INDICADOR POLITICO
+ Morelos: estado con iniciativa
+ Pacto gobierno-sociedad, clave
Carlos Ramírez
Mientras los municipios y los gobiernos estatales esperan pacientemente y sin comprometerse a que la federación le saque las castañas de la inseguridad del fuego, el gobierno de Morelos echó a andar una estrategia propia a nivel estatal: retomar la iniciativa de seguridad y apuntar hacia un pacto con la sociedad.
Hasta ahora, Morelos sería el primer gobierno estatal en definir su propia estrategia. Y la decisión llega en un momento clave en donde la iniciativa social está en manos de grupos radicales que definen exigencias que consolidan el poder del crimen organizado en las plazas calientes.
Por ejemplo, en Chihuahua la sociedad radical le ha quitado la iniciativa al nuevo gobierno estatal priísta. Grupos sociales vinculados a organizaciones socialistas son las promotoras de las marchas de jóvenes que exigen la salida del ejército y la policía de Ciudad Juárez. Si se les cumple el deseo, ¿quiénes se quedaran como reyes en la zona? Las bandas del crimen organizado.
Lo grave del asunto es que en Ciudad Juárez no ha habido hasta la fecha alguna manifestación que exija con vehemencia, militancia y pasión la salida de la ciudad de los narcotraficantes o cárteles de la droga. De parte de la sociedad juarense no ha habido condena alguna a El Chapo, La Línea o el cártel de Juárez, sino que toda la furia social se ha endosado contra la policía y el ejército que combaten al crimen organizado.
Pero nadie debe llamarse sorprendido. La capacidad de organización del crimen organizado ha logrado crear instancias sociales para criticar e impugnar a las fuerzas de seguridad por algunos operativos fuera de control que han provocado daños civiles. El reciente incidente el que dos policías federales dispararon contra un joven se ha transformado en un detonador para exigir la salida de las fuerzas de seguridad federales de Ciudad Juárez. Si se complace esta demanda “juvenil”, entonces las bandas criminales se quedarían con el control total de la plaza. Al final, esas movilizaciones juveniles han beneficiado objetivamente a las mafias criminales.
Lo mismo ha ocurrido con organizaciones de derechos humanos en Juárez, Tamaulipas y la zona conurbada de Monterrey: más que defender los derechos humanos, su función es la de paralizar las acciones federales de seguridad en contra de las mafias del crimen organizado. Nada han hecho esas organizaciones de derechos humanos para condenar a los criminales que violan con impunidad los derechos humanos de la sociedad con los secuestros, los crímenes, las matanzas. No ha habido, por ejemplo, ninguna condena de las ONGs contra las mafias que asesinaron a setenta y dos migrantes.
De ahí la importancia de que los gobiernos estatales tomen la parte correspondiente de responsabilidad. En Chihuahua el nuevo gobierno priísta está a la espera de que las fuerzas federales luchen no sólo contra el crimen organizado sino contra sus cómplices enquistados en las estructuras políticas, policiacas y judiciales a nivel estatal y municipal. En Morelos, en cambio, el gobernador panista Marco Antonio Adame tomó la iniciativa a nivel estatal para fijar la agenda local en materia de seguridad y no esperar que mágicamente la federación resuelva los problemas.
La iniciativa de Adame toca los tres puntos sensibles: el plano municipal donde las policías están a sueldo del crimen organizado, la revisión de los controles de confianza de las fuerzas estatales de seguridad y la incorporación de la sociedad a los planes de seguridad pública. El punto de origen del problema de la inseguridad y el fortalecimiento del crimen organizado se localiza justamente en esos tres puntos. Y como se ve ahora en Ciudad Juárez las bandas criminales movilizan a la sociedad en contra de las fuerzas federales de seguridad para echarlos de los estados y quedarse con la plaza.
Los dos grupos principales de promoción de las marchas de jóvenes contra las fuerzas de seguridad ostentan organizaciones con nombres socialistas. Lo más grave del asunto es que esos grupos socialistas promueven la consolidación del crimen organizado en esas plazas. Hasta ahora, las fuerzas federales de seguridad llevan la consigna de combatir frontalmente a las bandas criminales y no existen instrucciones --como en el pasado priísta de represión-- de atacar violentamente a la sociedad. Todos los errores con daños civiles han sido consignados a las autoridades.
La sociedad debe tener claro quiénes son los enemigos. Lo que está en disputa en la guerra de la seguridad entre las fuerzas federales y el crimen organizado es el control del sistema político y el dominio territorial. Las bandas criminales quieren quitarle soberanía al Estado de partes territoriales --como en Colombia-- y ya no sólo controlar mercados sino operar las instituciones a su favor. De ahí que se perciba el contraste de Ciudad Juárez y los jóvenes que quieren que se vayan las fuerzas de seguridad para que los gobiernen las mafias y la iniciativa del gobernador de Morelos para retomar la iniciativa de seguridad en los puntos de responsabilidad estatal.
La crisis de seguridad no comenzó con la llegada de fuerzas federales a ciudades dominadas por el crimen organizado, sino que se inició cuando las fuerzas estatales y municipales --y algunas federales-- de seguridad se hicieron cómplices de las bandas criminales. Al final de cuentas, no habrá victoria de seguridad si los municipios y los gobiernos estatales no asumen su responsabilidad.
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