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Periodista, escritor, Lic. en Periodismo, Mtro. En Ciencias Políticas, oaxaqueño. Autor de la columna "Indicador Político" en El Financiero.

miércoles, 9 de febrero de 2011

9-febrero-2011, Miércoles.

INDICADOR POLITICO


+ Fisco y parlamento, absurdos
+ No tax without representation

Carlos Ramírez

De nueva cuenta el debate sobre el IVA se ha centrado en el absurdo de que el poder legislativo decide aumentar impuestos, cuando los parlamentos nacieron como contrapesos del poder ejecutivo justamente para evitar la exacción de riqueza social.
El argumento de los conflictos en el parlamento de Inglaterra en los siglos XIII, XIV y XVII se sustentó en la tesis vigente de que no debe haber imposición tributaria sin representación (no taxation without representation). De hecho, el papel central de los congresos es justamente frenar las alzas de impuestos decididas por el ejecutivo sin reformas administrativas para el mejor manejo de los recursos.
Por eso llama la atención que el senador priísta Manlio Fabio Beltrones se ajuste a la función legislativa de representar al pueblo que paga impuestos y se enfrente a la bancada priísta en la Cámara de Diputados que se opone a bajar impuestos y a la que se le debe el alza de 1% en el IVA el año pasado. Se trataría del primer caso de legisladores que pugnan por subir impuestos o por mantenerlos altos, sin medidas de control del gasto presupuestal.
Pero el problema de fondo no radica en uno o dos puntos de baja del IVA, sino en el hecho de que la política de ingresos es clave en la definición del modelo de desarrollo. Y el punto más conflictivo de la política de ingresos es su utilización en la política de egresos: financiar la burocracia o detonar proyectos de desarrollo.
La iniciativa de Beltrones podría ser la última oportunidad para que el PRI regrese al sendero de la realidad económica y social. El dogma de la exención de IVA a alimentos y medicinas define el modelo asistencialista del subsidio como salario no monetario y por tanto la dependencia social de los subsidios fiscales y no salario real.
La política fiscal podría ser el punto de redefinición del modelo de desarrollo del PRI y de definición del modelo de desarrollo del PAN. Pero se ha iniciado una batalla absurda de trincheras políticas para defender de uno a tres puntos porcentuales en el IVA. A la propuesta de Beltrones le falta una mayor incidencia en el gasto y en la política económica del desarrollo y la defensa del IVA alto carece por definición de cualquier concepción de desarrollo.
El punto ha llegado a un absurdo político: si los poderes legislativos nacieron en Europa para frenar los abusos de las monarquías en la recaudación de impuestos para financiar guerras y cortes, en México se ha corregido a la ciencia política: quien aumenta los impuestos no es el ejecutivo sino el legislativo.
La historia de los parlamentos no ha sido fácil para obtener fuerza frente al ejecutivo o a las monarquías. En 1628 los parlamentarios dirigieron al rey una “Petición de derechos” que retomaba la ley de “tallagio non concedendo” que establecía el criterio de que el Rey o sus herederos “no obtendrían no impondrían ni percibirían impuesto o subsidio alguno en este Reino sin el consentimiento de los arzobispos, obispos, condes, varones, caballeros, burgueses y otros hombres libres de los ayuntamientos de este Reino; que, por la autoridad del Parlamento, convocado en el vigésimo quinto año del reinado de Eduardo III, se declaró y estableció que en lo sucesivo nadie podría ser obligado a prestar dinero al Rey contra su voluntad, porque tal obligación era contraria a la razón y a las libertades del Reino: que otras leyes del Reino prohíben percibir cargas o ayudas conocidas con el nombre de don gratuito (benevolence) o cualesquiera otras imposiciones análogas; que por dichos estatutos u otras leyes válidas de este Reino, vuestros súbditos han heredado esa franquicia, a saber, que no podrán ser compelidos a participar en impuesto, exacción, ayuda o carga alguna sin el consentimiento general de la comunidad expresado en el Parlamento”.
La iniciativa de Beltrones reabre el debate sobre la política fiscal en el contexto del modelo de desarrollo y como una prueba más de la eficacia/ineficacia de los parlamentos frente al ejecutivo. Asimismo, esa iniciativa representa un desafío para las bancadas del PAN en cuanto a la necesidad de definir el papel de los impuestos como detonador de la actividad económica o como mecanismo de financiamiento sólo del gasto público.
Y de paso, la iniciativa de Beltrones también reabre el debate sobre el agotamiento del modelo de política económica del PRI que los diez años de gobierno federal panista no han podido o no han querido redefinir. Y también puede servir para arribar a una de los perfiles indispensables de una democracia: el cumplimiento del papel del Congreso como contrapeso del ejecutivo. Y de paso, que los legisladores sean capaces de jugar el papel histórico de dique a las políticas fiscales sin desarrollo.
Lo reiteró el punto 10 de la “Petición de Derechos” de 1628, heredera de la ley de no contribuciones sin representaciones de 1307:
Los Lores “suplican humildemente a Vuestra Excelentísima Majestad que nadie esté obligado en lo sucesivo a realizar donación gratuita, prestar dinero ni hacer una contribución voluntaria, ni a pagar impuesto o tasa alguna, salvo común consentimiento otorgado por Ley del Parlamento; que nadie sea citado a juicio ni obligado a prestar juramento, ni requerido a realizar servicios, ni detenido, inquietado o molestado con motivo de dichas exacciones o de la negativa a pagarlas”.
El papel de los Congresos es defender al ciudadano del pago de impuestos, no castigarlo con más impuestos. Hasta ahora, el púnico que lo hace es el senador Beltrones. Y eso tiene un sgnificado.


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