INDICADOR POLITICO
+ Estado
atado es Estado fallido
+ Sociedad:
que ganen los malos
Carlos
Ramírez
Justo en ese vacío de poder que se da previo a elecciones presidenciales, la
clase política gobernante ha asumido algunas decisiones que afectan la
hegemonía del Estado, pero lo más grave
es que esas decisiones han beneficiado al crimen organizado.
A partir del concepto religioso de la victimización --sean pueblo
o delincuentes--, los protocolos para la actuación de las fuerzas de seguridad afectan el poder del Estado para luchar
contra la criminalidad, sobre todo los cárteles
del narcotráfico.
El punto fino del asunto es que en lugar de privilegiar la modernización de
los mecanismos de vigilancia de la actuación de las fuerzas de seguridad, las
presiones de grupos religiosos anarquistas ha logrado acotar la acción del Estado, al grado de que a algunas de esas
fuerzas de seguridad les saldrá más barato
no actuar que combatir a los delincuentes.
La clase política legislativa ha
aprobado la ley de víctimas y el gobierno federal se ha visto obligado a decretar protocolos para el
ejercicio de la acción pública en situaciones de lucha contra la delincuencia,
pero sin redefinir el marco central
del Estado que sería la nueva ley de seguridad nacional. La ofensiva de
organizaciones sociales mediáticas, con el aval del congreso, logró convertir
en víctimas de la violencia criminal
a 50 mil delincuentes que murieron en un 95% en enfrentamientos entre los propios cárteles en la lucha por los territorios para el control, venta y
consumo de droga. Ahora resulta que las familias de los delincuentes son víctimas de acciones criminales en las
que no intervinieron ni el Estado ni de sus fuerzas de seguridad.
El saldo final pudiera ser, muy
pronto, la desaparición de la
legitimidad del Estado en el uso de la fuerza, sin duda su monopolio como
definición misma del Estado. Un Estado de derechos humanos no es un Estado sino una organización con limitación para imponer
su autoridad. Aún en situaciones de absolutismo represivo, al final la sociedad
y las instituciones tienen mecanismos
de castigo al abuso de la fuerza; pero evitar
desde antes el uso de la fuerza sería regresar al estado de naturaleza sin una autoridad legítima que use la
fuerza para defender los espacios de la sociedad.
De ahí que la ley de víctimas, los
protocolos del uso de la fuerza y la hegemonía de los derechos humanos estén,
ahí sí, conformado el mexicano como un Estado fallido, porque el Estado carecerá del instrumento de la fuerza
para imponerse sobre las instancias de dominación particular de grupos
delincuenciales. Un Estado sin
instrumentos de fuerza es un Estado sin capacidad de defender a la sociedad de
los grupos privilegiados que operan como poderes
fácticos, lo mismo en la economía que en la política y en la inseguridad.
Por eso es que las recientes
decisiones que acotan el
funcionamiento del Estado deben ser asumidas como una victoria del crimen organizado y no de la sociedad afectada por la
inseguridad. Sin la ley de seguridad nacional y con la ley de víctimas y los
protocolos para el uso de la fuerzas el Estado se ata de manos, en tanto que los delincuentes que por definición no acatan las leyes serán los beneficiados
porque aún en flagrancia podrán alegar
abuso de la fuerza y violación a sus derechos humanos, aunque ellos no respeten a la sociedad porque la
someten para obligarla a consumir droga y cometen asesinatos espantosos como desaparecer a sus víctimas
disolviéndolas en ácido.
A pesar de todo, las leyes actuales
ya contenían instrumentos para
vigilar el uso de la fuerza por parte de las autoridades y castigar el abuso en
el ejercicio del poder. Por ejemplo, el ejército ha tenido más de tres mil agresiones armadas por parte
de delincuentes y en esos enfrentamientos han muerto más de tres mil
delincuentes, pero cientos otros han sido detenidos y entregados a las
autoridades. A pesar de las miles de
quejas por abuso, el ejército ha recibido sólo cien recomendaciones en más de
dos mil días de operación con más de 50 mil efectivos. Hoy las fuerzas armadas
tienen su propia organización de
derechos humanos.
La iniciativa de acotar el fuero militar sería la otra
gran victoria del crimen organizado. Hasta ahora, militares han sido remitidos a autoridades civiles por
acusaciones de violación de derechos humanos; sin embargo, el fuero militar es
la columna vertebral de la política
de defensa nacional y de la seguridad nacional porque mantiene la disciplina de
los efectivos y oficiales. Al final, será preferible que el ejército regrese a sus cuarteles y deje la lucha
contra el crimen organizado en manos de la policía, los políticos y los
familiares de las víctimas, que disminuir
el fuero militar que debilitaría al ejército en la defensa de la soberanía
nacional.
Lo que la sociedad debe preguntarse
es qué ha evitado la victoria final
del crimen organizado y de los cárteles
del narcotráfico: la participación de las fuerzas armadas con su disciplina no acotada por leyes civiles. Es la
hora en que no pasa día sin que se revelen informaciones que policías
municipales y estatales sean encontrados
al servicio del narco, con la complicidad de políticos, funcionarios y sectores
de la sociedad.
De ahí que en materia de seguridad,
con el gobierno calderonista ya de salida, con una ofensiva de opinión pública
que defiende a los criminales y con
intervención extranjera para imponerle
limitaciones al Estado mexicano en su organización para la defensa de la
seguridad nacional, el país se enfile hacia un Estado fallido porque paradójicamente la relación dialéctica
Estado-delincuencia es un modelo de suma cero: lo que pierde uno lo gana el otro. Y el acotamiento del uso de la fuerza por parte del Estado es un espacio
que beneficia al crimen organizado.
Como van las cosas, pronto el
Estado carecerá de fuerza para
proteger a la sociedad. Porque los organismos de seguridad preferirán la no-acción que la aplicación de sanciones establecidas
en las nuevas regulaciones.
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