INDICADOR POLITICO
+ El
narcotráfico, cáncer y plaga
+ Educación
militar especializada
Carlos
Ramírez
En la ceremonia que dio por
concluido el sexenio en materia militar, el presidente Calderón y el general
secretario Guillermo Galván Galván aprovecharon el espacio político para ofrecer el contexto social y de seguridad nacional
que condujo a la decisión de enviar a las fuerzas armadas a combatir al crimen
organizado que se había apropiado de
espacios de soberanía territorial del Estado.
La disposición de usar a las
fuerzas armadas no fue estimulada
por razón alguna que tuviera que ver con la legitimación política por el conflicto
poselectoral del 2006. Calderón afirmó en viernes pasado, en la ceremonia de
clausura del ciclo escolar 2011-2012 de planteles militares y de apertura del
ciclo 2012-2013, que envió a militares y marinos “a combatir el cáncer de la criminalidad que, por muchos años, se extendió casi impunemente hasta enquistarse en nuestras comunidades”,
“un cáncer, una plaga que amenazaba la
viabilidad misma del Estado mexicano”.
Los discursos de Calderón y del
general secretario Galván dibujaron el contorno del tema que ha desgastado el consenso
interno: el involucramiento de las fuerzas armadas contra el crimen organizado.
Se trató no de un asunto de
seguridad pública que le correspondía a las fuerzas policiacas, sino un tema
central que tiene que ver con la soberanía del Estado: la seguridad interior, parte sustancial de la
seguridad nacional y la seguridad nacional amenazada no por otros ejércitos
invasores sino por un crimen organizado que había expulsado leyes y autoridades de espacios territoriales de la
república.
El tema se ha agotado en la superficialidad de los análisis. Al
comenzar el sexenio, varios estados estaban bajo dominio de una decena de cárteles
de la droga. Corrompidas las autoridades políticas y de seguridad estatales y
municipales, la opción era dejar las
cosas como estaban o recuperar la
soberanía del Estado. Ahí se localizó la decisión estratégica de seguridad nacional de usar a las fuerzas armadas
como dique de contención para impedir el avance de la criminalidad.
La crisis en la conceptualización
de la seguridad condujo al ejército a la modernización
de su pensamiento militar ya no en función de los viejos modelos de defensa de
la soberanía territorial ante eventuales invasiones de ejércitos extranjeros,
sino a su adecuación ante las nuevas
amenazas contra el Estado. El general secretario Galván señaló que la educación
superior militar dio dos pasos sustanciales:
la maestría en Seguridad Interior y Defensa Nacional en el Colegio de Defensa y
el curso de Estado Mayor Conjunto en lo que era curso superior de guerra.
Mientras las instancias
legislativas y civiles siguen regateando
la modernización de las fuerzas armadas, los planteles militares dan saltos cualitativos en la conceptualización de
las doctrinas de defensa, algo similar a lo que ha ocurrido en otros países en
donde las doctrinas de defensa nacional reconocen el papel fundamental de los
ejércitos en la defensa de la
soberanía ante amenazas externa e internas
nuevas.
De ahí que el papel de las fuerzas
armadas en acciones de seguridad interior
como parte de la seguridad nacional se haya dado no sólo en los campos de
batalla enfrentando la violencia criminal contra la sociedad sino en la redefinición de funciones para la
estabilidad de la república. A pesar de los regateos civiles y judiciales, las fuerzas armadas lograron
desmantelar bandas, decomisar droga y armamentos y diezmar a los principales cárteles.
La errática y deficiente política
de comunicación social del gobierno federal no logró acreditar el peligro que representaba el poder armado y de
corrupción del crimen organizado. Pero la apreciación del presidente Calderón
el viernes fue la más certera: el
poder del crimen organizado “amenazaba la viabilidad
misma del Estado mexicano”. Todavía en los últimos meses el poderío criminal de
los cárteles atacó zonas de
Tamaulipas y Michoacán desbordando a las autoridades estatales y municipales, sin
que sectores de la sociedad alcancen a entender
la dimensión del peligro.
La comunicación gubernamental no pudo fijar el debate nacional sobre
la inseguridad y la violencia criminal en los terrenos de la corrupción, la
complicidad del sistema político y la falta de responsabilidad de las
autoridades estatales y municipales, por lo que la discusión se agotó en la pobreza y el desempleo como
nutriente de los cárteles. Asimismo,
la estrategia gubernamental desdeñó
las campañas de educación, los programas de empleo temporal en zonas afectadas
e inversiones sociales de emergencia.
Al finalizar el sexenio de Calderón
y comenzar el de Peña Nieto, el sistema político debe evaluar los pasivos con las fuerzas armadas: la
reforma a la ley de seguridad nacional para mayor certeza jurídica, una doctrina de defensa nacional y la salvaguarda
del fuero militar. Los cárteles del
crimen organizado como enemigos de la república van a seguir latentes después
del primero de diciembre, sino es que antes organizan una ofensiva para recuperar posiciones aprovechando el vacío político y
de poder del interregno.
Y el nuevo gobierno debe resolver
la paradoja política: el ejército es
castigado por abusos de algunos militares que ya habían sido castigados por tribunales castrenses,
pero la estructura política y judicial del Estado ha sido penetrada por los narcos y nada hace para establecer sanciones: un
diputado del PRD que fue acusado de informar
al cártel de Michoacán y un
secretario de estudio y cuenta de un ministro actual de la Corte Suprema -.-donde se castiga severamente el fuero
militar-- está preso por ser informante del cártel
del Chapo, ambos protegidos por sus instancias políticas y judiciales.
@carlosramirezh
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