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Periodista, escritor, Lic. en Periodismo, Mtro. En Ciencias Políticas, oaxaqueño. Autor de la columna "Indicador Político" en El Financiero.

jueves, 30 de septiembre de 2010

Indicador Político 30-septiembre-2010, Jueves.

+ UNAM: república de la izquierda
+ Lastre que impide modernización

Carlos Ramírez

En el fondo, los últimos discursos del rector de la UNAM, José Narro Robles, le quedaron debiendo al país un diagnóstico crítico de la situación interna de la casa de estudios. Y sobre todo, una evaluación el daño histórico que le han hecho las tribus de la izquierda a la educación superior.
La profunda crisis en las universidades públicas tienen que ver con su origen estatal pero sobre todo el papel que le asignó el Estado priísta como función estabilizadora: las universidades públicas fueron cámara de compensación y despresurización política e ideológica de la izquierda radical, para reducirle el espacio en partidos, sindicatos, calles y organismos gubernamentales.
La alternancia partidista en la presidencia de la república en el 2000 provocó una redefinición de la política educativa de las universidades públicas, diseñadas por el PRI en función teórica de enfoque social pero en la práctica verdaderas escuelas de cuadros del Estado priísta. En 1979, en Los laberintos del poder, el politólogo Peter H. Smith analizó los caminos para hacer política priísta en el gobierno mexicano y dos de sus 22 reglas establecían la obligatoriedad de estudiar en la UNAM y la de hacer grupos políticos universitarios vinculados al PRI.
Ahora que gobiernos panistas exigen cuentas, las universidades ponen el muro de la autonomía. Lo mismo en la UNAM, de donde salieron los funcionarios priístas y donde se refugiaron todas las tribus antipriístas, que en la Universidad de Guadalajara. La crisis radica en el hecho de que esas dos universidades tienen programas de estudio para el Estado priísta que no existe.
El lastre que impide el gran salto educativo de la UNAM es la izquierda. De hecho, la izquierda le ha hecho a la UNAM grandes daños en cuanto a la definición de políticas educativas, aunque también grandes beneficios al constreñir el radicalismo ideológico al espacio universitario.
En la UNAM prevalece toda la gama de izquierdas: maoístas, marxistas, espartaquistas, trotskistas, castristas, chavistas, vietamistas, zapatistas, panchovillistas y, desde luego, los izquierdistas incorporados al PRI. Lo malo, sin embargo, es que no en forma de pluralidad, sino en constante disputa con las autoridades y entre sí para imponer sus respectivas ideologías. Como escuela de pensamiento, la UNAM ha logrado, por ejemplo, recibir a Carlos Salinas como hijo del PRI y nieto de la Revolución Mexicana, darle educación económica marxista, permitirle la tendencia maoísta, prepararlo para el pronorteamericanismo en Harvard y terminar como el promotor del neoliberalismo conservador y globalizador.
La capacidad de gestión de los rectores se ha basado en la aceptación del dominio de los grupos de poder a cambio de tibias reorganizaciones educativas. Una cosa es que la UNAM con su gratuidad --que rectores priístas han querido revertir-- haya permitido el ascenso social por la vía de la educación y otra que quieran hacer creer que el país se debe a la UNAM. Más aún, el pensamiento crítico en la UNAM es tan esquemático como ineficaz.
La UNAM le ha servido al Estado para encapsular el radicalismo juvenil, aunque a costa de crear un territorio autónomo del Estado. Pero de los sectores críticos de la UNAM no ha salido una alternativa al modelo de desarrollo. Tampoco la oposición ha encontrado el pensamiento crítico para ofrecer otra otro modelo de sistema político. En el Instituto de Investigaciones Jurídica se localiza el pensamiento único del constitucionalismo priísta.
Tan las universidades públicas funcionan como partido que en algunas entidades --Colima, por ejemplo, y la Universidad de Guadalajara-- los cargos públicos priístas pasan por la universidad. Y en esta lógica se localiza el modelo Juan Ramón de la Fuente, quien usó recursos presupuestales de la UNAM para su precampaña presidencial en 1999 e inclusive para ofrecerse como presidente interino en el 2006. Y en este contexto se ubica la campaña en marcha para impulsar al rector Narro Robles como candidato presidencial para el 2012 por unos discursos retóricos al viejo estilo priísta.
Otro de los lastres de la UNAM --vinculado a la izquierda-- es el sindicalismo. Inclusive, la caída del rector Pablo González Casanova fue empujada por la huelga a favor de un sindicato. Hoy existe la paradoja de que el PRD dice impulsar el cambio de estructuras, pero el líder del STUNAM es perredista y tiene a la universidad desangrada con condiciones laborales que se comen parte sustancial del presupuesto. El asunto no es de derechos sindicales sino de política sindical. Y en lugar de que el rector Narro Robles reorganice el contrato de trabajo, lleva sus discursos priístas a la sociedad para pedir más presupuesto que sin duda buena parte irá al sindicato universitario.
En una retórica priísta, el rector Narro Robles le envió a don Justo Sierra, fundador de la UNAM, un mensaje desde la sesión conjunta del congreso legislativo el pasado 22 de septiembre: “¡Misión cumplida!”, como si el estado actual de la UNAM fuera el que Sierra se fijó como objetivo final. Si así fue, poca ambición de Sierra. Pero a la UNAM le ha sobrado demagogia priísta y le ha faltado sentido de autocrítica. La meta de las universidades públicas no es otra que la de ser… públicas, no de una corriente ideológica.


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miércoles, 29 de septiembre de 2010

Indicador Político 30-septiembre-2010, Miércoles.

+ UNAM: las deudas del PRI
+ Crisis inducidas por priístas

Carlos Ramírez

Cuando los legisladores priístas aplaudieron de pie el discurso del rector José Narro Robles por los cien años de fundación de la UNAM, en el fondo de muchos de ellos estaban las evidencias de la participación directa del PRI en las severas crisis de esa casa de estudios para confrontar su radicalización ideológica.
Peor aún, algunos de los presentes, de una u otra forma, contribuyeron a esas crisis. Dos de ellas fueron históricas: la agresión física y humillante contra el rector Ignacio Chávez en 1966 por hordas manejadas desde el PRI de Díaz Ordaz y la toma de la rectoría a mediados de 1972 por porros dependientes del PRI en contra del rector Pablo González Casanova.
En medio quedó la dimensión también histórica de que el movimiento estudiantil de 1968 se construyó contra el sistema priísta, el Estado priísta y la educación priísta. Fue, pues, una rebelión contra el PRI. Por ello la extrañeza de algunos universitarios por la pleitesía del rector Narro Robles a los legisladores priístas, algunos de los cuales estuvieron en los gobiernos que agredieron a la universidad en un paso no tan remoto.
De ahí la importancia de analizar el discurso del rector Narro Robles en el contexto de la recuperación de la UNAM para el PRI, toda vez que cuando menos los diez últimos rectores --con la excepción de González Casanova-- militaron en el PRI. Y el actual rector fue militante del PRI y laboró como subsecretario de Gobernación en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. De ahí también la tesis de que la estrategia del rector Narro Robles va en el sentido de convertir a la UNAM en un Camelot priísta, aprovechando que hoy gobierna el PAN pero sin reconocer que la alternancia fue posible por una larga y dolorosa crisis nacional acreditada a los últimos gobiernos priístas dirigidos por egresados de la UNAM.
Por tanto, el debate en la UNAM no debe apuntar a la restauración del Estado priísta sino a la reforma de la educación superior para convertirla en pivote del desarrollo. Sin embargo, la UNAM entró ya en una burocratización tan profunda que su comunidad de investigadores, profesores y trabajadores exigen condiciones de trabajo excepcionales, en tanto que los estudiantes reciben una educación caótica, sin rumbo y sólo para capacitarlos para el desempleo.
La UNAM ha querido presentarse como una patente de corso. En su discurso, el rector Narro Robles recordó que los universitarios han estado presentes en las grandes transformaciones nacionales. Pero también escondió el papel de los egresados de la UNAM en las crisis. Por ejemplo, Adolfo López Mateos estudió en la UNAM, en tanto que Díaz Ordaz lo hizo en la Universidad de Puebla. Y Luis Echeverría también egresó de la UNAM. Los tres están vinculados directamente con la represión. Y del otro lado, Javier Barros Sierra fue secretario de Obras Públicas del gobierno represor de López Mateos y llegó a la rectoría con el apoyo de Díaz Ordaz, además de que fue precandidato presidencial priísta.
El fracaso de los rectores últimos, de Guillermo Soberón (1972) al actual Narro Robles (termina el 2011) ha radicado en su incapacidad para redefinir el modelo educativo y ha pecado de exceso de distracción al problema del genoma priísta en el ADN de la UNAM. El único proyecto realmente reformado fue el de González Casanova, pero se hundió cuando dos porros priístas, Miguel Castro Bustos y Mario Falcón, secuestraron la rectoría. Al terminar el conflicto, Castro Bustos fue protegido por el senador priísta Rubén Figueroa.
Los discursos del rector Narro Robles en torno a la UNAM en su centenario confirmaron la tesis de que “elogio en boca propia es vituperio”. Un rector no puede ser tan inconsecuente como para recargarse en los priístas que quieren regresar al poder presidencial pero olvidando los agravios del PRI en contra de la Universidad. Las grandes represiones universitarias fueron realizadas por… egresados de la UNAM.
Y del otro lado, el rector Narro Robles también guardó silencio ante el papel de la izquierda en las grandes crisis de la UNAM, hoy apenas sobreviviente en el PRD de ex priístas. Una de ellas tiene a la UNAM arrinconada: el sindicato universitario es hoy un lastre para el presupuesto y para el reparto de las áreas de poder en la estructura universitaria. Los líderes del sindicato son legisladores del PRD, pero con condiciones de trabajo que no existen en empresas privadas por su costo creciente. En el fondo, la ofensiva del sindicalismo universitario derivó en la renuncia del rector González Casanova.
El centenario de la fundación de la UNAM requiere de un debate serio y a fondo, más allá de los sentimentalismos de las goyas. En el área humanista, la UNAM ha perdido impulso y creatividad y ha ganado dogmatismo. Filosofía sobrevive por sus escritores mal pagados, Economía no puede romper con el marxismo, Ciencias Políticas es izquierda sin inflexiones y Derecho depende sólo de sus grandes maestros.
La UNAM sobrevive por un entendimiento que nada tiene que ver con la educación: la dirección administrativa permanece a condición de no modificar el reparto del poder en la comunidad. El rector Narro Robles exige más presupuesto sin ofrecer a cambio la gran reforma universitaria que necesita el país en esta crisis. Por eso la UNAM clamó en este centenario por la restauración del Estado priísta, aunque sus problemas vienen directamente del régimen priísta, no de los gobiernos panistas.


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martes, 28 de septiembre de 2010

28-septiembre-2010, Martes.

+ UNAM, SEP del Estado priísta
+ Educación para el desarrollo

Carlos Ramírez

Algunos universitarios de la UNAM consideran que el centenario de la universidad pública más importante del país aún no tiene resuelto su lado oscuro: ante la crisis provocada por una política económica populista, los cuadros gobernantes de 1982 a la fecha dejaron de salir de esa casa de estudios y egresados de universidades privadas llegaron a rescatar al Estado.
Ahí se localiza justamente la grave crisis que padece la UNAM: su condición de universidad dependiente del Estado priísta. Con todo y su papel en la investigación y la cultura --no tanto en la academia--, la UNAM ha sido tradicionalmente la Secretaría de Educación Pública del Estado priísta. Y en estos tiempos de transición que aún se resisten a ser espacios políticos de alternancia real, la UNAM aparece como la abanderada de la restauración del Estado priísta.
Y la UNAM repite los errores: uno de sus oradores estrella en su centenario fue el intelectual neopopulista Noam Chomsky, autor de cabecera de Hugo Chávez y diseñador de un pensamiento rebasado por la historia, cuando en el mundo existen otros pensadores que miran al futuro.
El desafío más importante de la UNAM se localiza en la resistencia a abandonar la ideología priísta --el estatismo rector--. Las recientes propuestas oficiales o cuasioficiales de la UNAM para la transición política y el desarrollo representan un regreso a la ideología estatista priísta que condujo al colapso en el periodo 1970-1982.
El mejor punto de referencia del déficit real de la UNAM se localiza en tres hechos simbólicos:
1.- En el interior de Ciudad Universitaria, en el ámbito académico de la Facultad de Filosofía y Letras, un grupo de vándalos mantiene la expropiación revolucionaria de un importante espacio territorial universitario. Llamado originalmente auditorio “Justo Sierra”, en reconocimiento al fundador de la Universidad de México, durante el movimiento estudiantil se le cambio el nombre a “Auditorio Che Guevara”. En el fondo, el problema no es el nombre de Guevara, un fracasado guerrillero argentino que fue clave en la Revolución Cubana y que luego fue abandonado por Fidel Castro. La rectoría ha sido incapaz de recuperar esa parte del territorio académico de Ciudad Universitaria. Y esa ocupación radical, intolerante, violenta, es una herida política en el costado de la Universidad y un foco de activismo revolucionario. A ello se agrega el dato de que las autoridades de la UNAM cobijaron a Lucía Morett, quien se entrenaba en un campamento de la narcoguerrilla de las FARC colombianas.
2.- A pesar de inversiones altas, la UNAM no ha podido elaborar pensamiento político y económico para el futuro. De hecho, el espacio académico en esas especialidades se ha convertido en refugio de propuestas rebasadas por la historia de las ciencias política y económica. Lo grave del asunto es que en 1982 los economistas egresados de la UNAM fueron marginados de los espacios públicos del gobierno por su responsabilidad en la crisis y su lugar fue ocupado por politólogos y economistas egresados o posgraduados en universidades privadas, en primer lugar del Instituto Tecnológico Autónomo de México y luego del Tecnológico de Monterrey. El pensamiento político y económico de la UNAM es antiguo y dogmático.
3.- El pensamiento jurídico de la UNAM es otro ejemplo de su dependencia del pasado priísta. El Instituto de Investigaciones Jurídicas ha sido ocupado por ex priístas y por tanto su producción intelectual tiene que ver primero con la defensa de los valores del priísmo conservador --no el revolucionario de Narciso Bassols, por ejemplo-- y apela a la restauración del constitucionalismo priísta. Pero si se revisa la historia jurídica del país, el PRI durante su reinado creó un sistema judicial --parafraseando a Bassols, precisamente-- para el control autoritario y no para defender los derechos civiles de los ciudadanos. Basta revisar la historia jurídica del país y ver cómo el derecho fue uno de los pilares ideológicos y autoritarios del país. Y no hay que ir muy lejos: ahí está, entre muchos, el juicio contra el escritor José Revueltas, una de las ignominias jurídicas del sistema judicial mexicano, condenado por el juez Eduardo Ferrer McGregor en 1970 pero violando todos los y sus derechos. En 1968 se prodigó el Estado jurídico priísta represivo que hoy la UNAM hace sobrevivir en sus espacios académicos.
Las universidades públicas no han asumido una transición para pasar de resguardo de los intereses del Estado priísta a verdaderos centros autónomos de saber, de cultura, de investigación y de creación de tecnología. El problema no es el pensamiento crítico en la UNAM, sino su radicalismo violento, gritón, populista, excluyente e intolerante. En el fondo, la UNAM ha salvado parte de su papel en la vida nacional por sus áreas técnicas, científicas y de investigaciones tecnológicas.
La crisis de la UNAM radica en su negativa a examinarse, en su rechazo a replantear su papel en la vida nacional, en su discurso restaurador de los valores educativos del Estado priísta y en su atrincheramiento en una autonomía que la convierte en un refugio intocable de grupos de poder. La UNAM debe seguir siendo autónoma, pero redireccionar sus objetivos hacia un pensamiento para el bienestar, el desarrollo y la educación que requiere el país y abandonar sus propuestas que reproducen el modelo educativo priísta.


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lunes, 27 de septiembre de 2010

Indicador Político 27-septiembre-2010, Lunes.

+ Chiapas: gran reforma del Estado
+ Juan Sabines y la coalición 2012

Carlos Ramírez

Alejado de las severas crisis en el centro y norte de la república, Chiapas parece no existir políticamente. Pero por lo que ocurre en esa entidad fronteriza, las razones son más bien de estabilidad política y social y por las audaces decisiones de reformador que asumió el gobernador Juan Sabines.
Lo que a nivel nacional ha sido un calvario para los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, una utopía fundamentalista para el PRD, lo que no ha podido hacer el Senado y lo que sería la única salida al agotamiento del modelo de desarrollo y a la ineficacia del Estado priísta, Sabines lo implantó a nivel estatal con una ambiciosa reforma del Estado.
El dato no puede ser menor. Chiapas se había quedado a la cola de la república. Pero sobre todo, se trataba de una entidad donde se habían ausentado las revoluciones y luchas sociales nacionales, por lo que su estructura social se había estancado en el modelo de explotación colonial del siglo XVIII. A ello se agregaban dos hechos delicados: la presencia en el territorio chiapaneco del EZLN y la guerrilla y sobre todo el tiradero político y social que dejó el gobierno depredador del priísta Pablo Salazar Mendiguchía. A base de reformas y de una atención política personalizada, Chiapas es el estado con menos problemas de la república.
A finales de la semana pasada, Sabines envío al congreso local una reforma del Estado sobre seis pivotes: rendición de cuentas, fortalecimiento de la administración de justicia, descentralización de la gestión pública, democracia participativa, fortalecimiento en la protección de los derechos humanos y autodeterminación de los pueblos indígenas. Esta iniciativa se agrega la que sin duda fue la decisión más audaz del gobernador Sabines: implantar como estrategia del gobierno estatal las metas del milenio de la ONU: erradicar la pobreza, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el SIDA, el paludismo y otras enfermedades, garantizar la sustentabilidad del ambiente y fomentar la asociación mundial para el desarrollo
La decisión de Sabines demostró que las propuestas tradicionales del PRI, las contenidas en la Constitución, las del PAN y las de la alianza PRD-PT-Convergencia no daban para atender la situación de subdesarrollo de Chiapas, con sus correlativos vicios de marginación. Las metas de la ONU han conducido a la esencia del desarrollo: el modelo de producción, la gestión democrática del gobierno y sobre todo la gobernabilidad como expresión de una democracia basada en los consensos y no en los resultados electorales.
En materia de migración, sin duda uno de los problemas centrales de Chiapas por la relación subdesarrollo-desempleo en la frontera sur, Sabines también fue hasta el fondo del problema y creó la Comisión para la Protección de Derechos Humanos de los Migrantes, sobre todo por la incidencia en Chiapas de la migración  proveniente de Centro y Sudamérica. México carecería de autoridad moral para protestar contra la Ley Arizona si en territorio mexicano se violan impunemente los derechos humanos de los migrantes peor que en Arizona. El asesinato de 72 migrantes en Tamaulipas y el fracaso de la Subsecretaría de Migración de Gobernación ilustran la dimensión de la decisión audaz de Sabines.
En materia indígena, la Reforma Sabines también rompió con los límites tradicionales: asumió la decisión de conceder autodeterminación a los pueblos indígenas, pero sin romper la unidad nacional del territorio, además de crear la figura de Senado Indígena, único en su especie. Con ello, Sabines decidió no sólo respetar los derechos y la cultura indígenas sino promoverlos como parte de la identidad cultural de la entidad y de la república. El trasfondo de la decisión no puede ser otro que la agenda indígena del EZLN por cierto olvidada después de los acuerdos de San Andrés Larráinzar.
Las decisiones de Sabines ilustran el hecho de que las cosas se pueden hacer cuando se deciden hacerlas. En este contexto, las reformas colocan a Chiapas a la vanguardia en la reconfiguración del tejido social y político y en la creación de un modelo de desarrollo que rediseña la democratización de las relaciones sociales en una entidad donde nunca llegó la Revolución Mexicana.
Lo significativo del saldo político del gobierno de Sabines radica en el hecho de que se trata del único gobierno exitoso de la Coalición por el Bien de Todos PRD-PT-Convergencia y el único que ha tomado en serio el objetivo de un nuevo modelo de desarrollo, con instrumentos de gobierno mucho más allá del neopopulismo presupuestal asistencialista que se dedica a regalar bienes primarios pero generando una cultura paternalista. Sabines ha mostrado al PRD-PT-PC que se puede ir más allá del asistencialismo al estilo priísta de Solidaridad salinista que reproduce el PRD en gobiernos estatales y que el desarrollo estimula doctrinas realmente sociales y democráticas.
De ahí que Sabines se haya consolidado como una verdadera opción de gobierno. Y sin pelearse con el gobierno federal ni con el PAN. Más aún: Sabines es el gobernador coalicionista que mejores relaciones tiene con el gobierno de Calderón y por ello ha logrado crecientes beneficios federales. De ahí que la coalición DIA puede tener en Chiapas al tercero en discordia para el 2012, frente a la opción mediática de Ebrard o la fundamentalista de López Obrador, ambos, por cierto, en rumbo de colisión que puede liquidar al PRD.


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domingo, 26 de septiembre de 2010

Indicador Político 26-septiembre-2010, Domingo.

+ PRI: a la sombra de Salinas
+ Pero hay cinco condiciones

Carlos Ramírez

(Conferencia dictada por el autor, Carlos Ramírez)
El gran objetivo de Carlos Salinas de Gortari fue el de ofrecerse como el gran reformador mexicano. Llegó a la presidencia de la república en 1987 como un hijo del PRI y un nieto de la Revolución Mexicana, forjado en la cultura política del Estado priísta, proveniente de una familia de prosapia tricolor, pero con una carta guardada: la reforma del proyecto de desarrollo. Al principio, y lo reveló en la redacción del Plan Global de Desarrollo 1980-1982, Salinas pensaba que las coordenadas límite del sistema político priísta bastaban para redinamizar la economía con ciertos elementos estimuladores pero sin romper con el modelo. La propuesta modernizadora de Salinas era de largo plazo, 25 años de su grupo en el poder y quizá cincuenta años de nuevo modelo de desarrollo.
Pero entre su nominación como candidato presidencial en octubre de 1987 y los cambios geopolíticos de finales de 1989, Salinas y su grupo de técnicos se enfrentaron a la urgencia de modificar no sólo su programa de gobierno sino su prospectiva y por tanto su modelo prospectivo de escenarios. En  1989-1990 Salinas tuvo dos encuentros personales y dos contactos con realidades geopolíticas: su visita a Francia para el bicentenario de la Revolución Francesa y un encuentro con François Mitterrand, quien ya estaba de regreso de su socialismo light hacia un centrismo conservador y globalizado. Y más tare, su visita a la Unión Soviética y un encuentro con Gorbachov, ya en plena perestroika. Ahí Salinas tuvo un salto cualitativo en su estrategia de desarrollo. En el primer trimestre de 1990 comenzó negociaciones secretas con los Estados Unidos para un tratado de comercio libre que liberara las fronteras comerciales.
El escenario de decisiones de Salinas se centró en tres puntos clave: la globalización de la economía, el fin de la hegemonía del Estado y la reforma del PRI. Por primera vez un presidente de la república rompía el escenario de los enfoques sexenales y también decía terminar con el modelo histórico-social-cultural-ideológico-político de la Revolución Mexicana. Para ello, Salinas se centró en tres instrumentos: el Estado, el PRI y la Constitución. La perspectiva histórica de Salinas fue realizar la gran transformación política-económica-social de México como --toda proporción guardada-- la Unión Soviética de Gorbachov con un horizonte hacia el futuro de cuando menos medio siglo. Para consolidad cambios, Salinas se propuso un gobierno de tres sexenios, el de él, el de su sucesor y el siguiente.
El modelo estructural de la reforma de Salinas fue más prospectivo que de perspectiva. Es decir, la definición de los objetivos de su proyecto se hizo en función del análisis de los escenarios futuros de la reconstrucción del mundo en términos de economía, socialización de conflictos y reacomodo de zonas estratégicas. A partir de este tipo de percepciones sobre escenarios del futuro, Salinas tomó el camino de la reforma estructural. Lo malo de su estrategia, sin embargo, fue los temores a la descomposición de los acuerdos fundamentales internos. Y ahí atrasó la reforma política, se conformó con el control autoritario del PRI y no pudo encontrar un factor de cohesión ideológico-educativo-cultural a la Revolución Mexicana --su liberalismo social nació sin fuerza histórica--, por lo que la crisis le estalló en lo político: el alzamiento zapatista, el asesinato de su candidato presidencial priísta y la crisis devaluatoria.
El modelo prospectivo de Salinas parecía perfecto. Las reformas estructurales se tomaron por consenso o por autoritarismo, pero sobre todo sin fuerzas alternativas capaces de discutir el escenario internacional prospectivo que Salinas dominaba muy bien. Los tres principales colaboradores de Salinas controlaban bien sus respectivas áreas: Joseph-Marie Córdoba Montoya en la economía, Manuel Camacho Solís en la política y Luis Donaldo Colosio en lo social. El objetivo central de Salinas fue el de la modernización del país. Pero los tres puntos débiles le estallaron en 1994, el año de la puesta en marcha del TCL: los marginados indígenas, la lucha por el poder en el PRI y la devaluación. A su modelo prospectivo de escenarios, objetivos, factores de cambio, variables estratégicas y le fallaron dos factores: la predictibilidad y probabilidad. Su análisis eludió la crisis en el primer punto y los actores externos al sistema político en el segundo. Salinas supuso que con la restauración del autoritarismo cubriría todos los escenarios.
El error de Salinas fue su mala lectura y peor conclusión de la experiencia de Gorbachov, sin duda que su principal punto de referencia. A finales de 1993, ya con Colosio destapado como sucesor, Salinas regresaba al país de una gira por Europa y ahí delineó las prioridades: el tema central del mundo, dijo, era la demanda social de bienestar, no la democracia. Y agregó, al analizar el modelo soviético, que Gorbachov había cometido el error de realizar simultáneamente las reformas económica y política, porque las cosas se le salieron de control. Primero, dijo, era la reforma económica y ya después, mucho después, la reforma política. Por eso Salinas dedicó toda su energía a la reforma económica del Estado, pero el destino político lo alcanzó antes de entregar el poder a su sucesor.
A pesar de su estudio del marxismo y de su formación ideológica maoísta en la Facultad de Economía de la UNAM, Salinas no entendió que la economía es la que determina las relaciones políticas y sociales y que todo cambio económico requiere de espacios especiales políticos y sociales. Así, el modelo prospectivo de Salinas careció de cientificidad. Peor aún, a la vuelta de tiempo se puede entender que ni siquiera era un modelo, a pesar de que Córdoba operaba los escenarios económicos futuros y entendía la lógica de los cambios mundiales y que Camacho era un experto en prever conflictos. Sin  embargo, todo modelo de sistema prospectivo depende una variable independiente y demasiado sensible: la toma de decisiones estratégicas. Salinas siempre fue un jugado de situaciones límite. Y su error fue moverse en escenarios prospectivos donde la decisión final era la de él, pero fuera de los márgenes de la racionalidad de los hechos previsibles. El elemento de predictibilidad le falló a Salinas. Por atender las variables externas, descuidó la inestabilidad interna.
Pero como hombre de poder, Salinas se encuentra reconstruyendo su fuerza para regresar en el 2012. El escenario político parece favorable para Salinas y el PRI: debilidad del PAN, agotamiento de la alternancia, falta de reformas del modelo de poder priísta, crisis de gobernación y ausencia de un acuerdo de gobernabilidad. De hecho, la crisis general del país en el sexenio de Felipe Calderón ha sido producto de las herencias del proyecto salinista y, en medio de ello, la ausencia de un modelo de reforma general del proyecto de nación por parte del PAN y del grupo de Calderón. Las posibilidades del regreso del PRI y de Salinas al poder dependen, antes que de otra cosa, del PRI. Y ahí, para el regreso de Salinas al control del PRI, se deben dar cuando menos cinco condiciones:
1.- Que los priístas acepten de nuevo el liderazgo absolutista de Carlos Salinas. De 1994 al 2008, dos y medio sexenios, el PRI quedó a la deriva. Zedillo lo alejó con su sana distancia y el partido se fracturó con las disputas internas por las candidaturas presidenciales del 2000 y 2006. En ese tiempo, el PRI conformó sus nuevos liderazgos, sus nuevos grupos de poder y sus nuevas alianzas internas. Hasta ahora, Salinas ha sido capaz de ir dominando a los grupos y élites, pero no ha podido lograr un buen consenso en las bases.
Salinas tiene factores a favor y en contra. A favor opera el hecho de que el PRI carece de proyecto y Salinas tiene las relaciones internacionales y nacionales para recuperarlo. En contra está el hecho de que las bases priístas realmente no están interesadas en un proyecto, preferirían el populista del pasado y los votantes atienden más a la persona que al partido o a la propuesta política. Pero con todo, Salinas ha logrado no ser repudiado por priístas. Y sus apariciones públicas con las figuras dominantes que pudieran tener posibilidades de la candidatura presidencial en el 2012 --el senador Beltrones, el gobernador Enrique Peña Nieto, la dirigente Beatriz Paredes, entre los más importantes-- es un mensaje de victoria política de Salinas al interior del PRI.
2.- Que el PRI decida la cuarta reforma histórica del PRI y la tercera reforma salinista del partido. La cuarta reforma sería la del partido y su ascenso al Partido Nacional de Solidaridad. Salinas sabe perfectamente que el logotipo del PRI y las siglas del PRI provocan repudio en las nuevas generaciones y agravio en las viejas. Al no ser ya el partido de la revolución mexicana y al fortalecer su propuesta de liberalismo social, Salinas necesitaría dar el paso audaz de reformar al PRI para excluir su pasado. Hizo el intento en 1990 y luego en 1992 pero no pudo lograr su objetivo. Los priístas saben que el cambio de nombre implicaría perder los colores de la bandera nacional. Cuando López Portillo tocaba el punto de los colores, en el contexto de la reforma política, acudía al concepto de “efecto cromático”; los electores votaban por los colores nacionales.
La tercera reforma salinista interna del PRI sería consecuencia de la primera en 1990 con la reforma de los documentos básicos y la segunda en 1992 con la introducción del concepto de liberalismo social en el discurso político priísta, Salinas reformó no sólo la historia, sino los documentos del PRI y la Constitución en los artículos que la convertían en el proyecto de gobierno del PRI. Para ello, necesitaría transformar radicalmente los documentos básicos del PRI, introducir el Pronasol como nuevo programa de gobierno y controlar casi directamente la estructura del partido.
3.- Que Salinas garantice que su liderazgo llevará automáticamente a la recuperación de la presidencia de la república. Los priístas ya no están para experimentos. La tendencia electoral del PRI en las presidenciales ha pasado de 50% con Salinas, 48.7% con Zedillo, 36.1% con Francisco Labastida y 22.2% con Madrazo. El PAN ha construido una base de 30% y el PRD tiene una media de 20%. Las oscilaciones de los votantes priístas le dan la victoria a uno u otro candidato. Para recuperar la presidencia, el PRI tendría que repuntar en más o menos quince puntosa porcentuales su votación del 2006.
La presidencia de la república es cada vez más competida. Y no existen garantías para la victoria. El PRI ya no tiene un presidente de la república que le fondee recursos y le apoye con programas sociales, los órganos electorales salieron del control del ejecutivo y los tribunales electorales son bastante observados como para decidir anticipadamente un resultado. Por tanto, el PRI no tiene nada asegurado. Y la presencia de Salinas en el liderazgo priísta provocaría la apertura de debates sobre su presidencia, su expresidencia y sus expedientes abiertos. Aunque la política es muy exigente y Salinas debería de tener el control directo del PRI para ofrecer resultados.
4.- Que los priístas acepten borrar el pasado conflictivo de Salinas, sobre todo la muerte de Colosio y la designación de Zedillo. Los expedientes abiertos de Salinas aún siguen calientes. El caso del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, cerrado oficialmente con la tesis de la confusión, ha perseguido a Salinas y le tiene cerradas las puertas del Vaticano. Asimismo, su hermano Raúl salió libre por falta de pruebas en el asesinato de Ruiz Massieu, pero continúa candente el tema del enriquecimiento ilícito. Y si nada han podido probarle legalmente a Raúl, de todos modos la condena pública no ha pasado.
El propio Salinas tiene una figura contradictoria. No es repudiado en lugares públicos como lo fue López Portillo, pero él mismo se cuida de no provocar fricciones. El caso Colosio pasa por el mismo rasero de Raúl: la verdad jurídica ha sido sentenciada, pero la verdad política sigue abierta. Por lo demás, el caso Colosio es una herida abierta en el PRI. Durante años fue colocado en el sótano de las cosas inservibles, apenas fue rescatado para darle su nombre a la Fundación priísta. Pero comienza a renacer una corriente que estaría buscando reactivar la propuesta de Colosio para el 2012.
 5.- Y que el TLC se vuelva a convertir en el eje de las expectativas del desarrollo y Salinas sea el encargado de las reformas pendientes. El problema del Tratado es que fue abandonado durante quince años. Salinas apenas pudo firmarlo y echarlo a andar. Zedillo quedó atrapado en la crisis posdevaluatoria. Y Fox careció de un proyecto de desarrollo que utilizara el Tratado. En estos quince años, el Tratado dejó reformas pendientes y sobre todo nuevas renegociaciones con los Estados Unidos y Canadá, además de una reubicación en el escenario de la creación de mercados regionales competitivos.
Como acuerdo trilateral, el Tratado tiene tres pendientes: la definición del modelo nacional de desarrollo industrial y agropecuario, la renegociación de mejores ventajas para productos terminados y el replanteamiento de la globalización como objetivo en sí mismo y la búsqueda de verdaderos acuerdos de integración productiva que lleven explícitos beneficios de tecnología y de mayor participación de productos intermedios en artículos estadunidenses y canadienses. Sin embargo, los Estados Unidos ya sacaron lo que querían de México en materia comercial, llevaron el petróleo a una negociación aparte y ahora van tras de los mercados de América Latina. El interés de los EU y Canadá por México no eran sus productos sino su mercado de consumo, pero la crisis mexicana ha seguido dejando fuera del consumo a casi un tercio de los 100 millones de habitantes. Por tanto., el TCL pareció haber llegado a su fin y México necesitaría repensar su comercio exterior y reorganizar su producción.
El regreso del PRI y de Salinas también depende de que los dos puedan hacer un buen análisis prospectivo de los escenarios, variables estratégicas, juego de actores y elementos imponderables. El problema de la prospectiva en política radica en la variable veleidosa de los comportamientos de los actores políticos. Ya ocurrió en el 2006 cuando todo operaba a favor de la victoria de Andrés Manuel López Obrador, pero errores estratégicos del candidato del PRD le dieron la vuelta a los votos y volvió a ganar el PAN. Lo malo para los políticos mexicanos es su desdén hacia la ciencia política, no a la politología: estudian las ideas y las propuestas pero no los métodos científicos. Y la prospectiva es un método de previsión dentro de la toma de decisiones. Los políticos mexicanos aún confían en los instintos. Y así les ha ido.


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viernes, 24 de septiembre de 2010

Indicador Político 24-septiembre-2010, Viernes.

+ Otro golpea a Televisa-Nextel
+ Ordenan no entregar concesión

Carlos Ramírez

Cuando el martes pasado el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Mony de Swaan, escribió en su twitter que se le ocurrían “miles de cosas más divertidas” que comparecer ante los senadores, en su lista no estaba la nueva derrota a la licitación 21 a Televisa-Nextel que sufrió ayer jueves la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
La juez cuarta de distrito en materia administrativa del DF, María Guadalupe Rivera González, ordenó la suspensión de la polémica licitación 21 y, peor aún, decidió legalmente que no se entregue el título de concesión a Televisa-Nextel que arbitrariamente decidió la Cofetel.
La decisión de la juez fue una victoria legal --una más-- de TV Azteca en contra de la concesión de una parte del espectro radioeléctrico. La SCT había hecho gala de toda una serie de chicanas jurídicas para impedir la oposición de TV Azteca, entre ellas el divertido juego del gato y el ratón cuando otra decisión jurídica no pudo entregarse porque la SCT escondió su domicilio legal.
La licitación 21 se ha convertido en un punto creciente de debate político por las formas de operar en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En dos comparecencias legislativas, el secretario Juan Molinar Horcasitas, y el presidente de Cofetel, Mony de Swaan, recibieron duras críticas y cuestionamientos por esa concesión del espectro radioeléctrico, pero no hicieron caso a la indignación de los legisladores.
Sin embargo, de nueva cuenta Molinar y De Swaan enfrentan la amenaza de desacato. En agosto, la SCT escondió su domicilio legal para sesionar la Cofetel sin dos de sus comisionados por las irregularidades en el expediente y con una decisión judicial dictaminada se realizó la licitación preparada a contentillo de los intereses de Televisa-Nextel. Como en los viejos tiempos priístas, la licitación se redactó para beneficiar directamente a esas dos empresas. Peor aún, el acto de licitación se hizo a pesar de existir la orden de un juez en contra. Y más todavía: la ley establece que algunas decisiones judiciales entran en operación aún sin notificación.
Ahí la SCT violó un amparo judicial. A pesar de la suspensión ordenada por un juez, determinó la entrega de la concesión a cambio de un pago de 180 millones de pesos por un servicio que vale en el mercado varios miles de millones de pesos. Además, la SCT ignoró olímpicamente una solicitud formal de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, del miércoles 11 de agosto, para declarar desierta la licitación porque se beneficiaba expresamente a Televisa-Nextel, por existir dos órdenes de jueces en el mismo sentido y porque el gobierno abarataría el costo de la concesión beneficiando a esas dos empresas.
La decisión de la juez Rivera González podría reabrir la próxima semana el caso de la designación del nuevo presidente de la Cofetel, porque De Swaan saltó de la coordinación de asesores del secretario de Comunicaciones a presidente del organismo regulador de las telecomunicaciones, rompiendo los principios de imparcialidad. Tan su designación fue marcadamente dependiente, que el propio Molinar se vio obligado varias veces a salir en defensa de su subordinado.
La nueva derrota en la licitación 21 también tendrá efectos en el Senado, donde la mayoría priísta comenzó un procedimiento legal de controversia para invalidar el nombramiento de De Swaan como presidente de la Cofetel. Todas las derrotas legales de la licitación 21 debilitan la posición de De Swaan, cuya entronización en la Cofetel quedó determinada justamente por concesiones amañadas para beneficiar a un grupo televisivo en especial.
El dictamen legal de la juez Rivera González es hoy más explícito. Ordena la suspensión de “la ejecución del fallo de la licitación 21 para el otorgamiento de concesiones para el aprovechamiento y la explotación de las bandas del espectro radioeléctrico en el segmento 1710-1770/2110-2170 mhz, de fecha 13 de agosto de 1010”, a efecto de que “las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, es decir, para que no se lleve a cabo la materialización de la entrega de los títulos de concesión a las empresas mencionadas en dicho fallo”.
Así, un tribunal decidió prohibir la entrega de los títulos de concesión a Televisa-Nextel, lo cual representa un golpe legal y político no tanto para la televisora y la empresa telefónica sino para el secretario de Comunicaciones y el presidente de la Cofetel. Apenas el martes estuvo Molinar en el Senado, volvió a escuchar las quejas contra las irregularidades políticas y de nueva cuenta defendió la independencia de su subordinado De Swaan.
En el fondo, la derrota judicial se le endosa a Molinar, De Swaan y sus equipos de abogados porque decidieron operar la línea del autoritarismo verticalista priísta que tanto criticó el PAN en el pasado y por simplemente desdeñar al poder judicial. El director del jurídico de la SCT, Gerardo Sánchez Henkel, tendrá que aceptar el mandato legal o prepararse a dejar el cargo. Algunos abogados consideran que Molinar y De Swaan tenían espacios jurídicos en el proceso, pero su decisión fue simplemente la de esconderse de los jueces. Ahora la decisión de la juez Rivera González no puede ser eludida, a riesgo de enfrentar de nueva cuenta un juicio de desacato al cumplimiento de una orden judicial.
A menos que De Swaan encuentre ahora otras miles de cosas más divertidas que atender una decisión de una juez.


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Indicador Político 23-septiembre-2010, Jueves.

+ Delincuencia contra democracia
+ Militares: ineficacia policiaca

Carlos Ramírez

El crimen organizado pues sentirse más que satisfecho. El asesinato de un fotógrafo de El Diario de Ciudad Juárez no provocó la indignación en contra de las mafias criminales sino que logró el objetivo de voltear a la prensa contra el gobierno federal.
El conflicto ha logrado desviar la atención hacia la estrategia de lucha contra la inseguridad y no contra la existencia de bandas criminales que han roto con la estabilidad en algunas zonas de la república. El caso de Ciudad Juárez ilustra la peor deficiencia de la estrategia: no la violencia en sí misma, sino la inexistencia de un acuerdo social alrededor de la política de seguridad.
Como recordatorio de lo que realmente está en juego habrá que leer a fondo el discurso del secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, el pasado 14 de septiembre durante la ceremonia de inicio de cursos de la educación militar. Ese texto debería cruzarse con la tesis de la OEA en el sentido de que el crimen organizado se ha convertido en la “principal amenaza” a la democracia. Dijo el general secretario:
“La ética y el derecho definen esferas de actuación del quehacer miliciano. Valoramos la trascendencia del bagaje axiológico y jurídico que recibimos durante nuestra formación.
(…)
“Ninguna asignatura queda al margen de la gama de normas, valores y virtudes que nos vertebran. El patriotismo, la abnegación y el honor son algunos de los hilos del recio tejido en el que se fundamenta la actitud positiva con la que velamos por la seguridad nacional.
“Hoy,  ésta (la seguridad nacional), lamentablemente en su vertiente interna, está siendo afectada. Tendencias delictivas obstruyen el crecimiento y desarrollo plenos. Es inadmisible vivir y trabajar en un ambiente marcado por el estigma de la violencia.
“No sólo se trata ya de la que generan los narcotraficantes en su afán de conquistar y consolidar rutas, mercados y territorios. Ahora, en su pretensión de controlar  estructuras fundamentales del Estado, la aplican indiscriminadamente contra autoridades y representantes de otros sectores de la población para exacerbar el miedo y la incertidumbre.
(…)
“No es nuestra intención buscar, ni tampoco encarnar actitudes protagónicas, mucho menos de injerencia en la esfera de lo civil. Sin embargo, es menester que sigamos constituyendo un valladar firme a la expansión de las organizaciones delictivas.
“Los resultados de nuestros análisis estratégicos nos persuaden que en el mediano plazo es inviable un retiro de tropas. Incluso, estimamos que resultaría contraproducente un repliegue o una disminución gradual de los efectivos participantes.
“Sería ceder tiempo y espacio vitales al crimen organizado y que éste --quien confronta y amenaza la estabilidad de las instituciones-- lo interprete como signo  de debilidad del Estado; pero es más riesgoso aún, que la sociedad quede en un completo estado de indefensión.
“Trabajamos para lograr que el fenómeno delictivo se acote al ámbito de la seguridad pública. Una vez que los cuerpos policiacos concluyan su depuración, adiestramiento y reorganización --a la orden del Mando Supremo-- las tropas regresarán a sus cuarteles, atentas al cumplimiento de otras misiones que la Ley Orgánica les asigna.
“Es esta delicada situación coyuntural la que explica y nos impele a solicitar  nuevamente --de manera respetuosos-- que las Fuerzas Armadas sean dotadas de un marco legal que perfile con plena certeza jurídica sus acciones. De ninguna manera deseamos que nos concedan privilegios especiales o espacios de impunidad. Pero si es imperativo que la sociedad toda sepa y que desde el general hasta el soldado tengan conciencia, que nuestra actuación sustentada en la ley.
“Reconocemos el esfuerzo y la voluntad política que invierte el Honorable Congreso de la Unión para proveer a la nación de una legislación de seguridad nacional acorde a los retos que enfrenta el país. También expresamos nuestro ánimo porque las reformas pendientes a otros instrumentos que conforman el marco jurídico castrense, se materialicen en el corto plazo.
“Las Fuerzas Armadas son instituciones de legalidad, prestas a cumplir las resoluciones vinculantes de organismos internacionales protectores de derechos humanos. A fin de concretar la postura unívoca del poder ejecutivo federal, en un comité interinstitucional, hemos propuesto ya, las  modificaciones pertinentes al Código de Justicia Militar.
“El impulso que hemos dado a la cultura de respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las personas, nos permite asimilar con prudencia, sensatez y amplio criterio, las recomendaciones emitidas por la comisión nacional de los derechos humanos para aquellos casos aislados en los que presuntamente personal militar ha violentado éstas garantías.”
El general secretario fue claro en despejar rumores sobre el alcance de la intervención militar contra la inseguridad. Pero también en su exigencia al poder legislativo de las reformas al marco jurídico de la seguridad nacional. La tesis es clave: el narcotráfico combate al Estado, no sólo vende droga.


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miércoles, 22 de septiembre de 2010

Indicador Político 22-septiembre-2010, Miércoles.

+ Diario de Juárez no es Zeta
+ Narcotráfico en los medios

Carlos Ramírez

A pesar de que los medios andan en busca de héroes, ha sido un despropósito equiparar el caso de El Diario de Ciudad Juárez con el semanario Zeta de Tijuana. El primero tiene un pasado tormentoso de acusaciones de involucramiento con el narcotráfico y Jesús Blancornelas fue un decidido adversario de las mafias aún a costa de su vida y sin negociar su política editorial.
La comparación fue una falta de respeto a la figura de Blancornelas, quien sufrió un gravísimo atentado que lo tuvo al borde de la tumba y dos de sus ejecutivos fueron asesinados. La revista Zeta se dedicó a revelar el funcionamiento del crimen organizado en la plaza.
En cambio, el dueño de El Diario, Osvaldo Rodríguez Borunda, demandó y obligó al arresto en dos ocasiones de la periodista Isabel Arvide en el 2002 por dos columnas publicadas en el periódico Milenio donde examinaba la penetración del narcotráfico en los medios escritos de Ciudad Juárez, entre ellos El Diario. Arvide perdió el juicio por errores procesales, no por contenido periodístico, pero su caso llevó a la despenalización del daño moral contra periodistas. El director de El Diario pedía una indemnización de 8.5 millones de dólares.
Lo interesante del caso fue que en febrero de 2004 la Procuraduría General de la República detuvo a Crispín Borunda con cargos vinculados al narcotráfico, quien había aparecido como pieza fundamental de la columna de Arvide y un reportaje titulado “Un nuevo cártel de la droga en Chihuahua”. El reportaje era contundente. A pesar de que Arvide protegió la identidad de sus fuentes, en ese momento, 2 de junio de 2001, se sospechó que los datos habían sido de ciertos niveles militares. El texto comenzaba así:
“Encabezado por el titular de Seguridad Pública del gobierno del Estado, Jesús “Chito” Solís, un nuevo cartel de la droga sustituye a la organización de Amado Carrillo.
“De acuerdo a documentos a los que tuvo acceso esta reportera, lo que era un secreto a voces quedó comprobado hace pocos días al descubrirse un cargamento de cocaína por autoridades federales quienes, minutos después, recibieron una llamada del hermano del funcionario con la exigencia de que fuesen liberados.
“Entre sus miembros destacados figuran empresarios, asesores y amigos de Patricio Martínez. Sobresalen los nombres de: Crispín Borunda, cuyo rancho es vecino de la propiedad del gobernador, los hermanos Solís, Raúl Muñoz Talavera, Chuy Sotelo, un conocido empresario transportista, Dante Poggio expolicía que vendría a ser el ejecutor armado y el dueño del periódico El Diario de Chihuahua, Osvaldo Rodríguez Borunda.
“Este último, sospechoso de lavar dinero producto del narcotráfico desde hace muchos años, recibirá el premio nacional de periodismo de manos del titular de Gobernación el próximo siete de junio. Su fuerza le permitió quitar de la Quinta Zona Militar al general Juan Morales Fuentes en noviembre de 1999 por “revisar” su avioneta.
“Total complicidad de las autoridades locales con los narcotraficantes, el procurador un cero a la izquierda”.
La historia del caso Arvide, que mereció una defensa de la libertad de expresión en contra de las acusaciones de daño moral para castigar la difusión de hechos ciertos o falsos, se localiza en  http://www.isabelarvide.com/chihuahua.php. Al final, el gobierno de Chihuahua se desistió, el caso Arvide llevó al entonces procurador Rafael Macedo de la Concha a emitir un histórico acuerdo para impedir los citatorios a periodistas y proteger el secreto profesional y al entonces diputado Manlio Fabio Beltrones a promover la despenalización federal del daño moral en casos de periodistas.
Las indagaciones de Arvide fueron significativas en su momento porque revelaron la penetración del narcotráfico en las esferas sociales, políticas y de medios de Chihuahua y sobre todo de Ciudad Juárez. La crisis actual en esas plazas, por tanto, no nació por generación espontánea sino que se tejió a lo largo de años. La fuente original del narco estuvo en comandantes policiacos que se asentaron en ciudad Juárez y Nuevo Laredo, todos ellos con hilos de poder en los medios.
La situación de los medios en Juárez tiene historias secretas. Por ejemplo, está el caso de otro diario importante que se fortaleció con dinero del narco, el financiador fue detenido, luego salió libre, quiso cobrara su deuda pero le dijeron que no, el narco mandó secuestrar al director de ese medio y la mamá del editor tuvo que pagar la deuda para salvar a su hijo.
Ahora mismo el director de El Diario, Rodríguez Borunda, radica en El Paso, Texas. Algunas fuentes señalan diferencias con el narco Gilberto Ontiveros Lucero --ficha de la DEA en www.justice.gov/dea/fugitives/elpaso/ontiveros-lucero.htm--, quien regreso a Juárez a cobrar deudas.
En este contexto, la comparación de Rodríguez Borunda con Jesús Blancornelas debe ser consideraba una ofensa a la memoria del director del semanario Zeta porque Blancornelas fue un  periodista a carta cabal, sin la menor sospecha de presuntas irregularidades. A menos, claro, que haya cierto sector de la crítica que gusta magnificar todo lo que huela a ataques al gobierno cuando se han terminado los argumentos.


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martes, 21 de septiembre de 2010

Indicador Político 21-septiembre-2010, Martes.

+ Prensa en narco: parte o juez
+ Informar o protagonizar, clave

Carlos Ramírez

La crisis en la cobertura periodística por el asesinato de un fotógrafo de El Diario de Juárez y el editorial de diálogo prensa-narco son en realidad la distracción del tema central a analizar: el narcotráfico ya percibió que los medios de información son la parte más débil de la cadena y su estrategia es la de afectar a la prensa para enfrentarla con el gobierno y no con los criminales.
El error estratégico de los medios ha sido el intentar un diálogo directo con el crimen organizado o asumir las agresiones en su contra como un asunto de seguridad nacional. Cuando el periodista Daniel Pearl fue asesinado en Pakistán al indagar la red financiera de Al Qaeda, su periódico The Wall Street Jornal de ningún modo acudió a los organismos de seguridad nacional de los EU en busca de protección.
En el fondo, la estrategia del crimen organizado contra la prensa radica en hacerla cómplice activa o pasiva. De ahí que haya también un error estratégico en la política de seguridad pública-seguridad interior-seguridad nacional del gobierno: no entender el papel que juegan los medios. Se trataría, del lado del gobierno federal de un grave error de inteligencia y seguridad nacional.
El editorial de El Diario de Juárez preguntándole a los narcos “¿qué quieren de nosotros?” implicó, paradójicamente, la incorporación del crimen organizado al consejo editorial del medio. Si un periódico aún no sabe qué significan las agresiones en su contra por las bandas criminales, entonces ahí existe un error de política editorial que llevará a otros errores.
El crimen organizado primero buscó que los medios callaran, luego orientó sus presiones a que los medios difundirán las razones criminales y ahora asesinan periodistas no por lo que difunden sino porque saben que los medios de información voltean a culpar al gobierno de esas muertes. En Irak han muerto hasta la fecha 230 periodistas, según la organización Reporteros sin Fronteras, y  ningún medio ha culpado a los gobiernos de sus países de esas bajas. La ETA ha asesinado periodistas en España y la respuesta ha sido convertir la indignación en reportajes más fuertes de denuncias contra los terroristas.
El gobierno federal tiene responsabilidad en el contexto: la ausencia de una política de comunicación social para la cobertura de los conflictos y la pasividad en la fiscalía de delitos contra periodistas de la PGR. Asimismo, la Cámara de Diputados tiene un comité especial para amenazas contra periodistas, pero su presidente es sinónimo de inutilidad política y práctica, a pesar de que forman parte el director del amenazado Noroeste de Culiacán, Manuel Clouthier, el especialista en televisión Javier Corral, y la preside la panista María Yolanda Valencia Vales, proveniente de medios electrónicos de Yucatán.
La fiscalía de la PGR debiera pasar a supervisión directa del Congreso y su coordinador debiera también ser aprobado por el legislativo. La oficina de protección a periodistas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos perdió el rumbo con la salida primero del encargado Luis Raúl González Pérez y luego del presidente José Luis Soberanes, quienes fueron muy precisos en la protección de periodistas.
El asunto de los medios va a internacionalizarse. El gobierno de los EU con cedió asilo político al periodista Jorge Luis Aguirre, del sitio de información policiaca www.lapolaka.com por las amenazas en su contra nada menos que del hasta hace poco secretario de Seguridad Pública del gobierno, Víctor Valencia. Aguirre ya fue citado en Washington para rendir un  reporte de la agresión contra periodistas en México.
Si el gobierno mexicano es ajeno a las amenazas y agresiones a la prensa por parte del crimen organizado, sí es responsable de la falta de un marco jurídico concreto y eficaz y de la ineptitud de la fiscalía. Y el congreso debería ser más conciente de la agresión contra los medios y reorganizar la comisión especial para convertirla en una verdadera vigilante de la seguridad de medios y profesionistas.
Y los propios medios deben a su vez interrelacionarse con uno de los grupos más eficaces en la vigilancia de la seguridad de los periodistas: el Committee to Protect Journalists, hoy dirigido por Carlos Lauria (clauria@cpj.org), además del responsable del programa de las Americas,  Senior Program Research Associate: José Barbeito jbarbeito@cpj.org (teléfono: (212) 465-1004 y (212) 465-1004,
fax: (212) 465-9568, 330 7th Avenue, 11th Floor
New York, NY, 10001, USA
La interlocución directa de El Diario de Juárez fue un error estratégico. ¿Cuál va a ser su política editorial si los narcos aceptan la interlocución directa? Al interrelacionarse con el crimen organizado, el medio ya se convirtió en un asunto de seguridad interior y de seguridad nacional, ya no de seguridad pública. Y ya no es un tema de política editorial.
El problema no es nuevo. Comenzó con el asesinato del periodista Manuel Buendía, columnista de Excelsior, el 30 de mayo de 1984, cuando se disponía a publicar datos sobre la penetración  del narcotráfico en las policías y nivele de gobierno. Han pasado veintiséis años y el problema es mayor.


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