Indicador Político 17-diciembre-2009, jueves

+ Juegos y sorteos, conflictos
+ Sin transparencia o regulación

Carlos Ramírez

En medio de la reorganización del sector público central, el área de juegos y sorteos parece ausente de las prioridades. Por tanto, la solución de conflictos en uno de los temas más sensibles se torna casi un juego de azar: la judicialización y la componenda para resolver diferendos.
Varios litigios judiciales que involucran el tema de juegos y sorteos pudieran salirse pronto de los cauces institucionales y convertirse en conflictos políticos. Pero sobre todo, han revelado la ineficacia del área correspondiente en la Secretaría de Gobernación y sobre todo en la oficina encargada de supervisar los juegos y sorteos.
Este vacío de regulación ha permitido no sólo la proliferación de casas de juego y sorteos que han eludido la ley y que funcionan casi como casinos, sino también en la apertura de casas de juego con tráfico de permisos en litigio. La dirección general adjunta de juegos y sorteos de Gobernación tiene facultades para clausurar locales, “abiertos o cerrados, en que se realicen juegos prohibidos por las ley” y que carezcan de los permisos correspondientes, pero cada día aparecen nuevos negocios de juegos de azar.
En el próximo periodo de sesiones de la cámara va a reabrirse el tema de la apertura de casinos como una forma de contribuir a la dinamización del sector turístico. A pesar de las suspicacias, la industria de los juegos y las apuestas se aparece como una fórmula para consolidar el sector. Sin embargo, se requiere primero que se regularice el funcionamiento de esas empresas. Y para ello ha comenzado a circular en el ambiente legislativo la necesidad de crear una especie de comisión reguladora de los juegos y las apuestas.
El problema actual radica en la inseguridad jurídica. El traslado de los diferendos al poder judicial es producto de la ausencia de una política clara y de reglamentos específicos que involucren a los tres niveles de gobierno. Al final, se ha preferido la opacidad en el funcionamiento de casinos y palenques con casas de apuestas que escapan al control de las autoridades y que sólo han multiplicado los casos de corrupción gubernamental.
La falta de reglas claras ha llevado al tráfico de permisos. Un caso puede estallar pronto: el litigio en tribunales en la compraventa de acciones de la empresa Comercial de Juegos de la Frontera, S.A., Ahí se dio un esquema de doble venta de acciones, primero en el 2002 a Miguel del Río Liquidano y luego en 2003 a Inmobiliaria JRB, Tomás Tarín Pérez y Proyectos Inmobiliarios Atizapán. De por medio hay un documento con firmas falsificadas en el segundo contrato.
La falta de reglas claras ha enredado el caso. Un juez determinó que el contrato de Del Río tiene validez jurídica, pero dos magistrados han argumentado que el segundo contrato también es válido a pesar de la existencia de una firma falsificada. En medio del asunto hay un amparo que no ha sido cumplido. Varias oficinas judiciales han caído en constantes contradicciones dignas del poder judicial mexicano: magistrados del Tribunal Superior de Justicia del DF desconocieron el primer contrato a pesar de que el segundo reconoce expresamente la vigencia y validez del primero. Pero los socios de la inmobiliaria --Francisco Javier Rodríguez Borgio y Tomás Tarín Pérez-- han abierto centros de captación de apuestas Big Bola al amparo del permiso en litigio, sin que la autoridad gubernamental ponga coto a esta irregularidad.
Entre vacíos, falta de regulación y oficinas gubernamentales bastante pasivas ante la proliferación irregular de las casas de juego y apuestas, el sector de los juegos de azar ha ocupado espacios sociales y económicos importantes. La posibilidad de explotar esa rama del turismo podría aumentar no sólo el trabajo de jueces y magistrados, sino la multiplicación de litigios por la irregularidad en la que funcionan actualmente esos negocios.
Este caso toca la parte central de la actual legislación: las leyes señalan que sólo podrán “realizarse, operarse u organizarse juegos con apuestas y sorteos previo permiso por escrito expedido por la Secretaría de Gobernación. Y justamente el juicio de Comercial de Juegos de la Frontera tiene que ver sobre la validez del permiso otorgado por las autoridades. Por tanto, no se trata de un asunto entre particulares.
La ley federal de juegos y sorteos data de 1947 y apenas en el 2004 se aprobó el reglamento de la ley. Pero aún así, existen vacíos normativos que son aprovechados por empresas irregulares que operan a base de amparos o por algunos casinos disfrazados de juegos de destreza para eludir el concepto de azar. La autoridad tiene la obligación de atender estos problemas porque a la larga se convierten en espacios de abuso contra los consumidores.El perfil social y político del problema de las casas de juegos y apuestas no ha convencido a las autoridades. La intención de reciclar la propuesta turística de la apertura de casinos debe de ir precedida por la creación de organismos reguladores y una mayor atingencia en las oficinas existentes. Sin regulación, la industria de juegos de azar va íntimamente asociada con la criminalización y corrupción envolvente.