Indicador Político 27-enero-2010, martes

+ Vizcarra: averiguaciones en PGR
+ ¿PRI: narcoelección en Sinaloa?

Carlos Ramírez

La elección del PRI de candidato a gobernador en Sinaloa ha abierto el debate sobre el hecho de que los estados del norte más afectados por el narcotráfico sean justamente los encabezados por priístas.
La discusión sobre el pasado de Jesús Vizcarra, alcalde de Culiacán, candidato designado y socio del gobernador saliente Jesús Aguilar Padilla, apenas ha comenzado. El desplegado que Vizcarra publicó la semana pasada para aclarar las sospechas de sus vínculos con el narcotráfico dejó en la oscuridad cuando menos cinco hechos:
1.- En la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR existen dos averiguaciones previas abiertas sobre Vizcarra: SIEDO/SIN/458/2002 y SIEDO/SIN/128/2004, ambas sobre lavado de dinero.
2.- Las hojas bautismales de del hijo de Vizcarra fueron arrancadas del libro porque hay indicios de que el padrino habría sido Ismael El Mayo Zambada. La versión ha crecido por el hecho de que el propio hijo de Vizcarra, con sus presunciones, ha sido la fuente directa de la versión.
3.- La fotografía publicada en el DF y Sinaloa donde aparecen Vizcarra y El Mayo Zambada no es de una operación de compra-venta de ganado sino una misa. Vizcarra afirmó en su desplegado que ese día estaba comprando ganado.
4.- Siguen vigentes los datos de la relación empresarial y familiar con Inés Quintero Godoy e Inés Calderón Quintero, con vínculos sanguíneos. Los dos aparecen también con vinculaciones con el narco.
5.- Y los datos de que el gobernador saliente Aguilar Padilla, su esposa y su hijo fueron hechos socios de la empresa Viz de Vizcarra, además de un paquete de acciones en poder de Oscar Lara, diputado federal, para sellar una alianza política transexenal. En el desplegado público Vizcarra nada se dice al respecto. Esa sociedad se dio en el contexto de la decisión de Aguilar Padilla para designar a su sucesor directamente y quién mejor que su socio.
El asunto va más allá de la sucesión local e involucra el factor del narcotráfico en Sinaloa y en el PRI, una de las entidades más controladas por el crimen organizado articulado al tráfico de drogas. Vizcarra eludió durante meses aclarar el asunto de la fotografía y en su desplegado quiso hacer creer que se trataba de un negocio al aire libre. Asimismo, ha querido que la PGR le otorgue una carta de buena conducta para deslindarse, pero la dependencia no aclara presuntos hechos delictivos en procesos políticos y menos cuando existen dos averiguaciones previas que involucran a Vizcarra.
El conflicto alrededor de la candidatura priísta a gobernador en Sinaloa ha contaminado el proceso local y debe obligar al PRI a intervenir para evitar que el debate en la nominación sea ocupado por las sospechas del crimen organizado. El asunto se podría complicar por las versiones de que la presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes, ha utilizado en avión privado de Vizcarra para tareas políticas. Ello hablaría de una complicidad política en la decisión de Sinaloa. Hasta ahora, el PRI nacional ha evitado involucrarse en candidaturas locales, a pesar de que ahí podrían darse tropiezos que eviten la victoria tricolor.
Sinaloa ha visto cruzarse dos coordenadas de conflicto: la imposición de Vizcarra como candidato frente al posicionamiento del senador Mario López Valdez Malova como preferido en las encuestas con una ventaja de 2 a 1 y la necesidad urgente de que el PRI decida encarar el problema del narcotráfico en plazas donde habrá elecciones, sobre todo Tamaulipas, Chihuahua y Sinaloa. El PRI, hasta ahora, ha mirado hacia otro lado frente al crecimiento de la delincuencia y la inseguridad en estados de hegemonía priísta, pero comienzan a darse indicios de que las bandas del crimen organizado estarían dispuestas a involucrarse en los procesos políticos locales, sobre todo por la intensidad de la presencia federal.
El tema de la inseguridad está contaminando también las elecciones en Tamaulipas, donde el narco se ha asentado como la autoridad no sólo criminal sino política y social. Y también en Ciudad Juárez, donde la autoridad política priísta local ha sido anulada por la presencia del narco en la vida cotidiana., En ambas plazas hubo de intervenir con decisión la autoridad federal, pero sin contar con la colaboración de las autoridades políticas locales y ante la indiferencia de la sociedad que padece la criminalidad. La presión social y política para disminuir la participación del ejército y dejar el asunto en manos de la policía federal en Ciudad Juárez respondió al modelo de cancelar la persecución de las bandas del narco y dejar sólo como inhibitoria la presencia policiaca.
Sinaloa es la plaza que ha comenzado a calentarse. Los asesinatos, el aumento de actividad violenta de las bandas, el crecimiento del tráfico de drogas han regresado a Culiacán, donde Vizcarra es alcalde, y se han extendido a otras partes del estado que gobierna Aguilar Padilla. Por tanto, al PRI le conviene atender el proceso de selección del candidato a gobernador. Si no, los beneficiarios del conflicto en Sinaloa será el PAN, cuyo candidato va a explotar políticamente la crisis en la nominación priísta, y obviamente el crimen organizado.