+ Cambio y pacto constitucional
+ O transición o PRI por siempre
Carlos Ramírez
El viejo régimen político del PRI se basó en tres pilares fundamentales: el Estado, el PRI y la Constitución. La crisis económica, la globalización y la pluralidad política debilitaron esos consensos fundamentales y por tanto han obligado a la república a encontrar nuevos acuerdos de funcionalidad en términos políticos, sociales y económicos, sólo que ninguna de las tres fuerzas políticas importantes quiere deveras la reforma total.
En ese contexto se localizan las iniciativas de reforma integral del modelo de nación y ofrecen una imagen parcial y pobre de las iniciativas del PAN, el PRI y el PRD. El Estado perdió legitimidad, funciones y articulación con el desarrollo. El PRI se debilitó con el avance de la oposición y sobre todo con las reformas ideológicas sucesivas que diluyeron su proyecto ideológico cohesionador. Y las reformas constitucionales hicieron que la Constitución dejara de ser el proyecto nacional de las mayorías, para convertirse en un conjunto de normas de responsabilidades.
En el fondo, la crisis mexicana es de agotamiento del proyecto nacional del PRI, pero en el entendido de que la nueva pluralidad necesita de un nuevo acuerdo político plural de largo plazo. Y el único camino posible es el de un nuevo pacto constitucional. La Constitución debe de convertirse de nueva cuenta en el punto de confluencia del modelo de desarrollo y de las nuevas funciones de los actores sociales.
De ahí que la crisis general del proyecto nacional mexicano requiera de una reforma total, integral, reformuladora de los objetivos nacionales. En el pasado priísta, el objetivo era el proyecto histórico progresista conducido por el Estado; ahora debe ser el desarrollo con bienestar social. Pero ante el desafío, las principales fuerzas políticas le han entrado al jaloneo de mezquindades, de reformas que afiancen en el poder a cada una de ellas pero sin ofrecer los perfiles de un nuevo proyecto nacional.
En este escenario, la posibilidad de una verdadera reforma integral del país luego del agotamiento del modelo priísta radica en la confluencia de las principales fuerzas. Es decir, asumir de una vez por todas la necesidad de transitar del agotado modelo priísta a un nuevo proyecto nacional y democrático de desarrollo social. Las reformas indispensables --hoy se publica la segunda lista-- están a la vista y formarían parte del nuevo consenso nacional:
11.- La reforma del Estado. El Estado no es nada más el conjunto de instituciones de gobierno sino el espacio de definición de las reglas de convivencia política, económica y social del país y consensos. El Estado priísta se fue inmovilizando por sus alianzas con los poderes fácticos.
12.- La reforma del Congreso. Las dos cámaras han comenzado a redescubrir su potencial pero no se atreven a debatir el fondo: cambió de régimen político: presidencial, semiparlamentario o parlamentario.
13.- La reforma ideológica. El PRI tuvo una vinculación integral a la cultura política: los valores del partido eran los de la historia y viceversa. Por eso el PRI fue el partido de la Revolución Mexicana. Carlos Salinas liquidó el modelo y metió al país a una crisis de ideas. Por eso los partidos se han reducido a ofrecer bienestar, no una cohesión ideológica-histórica.
14.- La reforma presupuestal. La reforma fiscal debe llevar a una nueva concepción del gasto. El modelo priísta de gasto social fijó los términos de la dependencia y frenó el desarrollo. El gasto debe pivotear el desarrollo, no garantizar lealtades.
15.- La reforma de telecomunicaciones. El asunto no se agota en la concepción política del oligopolio sino del desarrollo de la tecnología regido por el Estado. El problema no es Televisa o TV Azteca sino la falta de una política de Estado en la materia. Y su adopción generará una nueva relación de poder.
16.- La reforma educativa. La educación fue uno de los aparatos de control ideológico del PRI. Pero ahora es un monstruo sindical como poder en sí mismo. La educación es la base del desarrollo. Y su reforma debe comenzar con la descentralización sindical.
17.- La reforma de los derechos humanos. La cultura de los derechos humanos nació como parte de la resistencia a la represión priísta de Estado. Ahora debe ascender a la categoría de derechos sociales y civiles.
18.- La reforma del modelo de desarrollo. La larga crisis 1973-2010 es producto de la ausencia de un modelo de producción-distribución. La redefinición de las políticas educativa, industrial, agropecuaria, entre otras, definirá el desarrollo: crecer y distribuir.
19.- La reforma industrial. La globalización salinista reventó la planta productiva y dejó a México como país exportador de bienes primarios y consumidos de excedentes de los industrializados. México necesita una nueva planta productiva integrada para replantear la globalización.
20.- La reforma de la globalización. Salinas abrió la economía mexicana como política antiinflacionaria, liquidó la planta productiva y dejó a México como consumidor. Ahora se requiere la redefinición del Estado, del mercado y del desarrollo para convertirse en un país productor.
Datos personales
- Carlos Ramírez
- Periodista, escritor, Lic. en Periodismo, Mtro. En Ciencias Políticas, oaxaqueño. Autor de la columna "Indicador Político" en El Financiero.
viernes, 30 de abril de 2010
jueves, 29 de abril de 2010
Indicador Político 29-abril-2010 Jueves.
+ Sistema político PRI, agotado
+ Pero todos buscan conservarlo
Carlos Ramírez
La crisis política ha entrado en una zona de confusiones, paradojas y contrasentidos. La larga lista de iniciativas de reforma de los puntos vitales del sistema político priísta indicaría la certeza de que el viejo modelo ya se agotó, pero bizarramente las propuestas partidistas tienden más bien a eludir la transición y apuestan a rescatar al viejo régimen priísta.
La tibieza y elusión de las reformas propuestas en el Congreso contrasta con las percepciones partidistas de que el régimen político priísta ya no sirve. Pero ante limitación, todo indica que el país va a perder quizá la última oportunidad para entrarle de lleno a la reforma del sistema político que fundó el PRI en 1928 para su beneficio y que es la hora en que ninguna fuerza política parece ser capaz de proponer una alternativa.
El problema es serio: las iniciativas priístas de reforma política buscan más bien salvaguardar la vieja estructura de poder con la esperanza de que en el 2012 recupere la presidencia y el mismo sistema que le ayudó a gobernar setenta y un años. Y la oposición carece de fuerza pero sobre todo de horizonte político para llevar al país a una discusión en serio sobre la urgencia de transitar a un nuevo sistema político. Las alianzas PAN-PRD para proponer candidatos priístas revela el fracaso del PAN como partido alternativa.
La larga lista de iniciativas de reforma parte del criterio de que el viejo modelo de funcionamiento del sistema político priísta ya se agotó con la pluralidad y sobre todo con la certeza de que los instrumentos de control del PRI eran subsidiarios de la ausencia de participación de la sociedad. Pero Resulta que a mayor sociedad no quieren ampliar las libertades sino, al contrario, ampliar el funcionamiento del Estado priísta controlador.
De todos modos, la agenda de la reforma política integral --verdadera transición del viejo régimen priísta a un nuevo formulario de gobernabilidad: sistema político, régimen de gobierno, modelo de desarrollo, Estado y Constitución-- está a debate en la sociedad, aunque a resguardo de cualquier avance en un Congreso ajeno a las transformaciones y reducido a la mezquindad de los intereses de cada grupo de poder.
La lista de veinte reformas necesarias (mañana la segunda parte de la lista) ilustra la urgencia de, finalmente y de una vez por todas, partidos y élites políticas entiendan que la única salida de la crisis general --democracia, economía y desarrollo-- se encuentra en la creación de nuevos objetivos que a su vez lleven a mejores instituciones que las que inventó el PRI para sí mismo y no para beneficio de la república:
1.- La reforma fiscal debe terminar con el Estado populista y sentar el criterio de que el fisco no debe ser instrumento de control o de pacto político. Sin ingresos no habrá desarrollo. El fisco es el instrumento de desarrollo social del Estado.
2.- La reforma de la seguridad social pasa a revisión la política social en el ISSSTE y el Seguro Social como parte del subsidio político a clases populares. Asistencialismo corporativismo ha sido clave del PRI.
3.- La reforma política debe liquidar el sistema del Estado-Partido que el PRI se ha negado a asumir y tiene que apostarle a poderes controlados y equilibrados. Aunque el PAN quiere crear su propio modelo copiado del PRI.
4.- La reforma electoral debería garantizar el voto libre con un organismo electoral sin partidos ni representantes legislativos. El IFE sigue dominado por los poderes políticos fácticos. Y los IFE estatales son instrumentos al servicio de los gobernadores.
5.- La reforma laboral debe apuntar a romper con la complicidad del viejo régimen priísta de tutelar al trabajador para asumirlo como peón del PRI. El actual régimen laboral es improductivo y proteccionista social. Los trabajadores están organizados para votar por el PRI, no pare defender derechos.
6.- La reforma energética podría pivotear la riqueza de recursos, pero hay que romper la doctrina priísta de la propiedad estatal que sólo ha generado corrupción e ineficiencia.
7.- La reforma económica contra la crisis no requiere nada más de decisiones de corto plazo, sino de la reorganización del sistema productivo. Todos exigen medidas anticrisis pero todos ponen obstáculos ideológicos. La economía debe servir para producir, no para afianzar complicidades.
8.- La reforma del campo implicaría la reorganización total del modelo productivo agropecuario para terminar con el modelo priísta de organizar al campo para votar y no para producir alimentos.
9.- La reforma de la política exterior debe romper con las ataduras de ser instrumento de dominación ideológica del PRI y de alianzas para fortalecer al gobierno y no al escudo geopolítico de la república. Las complicidades del PRI con la dictadura de Cuba son el ejemplo.
10.- La reforma de la seguridad exige un replanteamiento del papel del Estado y sobre todo de la corresponsabilidad política de los gobiernos estatales y municipales. La seguridad pública es correlativa de la seguridad nacional del Estado y cristaliza la soberanía del Estado sobre la totalidad del territorio.
+ Pero todos buscan conservarlo
Carlos Ramírez
La crisis política ha entrado en una zona de confusiones, paradojas y contrasentidos. La larga lista de iniciativas de reforma de los puntos vitales del sistema político priísta indicaría la certeza de que el viejo modelo ya se agotó, pero bizarramente las propuestas partidistas tienden más bien a eludir la transición y apuestan a rescatar al viejo régimen priísta.
La tibieza y elusión de las reformas propuestas en el Congreso contrasta con las percepciones partidistas de que el régimen político priísta ya no sirve. Pero ante limitación, todo indica que el país va a perder quizá la última oportunidad para entrarle de lleno a la reforma del sistema político que fundó el PRI en 1928 para su beneficio y que es la hora en que ninguna fuerza política parece ser capaz de proponer una alternativa.
El problema es serio: las iniciativas priístas de reforma política buscan más bien salvaguardar la vieja estructura de poder con la esperanza de que en el 2012 recupere la presidencia y el mismo sistema que le ayudó a gobernar setenta y un años. Y la oposición carece de fuerza pero sobre todo de horizonte político para llevar al país a una discusión en serio sobre la urgencia de transitar a un nuevo sistema político. Las alianzas PAN-PRD para proponer candidatos priístas revela el fracaso del PAN como partido alternativa.
La larga lista de iniciativas de reforma parte del criterio de que el viejo modelo de funcionamiento del sistema político priísta ya se agotó con la pluralidad y sobre todo con la certeza de que los instrumentos de control del PRI eran subsidiarios de la ausencia de participación de la sociedad. Pero Resulta que a mayor sociedad no quieren ampliar las libertades sino, al contrario, ampliar el funcionamiento del Estado priísta controlador.
De todos modos, la agenda de la reforma política integral --verdadera transición del viejo régimen priísta a un nuevo formulario de gobernabilidad: sistema político, régimen de gobierno, modelo de desarrollo, Estado y Constitución-- está a debate en la sociedad, aunque a resguardo de cualquier avance en un Congreso ajeno a las transformaciones y reducido a la mezquindad de los intereses de cada grupo de poder.
La lista de veinte reformas necesarias (mañana la segunda parte de la lista) ilustra la urgencia de, finalmente y de una vez por todas, partidos y élites políticas entiendan que la única salida de la crisis general --democracia, economía y desarrollo-- se encuentra en la creación de nuevos objetivos que a su vez lleven a mejores instituciones que las que inventó el PRI para sí mismo y no para beneficio de la república:
1.- La reforma fiscal debe terminar con el Estado populista y sentar el criterio de que el fisco no debe ser instrumento de control o de pacto político. Sin ingresos no habrá desarrollo. El fisco es el instrumento de desarrollo social del Estado.
2.- La reforma de la seguridad social pasa a revisión la política social en el ISSSTE y el Seguro Social como parte del subsidio político a clases populares. Asistencialismo corporativismo ha sido clave del PRI.
3.- La reforma política debe liquidar el sistema del Estado-Partido que el PRI se ha negado a asumir y tiene que apostarle a poderes controlados y equilibrados. Aunque el PAN quiere crear su propio modelo copiado del PRI.
4.- La reforma electoral debería garantizar el voto libre con un organismo electoral sin partidos ni representantes legislativos. El IFE sigue dominado por los poderes políticos fácticos. Y los IFE estatales son instrumentos al servicio de los gobernadores.
5.- La reforma laboral debe apuntar a romper con la complicidad del viejo régimen priísta de tutelar al trabajador para asumirlo como peón del PRI. El actual régimen laboral es improductivo y proteccionista social. Los trabajadores están organizados para votar por el PRI, no pare defender derechos.
6.- La reforma energética podría pivotear la riqueza de recursos, pero hay que romper la doctrina priísta de la propiedad estatal que sólo ha generado corrupción e ineficiencia.
7.- La reforma económica contra la crisis no requiere nada más de decisiones de corto plazo, sino de la reorganización del sistema productivo. Todos exigen medidas anticrisis pero todos ponen obstáculos ideológicos. La economía debe servir para producir, no para afianzar complicidades.
8.- La reforma del campo implicaría la reorganización total del modelo productivo agropecuario para terminar con el modelo priísta de organizar al campo para votar y no para producir alimentos.
9.- La reforma de la política exterior debe romper con las ataduras de ser instrumento de dominación ideológica del PRI y de alianzas para fortalecer al gobierno y no al escudo geopolítico de la república. Las complicidades del PRI con la dictadura de Cuba son el ejemplo.
10.- La reforma de la seguridad exige un replanteamiento del papel del Estado y sobre todo de la corresponsabilidad política de los gobiernos estatales y municipales. La seguridad pública es correlativa de la seguridad nacional del Estado y cristaliza la soberanía del Estado sobre la totalidad del territorio.
miércoles, 28 de abril de 2010
Indicador Político 28-abril-2010 Miércoles.
+ AMLO: al 2012 contra Ebrard
+ PT y DIA, rebote contra PAN
Carlos Ramírez
Como en política no hay hechos inexplicables, la decisión de Andrés Manuel López Obrador de sacar al PT de las alianzas con el PAN y el PRD en elecciones de gobernador 2010 tuvo un efecto doble contra los verdaderos adversarios del tabasqueño: el presidente Calderón y Marcelo Ebrard.
El PAN había conseguido la alianza con el PRD no tanto por las posibilidades escasas de ganar alguna elección de gobernador sino para finalmente someter al partido y sus seguidores que habían machado tres años con el no reconocimiento al presidente constitucional de la república. Asimismo, con las alianzas, el PAN había roto el Frente AMLO de López Obrador.
El priísta-salinista Manuel Camacho, ahora con el disfraz de arquitecto de una coalición de pequeñas fuerzas autodenominadas de izquierda, le había arrebatado el FAP al tabasqueño, lo había convertido en DIA (Diálogo Nacional), pero al final demostró la imposibilidad genética de la izquierda para dialogar cuando menos consigo misma. A largo plazo, el DIA estaba enfilado a crear la base política para la candidatura presidencial de Marcelo Ebrard, dejando a López Obrador sin organización partidista. Se trató de la misma estrategia que aplicó Camacho en la negociación con el subcomandante marcos y el EZLN para aislarlo de las fuerzas políticas y arrinconarlo en las selvas de Chiapas.
Con la astucia que le queda como sobreviviente político, López Obrador esperó el momento preciso para mover sus piezas. Primero, dejó que el PT se sumara al DIA, luego envió mensajes de que las alianzas eran incongruentes, más tarde quitó al PT del DIA y finalmente dejó a la alianza en cuando menos cinco elecciones de gobernador sin posibilidades de triunfo. De esa manera, López Obrador demostró quién manda en la gelatinosa alianza de grupos neopopulistas y anarquistas autodenominados de izquierda y sobre todo dejó muy en claro que la candidatura de ese espectro político no estará sometida a encuestas sino a manejos reales de bases sociales.
Las posibilidades de Ebrard descansan en el manejo estratégico de Manuel Camacho, quien fue uno de los principales --si no el principal-- operadores de la candidatura presidencial de Carlos Salinas en 1987. Sin embargo, Camacho se sabe mover sólo en los espacios políticos del PRI, el partido en el que realmente se formó. Es decir, Camacho sabe mover muy bien los hilos autoritarios del poder. En confrontaciones fuera del PRI, Camacho ha fracasado de cabo a rabo.
La candidatura presidencial del PRD estará vinculada a una alianza con grupos más o menos afines pero con posibilidades de crear un membrete. Más que la victoria en las elecciones de gobernador, la estrategia de Camacho buscaba más bien apoderarse de la definición estratégica del DIA y desde ahí acunar la candidatura presidencial de Ebrard. Sólo que Ebrard está posicionado en las encuestas pero no en las bases sociales. Y López Obrador controla cierto voto popular.
De ahí que las alianzas PAN-DIA estuvieran más en la lógica de la candidatura neopopulista del 2012 que con las elecciones de gobernador. La incorporación del PAN le había dado aire político a un PRD desinflado por la vinculación de López Obrador al PT. Y como se veían las tendencias del voto, el PT podría pronto superar al PRD en votos electorales. Sin el PT ni López Obrador en la alianza, las posibilidades presidenciales de Ebrard también se desinflaron.
El ganador en estas jugadas maquiavélicas de poder ha sido el PAN: logró someter al PRD al reconocimiento de la presidencia constitucional de la república, jalará votos en las alianzas en zonas donde prácticamente no contaba, dividió al frente neopopulista por la virtual ruptura de López Obrador con el DIA, aisló a López Obrador para el 2012 sólo como candidato de sí mismo y del PT y en el 2012 el PRD podría sumarse a una candidatura presidencial del PAN que evidentemente no sería Ebrard. Y con ello, el PAN de Calderón estaría en mejores condiciones y tendría más posibilidades de polarizar la votación en PAN-PRI y entonces tener ventajas que hoy no tiene para ser competitivo.
Con su maniobra para reventar al DIA en su alianza con el PAN, López Obrador se consolidó como la figura dominante --es decir: cacique político al viejo estilo del PRI-- de la coalición neopopulista. El gran derrotado con el retiro del PT de la alianza PAN-DIA fue Manuel Camacho, quien por cierto había comenzado a tejer una alianza secreta con Carlos Salinas de Gortari para impulsar la candidatura de Ebrard a la presidencia de la república. Y el que se queda cada vez más debilitado es el PRD de Jesús Ortega Martínez porque el movimiento estratégico de López Obrador representó el mensaje de que el tabasqueño está prácticamente fuera del PRD y que al final el PRD tendría que sumarse a alianzas con el PT o de plano correr el riesgo de terminar como el viejo PPS --partido comparsa del PRI-- sumándose al partido en el gobierno.
El juego de estrategias entre tres figuras políticas dominantes --Manuel Camacho, López Obrador y César Nava-- ya reacomodó liderazgos: el PAN no ganará gobiernos estatales, López Obrador asumió el control de la corriente neopopulista y Camacho fracasó en su maniobra para empujar la candidatura presidencial de Ebrard.
+ PT y DIA, rebote contra PAN
Carlos Ramírez
Como en política no hay hechos inexplicables, la decisión de Andrés Manuel López Obrador de sacar al PT de las alianzas con el PAN y el PRD en elecciones de gobernador 2010 tuvo un efecto doble contra los verdaderos adversarios del tabasqueño: el presidente Calderón y Marcelo Ebrard.
El PAN había conseguido la alianza con el PRD no tanto por las posibilidades escasas de ganar alguna elección de gobernador sino para finalmente someter al partido y sus seguidores que habían machado tres años con el no reconocimiento al presidente constitucional de la república. Asimismo, con las alianzas, el PAN había roto el Frente AMLO de López Obrador.
El priísta-salinista Manuel Camacho, ahora con el disfraz de arquitecto de una coalición de pequeñas fuerzas autodenominadas de izquierda, le había arrebatado el FAP al tabasqueño, lo había convertido en DIA (Diálogo Nacional), pero al final demostró la imposibilidad genética de la izquierda para dialogar cuando menos consigo misma. A largo plazo, el DIA estaba enfilado a crear la base política para la candidatura presidencial de Marcelo Ebrard, dejando a López Obrador sin organización partidista. Se trató de la misma estrategia que aplicó Camacho en la negociación con el subcomandante marcos y el EZLN para aislarlo de las fuerzas políticas y arrinconarlo en las selvas de Chiapas.
Con la astucia que le queda como sobreviviente político, López Obrador esperó el momento preciso para mover sus piezas. Primero, dejó que el PT se sumara al DIA, luego envió mensajes de que las alianzas eran incongruentes, más tarde quitó al PT del DIA y finalmente dejó a la alianza en cuando menos cinco elecciones de gobernador sin posibilidades de triunfo. De esa manera, López Obrador demostró quién manda en la gelatinosa alianza de grupos neopopulistas y anarquistas autodenominados de izquierda y sobre todo dejó muy en claro que la candidatura de ese espectro político no estará sometida a encuestas sino a manejos reales de bases sociales.
Las posibilidades de Ebrard descansan en el manejo estratégico de Manuel Camacho, quien fue uno de los principales --si no el principal-- operadores de la candidatura presidencial de Carlos Salinas en 1987. Sin embargo, Camacho se sabe mover sólo en los espacios políticos del PRI, el partido en el que realmente se formó. Es decir, Camacho sabe mover muy bien los hilos autoritarios del poder. En confrontaciones fuera del PRI, Camacho ha fracasado de cabo a rabo.
La candidatura presidencial del PRD estará vinculada a una alianza con grupos más o menos afines pero con posibilidades de crear un membrete. Más que la victoria en las elecciones de gobernador, la estrategia de Camacho buscaba más bien apoderarse de la definición estratégica del DIA y desde ahí acunar la candidatura presidencial de Ebrard. Sólo que Ebrard está posicionado en las encuestas pero no en las bases sociales. Y López Obrador controla cierto voto popular.
De ahí que las alianzas PAN-DIA estuvieran más en la lógica de la candidatura neopopulista del 2012 que con las elecciones de gobernador. La incorporación del PAN le había dado aire político a un PRD desinflado por la vinculación de López Obrador al PT. Y como se veían las tendencias del voto, el PT podría pronto superar al PRD en votos electorales. Sin el PT ni López Obrador en la alianza, las posibilidades presidenciales de Ebrard también se desinflaron.
El ganador en estas jugadas maquiavélicas de poder ha sido el PAN: logró someter al PRD al reconocimiento de la presidencia constitucional de la república, jalará votos en las alianzas en zonas donde prácticamente no contaba, dividió al frente neopopulista por la virtual ruptura de López Obrador con el DIA, aisló a López Obrador para el 2012 sólo como candidato de sí mismo y del PT y en el 2012 el PRD podría sumarse a una candidatura presidencial del PAN que evidentemente no sería Ebrard. Y con ello, el PAN de Calderón estaría en mejores condiciones y tendría más posibilidades de polarizar la votación en PAN-PRI y entonces tener ventajas que hoy no tiene para ser competitivo.
Con su maniobra para reventar al DIA en su alianza con el PAN, López Obrador se consolidó como la figura dominante --es decir: cacique político al viejo estilo del PRI-- de la coalición neopopulista. El gran derrotado con el retiro del PT de la alianza PAN-DIA fue Manuel Camacho, quien por cierto había comenzado a tejer una alianza secreta con Carlos Salinas de Gortari para impulsar la candidatura de Ebrard a la presidencia de la república. Y el que se queda cada vez más debilitado es el PRD de Jesús Ortega Martínez porque el movimiento estratégico de López Obrador representó el mensaje de que el tabasqueño está prácticamente fuera del PRD y que al final el PRD tendría que sumarse a alianzas con el PT o de plano correr el riesgo de terminar como el viejo PPS --partido comparsa del PRI-- sumándose al partido en el gobierno.
El juego de estrategias entre tres figuras políticas dominantes --Manuel Camacho, López Obrador y César Nava-- ya reacomodó liderazgos: el PAN no ganará gobiernos estatales, López Obrador asumió el control de la corriente neopopulista y Camacho fracasó en su maniobra para empujar la candidatura presidencial de Ebrard.
martes, 27 de abril de 2010
Indicador Político 27-abril-2010 Martes.
+ Arizona: EU perdió narcoguerra
+ Obama está aislado socialmente
Carlos Ramírez
La aprobación de la Ley Arizona para criminalizar a los indocumentados que cruzan de México es algo más, mucho más, que el sentido conservador contra los inmigrantes: representa el primer grave mensaje desintegrador contra el estilo del presidente Barack Obama.
Asimismo, esa Ley Arizona también tiene un significado de seguridad: los estados de la frontera sur de los EU ya perdieron la batalla contra el narcotráfico. Y el mensaje es más que directo: la batalla está perdida en todo el territorio estadunidense. Las dos últimas evaluaciones de inteligencia de la Casa Blanca muestran mapas que señalan que los cárteles mexicanos del narco ya están dentro de los EU.
Los estados de California, Arizona y Texas han sido los más vulnerables a la ofensiva del narcotráfico mexicano. El contenido más fino de la Ley Arizona no tiene que ver sólo con la criminalización de los indocumentados, sino que lleva implícita la decisión estatal de considerar la vulnerabilidad de la frontera, pues junto con los indocumentados vienen los cargamentos de droga.
Por tanto, la Ley Arizona, si se percibe en su justa dimensión no va directo contra los indocumentados sino contra las organizaciones criminales que controlan igual del tráfico de personas que el de droga y de dinero. De acuerdo con la National Drug Threat Assessment 2010, del Centro Nacional de Inteligencia contra las Drogas del Departamento de Justicia, en Arizona se han asentado bandas del crimen organizado de asiáticos, colombianos, cubanos y mexicanos. Por tanto, la Ley Arizona está más preocupada por el narco que por los indocumentados, aunque éstos son los más vulnerables y serán los más afectados.
El más turbado por la Ley Arizona no debe ser el presidente Calderón, porque al final de cuentas la lógica en las decisiones locales obedece a sentimientos y prácticas históricas. La Ley Arizona toca el nervio más importante del gobierno de Barack Obama: el sentido federal de las decisiones. Y peor aún cuando su secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, fue la anterior gobernadora del estado y ella también firmó leyes antiinmigrantes, entre ellas la que castigaba a empleadores; es decir, Obama tiene una funcionaria racista. La actual mandataria, Jan Brewer, es del Partido Republicano y, en las encuestas, tiene ganada la reelección.
En este contexto, el origen republicano de la Ley Arizona no debe desligarse de la ofensiva conservadora en los Estados Unidos contra el populismo de Obama. Arizona se ha destacado, luego de la salida de la demócrata Napolitano, por reactivar la agenda de la ultraderecha. En el contexto de la Ley Arizona contra inmigrantes, Arizona aprobó una ley para no penalizar la portación de armas sin licencia. Asimismo, los grupos violentos caza-inmigrantes están justamente en Arizona.
La Ley Arizona, asimismo, debe contextualizarse en el compromiso recientemente refrendado del presidente Obama de impulsar una legislación migratoria benéfica para los indocumentados que hoy se encuentran en una situación de ilegalidad y que son perseguidos sobre todo en Arizona y California y algunas ciudades de Texas. Arizona dijo no.
En el contexto político de jaloneos de la política estadunidense, la Ley Arizona se colocó inmediatamente como el contrapunto del compromiso de Obama. Lo grave para la Casa Blanca es que los mecanismos de negociación legislativa de la ley migratoria tienen otros pendientes luego del desgaste en las relaciones que produjo la reforma de salud. Por lo pronto, se encuentra el tema de las reformas bancarias que también comienza a polarizar el ambiente político de toma de decisiones.
Asimismo, la Ley Arizona se va a convertir en un tema sensible de derechos civiles porque la policía podría detener e interrogar sin las reservas de ley a cualquier “sospechoso” de ser indocumentado. Se trataría de una regresión al tema del racismo justo cuando los EU son gobernador por el primer presidente afroamericano. Pero al mismo tiempo llevará a la mesa de debates el retraso del gobierno de Obama en la reconsideración de las leyes patrióticas vigentes del gobierno de Bush, donde se establecen las mismas violaciones a los derechos civiles contra los “sospechosos” de terrorismo.
Y finalmente, la Ley Arizona se ubica con precisión en el contexto de la ofensiva conservadora del movimiento de Tea Party que se consolidó en la lucha contra la reforma de salud de Obama. El movimiento de Tea Party, de acuerdo con la última encuesta, tiene ya la simpatía del 28% de la población estadunidense y ha comenzado a articularse con el Partido Republicano y sobre todo con la pre-precandidatura presidencial de la ex gobernadora de Alaska y ex candidata a la vicepresidencia del republicano John McCain, Sarah Palin. Por cierto, McCain es senador republicano por Arizona y ya apoyó la Ley Arizona contra indocumentados.
Los espacios mexicanos son estrechos, sobre todo por la falta de un lobby en los EU. Pero el gobierno mexicano podría más bien endosarle el conflicto a la Casa Blanca por los compromisos de Obama a favor de una ley migratoria que termine con la criminalización de los indocumentados y facilite la legalización de los ilegales. La represión contra inmigrantes mexicanos será un pasivo de Obama.
+ Obama está aislado socialmente
Carlos Ramírez
La aprobación de la Ley Arizona para criminalizar a los indocumentados que cruzan de México es algo más, mucho más, que el sentido conservador contra los inmigrantes: representa el primer grave mensaje desintegrador contra el estilo del presidente Barack Obama.
Asimismo, esa Ley Arizona también tiene un significado de seguridad: los estados de la frontera sur de los EU ya perdieron la batalla contra el narcotráfico. Y el mensaje es más que directo: la batalla está perdida en todo el territorio estadunidense. Las dos últimas evaluaciones de inteligencia de la Casa Blanca muestran mapas que señalan que los cárteles mexicanos del narco ya están dentro de los EU.
Los estados de California, Arizona y Texas han sido los más vulnerables a la ofensiva del narcotráfico mexicano. El contenido más fino de la Ley Arizona no tiene que ver sólo con la criminalización de los indocumentados, sino que lleva implícita la decisión estatal de considerar la vulnerabilidad de la frontera, pues junto con los indocumentados vienen los cargamentos de droga.
Por tanto, la Ley Arizona, si se percibe en su justa dimensión no va directo contra los indocumentados sino contra las organizaciones criminales que controlan igual del tráfico de personas que el de droga y de dinero. De acuerdo con la National Drug Threat Assessment 2010, del Centro Nacional de Inteligencia contra las Drogas del Departamento de Justicia, en Arizona se han asentado bandas del crimen organizado de asiáticos, colombianos, cubanos y mexicanos. Por tanto, la Ley Arizona está más preocupada por el narco que por los indocumentados, aunque éstos son los más vulnerables y serán los más afectados.
El más turbado por la Ley Arizona no debe ser el presidente Calderón, porque al final de cuentas la lógica en las decisiones locales obedece a sentimientos y prácticas históricas. La Ley Arizona toca el nervio más importante del gobierno de Barack Obama: el sentido federal de las decisiones. Y peor aún cuando su secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, fue la anterior gobernadora del estado y ella también firmó leyes antiinmigrantes, entre ellas la que castigaba a empleadores; es decir, Obama tiene una funcionaria racista. La actual mandataria, Jan Brewer, es del Partido Republicano y, en las encuestas, tiene ganada la reelección.
En este contexto, el origen republicano de la Ley Arizona no debe desligarse de la ofensiva conservadora en los Estados Unidos contra el populismo de Obama. Arizona se ha destacado, luego de la salida de la demócrata Napolitano, por reactivar la agenda de la ultraderecha. En el contexto de la Ley Arizona contra inmigrantes, Arizona aprobó una ley para no penalizar la portación de armas sin licencia. Asimismo, los grupos violentos caza-inmigrantes están justamente en Arizona.
La Ley Arizona, asimismo, debe contextualizarse en el compromiso recientemente refrendado del presidente Obama de impulsar una legislación migratoria benéfica para los indocumentados que hoy se encuentran en una situación de ilegalidad y que son perseguidos sobre todo en Arizona y California y algunas ciudades de Texas. Arizona dijo no.
En el contexto político de jaloneos de la política estadunidense, la Ley Arizona se colocó inmediatamente como el contrapunto del compromiso de Obama. Lo grave para la Casa Blanca es que los mecanismos de negociación legislativa de la ley migratoria tienen otros pendientes luego del desgaste en las relaciones que produjo la reforma de salud. Por lo pronto, se encuentra el tema de las reformas bancarias que también comienza a polarizar el ambiente político de toma de decisiones.
Asimismo, la Ley Arizona se va a convertir en un tema sensible de derechos civiles porque la policía podría detener e interrogar sin las reservas de ley a cualquier “sospechoso” de ser indocumentado. Se trataría de una regresión al tema del racismo justo cuando los EU son gobernador por el primer presidente afroamericano. Pero al mismo tiempo llevará a la mesa de debates el retraso del gobierno de Obama en la reconsideración de las leyes patrióticas vigentes del gobierno de Bush, donde se establecen las mismas violaciones a los derechos civiles contra los “sospechosos” de terrorismo.
Y finalmente, la Ley Arizona se ubica con precisión en el contexto de la ofensiva conservadora del movimiento de Tea Party que se consolidó en la lucha contra la reforma de salud de Obama. El movimiento de Tea Party, de acuerdo con la última encuesta, tiene ya la simpatía del 28% de la población estadunidense y ha comenzado a articularse con el Partido Republicano y sobre todo con la pre-precandidatura presidencial de la ex gobernadora de Alaska y ex candidata a la vicepresidencia del republicano John McCain, Sarah Palin. Por cierto, McCain es senador republicano por Arizona y ya apoyó la Ley Arizona contra indocumentados.
Los espacios mexicanos son estrechos, sobre todo por la falta de un lobby en los EU. Pero el gobierno mexicano podría más bien endosarle el conflicto a la Casa Blanca por los compromisos de Obama a favor de una ley migratoria que termine con la criminalización de los indocumentados y facilite la legalización de los ilegales. La represión contra inmigrantes mexicanos será un pasivo de Obama.
lunes, 26 de abril de 2010
Indicador Político 26-abril-2010. Lunes
+ Corral: ley LEA-Chávez-Castro
+ TV: ¿expropiación legislativa?
Carlos Ramírez
El viejo sueño de Luis Echeverría y del autoritarismo monopólico del Estado de Fidel Castro y Hugo Chávez se ha apoderado del PAN. La iniciativa de ley de medios del diputado panista Javier Corral quiere convertir a la radio y la televisión en una escuelita y transformarla en una magna Hora Nacional y crear un organismo público para intervenir en la línea editorial de los medios electrónicos.
Esa iniciativa podría tratarse de una expropiación light de la televisión y la radio, agenda por cierto que estaba en el último programa de acción del Partido Comunista Mexicano. Lo grave es que la iniciativa Corral no logra, ni con mucho, el acotamiento del oligopolio de la televisión y se queda sólo en un intervencionismo de Estado hasta la cocina de televisoras y radiodifusoras para someterlas al dictado del gobierno. Es decir, va contra la crítica.
El derecho de réplica establecido en la Ley Corral busca acorralar a los críticos por el uso de una palabra de manipulación subjetiva: usar la réplica si una persona se considera “afectada por informaciones (…) agraviantes”. Según el diccionario de la Real Academia, agraviante es la acción que “agravia” y agravia viene de agravio y esta palabra señala una “ofensa que se hace a alguien en su honra o fama”. Pero el periodismo crítico puede tomarse, todo, como agraviante. Por tanto, la ley Corral derivará en una censura nada velada y colocará un corral alrededor de la libertad de expresión.
Corral propone la creación de un Instituto Federal de Telecomunicaciones y de Contenidos Audiovisuales, verdadero Ministerio de la Virtud orwelliano que decidirá, en función de los intereses del gobierno, el funcionamiento de las empresas privadas de radio y televisión.
La iniciativa Corral carece de credibilidad porque busca un afán de venganza contra Televisa por el pleito que perdió --y hubo de rematar su casa para pagar el castigo legal-- cuando se negó a pagar la publicidad contratada hace seis años para su frustrada campaña a gobernador de Chihuahua. Hoy Corral pergeñó una iniciativa de ley mordaza que inventa mecanismos de coerción de la libertad de expresión y de hecho no dicta normas sino límites de contenido a la televisión privada, además de expropiarle espacios para servir --como la ley de medios de la dictadura de Juan Velasco Alvarado, en Perú-- a los “sectores sociales”.
Pero cae en contradicciones flagrantes. La propuesta de artículo 181 se basa en el 7 constitucional, pero luego le da la vuelta a la Constitución para dictar el funcionamiento, contenido y política publicitaria a los medios, además de proponer una televisión moralista con programas para adultos en horas nocturnas. El paternalismo al estilo Echeverría contamina los deseos conservadores y hasta reaccionarios de Corral. Habrá censura panista de películas bajo el criterio implícito de que no son aptas para todo público. El panismo conservador en todo su esplendor.
Asimismo, obligará a la televisión privada a convertirse en una escuelita por la incapacidad y miedo de los legisladores a meter en cintura al SNTE y a su dueña Elba Esther Gordillo, porque éstos causan más daño a la educación que la TV. Por eso la Ley Corral propone una televisión que promueva al niño perfecto, ajeno a la realidad conflictiva del país. Es la TV y la radio como la Hora Nacional, pero las 24 horas.
La iniciativa regresa a los “tiempos del Estado” pero sin reconocer que el Estado posee estaciones de televisión y de radio que no abre a la televisión comercial ni a la crítica. Asimismo, le otorga tiempos privados al poder legislativo y al poder judicial, cuando éstos también cuentan con sus propios canales. El problema es que la televisión pública se ha hecho sinónimo de aburrimiento. Por eso la ley quiere expropiar tiempos privados que tienen mayor audiencia. Corral reconoce que la televisión privada tiene más auditorio.
También la Ley Corral dicta criterios draconianos en la publicidad para ajustarla a los criterios oficiales y limita el tiempo de comerciales, cuando éstos son el ingreso económico del negocio de la televisión. La iniciativa dictamina qué tipos de comerciales pueden transmitirse y cuáles no, sin entender que las empresas comerciales buscan los programas en función del público consumidor. Y de paso, prohíbe la transmisión de bebidas alcohólicas de las 6 de la mañana a las diez de la noche y anuncia que se acabara la publicidad de esos productos en eventos deportivos, lo que de golpe significaría la muerte del deporte profesional.
Y ya encarrerado en su moralismo panista del pasado derechista, el diputado Corral prohíbe las publicidades que “reproduzcan imágenes estereotipadas o presentar mujeres de forma vejatoria”, es decir, tendría que cancelarse toda la publicad de productos femeninos y masculinos porque el conservadurismo quiere regresar a las faldas largas. Y permite la publicidad de tabaco y alcohol pero prohíbe la que “promueva el consumo inmoderado” de esos productos. ¿Quién va a calificar lo que es moderado e inmoderado? El consejo moral del Instituto de Contenidos formado por burócratas.
La Ley Corral se ajusta más a la televisión tipo Chávez o Castro y representa una expropiación silenciosa de la televisión privada.
+ TV: ¿expropiación legislativa?
Carlos Ramírez
El viejo sueño de Luis Echeverría y del autoritarismo monopólico del Estado de Fidel Castro y Hugo Chávez se ha apoderado del PAN. La iniciativa de ley de medios del diputado panista Javier Corral quiere convertir a la radio y la televisión en una escuelita y transformarla en una magna Hora Nacional y crear un organismo público para intervenir en la línea editorial de los medios electrónicos.
Esa iniciativa podría tratarse de una expropiación light de la televisión y la radio, agenda por cierto que estaba en el último programa de acción del Partido Comunista Mexicano. Lo grave es que la iniciativa Corral no logra, ni con mucho, el acotamiento del oligopolio de la televisión y se queda sólo en un intervencionismo de Estado hasta la cocina de televisoras y radiodifusoras para someterlas al dictado del gobierno. Es decir, va contra la crítica.
El derecho de réplica establecido en la Ley Corral busca acorralar a los críticos por el uso de una palabra de manipulación subjetiva: usar la réplica si una persona se considera “afectada por informaciones (…) agraviantes”. Según el diccionario de la Real Academia, agraviante es la acción que “agravia” y agravia viene de agravio y esta palabra señala una “ofensa que se hace a alguien en su honra o fama”. Pero el periodismo crítico puede tomarse, todo, como agraviante. Por tanto, la ley Corral derivará en una censura nada velada y colocará un corral alrededor de la libertad de expresión.
Corral propone la creación de un Instituto Federal de Telecomunicaciones y de Contenidos Audiovisuales, verdadero Ministerio de la Virtud orwelliano que decidirá, en función de los intereses del gobierno, el funcionamiento de las empresas privadas de radio y televisión.
La iniciativa Corral carece de credibilidad porque busca un afán de venganza contra Televisa por el pleito que perdió --y hubo de rematar su casa para pagar el castigo legal-- cuando se negó a pagar la publicidad contratada hace seis años para su frustrada campaña a gobernador de Chihuahua. Hoy Corral pergeñó una iniciativa de ley mordaza que inventa mecanismos de coerción de la libertad de expresión y de hecho no dicta normas sino límites de contenido a la televisión privada, además de expropiarle espacios para servir --como la ley de medios de la dictadura de Juan Velasco Alvarado, en Perú-- a los “sectores sociales”.
Pero cae en contradicciones flagrantes. La propuesta de artículo 181 se basa en el 7 constitucional, pero luego le da la vuelta a la Constitución para dictar el funcionamiento, contenido y política publicitaria a los medios, además de proponer una televisión moralista con programas para adultos en horas nocturnas. El paternalismo al estilo Echeverría contamina los deseos conservadores y hasta reaccionarios de Corral. Habrá censura panista de películas bajo el criterio implícito de que no son aptas para todo público. El panismo conservador en todo su esplendor.
Asimismo, obligará a la televisión privada a convertirse en una escuelita por la incapacidad y miedo de los legisladores a meter en cintura al SNTE y a su dueña Elba Esther Gordillo, porque éstos causan más daño a la educación que la TV. Por eso la Ley Corral propone una televisión que promueva al niño perfecto, ajeno a la realidad conflictiva del país. Es la TV y la radio como la Hora Nacional, pero las 24 horas.
La iniciativa regresa a los “tiempos del Estado” pero sin reconocer que el Estado posee estaciones de televisión y de radio que no abre a la televisión comercial ni a la crítica. Asimismo, le otorga tiempos privados al poder legislativo y al poder judicial, cuando éstos también cuentan con sus propios canales. El problema es que la televisión pública se ha hecho sinónimo de aburrimiento. Por eso la ley quiere expropiar tiempos privados que tienen mayor audiencia. Corral reconoce que la televisión privada tiene más auditorio.
También la Ley Corral dicta criterios draconianos en la publicidad para ajustarla a los criterios oficiales y limita el tiempo de comerciales, cuando éstos son el ingreso económico del negocio de la televisión. La iniciativa dictamina qué tipos de comerciales pueden transmitirse y cuáles no, sin entender que las empresas comerciales buscan los programas en función del público consumidor. Y de paso, prohíbe la transmisión de bebidas alcohólicas de las 6 de la mañana a las diez de la noche y anuncia que se acabara la publicidad de esos productos en eventos deportivos, lo que de golpe significaría la muerte del deporte profesional.
Y ya encarrerado en su moralismo panista del pasado derechista, el diputado Corral prohíbe las publicidades que “reproduzcan imágenes estereotipadas o presentar mujeres de forma vejatoria”, es decir, tendría que cancelarse toda la publicad de productos femeninos y masculinos porque el conservadurismo quiere regresar a las faldas largas. Y permite la publicidad de tabaco y alcohol pero prohíbe la que “promueva el consumo inmoderado” de esos productos. ¿Quién va a calificar lo que es moderado e inmoderado? El consejo moral del Instituto de Contenidos formado por burócratas.
La Ley Corral se ajusta más a la televisión tipo Chávez o Castro y representa una expropiación silenciosa de la televisión privada.
domingo, 25 de abril de 2010
Indicador Político 25-abril-2010 Domingo.
+ México: crisis 1995-2010 (14)
+ García Cantú: los conservadores
Carlos Ramírez
La historia del México independiente ha sido la historia de la lucha entre dos corrientes consolidadas: el conservadurismo contra el liberalismo y el liberalismo contra el conservadurismo. En medio, los periodos de estabilidad han sido logrados por algún acuerdo temporal entre las dos facciones, a veces con algún grupo conciliador o también por la concesión de algunos de los dos en pugna. Y los persistentes conflictos violentos --verdaderas guerras civiles-- fueron producto de la inexistencia de arreglos fundamentales.
No se trató, ni con mucho, de lucha de clases, de clases propietarias contra clases proletarias, como estableciera Karl Marx. Ni menos aún de definidas posiciones de izquierda y derecha. O siquiera de convicciones conservadores o liberales acendradas. El venero ideológico de conservadores y liberales se ha nutrido de fuerzas sociales y políticas consistentes y coherentes a lo largo de la historia, no tanto del marxismo ni de la ideología económica del capitalismo. Se ha tratado de un conflicto de ideas y posicionamientos sobre la realidad inmediata de intereses de grupo que proviene de la falta de una solución pactada de la Independencia y de la ausencia de una verdadera ideología nacional plural y democrática alrededor del movimiento independentista. Hidalgo fue un guerrero y Morelos un combatiente de ideas sociales de justicia. Pero en el fondo, la Independencia fue un movimiento emancipador de la corona española pero sin una propuesta ideológica de ruptura y que se agotó en la mera conquista de la autonomía de gobierno. Y el verdadero lastre de la democracia ha sido original o histórico: el peso de los acontecimientos históricos se ha impuesto por sobre las ideologías y el pensamiento crítico.
A lo largo de dos siglos, el conflicto dialéctico conservadores-liberales ha justificado avances y retrocesos. Sin una solución total a favor de alguna de las dos propuestas, al final el modelo de nación se ha propuesto como una forma pendular de entendimiento: momentos conservadores conducidos por liberales y ciclos liberales impulsados por conservadores. Las temporadas de definiciones específicas han llevado a la exclusión del adversario que siempre derivó en crisis, sobresaltos, asonadas y guerras civiles. En el fondo, las posibilidades de la transición social, política y económica fue producto de acuerdos y entendimientos, además de arreglos cupulares, entre las dos tendencias, pero siempre bajo el entendido de que las dos corrientes deben de sobrevivir para garantizar transformaciones consensuadas.
Si el pensamiento progresista ha tenido más espacio en la historia oficial, el pensamiento conservador ha sido anatematizado de la historia aunque siga prevaleciendo en la realidad. De ahí la importancia del libro El pensamiento de la reacción mexicana. Historia documental 1810-1962, publicada en 1965 por el historiador Gastón García Cantú (1022 páginas, editorial Empresas Editoriales de Martín Luis Guzmán y una edición en dos tomos editada por la UNAM en 1986). Aunque parece escrito como una condena, la recopilación documental logra ofrecer un fresco histórico no sólo de las locuras reaccionarias sino presentar el marco ideológico histórico del pensamiento conservador mexicano.
En la presentación conjunta del pensamiento conservador se entiende el criterio histórico de la tensión dinámica entre las ideas conservadoras y las ideas liberales. Y el espacio terminal donde se expresó la lucha de ideas fue en lo que poco se ha estudiado: el conflicto constitucional. Las fallidas constituciones de 1824 y 1857 no trabajaron los acuerdos de un proyecto liberal pero con espacios a propuestas conservadoras y la de 1917 pudo cuajar una avanzada ideológica al tenor de que los constituyentes formaban parte de los grupos revolucionarios, aunque con la circunstancia agravante de que los años posteriores fueron de ajustes en los alcances progresistas de la Constitución con la tendencia conservadora del ejercicio del poder. Los conservadores combatieron la Constitución en el siglo XX obligando a los liberales a ir matizando las tendencias socializantes. Por ejemplo, la idea socialista del artículo 3º en materia educativa ha derivado en una educación pública laica pero dejando espacios importantes a la educación religiosa. El entendimiento cotidiano ha llevado a la paradoja de que los liberales gobiernan ideológicamente la república pero con espacios dominados por los conservadores.
Ciertamente que conservadores y liberales como corrientes han apostado a la victoria final con la derrota del adversario, pero a pesar de conflictos armados y rebeliones violentas se ha impuesto el entendimiento o la contención mutua: ni los conservadores han aniquilado a los liberales ni los liberales han anulado a los conservadores. Las soluciones encontradas a los conflictos han sido siempre de cesiones de espacios. Históricamente, las derrotas han sido para los extremismos: los sueños monárquicos de los conservadores y las apuestas socialistas de los liberales, cada una simbolizada, por ejemplo, en el fracaso de Iturbide y Lázaro Cárdenas, además de la guerra civil que dio luz a la Reforma y la guerra cristera que fue resuelta por los generales revolucionarios. En medio ha existido siempre un hoyo negro de entendimientos: reconocer los valores esenciales de los otros o cuando menos decidir la no anulación total del contrario. Sólo así pudieron aplacarse los liberales juaristas pero también los revolucionarios anticristeros, por más rabiosos y furibundos que hubieran sido en su momento los pronunciamientos radicales de uno y otro lado.
La dialéctica conservadores-liberales tuvo dos escenarios: el de la confrontación y el de la tensión dinámica. En la primera destacaron las propuestas excluyentes de cada grupo en la contienda, cada una en el extremo:
1.- Iglesia / Estado.
2.- Subordinación / soberanía.
3.- Acumulación / equidad social.
4.- Monarquía / república.
5.- Hegemonía religiosa/ laicismo.
Vistas en su aspecto radical, cada una representó la exclusión de la otra. Sin embargo, en el terreno práctico siempre existió una especie de cámara de compensación. Las experiencias monárquicas y socialistas no lograron afianzarse en los resultados, aunque las primeras fueron más deterministas que la segundas. A lo largo de la historia de dos siglos de México independiente, la dialéctica conservadores/liberales marcó las posibilidades y limitaciones del desarrollo político e ideológico. En cada una de las diez etapas de periodización de los ciclos político hubo la tensión dinámica entre las dos ideologías que han definido el pensamiento político mexicano:
1.- La revolución de Independencia.
2.- La monarquía de Iturbide.
3.- El periodo de los golpes de Estado.
4.- La invasión de los Estados Unidos.
5.- La invasión francesa y la Reforma.
6.- El fin del periodo juarista y la dictadura de Díaz.
7.- La revolución de 1910.
8.- La Constitución de 1917.
9.- El largo reinado del PRI.
10.- La alternancia panista en la presidencia de la república.
A pesar de la confrontación muchas veces violenta entre conservadores y liberales, siempre existió una tendencia casi permanente: los liberales se asentaron en el control del gobierno desde 1810 y los conservadores lucharon contra la estructura de poder. La alternancia partidista en la presidencia de la república en el 2000 no logró cambiar la lógica de la confrontación y las reformas panistas más bien han enfatizado el desmantelamiento de la estructura progresista de los liberales, pero a partir no del viejo orden religioso de mediados del siglo XVIII sino de una ideología conservadora moderna que tiene que ver con el camino marginal de la lucha ideológica y a partir de la certeza de los sectores liberales y progresistas que la tercera vía mexicana --el Estado como el Ogro filantrópico que documentó Octavio Paz a finales de los ochenta-- había llegado a su fin.
De todos modos, el escenario de la confrontación quedará en el siglo XXI sólo en el plano ideológico, de los extremos que no hay que tocar, de los excesos que hay que evitar. La documentación reunida por García Cantú para su libro ofrece, en efecto, el pensamiento político, social y económico de la “reacción” y no estrictamente de los sectores conservadores, aunque éstos hayan abrevado en los veneros de ese pasado radical. Ciertamente que el pensamiento conservador es más amplio, con mayor sinuosidad, sin tantos determinismos y sin la prioridad de la confrontación, inclusive con acercamientos a algunas posiciones liberales (el PAN en los setenta, por ejemplo). Igual que el pensamiento socialista radical. De ahí que la confrontación ideológica no se agote en un solo escenario de guerra o conflicto. Al final, los pensamientos conservador y socialista no radical han logrado espacios de acuerdo para alejar al país del abismo de las guerras civiles y para acercarlo más a ciertos caminos más inclinados a las decisiones de transitar hacia decisiones con arreglos políticos e ideológicos.
Hay cuando menos dos momentos cruciales de la confrontación conservadores-liberales: la guerra civil del siglo XIX y la rebelión religiosa contra la Constitución de 1917 en los años veinte del siglo XX. Ahí se percibe que el trasfondo de las ideas conservadoras-liberales se reduce a las dos concepciones últimas del mundo: la religión y el Estado. El alzamiento religioso en el siglo XIX estuvo impulsado por las leyes de Reforma y la guerra cristera como culminación de la confrontación de la iglesia con el Estado en 1928 también fue dinamizado por la imposición de una visión del mundo. El resultado final fue el de la victoria del Estado pero sin el avasallamiento de la religión. La guerra civil del siglo XIX fue determinada por el error histórico de los conservadores de traer a México a un Príncipe extranjero porque los mexicanos no se podían gobernar por sí mismo --como se los recordó, no sin amargura, en 1847 Mariano Otero en un ensayo descarnado que hacía parecer a los mexicanos “como un pueblo afeminado”-- y la del siglo XX simplemente por la decisión de la jerarquía católica de negarse a aceptar la ley de los hombres y no la ley de Dios.
Esos dos episodios terminaron con la derrota militar de los conservadores pero no con sus fuerzas sociales ni con sus ideas, aunque con bastantes concesiones liberales. Los conservadores no sólo consiguieron sobrevivir sino que tuvieron un espacio de movilidad aceptado por los liberales victoriosos. La sabiduría política de los líderes liberales supo reencauzar la presencia del pensamiento conservador, al tiempo que los mismos liberales evitaron la radicalización: Juárez en realidad no fue antirreligioso sino que combatió los fueros religiosos y la acumulación inactiva de riquezas y la Revolución Mexicana entendió la religiosidad del pueblo y por ello ganó la batalla de las armas pero le encontró espacios de legitimación de la iglesia.
En el libro de García Cantú se percibe el radicalismo del pensamiento de la reacción y no sólo los espacios de pensamiento del conservadurismo. Pero al final fue el conservadurismo el que legitimó los avances sociales y políticos del liberalismo. El caso más concreto lo representó el Partido Acción Nacional, que nació de las cenizas del Partido Católico y de los conservadores radicales del siglo XIX pero pudo articular un pensamiento más abierto, menos dogmático y sobre todo sin extremismos, consiguiendo convertirse más bien en un factor de equilibrio ideológico al radicalismo socialista de los revolucionarios del periodo 1924-1940.
Resulta paradójico que la victoria conceptual de los conservadores en el siglo XX haya sido conseguida no por sus fuerzas políticas correlativas sino por los mismos liberales. El presidente Carlos Salinas de Gortari --el verdadero último presidente de la Revolución Mexicana surgido del PRI porque Zedillo fue la transición hacia la alternancia-- cerró el ciclo ideológico de la Revolución Mexicana en 1991 y en tres años modificó la Constitución en los puntos que fueron siempre combatidos por los conservadores: Estado, educación, propiedad de la tierra, reconocimiento jurídico de la iglesia católica --y de paso de otras iglesias-- y nacionalismo, y lo paradójico fue que lo hizo en nombre de la ideología oficial de ese sexenio: el liberalismo social priísta, que a su vez se nutrió del liberalismo de Juárez del siglo XIX.
La explicación a esta victoria conceptual, ideológica y de proyecto la dio en 1964 García Cantú en su libro: los avances conservadores se han dado desde al poder y sobre todo aprovechando la debilidad de los liberales, y puso los casos del avance conservador en 1857 y en 1913, “en el momento en el que el poder constitucional se entregó a quienes propalaban temor al pueblo, en el punto en que las leyes se tenían por pretextos subversivos”. En efecto, desde el poder liberal se asumieron decisiones que respondían al plan de vuelo conservador. La guerra de Reforma se dio por cerrada con la muerte de Juárez y el conflicto constitucional del siglo XX terminó en 1993 con la reforma al artículo 130 para reconocer los derechos jurídicos de la iglesia católica que luego sirvieron para ampliar su presencia en la vida nacional.
Si bien la dialéctica conservadores-liberales condujo al país a periodos de inestabilidad y de violencia y de ruptura institucional, también sirvió para encontrar cuando menos los límites que no habrían de tocarse: el regreso al Estado religioso, la negativa a otro Príncipe extranjero y la decisión de no instalar un Estado comunista. El país pudo transitar así por periodos de estabilidad que facilitaron el desarrollo. Las dos victorias liberales tuvieron la sensatez para otorgarles espacios a los conservadores, aunque sin entregarles el ejercicio directo del poder.
Ahí pudieras identificarse el acuerdo histórico --no como tal pero sí viable para el análisis-- entre conservadores y liberales. En otras naciones las luchas religiosas han derivado en guerras civiles interminables, en exterminio del adversario y en una fractura social. Los liberales derrotaron a los conservadores pero no les cerraron las puertas y los conservadores no condenaron a los liberales a los fuegos del infierno. Hubo, pues, lo que bien pudo haber sido considerado una especie de “compromiso histórico” similar al de Italia en los setenta del siglo XX entre el Partido Comunista y la Democracia Cristiana: asumir la urgencia de una gobernabilidad vía acuerdos para transitar al país hacia una situación de madurez en donde el conflicto ideológico entre adversarios no derivara en un problema de entendimiento básico. Paradójicamente en Italia el asesinato del líder democristiano Aldo Moro truncó los acuerdos y en México el asesinato del líder revolucionario Alvaro Obregón aceleró la búsqueda de acuerdos y entendimientos.
El libro de García Cantú transita por las diferentes posiciones radicales de la reacción: la religiosa, la de defensa de los fueros, la de la subordinación del poder político, la de la complicidad con la dictadura y la de la oposición a la Constitución. El vicio original de la reacción fue su papel fundamental como poder superior en los tiempos de México como parte de la colonia española, sobre todo por la subordinación de la Corona al poder terrenal de la iglesia católica. Por eso fue un choque no sólo político sino de legitimidad el hecho de que la Independencia hubiera sido impulsada por dos sacerdotes: Hidalgo y Morelos y el estandarte de la Virgen de Guadalupe como bandera revolucionaria. Este hecho de simbolismo histórico fue aprovechado por los liberales para disminuir el efecto sicológico del papel dominante de la religión sobre el inconciente colectivo.
A lo largo de doscientos años de vida independiente, el conflicto histórico conservadores y liberales se ha resuelto a favor de los segundos pero sin anular a los primeros. Peor aún: históricamente los conservadores han salido ganando. Los conservadores perdieron legitimidad social al defender la Corona española, los fueros y privilegios, aliarse a los franceses, justificar la invasión estadunidense y más tarde convertirse en factor interno del expansionismo norteamericano. La dependencia de los conservadores del papel dominante de la iglesia católica y el hecho de que la iglesia católica sea un reino extranjero han impedido una masificación del pensamiento reaccionario. El error histórico de los conservadores fue la restauración del viejo orden monárquico religioso, como se revela en la documentación reunida por García Cantú. Pero el error histórico de los liberales sea depender demasiado del conflicto de la Reforma y de haber arriado demasiado pronto las banderas sociales de la Revolución Mexicana en aras de un entendimiento plural.
Pero aún en esos espacios extremos, el país pudo encontrar carriles de entendimiento para transitar, de una manera u otra, hacia modelos de modernización política y económica que no dependieron de los posicionamientos doctrinarios de conservadores y liberales. El conservadurismo priísta pudo en los noventa impulsar la globalización de la economía mexicana en nombre del liberalismo. Y el conservadurismo panista tiene dificultades para consolidarse como opción madura de poder por depender demasiado del orden liberal y por revivir sin escenarios sociales correspondientes los valores religiosos.
De todos modos, el conflicto dialéctico conservadores-liberales seguirá siendo el motor del desenvolvimiento histórico, pero en el entendido de que prevalecerán los valores históricos fundamentales pero sin condiciones viables para regresar al modelo español monárquico-religioso ni profundizar el esquema socialista del Estado dominante. México parece, en consecuencia, condenado a prevalecer en el contexto histórico de la tensión dinámica conservadores-liberales. Los excesos del péndulo hacia alguno de los dos lados han llevado al país a asonadas, guerras civiles minúsculas y momentos de violencia irracional. Al final, el pensamiento reaccionario es igual de fundamentalista que el socialismo mexicano o el populismo-neopopulismo.
García Cantú llegó a contar la preparación de un tomo sobre el pensamiento revolucionario mexicano pero ya no pudo darle forma documental. Ocurre que el pensamiento revolucionario es tan diverso como plagado de demagogia. Eso sí, García Cantú exploró la indagación histórica del socialismo en México desde el siglo XIX a partir de la lectura profunda aquí de El Manifiesto Comunista de Marx y la creación de círculos obreros impregnados de marxismo. El pensamiento revolucionario dominante fue el que se derivó de los movimientos liberales --básicamente Juárez y la Revolución Mexicana-- pero dependió demasiado de la historia oficial. La izquierda mexicana se dividió sólo en dos grupos: la marxista y la oficial; la primera también crítica contra los liberales y la segunda sometiendo su pensamiento socialista a la hegemonía de la historia oficial.
El problema ideológico de México ha sido el dominio impuesto por la dialéctica conservadores-liberales. Inclusive, las propuestas de un modelo democrático no han podido imponerse como la tercera vía. De ahí que el pensamiento transicionista también haya sido víctima de la polarización histórica; peor aún, el pensamiento por la transición ha tenido que sacrificarse en aras de contener a algunos de los excesos de las corrientes dominantes: la democracia se ha sacrificado en aras del autoritarismo que impida el regreso del pensamiento monárquico religioso y también para evitar la consolidación del socialismo. Así, casi de manera automática, en México ha surgido una especie de tercera posición ideológica que ha logrado avanzar en tanto que los excesos del conflicto conservadores-liberales no sea el dominante.
El esfuerzo de García Cantú para aglutinar los documentos básicos del pensamiento reaccionario y conservador de México y por mantener una revisión casi permanente sobre el pensamiento liberal-progresista-socialista fue una de las grandes aportaciones al debate ideológico y al estudio del pensamiento político mexicano. Esa aportación dejó en claro que el origen del conflicto político mexicano radica en la tensión dinámica conservadores-liberales y que ahí también se han tenido que sacrificar las posibilidades de la democracia. El error inducido por el choque histórico conservadores-liberales radicó en imponer la idea de que el modelo de democracia depende no de la dinámica política sino que se subordina al diferendo conservadores-liberales.
Y como México no va a resolver --nunca-- el problema ideológico entre estas dos corrientes históricas, entonces las posibilidades de una democracia donde tengan juego político las dos ideas básicas de la historia serán limitadas. Y la peor parte se la va a llevar el pensamiento político porque no ha podido --y por tanto no podrá-- quitarse el yugo del conflicto histórico conservadores-liberales. Desde la segunda mitad del siglo XX, por ejemplo, el pensamiento político ha sido derrotado por la doctrina oficial de apoyar al liberalismo para contener al conservadurismo. El temor al regreso al poder del conservadurismo del siglo XIX y los miedos a la radicalización socialista de periodo de los años veinte-treinta-cuarenta mantendrá acotado al pensamiento político durante varios decenios más.
+ García Cantú: los conservadores
Carlos Ramírez
La historia del México independiente ha sido la historia de la lucha entre dos corrientes consolidadas: el conservadurismo contra el liberalismo y el liberalismo contra el conservadurismo. En medio, los periodos de estabilidad han sido logrados por algún acuerdo temporal entre las dos facciones, a veces con algún grupo conciliador o también por la concesión de algunos de los dos en pugna. Y los persistentes conflictos violentos --verdaderas guerras civiles-- fueron producto de la inexistencia de arreglos fundamentales.
No se trató, ni con mucho, de lucha de clases, de clases propietarias contra clases proletarias, como estableciera Karl Marx. Ni menos aún de definidas posiciones de izquierda y derecha. O siquiera de convicciones conservadores o liberales acendradas. El venero ideológico de conservadores y liberales se ha nutrido de fuerzas sociales y políticas consistentes y coherentes a lo largo de la historia, no tanto del marxismo ni de la ideología económica del capitalismo. Se ha tratado de un conflicto de ideas y posicionamientos sobre la realidad inmediata de intereses de grupo que proviene de la falta de una solución pactada de la Independencia y de la ausencia de una verdadera ideología nacional plural y democrática alrededor del movimiento independentista. Hidalgo fue un guerrero y Morelos un combatiente de ideas sociales de justicia. Pero en el fondo, la Independencia fue un movimiento emancipador de la corona española pero sin una propuesta ideológica de ruptura y que se agotó en la mera conquista de la autonomía de gobierno. Y el verdadero lastre de la democracia ha sido original o histórico: el peso de los acontecimientos históricos se ha impuesto por sobre las ideologías y el pensamiento crítico.
A lo largo de dos siglos, el conflicto dialéctico conservadores-liberales ha justificado avances y retrocesos. Sin una solución total a favor de alguna de las dos propuestas, al final el modelo de nación se ha propuesto como una forma pendular de entendimiento: momentos conservadores conducidos por liberales y ciclos liberales impulsados por conservadores. Las temporadas de definiciones específicas han llevado a la exclusión del adversario que siempre derivó en crisis, sobresaltos, asonadas y guerras civiles. En el fondo, las posibilidades de la transición social, política y económica fue producto de acuerdos y entendimientos, además de arreglos cupulares, entre las dos tendencias, pero siempre bajo el entendido de que las dos corrientes deben de sobrevivir para garantizar transformaciones consensuadas.
Si el pensamiento progresista ha tenido más espacio en la historia oficial, el pensamiento conservador ha sido anatematizado de la historia aunque siga prevaleciendo en la realidad. De ahí la importancia del libro El pensamiento de la reacción mexicana. Historia documental 1810-1962, publicada en 1965 por el historiador Gastón García Cantú (1022 páginas, editorial Empresas Editoriales de Martín Luis Guzmán y una edición en dos tomos editada por la UNAM en 1986). Aunque parece escrito como una condena, la recopilación documental logra ofrecer un fresco histórico no sólo de las locuras reaccionarias sino presentar el marco ideológico histórico del pensamiento conservador mexicano.
En la presentación conjunta del pensamiento conservador se entiende el criterio histórico de la tensión dinámica entre las ideas conservadoras y las ideas liberales. Y el espacio terminal donde se expresó la lucha de ideas fue en lo que poco se ha estudiado: el conflicto constitucional. Las fallidas constituciones de 1824 y 1857 no trabajaron los acuerdos de un proyecto liberal pero con espacios a propuestas conservadoras y la de 1917 pudo cuajar una avanzada ideológica al tenor de que los constituyentes formaban parte de los grupos revolucionarios, aunque con la circunstancia agravante de que los años posteriores fueron de ajustes en los alcances progresistas de la Constitución con la tendencia conservadora del ejercicio del poder. Los conservadores combatieron la Constitución en el siglo XX obligando a los liberales a ir matizando las tendencias socializantes. Por ejemplo, la idea socialista del artículo 3º en materia educativa ha derivado en una educación pública laica pero dejando espacios importantes a la educación religiosa. El entendimiento cotidiano ha llevado a la paradoja de que los liberales gobiernan ideológicamente la república pero con espacios dominados por los conservadores.
Ciertamente que conservadores y liberales como corrientes han apostado a la victoria final con la derrota del adversario, pero a pesar de conflictos armados y rebeliones violentas se ha impuesto el entendimiento o la contención mutua: ni los conservadores han aniquilado a los liberales ni los liberales han anulado a los conservadores. Las soluciones encontradas a los conflictos han sido siempre de cesiones de espacios. Históricamente, las derrotas han sido para los extremismos: los sueños monárquicos de los conservadores y las apuestas socialistas de los liberales, cada una simbolizada, por ejemplo, en el fracaso de Iturbide y Lázaro Cárdenas, además de la guerra civil que dio luz a la Reforma y la guerra cristera que fue resuelta por los generales revolucionarios. En medio ha existido siempre un hoyo negro de entendimientos: reconocer los valores esenciales de los otros o cuando menos decidir la no anulación total del contrario. Sólo así pudieron aplacarse los liberales juaristas pero también los revolucionarios anticristeros, por más rabiosos y furibundos que hubieran sido en su momento los pronunciamientos radicales de uno y otro lado.
La dialéctica conservadores-liberales tuvo dos escenarios: el de la confrontación y el de la tensión dinámica. En la primera destacaron las propuestas excluyentes de cada grupo en la contienda, cada una en el extremo:
1.- Iglesia / Estado.
2.- Subordinación / soberanía.
3.- Acumulación / equidad social.
4.- Monarquía / república.
5.- Hegemonía religiosa/ laicismo.
Vistas en su aspecto radical, cada una representó la exclusión de la otra. Sin embargo, en el terreno práctico siempre existió una especie de cámara de compensación. Las experiencias monárquicas y socialistas no lograron afianzarse en los resultados, aunque las primeras fueron más deterministas que la segundas. A lo largo de la historia de dos siglos de México independiente, la dialéctica conservadores/liberales marcó las posibilidades y limitaciones del desarrollo político e ideológico. En cada una de las diez etapas de periodización de los ciclos político hubo la tensión dinámica entre las dos ideologías que han definido el pensamiento político mexicano:
1.- La revolución de Independencia.
2.- La monarquía de Iturbide.
3.- El periodo de los golpes de Estado.
4.- La invasión de los Estados Unidos.
5.- La invasión francesa y la Reforma.
6.- El fin del periodo juarista y la dictadura de Díaz.
7.- La revolución de 1910.
8.- La Constitución de 1917.
9.- El largo reinado del PRI.
10.- La alternancia panista en la presidencia de la república.
A pesar de la confrontación muchas veces violenta entre conservadores y liberales, siempre existió una tendencia casi permanente: los liberales se asentaron en el control del gobierno desde 1810 y los conservadores lucharon contra la estructura de poder. La alternancia partidista en la presidencia de la república en el 2000 no logró cambiar la lógica de la confrontación y las reformas panistas más bien han enfatizado el desmantelamiento de la estructura progresista de los liberales, pero a partir no del viejo orden religioso de mediados del siglo XVIII sino de una ideología conservadora moderna que tiene que ver con el camino marginal de la lucha ideológica y a partir de la certeza de los sectores liberales y progresistas que la tercera vía mexicana --el Estado como el Ogro filantrópico que documentó Octavio Paz a finales de los ochenta-- había llegado a su fin.
De todos modos, el escenario de la confrontación quedará en el siglo XXI sólo en el plano ideológico, de los extremos que no hay que tocar, de los excesos que hay que evitar. La documentación reunida por García Cantú para su libro ofrece, en efecto, el pensamiento político, social y económico de la “reacción” y no estrictamente de los sectores conservadores, aunque éstos hayan abrevado en los veneros de ese pasado radical. Ciertamente que el pensamiento conservador es más amplio, con mayor sinuosidad, sin tantos determinismos y sin la prioridad de la confrontación, inclusive con acercamientos a algunas posiciones liberales (el PAN en los setenta, por ejemplo). Igual que el pensamiento socialista radical. De ahí que la confrontación ideológica no se agote en un solo escenario de guerra o conflicto. Al final, los pensamientos conservador y socialista no radical han logrado espacios de acuerdo para alejar al país del abismo de las guerras civiles y para acercarlo más a ciertos caminos más inclinados a las decisiones de transitar hacia decisiones con arreglos políticos e ideológicos.
Hay cuando menos dos momentos cruciales de la confrontación conservadores-liberales: la guerra civil del siglo XIX y la rebelión religiosa contra la Constitución de 1917 en los años veinte del siglo XX. Ahí se percibe que el trasfondo de las ideas conservadoras-liberales se reduce a las dos concepciones últimas del mundo: la religión y el Estado. El alzamiento religioso en el siglo XIX estuvo impulsado por las leyes de Reforma y la guerra cristera como culminación de la confrontación de la iglesia con el Estado en 1928 también fue dinamizado por la imposición de una visión del mundo. El resultado final fue el de la victoria del Estado pero sin el avasallamiento de la religión. La guerra civil del siglo XIX fue determinada por el error histórico de los conservadores de traer a México a un Príncipe extranjero porque los mexicanos no se podían gobernar por sí mismo --como se los recordó, no sin amargura, en 1847 Mariano Otero en un ensayo descarnado que hacía parecer a los mexicanos “como un pueblo afeminado”-- y la del siglo XX simplemente por la decisión de la jerarquía católica de negarse a aceptar la ley de los hombres y no la ley de Dios.
Esos dos episodios terminaron con la derrota militar de los conservadores pero no con sus fuerzas sociales ni con sus ideas, aunque con bastantes concesiones liberales. Los conservadores no sólo consiguieron sobrevivir sino que tuvieron un espacio de movilidad aceptado por los liberales victoriosos. La sabiduría política de los líderes liberales supo reencauzar la presencia del pensamiento conservador, al tiempo que los mismos liberales evitaron la radicalización: Juárez en realidad no fue antirreligioso sino que combatió los fueros religiosos y la acumulación inactiva de riquezas y la Revolución Mexicana entendió la religiosidad del pueblo y por ello ganó la batalla de las armas pero le encontró espacios de legitimación de la iglesia.
En el libro de García Cantú se percibe el radicalismo del pensamiento de la reacción y no sólo los espacios de pensamiento del conservadurismo. Pero al final fue el conservadurismo el que legitimó los avances sociales y políticos del liberalismo. El caso más concreto lo representó el Partido Acción Nacional, que nació de las cenizas del Partido Católico y de los conservadores radicales del siglo XIX pero pudo articular un pensamiento más abierto, menos dogmático y sobre todo sin extremismos, consiguiendo convertirse más bien en un factor de equilibrio ideológico al radicalismo socialista de los revolucionarios del periodo 1924-1940.
Resulta paradójico que la victoria conceptual de los conservadores en el siglo XX haya sido conseguida no por sus fuerzas políticas correlativas sino por los mismos liberales. El presidente Carlos Salinas de Gortari --el verdadero último presidente de la Revolución Mexicana surgido del PRI porque Zedillo fue la transición hacia la alternancia-- cerró el ciclo ideológico de la Revolución Mexicana en 1991 y en tres años modificó la Constitución en los puntos que fueron siempre combatidos por los conservadores: Estado, educación, propiedad de la tierra, reconocimiento jurídico de la iglesia católica --y de paso de otras iglesias-- y nacionalismo, y lo paradójico fue que lo hizo en nombre de la ideología oficial de ese sexenio: el liberalismo social priísta, que a su vez se nutrió del liberalismo de Juárez del siglo XIX.
La explicación a esta victoria conceptual, ideológica y de proyecto la dio en 1964 García Cantú en su libro: los avances conservadores se han dado desde al poder y sobre todo aprovechando la debilidad de los liberales, y puso los casos del avance conservador en 1857 y en 1913, “en el momento en el que el poder constitucional se entregó a quienes propalaban temor al pueblo, en el punto en que las leyes se tenían por pretextos subversivos”. En efecto, desde el poder liberal se asumieron decisiones que respondían al plan de vuelo conservador. La guerra de Reforma se dio por cerrada con la muerte de Juárez y el conflicto constitucional del siglo XX terminó en 1993 con la reforma al artículo 130 para reconocer los derechos jurídicos de la iglesia católica que luego sirvieron para ampliar su presencia en la vida nacional.
Si bien la dialéctica conservadores-liberales condujo al país a periodos de inestabilidad y de violencia y de ruptura institucional, también sirvió para encontrar cuando menos los límites que no habrían de tocarse: el regreso al Estado religioso, la negativa a otro Príncipe extranjero y la decisión de no instalar un Estado comunista. El país pudo transitar así por periodos de estabilidad que facilitaron el desarrollo. Las dos victorias liberales tuvieron la sensatez para otorgarles espacios a los conservadores, aunque sin entregarles el ejercicio directo del poder.
Ahí pudieras identificarse el acuerdo histórico --no como tal pero sí viable para el análisis-- entre conservadores y liberales. En otras naciones las luchas religiosas han derivado en guerras civiles interminables, en exterminio del adversario y en una fractura social. Los liberales derrotaron a los conservadores pero no les cerraron las puertas y los conservadores no condenaron a los liberales a los fuegos del infierno. Hubo, pues, lo que bien pudo haber sido considerado una especie de “compromiso histórico” similar al de Italia en los setenta del siglo XX entre el Partido Comunista y la Democracia Cristiana: asumir la urgencia de una gobernabilidad vía acuerdos para transitar al país hacia una situación de madurez en donde el conflicto ideológico entre adversarios no derivara en un problema de entendimiento básico. Paradójicamente en Italia el asesinato del líder democristiano Aldo Moro truncó los acuerdos y en México el asesinato del líder revolucionario Alvaro Obregón aceleró la búsqueda de acuerdos y entendimientos.
El libro de García Cantú transita por las diferentes posiciones radicales de la reacción: la religiosa, la de defensa de los fueros, la de la subordinación del poder político, la de la complicidad con la dictadura y la de la oposición a la Constitución. El vicio original de la reacción fue su papel fundamental como poder superior en los tiempos de México como parte de la colonia española, sobre todo por la subordinación de la Corona al poder terrenal de la iglesia católica. Por eso fue un choque no sólo político sino de legitimidad el hecho de que la Independencia hubiera sido impulsada por dos sacerdotes: Hidalgo y Morelos y el estandarte de la Virgen de Guadalupe como bandera revolucionaria. Este hecho de simbolismo histórico fue aprovechado por los liberales para disminuir el efecto sicológico del papel dominante de la religión sobre el inconciente colectivo.
A lo largo de doscientos años de vida independiente, el conflicto histórico conservadores y liberales se ha resuelto a favor de los segundos pero sin anular a los primeros. Peor aún: históricamente los conservadores han salido ganando. Los conservadores perdieron legitimidad social al defender la Corona española, los fueros y privilegios, aliarse a los franceses, justificar la invasión estadunidense y más tarde convertirse en factor interno del expansionismo norteamericano. La dependencia de los conservadores del papel dominante de la iglesia católica y el hecho de que la iglesia católica sea un reino extranjero han impedido una masificación del pensamiento reaccionario. El error histórico de los conservadores fue la restauración del viejo orden monárquico religioso, como se revela en la documentación reunida por García Cantú. Pero el error histórico de los liberales sea depender demasiado del conflicto de la Reforma y de haber arriado demasiado pronto las banderas sociales de la Revolución Mexicana en aras de un entendimiento plural.
Pero aún en esos espacios extremos, el país pudo encontrar carriles de entendimiento para transitar, de una manera u otra, hacia modelos de modernización política y económica que no dependieron de los posicionamientos doctrinarios de conservadores y liberales. El conservadurismo priísta pudo en los noventa impulsar la globalización de la economía mexicana en nombre del liberalismo. Y el conservadurismo panista tiene dificultades para consolidarse como opción madura de poder por depender demasiado del orden liberal y por revivir sin escenarios sociales correspondientes los valores religiosos.
De todos modos, el conflicto dialéctico conservadores-liberales seguirá siendo el motor del desenvolvimiento histórico, pero en el entendido de que prevalecerán los valores históricos fundamentales pero sin condiciones viables para regresar al modelo español monárquico-religioso ni profundizar el esquema socialista del Estado dominante. México parece, en consecuencia, condenado a prevalecer en el contexto histórico de la tensión dinámica conservadores-liberales. Los excesos del péndulo hacia alguno de los dos lados han llevado al país a asonadas, guerras civiles minúsculas y momentos de violencia irracional. Al final, el pensamiento reaccionario es igual de fundamentalista que el socialismo mexicano o el populismo-neopopulismo.
García Cantú llegó a contar la preparación de un tomo sobre el pensamiento revolucionario mexicano pero ya no pudo darle forma documental. Ocurre que el pensamiento revolucionario es tan diverso como plagado de demagogia. Eso sí, García Cantú exploró la indagación histórica del socialismo en México desde el siglo XIX a partir de la lectura profunda aquí de El Manifiesto Comunista de Marx y la creación de círculos obreros impregnados de marxismo. El pensamiento revolucionario dominante fue el que se derivó de los movimientos liberales --básicamente Juárez y la Revolución Mexicana-- pero dependió demasiado de la historia oficial. La izquierda mexicana se dividió sólo en dos grupos: la marxista y la oficial; la primera también crítica contra los liberales y la segunda sometiendo su pensamiento socialista a la hegemonía de la historia oficial.
El problema ideológico de México ha sido el dominio impuesto por la dialéctica conservadores-liberales. Inclusive, las propuestas de un modelo democrático no han podido imponerse como la tercera vía. De ahí que el pensamiento transicionista también haya sido víctima de la polarización histórica; peor aún, el pensamiento por la transición ha tenido que sacrificarse en aras de contener a algunos de los excesos de las corrientes dominantes: la democracia se ha sacrificado en aras del autoritarismo que impida el regreso del pensamiento monárquico religioso y también para evitar la consolidación del socialismo. Así, casi de manera automática, en México ha surgido una especie de tercera posición ideológica que ha logrado avanzar en tanto que los excesos del conflicto conservadores-liberales no sea el dominante.
El esfuerzo de García Cantú para aglutinar los documentos básicos del pensamiento reaccionario y conservador de México y por mantener una revisión casi permanente sobre el pensamiento liberal-progresista-socialista fue una de las grandes aportaciones al debate ideológico y al estudio del pensamiento político mexicano. Esa aportación dejó en claro que el origen del conflicto político mexicano radica en la tensión dinámica conservadores-liberales y que ahí también se han tenido que sacrificar las posibilidades de la democracia. El error inducido por el choque histórico conservadores-liberales radicó en imponer la idea de que el modelo de democracia depende no de la dinámica política sino que se subordina al diferendo conservadores-liberales.
Y como México no va a resolver --nunca-- el problema ideológico entre estas dos corrientes históricas, entonces las posibilidades de una democracia donde tengan juego político las dos ideas básicas de la historia serán limitadas. Y la peor parte se la va a llevar el pensamiento político porque no ha podido --y por tanto no podrá-- quitarse el yugo del conflicto histórico conservadores-liberales. Desde la segunda mitad del siglo XX, por ejemplo, el pensamiento político ha sido derrotado por la doctrina oficial de apoyar al liberalismo para contener al conservadurismo. El temor al regreso al poder del conservadurismo del siglo XIX y los miedos a la radicalización socialista de periodo de los años veinte-treinta-cuarenta mantendrá acotado al pensamiento político durante varios decenios más.
viernes, 23 de abril de 2010
Indicador Político 23-abril-2010 Viernes.
+ Outsourcing, negocio político
+ Cae empresa de Mendiguchía
Carlos Ramírez
Aunque por sí misma fue una noticia espectacular el operativo policiaco contra la empresa de outsourcing Alvarez Puga y asociados, al final resultó más importante el hecho político de que esa empresa de contratación paralela de trabajadores está vinculada directamente con los priístas chiapanecos José Antonio Aguilar Bodegas y el ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía.
El operativo del Sistema de Administración Tributaria, el Seguro Social y la Procuraduría General de la República tuvo la intención de comenzar a combatir con la ley presuntos casos de evasión fiscal y laboral. Sin embargo, el fondo del asunto tiene que ver también con el hecho de que muchos priístas --apoyados uno que otro ex gobernador-- se han dedicado al negocio de las outsourcing para cubrir dinero no declarado y para dar empleo a otros políticos.
Fuentes cercanas al SAT han dejado entrever que la próxima semana continuarán los operativos y que ya estaría integrado el expediente de una empresa contable con sede en Oaxaca y ligada a un ex gobernador que sigue en la política. El caso de Alvarez Puga y Asociados esconde pistas de políticos: Aguilar Bodegas, director de Alvarez Puga y asociados, fue candidato del PRI-PVEM a la gubernatura de Chiapas en el 2006 y Salazar Mendiguchía fue gobernador de Chiapas por la alianza PAN-PRD 2000-2006.
Salazar Mendiguchía ha sentido ya los pasos de la justicia local por irregularidades en su gestión, por una política represiva contra los indígenas y sobre todo por haber reprimido con violencia la libertad de expresión. Varios funcionarios del gobierno de Salazar Mendiguchía están encarcelados y otros andan prófugos de la justicia.
El director general de Alvarez Puga y Asociados es Aguilar Bodegas, quien ha sido presidente municipal de Tapachula, senador y diputado federal priísta. Al perder las elecciones a gobernador por poco más de medio punto porcentual en el 2006, se dedicó a los negocios. Su carrera profesional es precisamente de licenciado en relaciones industriales. La empresa Alvarez Puga se dedica a contratación paralela de personal, pero con indicios de operaciones más bien de defraudación fiscal y laboral. En el expediente del SAT han aparecido altos personajes de la política que utilizaban el outsourcing para evadir impuestos y sobre todo para ocultar dinero político.
Salazar Mendiguchía terminó mal su gobierno por el ánimo represivo contra la prensa. Encarceló a directores de medios, pero no por fallar en la información sino porque quiso apropiarse de sus periódicos. El problema con el diario Cuarto Poder radicó por la revelación exclusiva del diario de que Salazar Mendiguchía no se había titulado profesionalmente, aunque luego apareció con un título poblano al vapor. Asimismo, Salazar Mendiguchía persiguió al director de El Orbe de Tapachula por las denuncias sobre fraudes con los recursos por el huracán Stan.
Aguilar Bodegas y Salazar Mendiguchía estaban operando políticamente en Chiapas con miras a generar inestabilidad y articulaban maniobras de desestabilización política en el estado, quien le había ganado las elecciones a Aguilar Bodegas. Actualmente, el procurador y fiscal del gobierno estatal chiapaneco de Salazar Mendiguchía, Mariano Herrán Salvatti, se encuentra preso por diferentes delitos probados, muchos de los cuales tenían ramificaciones hacia el propio ex gobernador.
La empresa Alvarez Puga había brillado por grandes negocios de outsourcing y otros paralelos tipificados casi como lavado de dinero. Esa empresa creció como la espuma en los últimos ocho años, sobre todo por las relaciones políticas de Aguilar Bodegas y Salazar Mendiguchía. La empresa, inclusive, participó como solicitante de compra de Aeroméxico. Sin embargo, el SAT hizo una investigación minuciosa para descubrir el gran negocio de la empresa Alvarez Puga: la evasión fiscal.
Hace poco más de un decenio, los Alvarez Puga tenían sólo un restaurante modesto en la terminal de autobuses del Centro de Tuxtla Gutiérrez. Chiapas. Y crecieron hasta construir un emporio con sucursales en 45 ciudades de la república, de las cuales el SAT sólo hizo incursión en siete: Tuxtla, Chihuahua, Oaxaca, Puebla, Cancún, Mérida y el DF. Sus oficinas centrales están en Santa Fe, el DF, en la lujosa Torre Impulso. Asimismo, han detectado propiedades en el extranjero de directivos y socios de la empresa, vehículos de lujo y cuando menos siete aviones con matrícula con matrículas XACGF, XALGC y otros, con el registro reciente de un vuelo a Laredo de Alejandro Alvarez Puga, así como cuentas bancarias y franquicias. Con la matrícula XA de taxi aéreo también evadieron impuestos.
El mecanismo outsourcing tenía sus bondades pero derivó en esquemas "abusivos" de sustitución laboral para transferir a los trabajadores de las empresas a sociedades cooperativas, sociedades en nombre colectivo, empresas integradoras e integradas, para eludir pagos.
La PGR realizó el operativo en basa a las actas circunstanciadas UEIDFF/AC/25/2010, UEIDFF/AC/26/2010, UEIDFF/AC/27/2010 UEIDFF/AC/28/2010, UEIDFF/AC/29/2010, UEIDFF/AC/30/2010 y UEIDFF/AC/31/2010.
+ Cae empresa de Mendiguchía
Carlos Ramírez
Aunque por sí misma fue una noticia espectacular el operativo policiaco contra la empresa de outsourcing Alvarez Puga y asociados, al final resultó más importante el hecho político de que esa empresa de contratación paralela de trabajadores está vinculada directamente con los priístas chiapanecos José Antonio Aguilar Bodegas y el ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía.
El operativo del Sistema de Administración Tributaria, el Seguro Social y la Procuraduría General de la República tuvo la intención de comenzar a combatir con la ley presuntos casos de evasión fiscal y laboral. Sin embargo, el fondo del asunto tiene que ver también con el hecho de que muchos priístas --apoyados uno que otro ex gobernador-- se han dedicado al negocio de las outsourcing para cubrir dinero no declarado y para dar empleo a otros políticos.
Fuentes cercanas al SAT han dejado entrever que la próxima semana continuarán los operativos y que ya estaría integrado el expediente de una empresa contable con sede en Oaxaca y ligada a un ex gobernador que sigue en la política. El caso de Alvarez Puga y Asociados esconde pistas de políticos: Aguilar Bodegas, director de Alvarez Puga y asociados, fue candidato del PRI-PVEM a la gubernatura de Chiapas en el 2006 y Salazar Mendiguchía fue gobernador de Chiapas por la alianza PAN-PRD 2000-2006.
Salazar Mendiguchía ha sentido ya los pasos de la justicia local por irregularidades en su gestión, por una política represiva contra los indígenas y sobre todo por haber reprimido con violencia la libertad de expresión. Varios funcionarios del gobierno de Salazar Mendiguchía están encarcelados y otros andan prófugos de la justicia.
El director general de Alvarez Puga y Asociados es Aguilar Bodegas, quien ha sido presidente municipal de Tapachula, senador y diputado federal priísta. Al perder las elecciones a gobernador por poco más de medio punto porcentual en el 2006, se dedicó a los negocios. Su carrera profesional es precisamente de licenciado en relaciones industriales. La empresa Alvarez Puga se dedica a contratación paralela de personal, pero con indicios de operaciones más bien de defraudación fiscal y laboral. En el expediente del SAT han aparecido altos personajes de la política que utilizaban el outsourcing para evadir impuestos y sobre todo para ocultar dinero político.
Salazar Mendiguchía terminó mal su gobierno por el ánimo represivo contra la prensa. Encarceló a directores de medios, pero no por fallar en la información sino porque quiso apropiarse de sus periódicos. El problema con el diario Cuarto Poder radicó por la revelación exclusiva del diario de que Salazar Mendiguchía no se había titulado profesionalmente, aunque luego apareció con un título poblano al vapor. Asimismo, Salazar Mendiguchía persiguió al director de El Orbe de Tapachula por las denuncias sobre fraudes con los recursos por el huracán Stan.
Aguilar Bodegas y Salazar Mendiguchía estaban operando políticamente en Chiapas con miras a generar inestabilidad y articulaban maniobras de desestabilización política en el estado, quien le había ganado las elecciones a Aguilar Bodegas. Actualmente, el procurador y fiscal del gobierno estatal chiapaneco de Salazar Mendiguchía, Mariano Herrán Salvatti, se encuentra preso por diferentes delitos probados, muchos de los cuales tenían ramificaciones hacia el propio ex gobernador.
La empresa Alvarez Puga había brillado por grandes negocios de outsourcing y otros paralelos tipificados casi como lavado de dinero. Esa empresa creció como la espuma en los últimos ocho años, sobre todo por las relaciones políticas de Aguilar Bodegas y Salazar Mendiguchía. La empresa, inclusive, participó como solicitante de compra de Aeroméxico. Sin embargo, el SAT hizo una investigación minuciosa para descubrir el gran negocio de la empresa Alvarez Puga: la evasión fiscal.
Hace poco más de un decenio, los Alvarez Puga tenían sólo un restaurante modesto en la terminal de autobuses del Centro de Tuxtla Gutiérrez. Chiapas. Y crecieron hasta construir un emporio con sucursales en 45 ciudades de la república, de las cuales el SAT sólo hizo incursión en siete: Tuxtla, Chihuahua, Oaxaca, Puebla, Cancún, Mérida y el DF. Sus oficinas centrales están en Santa Fe, el DF, en la lujosa Torre Impulso. Asimismo, han detectado propiedades en el extranjero de directivos y socios de la empresa, vehículos de lujo y cuando menos siete aviones con matrícula con matrículas XACGF, XALGC y otros, con el registro reciente de un vuelo a Laredo de Alejandro Alvarez Puga, así como cuentas bancarias y franquicias. Con la matrícula XA de taxi aéreo también evadieron impuestos.
El mecanismo outsourcing tenía sus bondades pero derivó en esquemas "abusivos" de sustitución laboral para transferir a los trabajadores de las empresas a sociedades cooperativas, sociedades en nombre colectivo, empresas integradoras e integradas, para eludir pagos.
La PGR realizó el operativo en basa a las actas circunstanciadas UEIDFF/AC/25/2010, UEIDFF/AC/26/2010, UEIDFF/AC/27/2010 UEIDFF/AC/28/2010, UEIDFF/AC/29/2010, UEIDFF/AC/30/2010 y UEIDFF/AC/31/2010.
jueves, 22 de abril de 2010
Indicador Político 22-abril-2010 Jueves.
+ Corral: déjá vu del déjá vu
+ Otro intento de ley mordaza
Carlos Ramírez
Obsesionado con el control estatal del contenido de los medios, el diputado panista-perredista Javier Corral Jurado ataca con otro intento de ley de medios que repite casi calcada la iniciativa de ley mordaza de 1997-1998.
No hay intenciones de acotar excesos sino de controlar contenidos. En 1997 Corral recogió la iniciativa de la diputada panista María Teresa Gómez Mont, se refugió en el espacio del salinista José Carreño Carlón en la Universidad Iberoamericana y convirtió la iniciativa en una ley mordaza para coartar la libertad de expresión. Hasta el entonces precandidato panista Vicente Fox y el líder perredista López Obrador la repudiaron por mordaza.
Aquella iniciativa de Ley Federal de Comunicación Social, avalada, como era de esperarse, por el PRD, inventaba --como hoy-- una Comisión Nacional de Comunicación Social para intervenir en contenidos. Y no eran intenciones para promover una mayor libertad de expresión en el contexto de la pérdida priísta de la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados y del gobierno del DF, sino que revivía el modelo priísta que operó desde el autoritarismo en los años de la mano dura diazordacista.
La intención controladora chocó con la defensa de los medios. En octubre de 1998 los principales diarios --El Universal, Excelsior, La Prensa y El Heraldo de México-- publicaron titulares coincidentes denunciando la intención legislativa de controlar la libertad de expresión. El pivote de la promoción de la ley era el diputado Corral.
A diferencia del destape español en los medios que siguió a la transición democrática y que aceptó excesos en la libertad de expresión, el diputado panista Corral alentó los controles estatales oficiales, públicos y legales, pero idénticos a los que existían en los tiempos del PRI para convertir a los medios en bocinas del poder y evitar la crítica. La Comisión de Comunicación Social operaría como un ente público para regular la libertad de expresión. De hecho, Corral se montó en el modelo de Miguel de la Madrid de diciembre de 1982 para imponer una ley mordaza con el delito de “daño moral”. Presiones de los medios obligaron a excluir el daño moral de las prácticas de la crítica periodística.
En el fondo, el objetivo del diputado Corral, asesorado directamente por el salinista Carreño Carlón, intentó en 1997 y 1998 acotar no la prensa comercial sino señaladamente A la prensa crítica. El país había conquistado, con la reforma política de 1978, la incorporación de nuevos actores políticos y por tanto con una prensa mucho más crítica. Paradójicamente, Corral y Carreño apuntaron a la prensa que con su crítica estaba minando los pilares autoritarios, corruptos y cómplices del sistema político priísta. La alternancia partidista en la presidencia pudo lograrse también porque la prensa crítica había roído al PRI como el Muro de Berlín del autoritarismo y al presidencialismo como la Estatua de Lenin.
El Consejo Nacional de Comunicación propuesto por María Teresa Gómez Mont pero luego privilegiado por Corral estaría formado por trece miembros, de los cuales tres eran del gobierno federal, tres de los dueños de los medios y tres de trabajadores pero vinculados a los dueños, dejando sólo dos académicos --oficialistas-- y dos de organizaciones civiles. La mayoría estaría controlada por el gobierno y los dueños.
Ahora Corral con su propuesta de ley de medios --avalada de nueva cuenta por el PRD-- quiere revivir ese consejo y convertirlo en la autoridad máxima. La crítica periodística sin duda debe tener un marco jurídico pero no un organismo regulador controlado por los intereses del gobierno en turno. Para ello se requerían leyes que garantizaran primero la libertad de expresión. Como decisión autoritaria, en 1998 y ahora, Corral busca crear un organismo que decida la libertad de expresión. Con ello simplemente se busca acallar la crítica y colocarle amenazas legales que lleven a periodistas a la cárcel.
Como en 1998, ahora Corral anda en busca de una aprobación de fast track de la ley, inclusive antes de la reforma política que sin duda tendrá efectos en los espacios políticos para la libertad de expresión. Como en 1998, ahora Corral ha desatado una campaña estridente para condenar a la hoguera a los críticos de la ley que por cierto son los que han mantenido la crítica periodística como un acotamiento del poder absolutista de los poderes legales y fácticos. Como en 1998, Corral quiere hoy aprobar una ley coercitiva antes que una ley para las libertades de prensa y expresión.
Como en 1998, la ley mordaza de Corral quiere hoy revivir el viejo estatismo al estilo PRI que durante años controló la libertad de prensa y la subordinó a las mafias políticas priístas. En septiembre de 2009 Corral por cierto elogió la ley de comunicación de la presidenta argentina Cristina Kirchner que había sido criticada por la prensa libre como reguladora y sobre todo vinculada a las intenciones de controlar los medios y la crítica para facilitar la reelección de su esposo Néstor Kirchner y mantener la continuidad casi monárquica de una familia en el poder presidencial.
Como en 1998, hoy Corral quiere imponer otra ley mordaza. Es decir, la misma de 1998.
+ Otro intento de ley mordaza
Carlos Ramírez
Obsesionado con el control estatal del contenido de los medios, el diputado panista-perredista Javier Corral Jurado ataca con otro intento de ley de medios que repite casi calcada la iniciativa de ley mordaza de 1997-1998.
No hay intenciones de acotar excesos sino de controlar contenidos. En 1997 Corral recogió la iniciativa de la diputada panista María Teresa Gómez Mont, se refugió en el espacio del salinista José Carreño Carlón en la Universidad Iberoamericana y convirtió la iniciativa en una ley mordaza para coartar la libertad de expresión. Hasta el entonces precandidato panista Vicente Fox y el líder perredista López Obrador la repudiaron por mordaza.
Aquella iniciativa de Ley Federal de Comunicación Social, avalada, como era de esperarse, por el PRD, inventaba --como hoy-- una Comisión Nacional de Comunicación Social para intervenir en contenidos. Y no eran intenciones para promover una mayor libertad de expresión en el contexto de la pérdida priísta de la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados y del gobierno del DF, sino que revivía el modelo priísta que operó desde el autoritarismo en los años de la mano dura diazordacista.
La intención controladora chocó con la defensa de los medios. En octubre de 1998 los principales diarios --El Universal, Excelsior, La Prensa y El Heraldo de México-- publicaron titulares coincidentes denunciando la intención legislativa de controlar la libertad de expresión. El pivote de la promoción de la ley era el diputado Corral.
A diferencia del destape español en los medios que siguió a la transición democrática y que aceptó excesos en la libertad de expresión, el diputado panista Corral alentó los controles estatales oficiales, públicos y legales, pero idénticos a los que existían en los tiempos del PRI para convertir a los medios en bocinas del poder y evitar la crítica. La Comisión de Comunicación Social operaría como un ente público para regular la libertad de expresión. De hecho, Corral se montó en el modelo de Miguel de la Madrid de diciembre de 1982 para imponer una ley mordaza con el delito de “daño moral”. Presiones de los medios obligaron a excluir el daño moral de las prácticas de la crítica periodística.
En el fondo, el objetivo del diputado Corral, asesorado directamente por el salinista Carreño Carlón, intentó en 1997 y 1998 acotar no la prensa comercial sino señaladamente A la prensa crítica. El país había conquistado, con la reforma política de 1978, la incorporación de nuevos actores políticos y por tanto con una prensa mucho más crítica. Paradójicamente, Corral y Carreño apuntaron a la prensa que con su crítica estaba minando los pilares autoritarios, corruptos y cómplices del sistema político priísta. La alternancia partidista en la presidencia pudo lograrse también porque la prensa crítica había roído al PRI como el Muro de Berlín del autoritarismo y al presidencialismo como la Estatua de Lenin.
El Consejo Nacional de Comunicación propuesto por María Teresa Gómez Mont pero luego privilegiado por Corral estaría formado por trece miembros, de los cuales tres eran del gobierno federal, tres de los dueños de los medios y tres de trabajadores pero vinculados a los dueños, dejando sólo dos académicos --oficialistas-- y dos de organizaciones civiles. La mayoría estaría controlada por el gobierno y los dueños.
Ahora Corral con su propuesta de ley de medios --avalada de nueva cuenta por el PRD-- quiere revivir ese consejo y convertirlo en la autoridad máxima. La crítica periodística sin duda debe tener un marco jurídico pero no un organismo regulador controlado por los intereses del gobierno en turno. Para ello se requerían leyes que garantizaran primero la libertad de expresión. Como decisión autoritaria, en 1998 y ahora, Corral busca crear un organismo que decida la libertad de expresión. Con ello simplemente se busca acallar la crítica y colocarle amenazas legales que lleven a periodistas a la cárcel.
Como en 1998, ahora Corral anda en busca de una aprobación de fast track de la ley, inclusive antes de la reforma política que sin duda tendrá efectos en los espacios políticos para la libertad de expresión. Como en 1998, ahora Corral ha desatado una campaña estridente para condenar a la hoguera a los críticos de la ley que por cierto son los que han mantenido la crítica periodística como un acotamiento del poder absolutista de los poderes legales y fácticos. Como en 1998, Corral quiere hoy aprobar una ley coercitiva antes que una ley para las libertades de prensa y expresión.
Como en 1998, la ley mordaza de Corral quiere hoy revivir el viejo estatismo al estilo PRI que durante años controló la libertad de prensa y la subordinó a las mafias políticas priístas. En septiembre de 2009 Corral por cierto elogió la ley de comunicación de la presidenta argentina Cristina Kirchner que había sido criticada por la prensa libre como reguladora y sobre todo vinculada a las intenciones de controlar los medios y la crítica para facilitar la reelección de su esposo Néstor Kirchner y mantener la continuidad casi monárquica de una familia en el poder presidencial.
Como en 1998, hoy Corral quiere imponer otra ley mordaza. Es decir, la misma de 1998.
miércoles, 21 de abril de 2010
Indicador Político 20-abril-2010 Miércoles.
+ Posadas, justicia denegada
+ SCJN: los sí para decir no
Carlos Ramírez
La decisión de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de negarse a atraer el caso Posadas volvió a condenar al cardenal asesinado en mayo de 1993 a una situación de justicia denegada.
La solicitud del gobernador jalisciense Emilio González Márquez se había fundado en el hecho de que el asesinato del prelado había llevado a una situación de “justicia denegada” por la investigación parcial del procurador salinista Jorge Carpizo McGregor, quien quedó atrapado como juez y parte del caso. Por ello la comunidad de Jalisco había invocado el segundo párrafo del artículo 97 Constitucional.
Pero también la solicitud se basaba en el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, de cumplimiento obligatorio en México, donde se establece el criterio de que un juicio irregular está tipificado como una violación a los derechos humanos: “toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”.
El debate de la solicitud para que la Corte Suprema creara una comisión investigadora de la presunta violación grave de los derechos humanos del cardenal Posadas Ocampo llevó a los ministros a tres puntos contradictorios:
--“Siempre será una violación de garantías un asesinato”: ministro Fernando Franco González Salas.
--“Aunque es muy lamentable el homicidio del cardenal Posadas Ocampo, no me parece que tenga la trascendencia, el nivel de envergadura de una investigación a la que se refiere el artículo 97 de la Constitución”: ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea.
--Ante la solicitud basada en “que se actualiza una grave violación de garantías individuales porque a casi diecisiete años de acaecidos los hechos no se conoce la verdad sobre quiénes los cometieron y el por qué, y no se ha sentenciado a nadie por ello, por lo que se afirma una evidente denegación de justicia”, y ante el hecho de que “toda violación de los derechos humanos que sufra una o varias personas debe rechazarse, debe sancionarse”, la “misma Carta Magna establece otros medios de control para ello”: ministro Sergio Valls.
Los propios ministros de la Corte Suprema parecieron quedar atrapados en otra contradicción: la ponencia del ministro Juan Silva Nieto estableció el criterio de desechar la solicitud por “notoria improcedencia”, al final se cambio a “no ha lugar” a la investigación. Los criterios finales del rechazo a la solicitud fueron dos: la Corte no indaga delitos y la Corte no puede crear comisiones de la verdad.
De todos modos quedó en el ambiente otra contradicción: la ministra Olga Sánchez Cordero señaló que “se trata de actos de autoridades involucradas que se encuentran siguiendo el cauce legal y que las irregularidades, si las hubiera en la averiguación previa, debieran ser combatidas por el medio idóneo”. Sin embargo, la Corte decidió crear una comisión investigadora del caso de la guardería ABC justamente cuando el proceso legal estaba en curso y había irregularidades en las investigaciones.
Asimismo, la ministra Sánchez Cordero estableció que “la facultad investigadora de la Corte es de ejercicio excepcional”, como si en México los asesinatos de cardenales de la iglesia católica fueran la comidilla del día o hechos cotidianos. La solicitud del gobernador González Márquez se basó en una averiguación oficial amañada, en el robo de evidencias y en la ausencia de sentenciados. Además, el argumento de “denegación de justicia” tiene valor jurídico porque permite la impunidad en la violación de garantías.
La investigación oficial del asesinato del cardenal Posadas pasó por cuatro hipótesis oficiales y por un cúmulo de irregularidades procesales que violaron los derechos humanos y la certeza jurídica. En el fondo, el gobernador González Márquez no pidió una comisión de la verdad sino que apeló a la formación de una comisión especial de la Corte para investigar la investigación del asesinato. Con ello, como derivación y no como objetivo, llegar a conocer la verdad del crimen.
Las comisiones de la Corte fueron formadas por asuntos menores al asesinato de un cardenal: Lydia Cacho, Atenco, Oaxaca. Y el caso Aguas Blancas investigó el asesinato de una veintena de campesinos.
La denuncia del gobernador González Márquez fue bastante clara: “la investigación ministerial de los hechos ocurridos el 24 de mayo de 1993, es insuficiente, se manipuló desde el principio y existen graves omisiones y acciones contrarias a derecho por parte de algunos servidores públicos que participaron en la investigación, que reflejan que nunca tuvieron la intención de buscar la verdad histórica de los hechos y de perseguir y castigar los delitos y las personas que los cometieron”.
Como la Corte de México no quiso, ahora el asunto irá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuyas sentencias son obligatorias para México.
+ SCJN: los sí para decir no
Carlos Ramírez
La decisión de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de negarse a atraer el caso Posadas volvió a condenar al cardenal asesinado en mayo de 1993 a una situación de justicia denegada.
La solicitud del gobernador jalisciense Emilio González Márquez se había fundado en el hecho de que el asesinato del prelado había llevado a una situación de “justicia denegada” por la investigación parcial del procurador salinista Jorge Carpizo McGregor, quien quedó atrapado como juez y parte del caso. Por ello la comunidad de Jalisco había invocado el segundo párrafo del artículo 97 Constitucional.
Pero también la solicitud se basaba en el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, de cumplimiento obligatorio en México, donde se establece el criterio de que un juicio irregular está tipificado como una violación a los derechos humanos: “toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”.
El debate de la solicitud para que la Corte Suprema creara una comisión investigadora de la presunta violación grave de los derechos humanos del cardenal Posadas Ocampo llevó a los ministros a tres puntos contradictorios:
--“Siempre será una violación de garantías un asesinato”: ministro Fernando Franco González Salas.
--“Aunque es muy lamentable el homicidio del cardenal Posadas Ocampo, no me parece que tenga la trascendencia, el nivel de envergadura de una investigación a la que se refiere el artículo 97 de la Constitución”: ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea.
--Ante la solicitud basada en “que se actualiza una grave violación de garantías individuales porque a casi diecisiete años de acaecidos los hechos no se conoce la verdad sobre quiénes los cometieron y el por qué, y no se ha sentenciado a nadie por ello, por lo que se afirma una evidente denegación de justicia”, y ante el hecho de que “toda violación de los derechos humanos que sufra una o varias personas debe rechazarse, debe sancionarse”, la “misma Carta Magna establece otros medios de control para ello”: ministro Sergio Valls.
Los propios ministros de la Corte Suprema parecieron quedar atrapados en otra contradicción: la ponencia del ministro Juan Silva Nieto estableció el criterio de desechar la solicitud por “notoria improcedencia”, al final se cambio a “no ha lugar” a la investigación. Los criterios finales del rechazo a la solicitud fueron dos: la Corte no indaga delitos y la Corte no puede crear comisiones de la verdad.
De todos modos quedó en el ambiente otra contradicción: la ministra Olga Sánchez Cordero señaló que “se trata de actos de autoridades involucradas que se encuentran siguiendo el cauce legal y que las irregularidades, si las hubiera en la averiguación previa, debieran ser combatidas por el medio idóneo”. Sin embargo, la Corte decidió crear una comisión investigadora del caso de la guardería ABC justamente cuando el proceso legal estaba en curso y había irregularidades en las investigaciones.
Asimismo, la ministra Sánchez Cordero estableció que “la facultad investigadora de la Corte es de ejercicio excepcional”, como si en México los asesinatos de cardenales de la iglesia católica fueran la comidilla del día o hechos cotidianos. La solicitud del gobernador González Márquez se basó en una averiguación oficial amañada, en el robo de evidencias y en la ausencia de sentenciados. Además, el argumento de “denegación de justicia” tiene valor jurídico porque permite la impunidad en la violación de garantías.
La investigación oficial del asesinato del cardenal Posadas pasó por cuatro hipótesis oficiales y por un cúmulo de irregularidades procesales que violaron los derechos humanos y la certeza jurídica. En el fondo, el gobernador González Márquez no pidió una comisión de la verdad sino que apeló a la formación de una comisión especial de la Corte para investigar la investigación del asesinato. Con ello, como derivación y no como objetivo, llegar a conocer la verdad del crimen.
Las comisiones de la Corte fueron formadas por asuntos menores al asesinato de un cardenal: Lydia Cacho, Atenco, Oaxaca. Y el caso Aguas Blancas investigó el asesinato de una veintena de campesinos.
La denuncia del gobernador González Márquez fue bastante clara: “la investigación ministerial de los hechos ocurridos el 24 de mayo de 1993, es insuficiente, se manipuló desde el principio y existen graves omisiones y acciones contrarias a derecho por parte de algunos servidores públicos que participaron en la investigación, que reflejan que nunca tuvieron la intención de buscar la verdad histórica de los hechos y de perseguir y castigar los delitos y las personas que los cometieron”.
Como la Corte de México no quiso, ahora el asunto irá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuyas sentencias son obligatorias para México.
martes, 20 de abril de 2010
Indicador Político 20-abril-2010 Martes.
+ Posadas: congresistas a SCJN
+ El sistema judicial a prueba
Carlos Ramírez
A punto de decidir si se forma o no una comisión especial para revisar las presuntas irregularidades de la investigación del gobierno salinista del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, congresistas de los EU enviaron cartas a ministros de la Corte Suprema de Justicia de México para apoyar una nueva investigación.
Este dato revela no tanto la presión sobre la Corte mexicana sino la observación que está haciendo el Congreso de la EU del sistema judicial mexicano. En una carta al ministro Juan Silva Meza, el congresista Christopher H. Smith revela el interés de los EU sobre los crímenes del narcotráfico sobre todo ahora que los dos países están luchando juntos para detener la violencia del crimen organizado alrededor de las drogas.
La importancia de la carta del congresista Smith, miembro de importantes comisiones de carácter político bilateral en la cámara baja y vicepresidente del Comité de Relaciones Exteriores, radica en el hecho de que en abril del 2006 presidió las audiencias especiales del Subcomité de Derechos Humanos y Operaciones Internacionales del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes específicamente sobre el caso Posadas, bajo el título de “Fin de la impunidad: investigación del asesinato en 1i993 del arzobispo Juan Jesús Posadas Ocampo”. Ahí Smith dijo que ese asesinato era una muestra de la impunidad criminal en México. El texto íntegro de la audiencia está en www.grupotransicion.com.mx.
La decisión de invocar el segundo párrafo del artículo 97 Constitucional para formar una comisión especial de la Corte Suprema para investigar hechos que supongan violaciones graves de derechos humanos sería la penúltima instancia para evitar la impunidad en el asesinato de Posadas. Si la Corte mexicana dice que no, entonces el caso pasaría a la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la OEA. Para los promotores de la iniciativa --Cardenales de la iglesia católica en los EU y legisladores estadunidenses--, la Corte Suprema de México se ha convertido en la última línea de lucha contra el viejo sistema judicial mexicano y sus expresiones de impunidad, corrupción y protección política.
La carta del 14 de abril pasado del congresista Smith al ministro Silva Meza fue en realidad el recordatorio de las audiencias en el Congreso de los EU sobre el caso Posadas. En esas audiencias hubo una dura crítica contra el sistema de justicia mexicano por su parcialidad. Inclusive, se presentó un severo reporte de Joy Olson, directora de la organización no gubernamental estadounidense Oficina de Washington para América Latina (WOLA, en inglés) con tres conclusiones: extendida impunidad por severos defectos en el sistema judicial, el narcocrimen organizado ha dañado negativamente a la justicia y existe la necesidad de una profunda reforma judicial.
La presión internacional para abrir una investigación independiente sobre el asesinato del Cardenal Posadas se basa en la parcialidad de la pesquisa oficial: el procurador salinista Jorge Carpizo McGregor impuso la tesis oficial de la confusión, pero con pistas confusas y asesinatos posteriores. Pero Carpizo era el principal operador judicial del presidente Carlos Salinas, varios de cuyos funcionarios aparecen en declaraciones legales como responsables de presiones, amenazas, ofensas y espionaje contra el Cardenal Posadas. Estos datos aparecen en la carta del congresista Smith al ministro Silva Meza.
El congresista Smith señala que el Cardenal Posadas fue asesinado por denunciar la acción de narcotraficantes y sus relaciones con ciertos niveles de poder. De ahí su petición a la Corte Suprema de México y el énfasis en denunciar violación de derechos humanos en la investigación de Carpizo: “el caso Posadas clama por justicia(…) México está en una encrucijada con la violencia amenazando con asentarse en su pacífica nación(…) Una resolución final del Cardenal Posadas pondría fin a una grave violación de los derechos humanos e impedirá futuras violaciones de derechos humanos contra valientes hombres y mujeres que enfrentan todos los días el asesinato por hablar en contra de los capos de la drogas”.
La Corte Suprema de México recibió la semana pasada la solicitud formal y oficial del gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, invocando el segundo párrafo del artículo 97 Constitucional. La Corte programó en dos ocasiones la discusión de la solicitud, pero no alcanzó a votarse si se aceptaba la solicitud para su estudio y conclusiones sobre si se formaba o no la comisión especial.
La argumentación de la carta del congresista Smith, remitida a la Corte Suprema de México el pasado 14 de abril, invoca el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que no cumplió la investigación oficial del asesinato de Posadas: “toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”.
Y ahí se localiza el dilema: o la Corte de México o la Corte de la OEA.
+ El sistema judicial a prueba
Carlos Ramírez
A punto de decidir si se forma o no una comisión especial para revisar las presuntas irregularidades de la investigación del gobierno salinista del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, congresistas de los EU enviaron cartas a ministros de la Corte Suprema de Justicia de México para apoyar una nueva investigación.
Este dato revela no tanto la presión sobre la Corte mexicana sino la observación que está haciendo el Congreso de la EU del sistema judicial mexicano. En una carta al ministro Juan Silva Meza, el congresista Christopher H. Smith revela el interés de los EU sobre los crímenes del narcotráfico sobre todo ahora que los dos países están luchando juntos para detener la violencia del crimen organizado alrededor de las drogas.
La importancia de la carta del congresista Smith, miembro de importantes comisiones de carácter político bilateral en la cámara baja y vicepresidente del Comité de Relaciones Exteriores, radica en el hecho de que en abril del 2006 presidió las audiencias especiales del Subcomité de Derechos Humanos y Operaciones Internacionales del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes específicamente sobre el caso Posadas, bajo el título de “Fin de la impunidad: investigación del asesinato en 1i993 del arzobispo Juan Jesús Posadas Ocampo”. Ahí Smith dijo que ese asesinato era una muestra de la impunidad criminal en México. El texto íntegro de la audiencia está en www.grupotransicion.com.mx.
La decisión de invocar el segundo párrafo del artículo 97 Constitucional para formar una comisión especial de la Corte Suprema para investigar hechos que supongan violaciones graves de derechos humanos sería la penúltima instancia para evitar la impunidad en el asesinato de Posadas. Si la Corte mexicana dice que no, entonces el caso pasaría a la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la OEA. Para los promotores de la iniciativa --Cardenales de la iglesia católica en los EU y legisladores estadunidenses--, la Corte Suprema de México se ha convertido en la última línea de lucha contra el viejo sistema judicial mexicano y sus expresiones de impunidad, corrupción y protección política.
La carta del 14 de abril pasado del congresista Smith al ministro Silva Meza fue en realidad el recordatorio de las audiencias en el Congreso de los EU sobre el caso Posadas. En esas audiencias hubo una dura crítica contra el sistema de justicia mexicano por su parcialidad. Inclusive, se presentó un severo reporte de Joy Olson, directora de la organización no gubernamental estadounidense Oficina de Washington para América Latina (WOLA, en inglés) con tres conclusiones: extendida impunidad por severos defectos en el sistema judicial, el narcocrimen organizado ha dañado negativamente a la justicia y existe la necesidad de una profunda reforma judicial.
La presión internacional para abrir una investigación independiente sobre el asesinato del Cardenal Posadas se basa en la parcialidad de la pesquisa oficial: el procurador salinista Jorge Carpizo McGregor impuso la tesis oficial de la confusión, pero con pistas confusas y asesinatos posteriores. Pero Carpizo era el principal operador judicial del presidente Carlos Salinas, varios de cuyos funcionarios aparecen en declaraciones legales como responsables de presiones, amenazas, ofensas y espionaje contra el Cardenal Posadas. Estos datos aparecen en la carta del congresista Smith al ministro Silva Meza.
El congresista Smith señala que el Cardenal Posadas fue asesinado por denunciar la acción de narcotraficantes y sus relaciones con ciertos niveles de poder. De ahí su petición a la Corte Suprema de México y el énfasis en denunciar violación de derechos humanos en la investigación de Carpizo: “el caso Posadas clama por justicia(…) México está en una encrucijada con la violencia amenazando con asentarse en su pacífica nación(…) Una resolución final del Cardenal Posadas pondría fin a una grave violación de los derechos humanos e impedirá futuras violaciones de derechos humanos contra valientes hombres y mujeres que enfrentan todos los días el asesinato por hablar en contra de los capos de la drogas”.
La Corte Suprema de México recibió la semana pasada la solicitud formal y oficial del gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, invocando el segundo párrafo del artículo 97 Constitucional. La Corte programó en dos ocasiones la discusión de la solicitud, pero no alcanzó a votarse si se aceptaba la solicitud para su estudio y conclusiones sobre si se formaba o no la comisión especial.
La argumentación de la carta del congresista Smith, remitida a la Corte Suprema de México el pasado 14 de abril, invoca el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que no cumplió la investigación oficial del asesinato de Posadas: “toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”.
Y ahí se localiza el dilema: o la Corte de México o la Corte de la OEA.
lunes, 19 de abril de 2010
Indicador Político 19-abril-2010 Lunes.
+ PRI: represión y amnesia
+ Fantasmas de FGB y DFS
Carlos Ramírez
En estos días de agobio priísta por los civiles muertos en la lucha a balazos contra el crimen organizado, dos fantasmas recorrieron los pasillos de las curules de las bancadas priístas en el Congreso: el de Fernando Gutiérrez Barrios y el de Gustavo Díaz Ordaz.
Muy contundente fue el senador priísta Manlio Fabio Beltrones al exigir “no más muertos inocentes”. Y muy enojado se vio al senador perredista Carlos Navarrete pidiendo mayor puntería gubernamental en la liquidación de miembros del crimen organizado. El primero seguramente no olvida que la fase de represión del PRI --una de las tres herencias malditas, con la pobreza y la corrupción como las otras dos-- llenó las cárceles de presos políticos, creó la Federal de Seguridad para asesinar disidentes y formó la Brigada Blanca para matar guerrilleros. Y el senador perredista parece haber mantenido su silencio por los más de 500 perredistas asesinados por el sistema político priísta luego del fraude electoral de 1988.
En ambos casos, los disidentes presos o asesinados fueron parte del daño colateral del autoritarismo priísta para mantenerse en el poder y negarse a atender las demandas crecientes de democratización. Lo peor de esa fase de 1951 al 2000 fue que el PRI privilegió la represión y no sólo causó daños colaterales en acciones de contrainsurgencia contra la disidencia, sino que cometió un crimen peor: los crímenes directos de disidentes, no colaterales.
Y ha sido el Senado el más enérgico crítico de la guerra del gobierno federal contra el crimen organizado, enfáticamente las bandas del narcotráfico, porque ha sido también en el Senado donde el PRI y el PRD dieron una exhibición de hipocresía política al evitar la moción de censura contra el gobierno dictatorial de Fidel Castro por los periodistas encarcelados por razones políticos y por las huelgas de hambre en lucha por la democracia.
La justificación del PRI y del PRD para evitar la condena a la dictadura monárquica de los hermanos Castro dejó claro que las muertes por huelga de hambre, los fusilados y los periodistas encarcelados son “daños colaterales” para poder mantener por la vía criminal el modelo de socialismo represor de los derechos humanos. PRI y PRD mostraron, sin rubor las dos caras del poder.
De ahí que el PRI irónicamente sí tenga autoridad moral para exigir al gobierno federal que cesen los muertos civiles en enfrentamientos callejeros con bandas criminales. Aunque bastará darle una revisión a los expedientes del Archivo General de la Nación para recuperar la historia de la represión en el PRI desde 1951 para aplastar la disidencia. La diferencia no es menor: mientras los muertos civiles hoy son producto de choques callejeros y por tanto no intencionales, los muertos, encarcelados, desaparecidos y exiliados por el PRI para mantenerse en el poder fueron disidentes que exigían a su manera la democratización del sistema político autoritario priísta.
De ahí los fantasmas de la represión y de Gutiérrez Barrios y Díaz Ordaz se hayan paseado para asustar incautos. ¿Alguien recuerda que el PRI hubiera exigido en el Congreso el control de los organismos de represión priísta en los años negros del endurecimiento o que Díaz Ordaz cambiara la estrategia de represión? Peor aún: la sede legislativa de Donceles aún guarda el eco de ese aplauso caluroso, ensordecedor, largo, de los priístas aquel primero de septiembre de 1969 cuando el presidente Gustavo Díaz Ordaz dijo que la represión había sido necesaria y que no se arrepentía.
Y los perredistas y petistas tienen lo suyo, a pesar de ser los más críticos de la estrategia de ofensiva contra el narco. En el fondo, PRD y PT carecen de vergüenza y credibilidad al mantener en sus filas a Porfirio Muñoz Ledo, quien en 1969 pronunció dos encendidos elogios a Díaz Ordaz por el patriotismo con el que manejó la represión contra el movimiento estudiantil.
En los años en los que la política represiva del PRI usaba los organismos de seguridad no para vigilar sino para asesinar, desaparecer o encarcelar disidentes, no hubo ni una voz priísta para exigir la disolución de la Brigada Blanca o de la Federal de Seguridad, dos instancias civiles que dependían directamente del presidente de la república para reprimir. Y tampoco hubo voces para exigir al presidente de la república el fin de esa represión y evitar --que también los hubo-- daños colaterales.
Lo paradójico es que antes se asesinaba, encarcelaba y desaparecía a disidentes y el PRI callaba de manera cómplice y hoy se trata de civiles muertos en enfrentamientos provocados por el crimen organizado contra la autoridad y el PRI se desgarra las vestiduras.
En el fondo hoy se definen la fuerza y la soberanía del Estado. Y precisamente de eso se trata: el PRI y el PRD como oposición han decidido una estrategia de debilitamiento institucional del Estado y del gobierno federal como una forma de emerger como opciones políticas electorales, en lugar de contribuir a redefinir las tácticas de la lucha contra el crimen organizado para fortalecer al Estado y evitar cederle la victoria conceptual y mediática a los delincuentes al limitar la acción de la autoridad.
El PRI se comporta como una oposición desleal, a diferencia del papel del PAN en el pasado como oposición leal.
+ Fantasmas de FGB y DFS
Carlos Ramírez
En estos días de agobio priísta por los civiles muertos en la lucha a balazos contra el crimen organizado, dos fantasmas recorrieron los pasillos de las curules de las bancadas priístas en el Congreso: el de Fernando Gutiérrez Barrios y el de Gustavo Díaz Ordaz.
Muy contundente fue el senador priísta Manlio Fabio Beltrones al exigir “no más muertos inocentes”. Y muy enojado se vio al senador perredista Carlos Navarrete pidiendo mayor puntería gubernamental en la liquidación de miembros del crimen organizado. El primero seguramente no olvida que la fase de represión del PRI --una de las tres herencias malditas, con la pobreza y la corrupción como las otras dos-- llenó las cárceles de presos políticos, creó la Federal de Seguridad para asesinar disidentes y formó la Brigada Blanca para matar guerrilleros. Y el senador perredista parece haber mantenido su silencio por los más de 500 perredistas asesinados por el sistema político priísta luego del fraude electoral de 1988.
En ambos casos, los disidentes presos o asesinados fueron parte del daño colateral del autoritarismo priísta para mantenerse en el poder y negarse a atender las demandas crecientes de democratización. Lo peor de esa fase de 1951 al 2000 fue que el PRI privilegió la represión y no sólo causó daños colaterales en acciones de contrainsurgencia contra la disidencia, sino que cometió un crimen peor: los crímenes directos de disidentes, no colaterales.
Y ha sido el Senado el más enérgico crítico de la guerra del gobierno federal contra el crimen organizado, enfáticamente las bandas del narcotráfico, porque ha sido también en el Senado donde el PRI y el PRD dieron una exhibición de hipocresía política al evitar la moción de censura contra el gobierno dictatorial de Fidel Castro por los periodistas encarcelados por razones políticos y por las huelgas de hambre en lucha por la democracia.
La justificación del PRI y del PRD para evitar la condena a la dictadura monárquica de los hermanos Castro dejó claro que las muertes por huelga de hambre, los fusilados y los periodistas encarcelados son “daños colaterales” para poder mantener por la vía criminal el modelo de socialismo represor de los derechos humanos. PRI y PRD mostraron, sin rubor las dos caras del poder.
De ahí que el PRI irónicamente sí tenga autoridad moral para exigir al gobierno federal que cesen los muertos civiles en enfrentamientos callejeros con bandas criminales. Aunque bastará darle una revisión a los expedientes del Archivo General de la Nación para recuperar la historia de la represión en el PRI desde 1951 para aplastar la disidencia. La diferencia no es menor: mientras los muertos civiles hoy son producto de choques callejeros y por tanto no intencionales, los muertos, encarcelados, desaparecidos y exiliados por el PRI para mantenerse en el poder fueron disidentes que exigían a su manera la democratización del sistema político autoritario priísta.
De ahí los fantasmas de la represión y de Gutiérrez Barrios y Díaz Ordaz se hayan paseado para asustar incautos. ¿Alguien recuerda que el PRI hubiera exigido en el Congreso el control de los organismos de represión priísta en los años negros del endurecimiento o que Díaz Ordaz cambiara la estrategia de represión? Peor aún: la sede legislativa de Donceles aún guarda el eco de ese aplauso caluroso, ensordecedor, largo, de los priístas aquel primero de septiembre de 1969 cuando el presidente Gustavo Díaz Ordaz dijo que la represión había sido necesaria y que no se arrepentía.
Y los perredistas y petistas tienen lo suyo, a pesar de ser los más críticos de la estrategia de ofensiva contra el narco. En el fondo, PRD y PT carecen de vergüenza y credibilidad al mantener en sus filas a Porfirio Muñoz Ledo, quien en 1969 pronunció dos encendidos elogios a Díaz Ordaz por el patriotismo con el que manejó la represión contra el movimiento estudiantil.
En los años en los que la política represiva del PRI usaba los organismos de seguridad no para vigilar sino para asesinar, desaparecer o encarcelar disidentes, no hubo ni una voz priísta para exigir la disolución de la Brigada Blanca o de la Federal de Seguridad, dos instancias civiles que dependían directamente del presidente de la república para reprimir. Y tampoco hubo voces para exigir al presidente de la república el fin de esa represión y evitar --que también los hubo-- daños colaterales.
Lo paradójico es que antes se asesinaba, encarcelaba y desaparecía a disidentes y el PRI callaba de manera cómplice y hoy se trata de civiles muertos en enfrentamientos provocados por el crimen organizado contra la autoridad y el PRI se desgarra las vestiduras.
En el fondo hoy se definen la fuerza y la soberanía del Estado. Y precisamente de eso se trata: el PRI y el PRD como oposición han decidido una estrategia de debilitamiento institucional del Estado y del gobierno federal como una forma de emerger como opciones políticas electorales, en lugar de contribuir a redefinir las tácticas de la lucha contra el crimen organizado para fortalecer al Estado y evitar cederle la victoria conceptual y mediática a los delincuentes al limitar la acción de la autoridad.
El PRI se comporta como una oposición desleal, a diferencia del papel del PAN en el pasado como oposición leal.
domingo, 18 de abril de 2010
Indicador Político 18-abril-2010 Domingo.
+ México: crisis 1995-2010 (16)
+ González Casanova: la realidad
Carlos Ramírez
Los años sesenta fueron de un intenso debate en torno a la democracia. A las movilizaciones sindicales animadas por dirigencias vinculadas al Partido Comunista Mexicano, casi de modo natural se conformó una oleada académica, política y social de contención a la propaganda oficial y sobre todo estadunidenses sobre lo que se llamó el “milagro económico mexicano”. Las cifras macroeconómicas sí impresionaban: una tendencia de más de diez años con tasas de crecimiento económico de 6% promedio anual, con inflación de 2% también anual promedio. Por tanto, el discurso oficial había logrado sentar la tesis --que medio siglo después habría de retomar la ciencia política estadunidense-- de que la economía era la que determinaba la política.
El discurso gubernamental del priísmo en el poder era retórico pero contaba no sólo con el aparato político e ideológico de difusión y sobre todo de contención de la crítica, sino que había logrado la gran victoria intelectual de subordinar el pensamiento económico al cuerpo ideológico del sistema. Por esos años, por ejemplo, el entonces intelectual Enrique González Pedrero llegó al absurdo ideológico de escribir que la izquierda había nacido con la Revolución Mexicana, cuando el pensamiento crítico y marxista de la izquierda se había consolidado hacia mediados del siglo XIX.
Pero al final, el pensamiento político oficial había ganado la batalla por las ideas. Mientras en las calles y en los partidos y en los sindicatos se agitaba la bandera de la democracia, el sistema político priísta insistía en considerar la democracia no a partir del pensamiento político histórico que la definía como un sistema de ejercicio de la libertad para elegir gobernantes, en el gobierno priísta se consideraba a la democracia como una forma de ofrecer resultados económicos y sociales. Así, la democracia en México se presentaba de manera singular con la definición constitucional incluida en el inciso A, de la fracción II del artículo 3: “…considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”. De ahí que las cifras oficiales de crecimiento, consolidación de una clase media y datos de aumento del salario real mostraban a México como uno de los países más democráticos del mundo, en la realidad México carecía de los indicadores tradicionales de democracia: libertad de voto, partidos políticos, libertad de prensa, libertad de organización y partidos políticos.
En este contexto, en los años sesenta el debate académico y político sobre la democracia --Octavio Paz, Cosío, Fuentes, Moreno Sánchez-- relacionaba justamente libertad con desarrollo. Los intelectuales no supieron discernir el hecho de el desarrollo óptimo es imposible de alcanzar por las e4structuras injustas de producción internacional y su reproducción en las economías nacionales. Los niveles de pobreza en los EU, por ejemplo, arrojaban la conclusión de que esa nación era la menos democrática del mundo, cuando en realidad la propia conformación capitalista había impedido la creación de estructuras de dominación social.
De ahí la importancia de la investigación del sociólogo Pablo González Casanova La democracia en México, aparecida en su primera edición en 1965, en la justamente abordaba la democracia mexicana en relación directa con el desarrollo. La propuesta de interpretación de la estructura política en México enfatizaba el hecho de que las cifras de desarrollo reales eran diferentes a las asumidas como indicadores oficiales. El método de González Casanova fue el de analizar cuantitativamente la estructura económica del país y de ahí derivar referencias de organización política. La audacia del sociólogo logró revelar, vía de más de 60 gráficas y cuadros, los mecanismos de conformación de la estructura política del sistema priísta.
La tesis de González Casanova se sustentó en una pregunta concreta: “¿en qué forma la estructura de poder de un país como México condiciona y limita las decisiones en materia de desarrollo económico o deriva en decisiones que corresponden propiamente a medidas de simple crecimiento económico?” El punto central de la indagación fue la encontrar una correlación entre estructuras de poder y desarrollo económico. Es decir, lograr las pruebas para concluir que la estabilidad y desarrollo en México no eran un milagro sino --vía la aplicación del método marxista de relacionar estructuras productivas con equilibrios políticos-- producto justamente de un determinado sistema económico en donde la producción pasaba también por acuerdos políticos impuestos.
El PRI había logrado la coartada propiciatoria: las cifras de bienestar, la política social asistencialista, el diseño de un Estado tutelar que rayaba en el paternalismo, los acuerdos productivos negociados en los pasillos del poder presidencial y del poder económico del Estado y no en la dialéctica empresarios-trabajadores, había logrado altas tasas de crecimiento económico con estabilidad macroeconómica y una política presupuestal de tipo social en la que el Estado creó políticas sociales como una forma de disminuir la carga de inversiones y fiscal a los empresarios. Con crecimiento económico, estabilidad macro y bienestar social, la democracia dejaba de ser una prioridad y se convertía en parte del costo político que debían pagar los mexicanos como cuota de ingreso a los países de altos niveles de producto interno bruto.
La indagación de González Casanova se centró en tres objetivos:
1.- La relación de la estructura política formal con la estructura real de poder.
2.- La relación del poder nacional --de la nación-Estado-- con la estructura internacional.
3.- La relación de la estructura de poder con la estructura social, con los grupos macrosociológicos, con los estratos, con las clases.
Hacia mediados de los sesenta México era considerado, en efecto, un milagro económico, social y político. El enfoque optimista del modelo mexicano lo ofrecería, precisamente a la comunidad intelectual de los EU, el historiador Daniel Cosío Villegas. Pero se trataba de una evaluación de los resultados de la estructura de dominación hegemónica dictatorial de la estructura de poder del sistema priísta vía tres pilares fundamentales: la estructura presidencial, el poder corporativo del PRI y el bienestar social derivado de una política de inversiones públicas. Detrás de ello se encontraba lo que antes había descubierto González Casanova: una estructura social, económica y política de poder diseñada desde el Estado, con el saldo final de la subordinación de las relaciones sociales y de producción determinadas por el control centralizado del Estado.
El PRI controlaba la estructura de poder a través del modelo corporativo que por cierto había fundado Lázaro Cárdenas en 1938 al crear cuatro sectores dentro del PRI: el popular, el campesino, el sindical y el militar. Pero el modelo no se agotaba nada más en estructuras sino que lograba funcionar por la día de la dominación autoritaria: el gobierno era el único con poder de decisión para autorizar la existencia de organizaciones sociales, campesinas, laborales y militares. Y más aún, Cárdenas logró incrustar la representación social del PRI con las del Estado. Por ejemplo, como lo señalaría José Revueltas en México: una democracia bárbara, las organizaciones campesinas del PRI eran las mismas que a su vez tenían la representación directa del Estado en las comunidades del interior. Así, la Confederación Nacional Campesina era simultáneamente el sector campesino del PRI y el sector campesino del Estado. Por tanto, la elección de dirigentes de los sectores corporativos eran, con todo, realmente designaciones oficiales del poder presidencial.
El sistema priísta creó dos estructuras de poder: la formal, vía la corporativización de los sectores productivos sociales que dependían directamente del Estado y que carecían de fuerza autónoma para crear espacios de decisión, y la invisible, a través de sectores poderosos que no pasaban por el PRI pero que al final acordaban en espacios metapartidistas siempre dominados por el Estado, como los empresarios, los medios de comunicación, el gobierno de los EU, entre otros. La decisión final fue siempre la del presidente de la república vía el control del Partido, el ejercicio del autoritarismo, el poder judicial subordinado al ejecutivo y el absoluto manejo del presupuesto público. Los únicos contrapesos del ejecutivo estaban también subordinados: el legislativo se formaba con legisladores que eran designados por el presidente de la república vía el control del presupuesto para campañas y la autoridad electoral como decisión de la Secretaría de Gobernación y la Suprema Corte designada directamente por el presidente de la república y aprobada por ese legislativo obediente al ejecutivo.
Las posibilidades reales de la democracia, por tanto, no derivaban por tanto de las tasas de crecimiento económico, estabilidad macroeconómica y bienestar social, sino de la desarticulación de la estructura de poder dominada por el presidente de la república a través del PRI. El debate sobre estos temas, ciertamente, no fue fácil. El gobierno priísta controlaba todo el aparato de creación de debate y de ideología: congreso, medios de comunicación, poder policiaco y judicial y reconocimiento legal de estructuras de poder. Destacaban por ejemplo tres instancias determinantes de la democracia que estaban bajo el control directo del gobierno-Estado-partido: las direcciones sindicales, el registro de partidos políticos y la creación de organizaciones campesinas. La capacidad de hegemonía del sistema político priísta llegaba al punto de centralizar en el gobierno-Estado las posibilidades de estructuras democráticas.
En los años sesenta, el país ser tuvo que conformar con estructuras de poder controlabas con absolutismo por el gobierno. De los cuatro partidos políticos, tres dependían del presidencialismo: el PRI, el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, dejando aislado a un PAN que carecía de fuerza para convertirse en opción o alternativa. El otro partido con capacidad de movilización era el Comunista Mexicano, pero sin ninguna posibilidad de conseguir el registro legal y siempre en la semiclandestinidad y acotado por la policía. Por tanto, sin juego democrático de partidos, la democracia mexicana simplemente no existía. Lo mismo ocurría con la relación obrero patronal: el yugo del Estado y el gobierno impedía la formación de sindicatos libres y las organizaciones empresariales descansaban bastante en la política de subsidios directos y sobre todo en la decisión del Estado de cargar con la política de bienestar que debiera de ser producto de los entendimientos entre los factores de la producción.
Las posibilidades de la democracia descansaron en el desgaste --por efecto de la ilegitimidad que provocó la represión, de las crisis económicas que redujeron las posibilidades de cobertura pública de necesidades y subsidios y la movilización violenta contra la estructura de control político oficial-- de los hilos del control autoritario. El gobierno de López Portillo legalizó al Partido Comunista Mexicano porque la izquierda se estaba yendo a la guerrilla y no dejaba gobernar al PRI porque obligaba a una escalada represiva que llamó la atención internacional, pero con ello rompió la hegemonía partidista del PRI y de paso abrió espacios fuera de control en el legislativo. Y la derrota final ocurrió cuando el gobierno se vio obligado a separarse de la estructura de control electoral y crear un instituto totalmente independiente de la Secretaría de Gobernación.
Por tanto, la identificación de la estructura de poder del sistema político priísta fue la clave para con seguir, en luchas articuladas, la alternancia partidista en la presidencia de la república. Sin embargo, la alternancia no llevó a la democracia porque el PAN ha mantenido algunos de los hilos del poder. La evolución a la democracia debió de haber pasado por la etapa de transición, una fase de acuerdos entre todas las fuerzas políticas y sociales para la construcción de un sistema político sin dependencias partidistas ni hegemonías presidenciales. Las posibilidades de una alternancia convertida en transición democrática dependen de la urgencia de deshacer los nudos políticos del corporativismo priísta.
El esfuerzo de González Casanova se localizó en el escenario justamente de identificar las estructuras para poder desmontarlas y transformarlas. El académico descubrió la existencia de factores formales y factores reales de poder. Y entre éstos enlistó aquéllos que aun existiendo fuera del ámbito de las relaciones reales, de todos modos se articulaban al sistema político priísta: los caudillos y caciques regionales, el ejército --pero después de que Miguel Alemán desapareció el sector militar en el PRI--, el clero, los latifundistas y los empresarios nacionales y extranjeros. “Se trata, en todos los casos, de instituciones que han influido o influyen directamente en la decisión gubernamental y cuya acción como instituciones políticas no sólo era ajena a la teoría euroamericana de la democracia --para la vida política todos ellos deberían haberse organizado como ciudadanos--, sino que incluso la mayoría eran el blanco de toda ideología liberal”.
A partir del esfuerzo de convertir en estadística y gráfica toda la estructura de poder, González Casanova llegó a la identificación de dos caminos de interpretación del futuro inmediato de México: el análisis marxista y en análisis sociológico. González Casanova fue el segundo --después del marxista José Revueltas-- en hacer un análisis de México desde los enfoques de Karl Marx, es decir, la dialéctica de burguesía-proletariado. Este método no era ajeno a la realidad, sobre todo porque a mediados de los sesenta el Partido Comunista Mexicano había alcanzado ciertos liderazgos obreros y estudiantiles y sus evaluaciones trataban de encontrar el camino marxista para México, aunque con ciertas tentaciones leninistas. Este camino, por tanto, era el más difícil porque seguía la metodología marxista de la lucha de clases, el conflicto y sobre todo la dictadura del proletariado.
La vía sociológica de González Casanova le entró inclusive a la definición de democracia en sociología y ahí se basó en la concepción de Max Weber, sin duda vigente: impedir la formación de un grupo cerrado de funcionarios para cerrar el acceso a cargos públicos y disminución de la autoridad oficial para aumentar la esfera de influencia de la opinión pública. Y para completar el cuadro, González Casanova enlista algunas de las instituciones y garantías que debieran existir para considerar democrático a algún sistema político. Ahí hizo uno de los primeros esfuerzos que luego continuaron algunas organizaciones multilaterales para identificar funciones sociales, económicas y políticas propias de un sistema democrático, tales como libertad de prensa, libertad de asociación, libertad de reunión, libertad de sufragio, entre otras.
A partir de estas consideraciones, González Casanova llegó a la conclusión del camino más viable de México a la democracia. “Nadie puede ocultarse que en México no hay condiciones de una revolución socialista y que en cambio se pueden presentar las condiciones de un golpe de Estado fascista, que el margen de seguridad en que camina el país es muy bajo y que de no acelerarse los procesos de democratización y desarrollo es posible, en una situación de crisis, que las clases dominantes recurran para mantener el poder al gobierno dictatorial o de fuerza. En estas condiciones, si se busca el desarrollo, se tiene que buscar un desarrollo pacífico y, en la lexicología marxista, se tiene que buscar un desarrollo burgués y una democracia burguesa”. Años más tarde, González Casanova se hizo totalmente marxista porque también habían cambiado las condiciones de la lucha ideológica con la democratización del pensamiento político.
Sin utilizar el concepto de transición a la democracia --que se popularizó más bien a principios de los setenta con las transformaciones democráticas de regímenes dictatoriales--, González Casanova detectó que la liberación paulatina de ciertos controles oficiales y el aumento en el nivel de vida se sentaban las posibilidades reales de evoluciones a la democracia. “Las posibilidades de la democracia han aumentado en la medida en que ha aumentado el ingreso per cápita, la urbanización, la alfabetización”.
El país, en efecto, había cambiado. Dialécticamente, la evolución social sostenida con ritmo por los gobiernos priístas fue generando niveles también crecientes de desarrollo político y de movilización social. Asimismo, el papel fundamental del Partido Comunista Mexicano en la organización sindical, en el activismo en las universidades públicas y su disciplina para resistir los embates crecientes de la represión, aunados al efecto multiplicador ideológico y político elevaron el nivel de movilización social y convirtieron a la democracia en la bandera de la modernización política. Lo malo fue que en algunos niveles se dieron los relevos políticos y el PCM no pudo fundar nuevas prácticas democráticas, aunque al final su lucha callejera obligó al gobierno a escalar la represión hasta convertirla en moneda de divisa corriente y con ello generar la ola de demanda democratizadora.
El estudio de González Casanova fue otro de los esfuerzos para sentar las bases de una transformación democrática de México que pudiera identificarse como transición, es decir, un acuerdo para ir evolucionando hacia instituciones democráticas y para generar nuevas relaciones sociales ajenas al PRI, al Estado y al gobierno. Lo malo, sin embargo, fue que en esos tiempos no existían debates en torno al modelo de la transición y la disputa por espacios de poder obligaba a las confrontaciones. Los sectores sociales independientes no tenían la coherencia de procesos de transición. La transición a la democracia en España en 1976-1978 no supo ser analizada por las élites políticas, quizá por la polarización de posiciones: de un lado, el PRI que se negaba a hacer concesiones de poder que le hicieran perder espacios de dominación hegemónica; de otro, un Partido Comunista con una agenda de revolución socialista con todo y nacionalizaciones generalizadas. En medio se localizó una clase priísta gobernante que entendió la presión interna en el sistema que podía causar explosiones de ruptura y por tanto asumieron la decisión de optar por el camino intermedio entre el socialismo y el priísmo: la vía de las reformas paulatinas, tibias, progresivas pero al final sin un modelo final de democratización.
Asimismo, en el ambiente académico privada la confusión entre cuando menos tres corrientes: la institucional que aceptaba la hegemonía Estado-PRI basada en el dominio político de la Revolución Mexicana y se conformaba con reformas políticas de coyuntura y reconocían el objetivo central de bienestar y no democracia, la marxista que continuaba su propuesta de revolución socialista vía el fortalecimiento de un movimiento obrero dominado por el PCM y la liberal que bordaba en torno a una transformación democrática paulatina operada por sectores progresistas del PRI o de plano le apostaban a la ruptura dentro del PRI como la única posibilidad de avanzar a la democracia. En todo caso, las dificultades para avanzar en la democratización se ahogaban en la habilidad del PRI para promover algunos cambios y sobre todo para mantener fuertes sus corporaciones políticas.
El mecanismo de dominación ideológica lo constituyó el papel de la Revolución Mexicana y su propiedad escriturada al PRI. La oposición y la disidencia cometieron entonces el error de tratar de disputarle al PRI la propiedad de la historia política oficial, en lugar de construir movimientos sociales más sólidos y extendidos. Por eso fue que la transición se hizo posible sólo cuando el gobierno de Carlos Salinas, en 1993, decidió desligar al PRI de la Revolución Mexicana y el PRI se quedó sin uno de sus tres sistemas de cohesión: el nervioso, y los otros dos, el sistema óseo y el sistema sanguíneo, no le alcanzaron para mantener su hegemonía política e ideológica… y perdió la presidencia de la república en el 2000.
El estudio de González Casanova quedó como el esfuerzo más coherente de una radiografía del poder político del Estado-gobierno-PRI. Y en política, como en la vida cotidiana, basta conocer el fondo de las instituciones para detectar sus debilidades y lograr las transformaciones.
+ González Casanova: la realidad
Carlos Ramírez
Los años sesenta fueron de un intenso debate en torno a la democracia. A las movilizaciones sindicales animadas por dirigencias vinculadas al Partido Comunista Mexicano, casi de modo natural se conformó una oleada académica, política y social de contención a la propaganda oficial y sobre todo estadunidenses sobre lo que se llamó el “milagro económico mexicano”. Las cifras macroeconómicas sí impresionaban: una tendencia de más de diez años con tasas de crecimiento económico de 6% promedio anual, con inflación de 2% también anual promedio. Por tanto, el discurso oficial había logrado sentar la tesis --que medio siglo después habría de retomar la ciencia política estadunidense-- de que la economía era la que determinaba la política.
El discurso gubernamental del priísmo en el poder era retórico pero contaba no sólo con el aparato político e ideológico de difusión y sobre todo de contención de la crítica, sino que había logrado la gran victoria intelectual de subordinar el pensamiento económico al cuerpo ideológico del sistema. Por esos años, por ejemplo, el entonces intelectual Enrique González Pedrero llegó al absurdo ideológico de escribir que la izquierda había nacido con la Revolución Mexicana, cuando el pensamiento crítico y marxista de la izquierda se había consolidado hacia mediados del siglo XIX.
Pero al final, el pensamiento político oficial había ganado la batalla por las ideas. Mientras en las calles y en los partidos y en los sindicatos se agitaba la bandera de la democracia, el sistema político priísta insistía en considerar la democracia no a partir del pensamiento político histórico que la definía como un sistema de ejercicio de la libertad para elegir gobernantes, en el gobierno priísta se consideraba a la democracia como una forma de ofrecer resultados económicos y sociales. Así, la democracia en México se presentaba de manera singular con la definición constitucional incluida en el inciso A, de la fracción II del artículo 3: “…considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”. De ahí que las cifras oficiales de crecimiento, consolidación de una clase media y datos de aumento del salario real mostraban a México como uno de los países más democráticos del mundo, en la realidad México carecía de los indicadores tradicionales de democracia: libertad de voto, partidos políticos, libertad de prensa, libertad de organización y partidos políticos.
En este contexto, en los años sesenta el debate académico y político sobre la democracia --Octavio Paz, Cosío, Fuentes, Moreno Sánchez-- relacionaba justamente libertad con desarrollo. Los intelectuales no supieron discernir el hecho de el desarrollo óptimo es imposible de alcanzar por las e4structuras injustas de producción internacional y su reproducción en las economías nacionales. Los niveles de pobreza en los EU, por ejemplo, arrojaban la conclusión de que esa nación era la menos democrática del mundo, cuando en realidad la propia conformación capitalista había impedido la creación de estructuras de dominación social.
De ahí la importancia de la investigación del sociólogo Pablo González Casanova La democracia en México, aparecida en su primera edición en 1965, en la justamente abordaba la democracia mexicana en relación directa con el desarrollo. La propuesta de interpretación de la estructura política en México enfatizaba el hecho de que las cifras de desarrollo reales eran diferentes a las asumidas como indicadores oficiales. El método de González Casanova fue el de analizar cuantitativamente la estructura económica del país y de ahí derivar referencias de organización política. La audacia del sociólogo logró revelar, vía de más de 60 gráficas y cuadros, los mecanismos de conformación de la estructura política del sistema priísta.
La tesis de González Casanova se sustentó en una pregunta concreta: “¿en qué forma la estructura de poder de un país como México condiciona y limita las decisiones en materia de desarrollo económico o deriva en decisiones que corresponden propiamente a medidas de simple crecimiento económico?” El punto central de la indagación fue la encontrar una correlación entre estructuras de poder y desarrollo económico. Es decir, lograr las pruebas para concluir que la estabilidad y desarrollo en México no eran un milagro sino --vía la aplicación del método marxista de relacionar estructuras productivas con equilibrios políticos-- producto justamente de un determinado sistema económico en donde la producción pasaba también por acuerdos políticos impuestos.
El PRI había logrado la coartada propiciatoria: las cifras de bienestar, la política social asistencialista, el diseño de un Estado tutelar que rayaba en el paternalismo, los acuerdos productivos negociados en los pasillos del poder presidencial y del poder económico del Estado y no en la dialéctica empresarios-trabajadores, había logrado altas tasas de crecimiento económico con estabilidad macroeconómica y una política presupuestal de tipo social en la que el Estado creó políticas sociales como una forma de disminuir la carga de inversiones y fiscal a los empresarios. Con crecimiento económico, estabilidad macro y bienestar social, la democracia dejaba de ser una prioridad y se convertía en parte del costo político que debían pagar los mexicanos como cuota de ingreso a los países de altos niveles de producto interno bruto.
La indagación de González Casanova se centró en tres objetivos:
1.- La relación de la estructura política formal con la estructura real de poder.
2.- La relación del poder nacional --de la nación-Estado-- con la estructura internacional.
3.- La relación de la estructura de poder con la estructura social, con los grupos macrosociológicos, con los estratos, con las clases.
Hacia mediados de los sesenta México era considerado, en efecto, un milagro económico, social y político. El enfoque optimista del modelo mexicano lo ofrecería, precisamente a la comunidad intelectual de los EU, el historiador Daniel Cosío Villegas. Pero se trataba de una evaluación de los resultados de la estructura de dominación hegemónica dictatorial de la estructura de poder del sistema priísta vía tres pilares fundamentales: la estructura presidencial, el poder corporativo del PRI y el bienestar social derivado de una política de inversiones públicas. Detrás de ello se encontraba lo que antes había descubierto González Casanova: una estructura social, económica y política de poder diseñada desde el Estado, con el saldo final de la subordinación de las relaciones sociales y de producción determinadas por el control centralizado del Estado.
El PRI controlaba la estructura de poder a través del modelo corporativo que por cierto había fundado Lázaro Cárdenas en 1938 al crear cuatro sectores dentro del PRI: el popular, el campesino, el sindical y el militar. Pero el modelo no se agotaba nada más en estructuras sino que lograba funcionar por la día de la dominación autoritaria: el gobierno era el único con poder de decisión para autorizar la existencia de organizaciones sociales, campesinas, laborales y militares. Y más aún, Cárdenas logró incrustar la representación social del PRI con las del Estado. Por ejemplo, como lo señalaría José Revueltas en México: una democracia bárbara, las organizaciones campesinas del PRI eran las mismas que a su vez tenían la representación directa del Estado en las comunidades del interior. Así, la Confederación Nacional Campesina era simultáneamente el sector campesino del PRI y el sector campesino del Estado. Por tanto, la elección de dirigentes de los sectores corporativos eran, con todo, realmente designaciones oficiales del poder presidencial.
El sistema priísta creó dos estructuras de poder: la formal, vía la corporativización de los sectores productivos sociales que dependían directamente del Estado y que carecían de fuerza autónoma para crear espacios de decisión, y la invisible, a través de sectores poderosos que no pasaban por el PRI pero que al final acordaban en espacios metapartidistas siempre dominados por el Estado, como los empresarios, los medios de comunicación, el gobierno de los EU, entre otros. La decisión final fue siempre la del presidente de la república vía el control del Partido, el ejercicio del autoritarismo, el poder judicial subordinado al ejecutivo y el absoluto manejo del presupuesto público. Los únicos contrapesos del ejecutivo estaban también subordinados: el legislativo se formaba con legisladores que eran designados por el presidente de la república vía el control del presupuesto para campañas y la autoridad electoral como decisión de la Secretaría de Gobernación y la Suprema Corte designada directamente por el presidente de la república y aprobada por ese legislativo obediente al ejecutivo.
Las posibilidades reales de la democracia, por tanto, no derivaban por tanto de las tasas de crecimiento económico, estabilidad macroeconómica y bienestar social, sino de la desarticulación de la estructura de poder dominada por el presidente de la república a través del PRI. El debate sobre estos temas, ciertamente, no fue fácil. El gobierno priísta controlaba todo el aparato de creación de debate y de ideología: congreso, medios de comunicación, poder policiaco y judicial y reconocimiento legal de estructuras de poder. Destacaban por ejemplo tres instancias determinantes de la democracia que estaban bajo el control directo del gobierno-Estado-partido: las direcciones sindicales, el registro de partidos políticos y la creación de organizaciones campesinas. La capacidad de hegemonía del sistema político priísta llegaba al punto de centralizar en el gobierno-Estado las posibilidades de estructuras democráticas.
En los años sesenta, el país ser tuvo que conformar con estructuras de poder controlabas con absolutismo por el gobierno. De los cuatro partidos políticos, tres dependían del presidencialismo: el PRI, el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, dejando aislado a un PAN que carecía de fuerza para convertirse en opción o alternativa. El otro partido con capacidad de movilización era el Comunista Mexicano, pero sin ninguna posibilidad de conseguir el registro legal y siempre en la semiclandestinidad y acotado por la policía. Por tanto, sin juego democrático de partidos, la democracia mexicana simplemente no existía. Lo mismo ocurría con la relación obrero patronal: el yugo del Estado y el gobierno impedía la formación de sindicatos libres y las organizaciones empresariales descansaban bastante en la política de subsidios directos y sobre todo en la decisión del Estado de cargar con la política de bienestar que debiera de ser producto de los entendimientos entre los factores de la producción.
Las posibilidades de la democracia descansaron en el desgaste --por efecto de la ilegitimidad que provocó la represión, de las crisis económicas que redujeron las posibilidades de cobertura pública de necesidades y subsidios y la movilización violenta contra la estructura de control político oficial-- de los hilos del control autoritario. El gobierno de López Portillo legalizó al Partido Comunista Mexicano porque la izquierda se estaba yendo a la guerrilla y no dejaba gobernar al PRI porque obligaba a una escalada represiva que llamó la atención internacional, pero con ello rompió la hegemonía partidista del PRI y de paso abrió espacios fuera de control en el legislativo. Y la derrota final ocurrió cuando el gobierno se vio obligado a separarse de la estructura de control electoral y crear un instituto totalmente independiente de la Secretaría de Gobernación.
Por tanto, la identificación de la estructura de poder del sistema político priísta fue la clave para con seguir, en luchas articuladas, la alternancia partidista en la presidencia de la república. Sin embargo, la alternancia no llevó a la democracia porque el PAN ha mantenido algunos de los hilos del poder. La evolución a la democracia debió de haber pasado por la etapa de transición, una fase de acuerdos entre todas las fuerzas políticas y sociales para la construcción de un sistema político sin dependencias partidistas ni hegemonías presidenciales. Las posibilidades de una alternancia convertida en transición democrática dependen de la urgencia de deshacer los nudos políticos del corporativismo priísta.
El esfuerzo de González Casanova se localizó en el escenario justamente de identificar las estructuras para poder desmontarlas y transformarlas. El académico descubrió la existencia de factores formales y factores reales de poder. Y entre éstos enlistó aquéllos que aun existiendo fuera del ámbito de las relaciones reales, de todos modos se articulaban al sistema político priísta: los caudillos y caciques regionales, el ejército --pero después de que Miguel Alemán desapareció el sector militar en el PRI--, el clero, los latifundistas y los empresarios nacionales y extranjeros. “Se trata, en todos los casos, de instituciones que han influido o influyen directamente en la decisión gubernamental y cuya acción como instituciones políticas no sólo era ajena a la teoría euroamericana de la democracia --para la vida política todos ellos deberían haberse organizado como ciudadanos--, sino que incluso la mayoría eran el blanco de toda ideología liberal”.
A partir del esfuerzo de convertir en estadística y gráfica toda la estructura de poder, González Casanova llegó a la identificación de dos caminos de interpretación del futuro inmediato de México: el análisis marxista y en análisis sociológico. González Casanova fue el segundo --después del marxista José Revueltas-- en hacer un análisis de México desde los enfoques de Karl Marx, es decir, la dialéctica de burguesía-proletariado. Este método no era ajeno a la realidad, sobre todo porque a mediados de los sesenta el Partido Comunista Mexicano había alcanzado ciertos liderazgos obreros y estudiantiles y sus evaluaciones trataban de encontrar el camino marxista para México, aunque con ciertas tentaciones leninistas. Este camino, por tanto, era el más difícil porque seguía la metodología marxista de la lucha de clases, el conflicto y sobre todo la dictadura del proletariado.
La vía sociológica de González Casanova le entró inclusive a la definición de democracia en sociología y ahí se basó en la concepción de Max Weber, sin duda vigente: impedir la formación de un grupo cerrado de funcionarios para cerrar el acceso a cargos públicos y disminución de la autoridad oficial para aumentar la esfera de influencia de la opinión pública. Y para completar el cuadro, González Casanova enlista algunas de las instituciones y garantías que debieran existir para considerar democrático a algún sistema político. Ahí hizo uno de los primeros esfuerzos que luego continuaron algunas organizaciones multilaterales para identificar funciones sociales, económicas y políticas propias de un sistema democrático, tales como libertad de prensa, libertad de asociación, libertad de reunión, libertad de sufragio, entre otras.
A partir de estas consideraciones, González Casanova llegó a la conclusión del camino más viable de México a la democracia. “Nadie puede ocultarse que en México no hay condiciones de una revolución socialista y que en cambio se pueden presentar las condiciones de un golpe de Estado fascista, que el margen de seguridad en que camina el país es muy bajo y que de no acelerarse los procesos de democratización y desarrollo es posible, en una situación de crisis, que las clases dominantes recurran para mantener el poder al gobierno dictatorial o de fuerza. En estas condiciones, si se busca el desarrollo, se tiene que buscar un desarrollo pacífico y, en la lexicología marxista, se tiene que buscar un desarrollo burgués y una democracia burguesa”. Años más tarde, González Casanova se hizo totalmente marxista porque también habían cambiado las condiciones de la lucha ideológica con la democratización del pensamiento político.
Sin utilizar el concepto de transición a la democracia --que se popularizó más bien a principios de los setenta con las transformaciones democráticas de regímenes dictatoriales--, González Casanova detectó que la liberación paulatina de ciertos controles oficiales y el aumento en el nivel de vida se sentaban las posibilidades reales de evoluciones a la democracia. “Las posibilidades de la democracia han aumentado en la medida en que ha aumentado el ingreso per cápita, la urbanización, la alfabetización”.
El país, en efecto, había cambiado. Dialécticamente, la evolución social sostenida con ritmo por los gobiernos priístas fue generando niveles también crecientes de desarrollo político y de movilización social. Asimismo, el papel fundamental del Partido Comunista Mexicano en la organización sindical, en el activismo en las universidades públicas y su disciplina para resistir los embates crecientes de la represión, aunados al efecto multiplicador ideológico y político elevaron el nivel de movilización social y convirtieron a la democracia en la bandera de la modernización política. Lo malo fue que en algunos niveles se dieron los relevos políticos y el PCM no pudo fundar nuevas prácticas democráticas, aunque al final su lucha callejera obligó al gobierno a escalar la represión hasta convertirla en moneda de divisa corriente y con ello generar la ola de demanda democratizadora.
El estudio de González Casanova fue otro de los esfuerzos para sentar las bases de una transformación democrática de México que pudiera identificarse como transición, es decir, un acuerdo para ir evolucionando hacia instituciones democráticas y para generar nuevas relaciones sociales ajenas al PRI, al Estado y al gobierno. Lo malo, sin embargo, fue que en esos tiempos no existían debates en torno al modelo de la transición y la disputa por espacios de poder obligaba a las confrontaciones. Los sectores sociales independientes no tenían la coherencia de procesos de transición. La transición a la democracia en España en 1976-1978 no supo ser analizada por las élites políticas, quizá por la polarización de posiciones: de un lado, el PRI que se negaba a hacer concesiones de poder que le hicieran perder espacios de dominación hegemónica; de otro, un Partido Comunista con una agenda de revolución socialista con todo y nacionalizaciones generalizadas. En medio se localizó una clase priísta gobernante que entendió la presión interna en el sistema que podía causar explosiones de ruptura y por tanto asumieron la decisión de optar por el camino intermedio entre el socialismo y el priísmo: la vía de las reformas paulatinas, tibias, progresivas pero al final sin un modelo final de democratización.
Asimismo, en el ambiente académico privada la confusión entre cuando menos tres corrientes: la institucional que aceptaba la hegemonía Estado-PRI basada en el dominio político de la Revolución Mexicana y se conformaba con reformas políticas de coyuntura y reconocían el objetivo central de bienestar y no democracia, la marxista que continuaba su propuesta de revolución socialista vía el fortalecimiento de un movimiento obrero dominado por el PCM y la liberal que bordaba en torno a una transformación democrática paulatina operada por sectores progresistas del PRI o de plano le apostaban a la ruptura dentro del PRI como la única posibilidad de avanzar a la democracia. En todo caso, las dificultades para avanzar en la democratización se ahogaban en la habilidad del PRI para promover algunos cambios y sobre todo para mantener fuertes sus corporaciones políticas.
El mecanismo de dominación ideológica lo constituyó el papel de la Revolución Mexicana y su propiedad escriturada al PRI. La oposición y la disidencia cometieron entonces el error de tratar de disputarle al PRI la propiedad de la historia política oficial, en lugar de construir movimientos sociales más sólidos y extendidos. Por eso fue que la transición se hizo posible sólo cuando el gobierno de Carlos Salinas, en 1993, decidió desligar al PRI de la Revolución Mexicana y el PRI se quedó sin uno de sus tres sistemas de cohesión: el nervioso, y los otros dos, el sistema óseo y el sistema sanguíneo, no le alcanzaron para mantener su hegemonía política e ideológica… y perdió la presidencia de la república en el 2000.
El estudio de González Casanova quedó como el esfuerzo más coherente de una radiografía del poder político del Estado-gobierno-PRI. Y en política, como en la vida cotidiana, basta conocer el fondo de las instituciones para detectar sus debilidades y lograr las transformaciones.
viernes, 16 de abril de 2010
Indicador Político 16-abril-2010 Viernes.
+ PRD/PT-PAN: colegas enemigos
+ Aguascalientes: PAN quemado
Carlos Ramírez
1.- Además de mostrar la inutilidad del formato de las comparecencias de titulares del gabinete presidencial, la presencia del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, ante el pleno sólo demostró que los aliados PRD-PT del PAN del presidente Calderón pidieron la renuncia… del presidente Calderón y de su operador financiero.
El problema no es menor. El PRD y el PT se aliaron al PAN en elecciones para gobernador en varias entidades de la república. Los sucesos del miércoles en la Cámara de Diputados desorientaron a los electores panistas en las plazas de las alianzas porque resulta que van a votar por fortalecer al PRD y al PT que no sólo siguen insultando al presidente de la república sino que exigen su renuncia al cargo.
El enredo va lejos. Si acaso la alianza PAN-PRD/PT/PC gana en las plazas, entonces resulta que el PAN habrá bendecido el fortalecimiento de la frágil y débil coalición del salinista Manuel Camacho Solís y por tanto aumentará su fuerza para seguir exigiendo la renuncia del presidente de la república. Lo grave de todo es que la posibilidad de la victoria de las alianzas bizarras derecha-izquierda dependen no de la inexistente fuerza del PRD y del PT sólo como membrete, sino del PAN y --otra paradoja que rebasa hasta al escritor católico de las paradojas que admiran los panistas G. K. Chesterton y su Padre Brown-- del presidente de la república que las avaló.
Y como para que no hubiera duda de la intención real del PRD/PT de que sí quieren deponer al jefe del ejecutivo federal, dos mantas fueron colocadas por perredistas y petistas en la tribuna de la Cámara el miércoles pasado y presidieron la transmisión por televisión de la comparecencia de Cordero. Los panistas, por tanto, no entienden la alianza.
Lo malo del hecho fue la invisibilidad de la coordinadora de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Josefina Vázquez Mota, quien transformó su pasmo en pasividad indolente. ¿Le pertenece la tribuna de la Cámara al PRD y al PT o debe ser sujeta a la pluralidad partidista? Cada bancada tiene su zona de propiedad y ahí deberían colocarse las mantas. Pero la diputada Vázquez Mota parece más bien silenciosa aliada de la oposición que jefa de la bancada del partido en el poder.
Ahora el PAN tendrá que explicarles a sus militantes en los estados donde está aliado con el PRD/PT que deben de votar por el candidato de la alianza aunque también debe de aclararles que esos partidos hoy colegas-enemigos --caracterización de Gabriel Zaid-- son aliados aunque pidan la renuncia del presidente panista de la república.
Es el mundo de la política de locos.
2.- Por si fuera poco, el PAN parece poco capaz de resolver sus problemas de integración nacional. Aguascalientes podría repetir el caso de San Luis Potosí, donde el gobernador panista saliente no pudo imponer a su candidato y prefirió apoyar al del PRI; al final, la plaza la perdió el PAN, aunque el gobernador saliente logró la complicidad del nuevo gobierno priísta.
El PAN en Aguascalientes entró en una zona de conflicto. A duras penas logró la exhoneración de su candidato Martín Orozco Sandoval por la inhabilitación por catorce años por irregularidades en una operación de compra-venta: como alcalde, Orozco vendió un terreno pero resulta que como particular compró esa propiedad. La Contraloría municipal encontró esa irregularidad, pero el litigio en tribunales se dio no para probar el caso de corrupción, sino para salvar a un candidato designado del PAN.
Así, Orozco podrá ser candidato del PAN a la gubernatura, aunque seguirá cargando el fardo de la irregularidad que se tipifica como corrupción,
El trasfondo, de todos modos, dañará al PAN. El problema radica en el hecho de que el PAN aún no resuelve el modelo de integración nacional. En Aguascalientes el PAN nacional impuso como candidato panista a Martín Orozco Sandoval, pero sin la bendición del gobernador saliente Luis Armando Reynoso y entonces éste decidió bloquearlo. Así, la gubernatura de Aguascalientes se enfila para regresar al PRI.
Por tanto, los indicios señalan que la crisis en el esquema y proceso de nominación de candidatos a gobernador del PAN va a fortalecer la tendencia de suyo ganadora del candidato del PRI, el senador Carlos Lozano. Orozco fue alcalde de Aguascalientes capital y ahí dejó una estela de irregularidades, entre ellas la que llevó a que la Contraloría municipal decretara su inhabilitación por catorce años para ocupar un cargo público. La investigación se inició cuando Orozco era aún alcalde de la ciudad capital y tuvo que ver con la venta de un terreno propiedad del municipio que luego apareció titulado a nombre de Orozco y sus dos hijos.
En el fondo, el caso de Aguascalientes, como los de las alianzas donde el PAN propuso o aceptó candidatos de formación priísta, revela el hecho de que el PAN como partido carece de un mecanismo aceitado, funcional y reconocido de designación de candidatos. El PAN lleva diez años en el poder y aún no tiene una forma no conflictiva de designas candidatos.El riesgo está a la vista: el PAN no sólo no tiene garantías de victoria en las alianzas sino que ahora se enfila a perder la gubernatura de Aguascalientes con un candidato con pruebas de corrupción pero salvado por las leyes.
+ Aguascalientes: PAN quemado
Carlos Ramírez
1.- Además de mostrar la inutilidad del formato de las comparecencias de titulares del gabinete presidencial, la presencia del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, ante el pleno sólo demostró que los aliados PRD-PT del PAN del presidente Calderón pidieron la renuncia… del presidente Calderón y de su operador financiero.
El problema no es menor. El PRD y el PT se aliaron al PAN en elecciones para gobernador en varias entidades de la república. Los sucesos del miércoles en la Cámara de Diputados desorientaron a los electores panistas en las plazas de las alianzas porque resulta que van a votar por fortalecer al PRD y al PT que no sólo siguen insultando al presidente de la república sino que exigen su renuncia al cargo.
El enredo va lejos. Si acaso la alianza PAN-PRD/PT/PC gana en las plazas, entonces resulta que el PAN habrá bendecido el fortalecimiento de la frágil y débil coalición del salinista Manuel Camacho Solís y por tanto aumentará su fuerza para seguir exigiendo la renuncia del presidente de la república. Lo grave de todo es que la posibilidad de la victoria de las alianzas bizarras derecha-izquierda dependen no de la inexistente fuerza del PRD y del PT sólo como membrete, sino del PAN y --otra paradoja que rebasa hasta al escritor católico de las paradojas que admiran los panistas G. K. Chesterton y su Padre Brown-- del presidente de la república que las avaló.
Y como para que no hubiera duda de la intención real del PRD/PT de que sí quieren deponer al jefe del ejecutivo federal, dos mantas fueron colocadas por perredistas y petistas en la tribuna de la Cámara el miércoles pasado y presidieron la transmisión por televisión de la comparecencia de Cordero. Los panistas, por tanto, no entienden la alianza.
Lo malo del hecho fue la invisibilidad de la coordinadora de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Josefina Vázquez Mota, quien transformó su pasmo en pasividad indolente. ¿Le pertenece la tribuna de la Cámara al PRD y al PT o debe ser sujeta a la pluralidad partidista? Cada bancada tiene su zona de propiedad y ahí deberían colocarse las mantas. Pero la diputada Vázquez Mota parece más bien silenciosa aliada de la oposición que jefa de la bancada del partido en el poder.
Ahora el PAN tendrá que explicarles a sus militantes en los estados donde está aliado con el PRD/PT que deben de votar por el candidato de la alianza aunque también debe de aclararles que esos partidos hoy colegas-enemigos --caracterización de Gabriel Zaid-- son aliados aunque pidan la renuncia del presidente panista de la república.
Es el mundo de la política de locos.
2.- Por si fuera poco, el PAN parece poco capaz de resolver sus problemas de integración nacional. Aguascalientes podría repetir el caso de San Luis Potosí, donde el gobernador panista saliente no pudo imponer a su candidato y prefirió apoyar al del PRI; al final, la plaza la perdió el PAN, aunque el gobernador saliente logró la complicidad del nuevo gobierno priísta.
El PAN en Aguascalientes entró en una zona de conflicto. A duras penas logró la exhoneración de su candidato Martín Orozco Sandoval por la inhabilitación por catorce años por irregularidades en una operación de compra-venta: como alcalde, Orozco vendió un terreno pero resulta que como particular compró esa propiedad. La Contraloría municipal encontró esa irregularidad, pero el litigio en tribunales se dio no para probar el caso de corrupción, sino para salvar a un candidato designado del PAN.
Así, Orozco podrá ser candidato del PAN a la gubernatura, aunque seguirá cargando el fardo de la irregularidad que se tipifica como corrupción,
El trasfondo, de todos modos, dañará al PAN. El problema radica en el hecho de que el PAN aún no resuelve el modelo de integración nacional. En Aguascalientes el PAN nacional impuso como candidato panista a Martín Orozco Sandoval, pero sin la bendición del gobernador saliente Luis Armando Reynoso y entonces éste decidió bloquearlo. Así, la gubernatura de Aguascalientes se enfila para regresar al PRI.
Por tanto, los indicios señalan que la crisis en el esquema y proceso de nominación de candidatos a gobernador del PAN va a fortalecer la tendencia de suyo ganadora del candidato del PRI, el senador Carlos Lozano. Orozco fue alcalde de Aguascalientes capital y ahí dejó una estela de irregularidades, entre ellas la que llevó a que la Contraloría municipal decretara su inhabilitación por catorce años para ocupar un cargo público. La investigación se inició cuando Orozco era aún alcalde de la ciudad capital y tuvo que ver con la venta de un terreno propiedad del municipio que luego apareció titulado a nombre de Orozco y sus dos hijos.
En el fondo, el caso de Aguascalientes, como los de las alianzas donde el PAN propuso o aceptó candidatos de formación priísta, revela el hecho de que el PAN como partido carece de un mecanismo aceitado, funcional y reconocido de designación de candidatos. El PAN lleva diez años en el poder y aún no tiene una forma no conflictiva de designas candidatos.El riesgo está a la vista: el PAN no sólo no tiene garantías de victoria en las alianzas sino que ahora se enfila a perder la gubernatura de Aguascalientes con un candidato con pruebas de corrupción pero salvado por las leyes.
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