INDICADOR POLITICO
+ AMLO:
poder popular directo
+ No
democracia representativa
Carlos
Ramírez
Más que el proceso electoral
calificado por las instituciones avaladas
por todos los partidos, el PRD tiene que resolver en el corto plazo y en la
coyuntura del conflicto poselectoral su principal dilema político: asumir los costos de una democracia representativa o apostarle a la ruptura
para la creación de un poder popular de democracia directa.
Hasta ahora los debates perredistas
se han dado en el terreno de los asuntos procedimentales,
de medidas de corto plazo y de reformas neopopulistas. Pero Andrés Manuel López
Obrador podría tomar, el domingo próximo, una decisión estratégica: abandonar los canales institucionales y pasar a la
acción directa vía la movilización
popular.
La estrategia perredista para el
2012 se fijó en construir una movilización callejera
al estilo de la democratización de los países del mundo comunista soviético y copiando
las prácticas sociales de los países árabes que derrocaron a sus líderes
dictadores. En ese esquema estuvo siempre el papel sobredimensionado del movimiento YoSoy132 porque estaba formado por jóvenes de universidades
privadas y por tanto de familias de la élite
beneficiada por el viejo régimen priísta-neoliberal. Sin embargo, el 132 se fracturó, los universitarios
privados regresaron a las aulas y los de universidades públicas marcaron al movimiento con el perfil antisistémico
de la UNAM.
Una de las propuestas que hará
López Obrador en su mitin dominguero será el de mantener la movilización en las calles, colocando a los jóvenes por
delante y dejando en la retaguardia a los conocidísimos movimientos de la CNTE,
los atencos, los PanchosVillas, el SME y los beneficiarios de los programas
asistencialistas del gobierno capitalino. El objetivo buscará mantener el ritmo de protestas permanentes que
vayan tejiendo alianzas antipriístas en sectores populares, a fin de cristalizar
el modelo teórico de una “hegemonía
popular”, es decir, liderazgos de movimientos sociales en una especie de
buró político conductor de las manifestaciones.
Pero el destino final está localizado en la organización de un poder
popular, toda vez que el poder institucional no parece llegarle al PRD: los
datos de la sociología electoral señalan el techo de votaciones del PRD y aliados en 30% a nivel nacional. Y si
esa votación pudiera darle a la coalición neopopulista un papel de equilibrio y
acotamiento en decisiones, al final lo que quiere es el poder y no un peso en la balanza.
El modelo de poder popular en
México fue definido por el sociólogo Pablo González Casanova en dos tiempos: la
racionalización de las hegemonías populares revolucionarias centroamericanas
que lograron derrocar a dictaduras y
la conquista de espacios de poder doblegando al Estado. Ante la imposibilidad
de reformar la estructura electoral para facilitar la victoria presidencial, la
coalición neopopulista de López Obrador se ha ido inclinando cada vez más a la opción del poder popular y su camino
de la insurrección civil vía la desobediencia y el repudio al
institucionalismo.
El debate democracia
representativa-poder popular no es
nuevo. Comenzó justo en los albores del neoliberalismo que abandonó compromisos
sociales y dejó al garete a las clases sociales cuyo bienestar depende
exclusivamente de la acción pública. En 1984, al recibir el premio nacional de
ciencias, González Casanova estableció el criterio de las reconfiguración del Estado con la inclusión de organizaciones
sociales:
“La democratización de la sociedad y el Estado plantea la necesidad de
que el pueblo trabajador participe en el
poder del Estado, en la producción y en los frutos del desarrollo,
enfrentando una sociedad no sólo dividida
en clases sino en “sectores” de clase”.
En la revista Nexos, el entonces subsecretario de Desarrollo Regional de la
Secretaría de Programación y Presupuesto y hoy flamante senador perredista, Manuel
Camacho Solís, respondió a González
Casanova con el argumento de la democratización paulatina del régimen impulsada
por la clase gobernante, señaló el peligro
de terminar con las intermediaciones políticas institucionales y dijo que el
poder popular en el gobierno dejaría tentaciones al anarquismo y a los “idealismos populistas” que
justificarían a la postre la “dictadura
burocrática”.
El desconocimiento por segunda ocasión del sistema político
institucional ha dejado a López Obrador en la orilla de la redefinición de su
movimiento. Si no aceptó los dictámenes de las instituciones electorales y al
parecer carece de voluntad y de
interés para impulsar el diseño de un nuevo sistema electoral basado en la pureza de la política, entonces su
camino va a ser el de la insurrección permanente
y la movilización popular ante las reformas estructurales que van a pactar el
PRI y el PAN.
Al renegar dos veces del sistema electoral (2006 y 2012), López
Obrador quedó auto inhabilitado para
competir por la presidencia en el 2018, a menos que acepte las reglas del juego
y luego las repudie. Por tanto, la vía del poder popular directo se presentará como su único camino aunque a condición de
evitar la violencia. En contra de esta estrategia se encuentra la decisión de
liderazgos perredistas --legisladores y gobernadores-- que han decidido aceptar el sistema institucional y no insurrección
civil del tabasqueño.
Lo que queda por aclarar es si el análisis estratégico de López Obrador
ha evaluado con frialdad la clave de
todo activismo político de la izquierda: las condiciones objetivas para rupturas populares o revolucionarias.
Por lo pronto, el “estallido social” fracasó
rotundamente como amenaza insurreccional.
@carlosramirezh
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