+ Molinar, con Televisa-Nextel
+ De Swaan apostó cargo a PT
Carlos Ramírez
Como era de esperarse, la licitación 21 del espacio radioeléctrico entró en la fase más aguda de la judicialización: la posibilidad de que un juez federal en Veracruz determine que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, cometió un delito al entregar el título de concesión a Televisa-Nextel cuando existía una suspensión judicial.
Iusacell interpuso un amparo B ante el juez 16 de Distrito en Córdoba, Veracruz, para conseguir dos solicitudes de suspensión de entrega de los títulos de concesión a Televisa-Nextel. Pero como esos documentos ya se entregaron, la jueza abrió un incidente de violación de suspensión en contra del titular de la SCT. Si la autoridad judicial falla a favor de la solicitud de suspensión, entonces el título de concesión será nulo pero sobre todo se habrá probado que el secretario Molinar Horcasitas cometió un delito.
Por lo pronto, la acusación judicial contra Molinar estaría contaminando severamente el proceso de licitación que ha sido condenado e impugnado por legisladores, partidos, grupos especializados en telecomunicaciones, grupos sociales y espacios críticos en los medios.
El asunto no sólo es legal y de preferencias a favor del poderoso consorcio Televisa, sino que ya entró en el terreno político. El domingo por la tarde, el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y ex jefe de asesores del titular de la SCT, Mony de Swaan, le apostó su cargo al diputado petista Mario di Costanzo. Es decir, jugó la presidencia de la Cofetel casi como un volado de merengues.
En su twitter, De Swaan escribió un desafío de jugador compulsivo: “dígame dónde la encuentro (la declaración patrimonial del legislador), Diputado. Y lo de “ladrón”, lo reto a que lo pruebe. Mi puesto contra su diputación”. El nombramiento de De Swaan, por cierto, pende de un hilo muy delgado por las impugnaciones del Congreso al hecho de que el secretario de Comunicaciones colocó en un organismo supuestamente autónomo a su jefe de asesores para establecer una línea de subordinación de la Cofetel a los intereses de la rama del poder ejecutivo federal.
El asunto de las licitación 21 también ya enredó al PAN por la posición crítica del diputado panista Javier Corral, quien ya logró echar abajo la Ley Televisa del sexenio pasado con una controversia constitucional en la Corte. Corral acusó a su colega de partido --Molinar Horcasitas es panista y fue diputado panista-- de “delincuente político”.
La nueva orden del juez segundo de distrito en materia de amparo y de juicios civiles federales en el Estado de México congeló legalmente el funcionamiento de la licitación que otorgó Molinar a través, según el director del jurídico de la SCT, Gerardo Sánchez Henkel, de una rendija de la “ventana de oportunidad legal”. Según Molinar, la concesión se entregó físicamente en los minutos en que supuestamente no había suspensión legal.
Sin embargo, el nuevo golpe jurídico contra la SCT y Televisa-Nextel impide, por orden de un juez, la puesta en marcha de la licitación. El documento jurídico firmado el pasado viernes 8 de octubre ordena que se “paralicen los efectos naturales y jurídicos derivados de la entrega de las concesiones a los terceros”. En pocas palabras, los títulos de concesión no podrán derivar en funcionamiento hasta que otro juez decida anular la suspensión del viernes. Por ahora, los títulos de concesión de Televisa-Nextel son de adorno, un papel sin valor.
El debate de fondo radica en dos puntos: los beneficios especiales a Televisa y el pago de la concesión por sólo 180 millones de pesos que expertos dicen que cuesta cinco mil millones de pesos. Mañosamente, las autoridades señalan cifras estratosféricas de 18 mil millones de pesos que tendría que invertir Nextel. Y como contexto persiste el conflicto de Molinar Horcasitas y De Swaan con el Congreso, sobre todo porque Corral denunció que el secretario de Comunicaciones se burló de los legisladores al decirles que no se entregaría la concesión cuando el documento estaba firmado y se entregaría por una “ventana de oportunidad legal”.
El gran beneficiario de la concesión fue Televisa, aunque Nextel hizo su parte. Días antes de la entrega de la concesión, el presidente de Nextel anduvo en México y se reunió con las más altas autoridades para presionar por la entrega de la concesión, por cierto resuelta por dos votos de cinco comisionados de la Cofetel, lo que habla de la fragilidad del apoyo institucional. La gestión personal del presidente de Nextel en los niveles de autoridad de México es algo significativo por el peso de la presión empresarial sobre las decisiones políticas del Estado.
Las preferencias gubernamentales por Televisa forman parte, según el doctor Raúl Trejo Delarbre, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), de una estrategia para disminuir el poder de Telmex pero haciendo crecer con beneficios del Estado a Televisa, aunque con el agravante de que Televisa “es un consorcio tanto o más abusivo y prepotente que el que ahora domina en los servicios de telefonía”.
Lo más grave para la concesión a Televisa-Nextel es que existen más de sesenta solicitudes de amparo. Y que la orden legal del pasado viernes deja entrever irregularidades legales en la concesión.
El trasfondo real es que el gobierno mexicano carece de una política integral de telecomunicaciones y que todo se reduce al dominio de los consorcios.
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