crimen organizado carece de apoyo social. Ahí van ganando los narcos, con la complicidad de la sociedad y algunos medios.