Indicador Político 19-febrero-10, Viernes

+ Puebla: prensa reprime prensa
+ Fiscalía PGR para/sin medios

Carlos Ramírez

PUEBLA.- Si el delito de daño moral fue inventado por los políticos para reprimir la crítica, ahora resulta que la Fundación para la Libertad de Expresión ha sentado en el banquillo penal de los acusados a dos columnistas de Puebla por el delito de… ejercer la libertad de expresión.
La acusación en tribunales ha sido una inquisición judicial contra la libertad de expresión porque la persecución de periodistas en tribunales implica una forma de intimidar y coartar la libertad de expresión. El asunto se complica cuando en Puebla el dueño de una fundación que presume defender la libertad de expresión echa mano del daño moral para impedir el libre ejercicio de la crítica.
El problema radica cuando una organización para la libertad de prensa es sólo tapadera para negocios privados. En Puebla el empresario e impresor Armando Prida Huerta utiliza su Fundación para la Libertad de Expresión como instrumento para coartar la libertad de crítica de los columnistas Arturo Rueda y Mario Alberto Mejía. Prida demandó en tribunales a los columnistas apoyándose en su fundación pero para ocultar contratos sospechosos de sus empresas con la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, conseguidos por relaciones políticas que interesan a la señora Elba Esther Gordillo, dueña del SNTE.
Los columnistas Rueda y Mejía revelaron contratos de la Conaliteg a empresas de Prida que están en suspensión de pagos. Pero resulta que Prida convirtió su Fundación para la Libertad de Expresión en cuartel de campaña del senador priísta-panista Rafael Moreno Valle, candidato de la señora Gordillo a la gubernatura de Puebla por la coalición PAN-PRD-Panal. Cuando los datos fueron publicados, Prida Huerta demandó legalmente a los columnistas.
El asunto se ha enredado porque en el fondo se debate justamente la libertad de expresión y el uso de inquisiciones judiciales para coartarla por razones políticas y empresariales. De un lado están dos columnistas que ejercen su libertad de expresión y del otro un empresario que utiliza su Fundación para la Libertad de Expresión para coartarla. Y el asunto será fuego de artificio porque el artículo 1916 Bis del Código Penal Federal dictamina que “no estará obligado a la reparación del daño moral quien ejerza sus derechos de opinión, crítica, expresión e información, en los términos y con las limitaciones de los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República”.
De todos modos, en el careo realizado el viernes de la semana pasada, el columnista Mejía demostró que el empresario Huerta es sencillamente mentiroso y que le mintió a una autoridad judicial. El empresario presentó dos testigos para avalar su buen nombre y declaró que eran vecinos. Pero el abogado de Mejía logró hacerlos confesar que no eran vecinos sino empleados del empresario demandante. Con ello, Prida quiso abusar de la autoridad judicial, aunque al final se probó que era un acusador mentiroso.
El desenlace es previsible: los columnistas Mejía y Rueda simplemente ejercieron su libertad de expresión. Pero el juicio va a servir para desenmascarar algunas fundaciones que son tapadera de negocios privados con el poder y que en nada ayudan a la libertad de expresión.
En este contexto llama la atención la designación de un nuevo fiscal especial para la atención de delitos contra periodistas, dependiente de la Procuraduría General de la República. La designación llega en el momento delicado de agresiones contra los profesionales de la información en la cobertura de temas delicados como el narcotráfico pero también en el ejercicio cotidiano de la crítica.
Al aumento de agresiones contra medios tiene que ver con la falta de articulación de la estrategia de lucha contra el narco con los medios de información. Los medios de comunicación han aumentado su observación crítica y la revelación de datos sobre el mundo de la delincuencia, pero sin contar con garantías de su seguridad. Por tanto, la fiscalía debería atender no solamente las agresiones, sino otorgar garantías legales y de protección del oficio de informar.
La fiscalía podría experimentar una nueva forma de protección de los informadores: no la a posteriori de los delitos, sino promover leyes que garanticen la libertad de informar con penas duras contra quienes atenten contra la libertad de información y los periodistas. Asimismo, la fiscalía debería también de explorar la posibilidad de un consejo ciudadano de periodistas que colaboren directamente con la fiscalía en el seguimiento de los casos y una mayor interrelación con la oficina de protección de periodistas que creó José Luis Soberanes en la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace unos años. Y de paso, vincularse a la comisión de seguimiento de agresiones a periodistas que tiene la Cámara de Diputados.
La fiscalía debiera ir más allá del tema judicial que sólo atiende denuncias de agresiones y crear un sistema judicial preventivo mediante leyes y prácticas que blinden la tarea de informar sobre temas de seguridad y de política. Si no, su función será irrelevante.