INDICADOR POLITICO
+ Ejército
no pacta con criminales
+ ¿Proteger
a generales sucios?
Carlos
Ramírez
Los casos de los generales Tomás
Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González y Ricardo Escorcia entraron en la zona
del absurdo: a pesar de que la PGR
cuenta con elementos que los
involucran en actividades criminales y que el ejército tomó la decisión de no protegerlos, ahora resulta que
cierto sector de la opinión pública ha criticado a las fuerzas armadas que
entregó a los acusados y no a los
generales que se dejaron seducir por el dinero criminal.
Pero el asunto es menos tenebroso: la decisión del alto
mando de no entorpecer una indagatoria de la PGR que involucraba a élites
castrenses, entre ellas un ex agregado militar en Washington, contacto con la embajada de los EU y
con los servicios de inteligencia y seguridad nacional y ex subsecretario de la
Defensa Nacional habla de la decisión
de no cubrir ilegalidades como suele ocurrir en los sectores civiles y
políticos.
A ello se agrega el hecho de que la
disciplina militar es muy estricta:
los mandos acusados de ilegalidades tienen que cumplir con los procesos
civiles, en lugar de hacerlo, como antes, dentro de la justicia militar. Pocos
han sabido leer en el caso de
Angeles, Dawe y Escorcia el debate ya resuelto
en las fuerzas armadas: la jurisdicción militar no tapará actividades criminales, a diferencia, por ejemplo, de los
políticos perredistas que le dieron fuero a Julio César Godoy y luego tuvieron
que desaforarlo ante el cúmulo de
pruebas.
Los señalamientos contra los
generales son de seriedad: relaciones
peligrosas con el cártel de los
hermanos Beltrán Leyva, una derivación del cártel
de Sinaloa del peligroso Joaquín El Chapo
Guzmán aunque luego lo acusaron de traición por el arresto militar de Alfredo
Beltrán Leyva y entraron en una criminal guerra
de pandillas. El paso estratégico de los Beltrán Leyva fue asociarse a Los Zetas, el
grupo criminal más cruel, dirigido por Heriberto Lazcano El Lazca, autor por cierto del asesinato de más de cuarenta
personas en Cadereyta, Nuevo León. La acción de las fuerzas de seguridad logró
el arresto de Edgar Valdez Villarreal La
Barbie y la muerte en combate de Arturo Beltrán Leyva, El Jefe de Jefes. Los Beltrán Leyva fundaron el cártel del
Pacífico Sur, responsable también del asesinato del hijo del poeta Javier
Sicilia y varios amigos.
De ahí que la decisión de la PGR de
citar a los generales Angeles, Dawe y Escorcia en la Subprocuraduría de
Investigación Especializada en Delincuencia Organizada para declarar sobre
presuntas relaciones peligrosas haya
sido un paso significativo en el combate de la impunidad del poder. Pero los
medios de comunicación se han quedado en la superficie del asunto: el nivel de mando de los generales citados,
sin analizar el fondo del asunto: el
blindaje institucional que tiene el
ejército para contener y no solapar irregularidades.
La decisión del alto mando militar
de entregar a los tres generales a
las autoridades de la PGR fue una decisión estratégica que revela que la
institución militar no va a proteger
a presuntos involucrados en relaciones peligrosas con cárteles del crimen organizado y representó un mensaje a los demás mandos de que la responsabilidad del ejército
es con la institución y no con los mandos.
El asunto central se localiza en la PGR, no en el ejército,
con lo que el arresto de tres generales no
manchó a las fuerzas armadas ni generó sobresaltos internos. Al final, los generales
investigados por la PGR tendrán que aclarar las acusaciones sin protegerse debajo del uniforme,
aunque los tres buscaron inmediatamente la protección de mecanismos civiles usualmente utilizados para
proteger la impunidad y detener el curso de la ley. Además, seguramente van a reciclarse algunas revelaciones de La Barbie de que varios periodistas con
presencia en medios nacionales han estado en las nóminas de los cárteles.
La protección del ejército de la contaminación de la corrupción del
crimen organizado debería ser una prioridad
de la sociedad porque las fuerzas armadas son la última línea de defensa en la lucha contra el crimen organizado que
ha aumentado la intensidad de la criminalidad en la lucha entre diferentes
bandas por el control territorial de zonas de la república. Pero en lugar de reconocer el profesionalismo del
ejército, algunos medios presentan los casos extirpados como el fin de las fuerzas armadas, cuando en
la realidad la situación es diferente:
las fuerzas armadas han resistido hasta ahora la corrupción criminal. Asimismo,
el mensaje de los generales arraigados indicaría una profundización de las investigaciones al interior del ejército para
llegar hasta las últimas consecuencias.
Pero buena parte de los medios, con
los cuales el general Ángeles había establecido relaciones públicas, ni
siquiera se preocupan por ahondar en
las pistas hasta ahora reveladas y se han dedicado a defender al general arraigado. Lo grave del asunto es los generales detenidos presuntamente mantenían
relaciones con los cárteles de
Sinaloa y luego con Los Zetas, este
último responsabilizado de la desaparición
y asesinato de periodistas en
Veracruz. Por “cuidar” a un amigo se olvidan que los carteles son los responsables
directos del asesinato de decenas de periodistas.
Si se lee bien la información, el
caso de los generales arraigados ya se salió
del sector militar, se localiza en expedientes de la PGR y el ejército nada tiene que ver ya con los cargos.
Además, opino que Javier Sicilia,
su movimiento y el rector de la UNAM José Narro y los periodistas deben responsabilizar a los narcos de la
violencia y los muertos, exigir sin
dobleces la rendición incondicional de Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El
Mayo Zambada, Heriberto Lazcano El
Lazca, Servando Gómez La Tuta,
Juan José El Azul Esparragoza,
Vicente Carrillo Fuentes y otros capos
y demandar la entrega de su arsenal
de armas, para ser juzgados como responsables de la violencia criminal en el
tráfico de drogas y de varios de miles de muertos.
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