INDICADOR POLITICO

+ Crisis, problema de desarrollo

+ Y no de la seguridad nacional

Carlos Ramírez

La escena del lunes fue altamente significativa: en la mesa principal, el senador René Arce, ex guerrillero del EPR fundado en 1994 con los sobrevivientes del Partido de los Pobres de Lucio Cabañas y hoy miembro de la comisión bicameral de seguridad nacional; a su izquierda, el general de división y subsecretario de la Defensa Nacional, Carlos Demetrio Gaytán Ochoa. El tema de debate: la seguridad nacional, la sociedad democrática y la participación del ejército en la lucha contra los cárteles del crimen organizado.

Como segundo pensamiento, la decisión de la Corte Suprema de avalar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para limitar el fuero militar en derechos humanos a cortes civiles, como parte del caso Rosendo Radilla, presuntamente detenido por el ejército en 1974 en la batalla ordenada por el gobierno priísta de Luis Echeverría contra la guerrilla en Guerrero, a cuyo PDLP pertenecían varios miembros de la familia Radilla y el propio Rosendo.

El problema de fondo en la relación de la seguridad nacional con la sociedad democrática no se localiza en el territorio militar. Las fracciones I y II del artículo 1 de la ley orgánica del ejército y la fuerza aérea señalan con claridad las misiones de las fuerzas armadas: “defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación” y “garantizar la seguridad interior”.

Por tanto, el debate sobre la participación de los militares en la lucha contra la delincuencia organizada y transnacional está fuera claro porque los criminales son una amenaza a la soberanía y la seguridad. Por eso el general Gaytán Ochoa fue claro en corresponsabilidad de todas las instituciones del Estado: la seguridad nacional no es sólo el orden legal sino el desarrollo económico, social y político. De ahí que sólo las fuerzas armadas han cumplido con su tarea de garantizar la seguridad interior con el combate frontal contra los grupos criminales, en tanto que las demás instituciones del Estado no han desempeñado sus tareas de desarrollo integral. “La seguridad nacional es una función del Estado, es una función del Estado integral”, les recordó el general Gaytán Ochoa.

Y no era para menos. La sociedad civil y la sociedad política creen que la seguridad nacional es la meta del desarrollo, cuando en realidad es su parte fundamental. El general Gaytán Ochoa recordó los postulados de la actual Ley de Seguridad Nacional, cuyo segundo párrafo del artículo señala la con suficiente claridad la corresponsabilidad:

“La misma (Ley) tiene por objeto establecer las bases de integración y acción coordinada de las instituciones y autoridades encargadas de preservar la Seguridad Nacional, en sus respectivos ámbitos de competencia; así como, la forma y los términos en que las autoridades de las entidades federativas y los municipios colaborarán con la Federación en dicha tarea”.

Por lo pronto, gobiernos estatales y municipales han violado flagrantemente la ley al desentenderse de su corresponsabilidad en la seguridad nacional, quejarse todo el tiempo de la acción federal y no reconocer la realidad de que las policías estatales y municipales colaboran con el crimen organizado.

De ahí que la presencia del subsecretario de la Defensa Nacional en el Senado para hablar de seguridad nacional y sociedad democrática --teniendo al lado a un ex guerrillero-- haya constituido un punto de inflexión en el debate sobre la estrategia del Estado contra las bandas del crimen organizado. La invocación a la Ley Seguridad Nacional fue para recordar la definición de seguridad nacional: “las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano”. Y estas acciones tienen, entre otros, fines muy concretos:

I. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país;

II. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio;

III. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno;

IV. El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación;

V. La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional, y

VI. La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes.

Por tanto, la seguridad nacional no es una acción aislada sino que forma parte de tres de los objetivos esenciales del Estado: la defensa de la soberanía, el desarrollo nacional y el sistema democrático. Por el lado en que se le quiera ver, el crimen organizado y la delincuencia son una amenaza contra el Estado y por tanto contra la estabilidad nacional.

En todo caso, las fallas estarían en otro lado. Lo recordó el general Gaytán Ochoa: “a esos óbices (obstáculos) el Estado tiene que oponer el poder nacional (…), el poder nacional es justamente la suma de todos los activos de que dispone un estado para enfrentar esos óbices que le están impidiendo la consecución y preservación de sus objetivos nacionales”.

No es la primera vez que el ejército aclara posicionamientos. En 1980, entonces secretario de la Defensa Nacional, Félix Galván López, dio al reportero Roberto Vizcaíno, de Proceso, una definición de seguridad nacional que completaría el enfoque de defensa de la soberanía: “seguridad nacional es el mantenimiento del equilibrio social, económico y político (de la nación), garantizado por las fuerzas armadas”.

Al combatir a las mafias del crimen organizado, el ejército no está reprimiendo la lucha política democrática sino combatiendo la delincuencia como comportamientos antisociales de grupos que forman parte de una red de intereses internacionales. En todo caso, a la acción del Estado le falta resolver el problema del desarrollo, el bienestar y el empleo.

Por lo demás, la presencia del ex guerrillero Arce al lado del subsecretario de la Defensa Nacional mandó un mensaje nada subliminal de que el ejército ha cumplido con su tarea fundamental y que los grupos radicales han tenido que reconocer en los hechos que el camino de la política debe ser el legal.

 (Diario Político 2012 de Carlos Ramírez en www.grupotransicion.com.mx)

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19-Julio-2011, Martes.

INDICADOR POLITICO

+ Sedena: olvidos de la Corte

+ Modernización del ejército

Carlos Ramírez

Además de condenar al ejército a perder fuero que debilita el escudo de seguridad nacional del Estado y de la nación y de condenarlo por actos cometidos bajo los gobiernos priístas del pasado, la Corte Suprema de Justicia de México ignoró el proceso de modernización social de la Secretaría de la Defensa Nacional en materia de derechos humanos en este sexenio.

En un artículo publicado el lunes en Milenio diario, el especialista Javier Oliva Posada, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y experto en seguridad nacional y sistema político mexicano, realizó un recuento de las reformas que ha realizado el ejército para abrir su sistema judicial y parea sumarse a la defensa de los derechos humanos.

La lista de reformas que recupera Oliva Posadas no es desdeñable: en 2005 estableció en la ley de educación militar la doctrina de “conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos”, el sexenio anterior eliminó la pena de muerte, en la actual administración ha creado la Dirección de Derechos Humanos y la Dirección de Vinculación Ciudadana en la Sedena, la Marina dictaminó reglas para el uso de las armas, los militares auto limitaron el fuero de guerra y los juicios militares son orales y abiertos a la ciudadanía.

Por tanto, los militares no vulneran la legalidad por sistema y se modernizan de cara a la sociedad. Aquí se reproduce el análisis de Oliva:

“Con estos muy breves antecedentes (anotados arriba), la tan difundida, como superficial, postura de que los militares en México representan un actor que vulnera la de por sí precaria situación de los derechos humanos no tiene sustento. Los datos de la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos pueden desmentir ese señalamiento, pues ante una queja fundamentada, se ha procedido contra poco más de 250 militares que han abusado y violado de alguna forma los derechos humanos de ciudadanos. En este punto, debe recordarse el penoso papel de la fiscalía encabezada por Ignacio Carrillo Prieto durante el foxato, que sólo culpabilizó y sentó en el banquillo de los acusados a militares (en situación de retiro) y a un ex presidente de la República, pero en cambio ningún protagonista de los que le “declararon la guerra” al Estado mexicano, quienes utilizaron todos los recursos de la violencia armada, física y tortura contra compañeros de lucha, víctimas de secuestros, policías y soldados, jamás compareció.

“Como sabemos, el origen de la determinación de la Corte tiene que ver con el caso de desaparición forzada del activista Rosendo Radilla, en 1974, en el ambiente de la guerrilla en Guerrero. Pero en el momento en que se determina la comparecencia de los militares mexicanos ante tribunales civiles, no se ha tomado la precaución ni de parte de la Cámara de Diputados ni tampoco de la misma SCJN para establecer las condiciones adecuadas y jurídicas con la cuales el poder militar pueda seguir contribuyendo a preservar la seguridad interior y la seguridad pública en amplias zonas del país. Los soldados y marinos, hay que subrayarlo, están fuera de sus instalaciones a petición expresa del poder civil y por mandato del comandante supremo de las fuerzas armadas, es decir, el Presidente de la República.

“Sin las reformas necesarias a la Ley de Seguridad Nacional, cuyo proceso legislativo comenzó en el lejano 20 de abril de 2009, ni tampoco una cobertura política, las fuerzas armadas, en cambio, sí observan los efectos de las presiones de actores políticos y organizaciones que encuentran el terreno despejado ante la inacción de quienes no desean presentarse como partidarios de la “mano dura”, o con posiciones propensas a respaldar la violación sistemática de los derechos humanos. Pensando en 2012, estamos perdiendo el sentido de país.

“El momento en que se adopta la decisión para que militares sean juzgados por tribunales civiles en caso de violaciones a los derechos humanos provocará que a partir del momento de su plena vigencia, soldados y marinos podrán ser juzgados y procesados en los mismos lugares en dónde se encuentran los criminales que han acorralado al Estado, gobiernos y sociedad abierta. El peligro de que los militares se vean inhibidos en el cumplimiento de una actividad que no les corresponde de forma directa, como es la conservación de la seguridad pública, afectará a gobiernos estatales y municipales que hoy padecen en situación de extrema vulnerabilidad el acecho del crimen organizado.

“En Londres, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), clasifica a México como un país que vive un conflicto armado sin rebelión, es decir, una confrontación armada que carece de argumentos políticos o de programas de reivindicación por alguna de las partes, pero que no deja de tener una muy alta dosis de violencia. En ese contexto, los derechos humanos pueden ser utilizados como una estratagema que busque contener las acciones de los militares mexicanos ante la posibilidad de verse involucrados en un largo y complejo litigio judicial.

“¿Quién va a pagar los abogados, la Sedena y la Semar o el soldado y el marino? En medio de operativos en donde la muerte y el miedo son acompañantes permanentes, agregar la incertidumbre jurídica al estado de ánimo de quienes son la última instancia y recurso del país no dará un buen resultado.

“Es justificado el temor respecto de los abusos que el crimen organizado puede realizar con la cobertura que proporciona la decisión de la Corte, pero más peligroso aún es la posibilidad de que en medio de este litigio jurídico, el repliegue obligado de las fuerzas armadas se dé ante la falta de operación política de parte de la autoridad civil a las actividades que ésta misma le ha solicitado a los militares para realizar el despliegue táctico. Buscar el punto de equilibrio es complejo pero hay que construirlo, y ese lo dará una ley de Seguridad Nacional que atienda a la complejidad del país y vea más allá de la inseguridad pública.

“Los militares mexicanos, tomando como referencia la historia latinoamericana, son los únicos que piden leyes para mejor actuar. En febrero de 2009, el general Guillermo Galván hizo el primer exhorto. Los señalamientos, sugerencias y peticiones militares han sido hechos. Las respuestas han sido limitadas.”

 (Diario Político 2012 de Carlos Ramírez en www.grupotransicion.com.mx)

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18-Julio-2011, Lunes.

INDICADOR POLITICO

+ Radilla: PRI debe disculparse

+ CIDH enjuicia a Estado priísta

Carlos Ramírez

De toda la sentencia del caso Radilla, un punto queda pendiente: la obligación del Estado mexicano de disculparse con los familiares por la desaparición de Rosendo Radilla. Sin embargo, el caso ocurrió en 1974; por tanto, la disculpa tiene que darla el PRI porque el partido que gobernaba en esos tiempos y el que usó la fuerza para reprimir la disidencia que exigía vías democráticas.

Pero resulta que el PRI está ahora mismo distraído en preparar su regreso a la presidencia de la república en el 2012 que se ha olvidado de las tres herencias que lo hicieron perder las elecciones en el 2000: la represión, la corrupción y la pobreza. Como partido de la alternancia, e PAN ha sido incapaz e ineficiente para deslindarse del pasado priísta y de la herencia maldita.

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Radilla enjuició a los gobiernos priístas que utilizaron la represión como respuesta autoritaria contra las demandas de democracia. Radilla presuntamente fue aprehendido por formar parte del Partido de los Pobres de Lucio Cabañas, quien murió en diciembre de ese año en un enfrentamiento con fuerzas militares. Se trataba de la primera guerrilla formal, de orientación popular y socialista, con objetivos de derrocar al gobierno priísta.

La guerrilla en México tuvo tres fuentes: la pobreza rural, la represión en Tlatelolco y la represión obrera, las tres decisiones políticas del PRI para no ceder el poder ni abrir la competencia política. La guerrilla formó parte de la lucha política contra el sistema político priísta: primero fueron las protestas, luego la toma de organizaciones sociales como los sindicatos y finalmente las manifestaciones callejeras. Contra todas ellas respondió el PRI no con voluntad democrática sino con la represión. No por menos equipo político de la represión transitó en el poder de 1954 a 2000: en la crisis magisterial de 1954-1958 Gustavo Díaz Ordaz descubrió a Luis Echeverría cuando los dos eran oficiales mayores, el primero de Gobernación y el segundo de Educación Pública; y el tercer miembro del equipo fue Fernando Gutiérrez Barrios, entonces pieza clave de la Federal de Seguridad. En 1999 el sistema priísta también reprimió políticamente a dos ecologistas en Guerrero y tuvo en su contra otra sentencia de la CIDH.

La represión priísta fue la respuesta a las demandas de democratización de importantes grupos de la sociedad. La guerrilla fue, a su vez, el camino de ruptura institucional que tomaron los que vieron que el sistema político priísta no se iba a abrir a la democracia. El segundo recordatorio histórico llegaría en 1994 con el alzamiento de la guerrilla zapatista, entonces con un enorme consenso social que paró la represión que preparada el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Radilla quedó atrapado en la lógica de la represión ordenada por el presidente Luis Echeverría, con la complicidad de la estructura de poder del sistema político priísta: la prensa, el Congreso y sus bancadas de oposición leal y controlada, la Corte Suprema de Justicia supeditada al presidente de la República y la comunidad internacional que alababa la estabilidad política priísta. Su aprehensión y desaparición, por tanto, formó parte de la lógica de la represión del PRI para impedir la democratización.

Lo paradójico de los casos es que en la CIDH estaba, durante el juicio del caso Radilla, como juez internacional un jurista que formó parte del engranaje judicial del régimen represor priísta en el gobierno de Echeverría: Sergio García Ramírez, quien fue agente de la policía política de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, procurador del DF el día del halconazo y subsecretario de Gobernación el día del arresto de Radilla. Hubiera sido interesante que los jueces de la CIDH interrogaran al abogado para tener información directa de las razones de Estado en la represión contra ciudadanos.

Por tanto, la sentencia del caso Radilla en la CIDH debe ser leída como una tardía condena internacional contra la represión criminal del PRI en el largo periodo de endurecimiento 1950-2000. Los gobiernos panistas 2000-2011 no pudieron o no quisieron o pactaron no ajustar cuentas con las tres herencias malditas del sistema político priísta, aunque han tenido que cargar con las secuelas de ese pasado: la CIDH en la represión, la pobreza por la negativa priísta a modificar el modelo de desarrollo y la corrupción.

Lo malo del asunto es que el PAN ha servido como periodo de limpieza política del régimen priísta. La posibilidad del regreso del PRI a la presidencia de la república no sólo no ajustará antes cuentas con la sociedad en las tres herencias cuyo agudizamiento en el 2000 lo llevaron a perder las elecciones, sino que el PRI está viendo con una sonrisa de sorna cómo los gobiernos panistas de la alternancia cargan con el castigo político y moral por los saldos priístas.

En los recientes debates sobre los casos Radilla y de los ecologistas, el PRI estuvo ajeno, a pesar de que varios de los políticos priístas en activo en alguna o muchas formas participaron en la complicidad política. Peor aún: las instituciones mexicanas como el PRI, el Congreso y la Corte Suprema, que en el pasado priísta fueron cómplices institucionales de la represión, actuaron como si hubieran estado en otra galaxia en el pasado priísta. Sólo el ejército, que ha obedecido lealmente la dirección política de los políticos civiles, tuvo que pagar los platos rotos y lo hizo, de nueva cuenta, con disciplina institucional, pero abandonado por otras instituciones que lo llevaron en el pasado a situaciones límite.

Aunque hay una complicidad para aislar las implicaciones históricas de los casos Radilla y de los ecologistas, de todos modos queda claro que el Estado no tiene que disculparse con los familiares de los reprimidos sino que la disculpa la tienen que dar el PRI y los priístas que usaron la represión en el pasado para eludir cualquier apertura democrática real.

(Diario Político 2012 de Carlos Ramírez en www.grupotransicion.com.mx)

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15-Julio-2011, Viernes.

INDICADOR POLITICO

+ La SCJN y la justicia doctrinaria

+ “Olvidó” el 58 de Código militar

Carlos Ramírez

El debate en el seno de la Corte Suprema de Justicia de México por el caso Radilla giró en torno a dos puntos: de un lado, si existen o no garantías al debido proceso en la justicia militar; de otro y por encima de la Constitución, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó el fin del fuero militar en derechos humanos por doctrina o por abusos castrenses.

Y ahí existen elementos para señalar que la decisión tomada por nueve ministros fue doctrinaria y no jurídica y que sus efectos van a repercutir negativamente en la lucha de las fuerzas armadas contra los cárteles del crimen organizado porque en tribunales civiles los abogados de los criminales van a incluir todas las acciones de seguridad como violatorias de los derechos humanos.

Por tanto, la Corte le dio rango de doctrina jurídica a lo que pudiera señalarse como la tesis Jorge Hank Rhon: darle más elementos de defensa a los inculpados que instrumentos jurídicos a los fiscales. Las armas ilegales sí eran de Hank Rhon y el propio presidente de la república afirmó que un arma del político priísta sí estuvo involucrada en un crimen, pero se le dejó en libertad porque una juez desconoció la flagrancia en el suceso.

Por lo pronto, los nueve ministros de la Corte que votaron por el fin del fuero militar en derechos humanos no reconocieron la validez en juicios militares del artículo 58 del Código de Justicia Militar que aplica el código penal civil en sucesos de orden común o federal cometidos por militares; es decir, que la justicia civil se aplica a militares, por lo que en realidad no existe fuero militar como privilegio o exclusión. El artículo 58 dice a la letra:

“Cuando en virtud de lo mandado en el artículo anterior (delitos contra la disciplina militar), los tribunales militares conozcan de delitos del orden común, aplicarán el Código Penal que estuviere vigente en el lugar de los hechos al cometerse el delito; y si éste fuere de orden federal, el Código Penal que rija en el distrito y territorios federales”.

Por tanto, los militares no viven en un régimen judicial aparte porque se rigen por el código penal. Y a ello se agrega el recordatorio que hizo el secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván, el 13 de septiembre de 2009: “las resoluciones de los juzgadores militares son susceptibles de ser modificados o revocados por el poder judicial de la federación”.

Lo que quedó en el fondo de los debates en la Corte fue el hecho de que la mayoría de los ministros decidió jalar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano y tomar por su cuenta decisiones antes de reformas legales sobre el tema. La sentencia de la CIDH exigió al Estado mexicano “reformas legislativas” para acotar el fuero militar en derechos humanos. Pero el problema fue doctrinario porque la CIDH reconoció que no había problemas con el fuero de guerra del 13 Constitucional y pidió “reformas legislativas” sólo para adecuar el código de justicia militar al derecho internacional.

La decisión de nueve ministros también atropelló a la Constitución porque implicó desconocer su jerarquía; el artículo 130 es más que claro:

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión”.

La Constitución exige que los Tratados deban estar de acuerdo con la Constitución y no al revés. Pero la Corte aprobó nuevas funciones para los jueces en asuntos derivados de delitos militares con civiles sin modificar la Constitución; los nueve ministros convirtieron a la Corte en un legislador negativo.

La segunda parte del 133 cae en el mismo error jurídico:

“Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados”.

La decisión del martes 12 de julio de nueve ministros de la Corte interpretó a su modo el sentido del artículo 1º de la Constitución, que pone a la carta magna por encima de los Tratados:

“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.

El asunto clave radica en el hecho de que nueve ministros de la Corte invadieron el terreno legislativo.

El problema es doctrinario porque los tribunales militares sí cumplen con las exigencias de aplicación de la justicia; en el caso 989/2009 debatido en la Corte para negar un amparo contra la justicia militar se reconoció que los militares denunciados por civiles sí fueron juzgados y sentenciados por tribunales militares. Además, la Convención de los DH habla, en sus artículos 2, 8 y 25, de justicia aplicada y debido proceso y no de terminar con la justicia militar.

Y viene otro problema: en la zona de La Laguna ya se comprobó que son asesinados los miembros de un cártel encarcelados en prisiones dominadas por otro cártel; por tanto, los militares que sean encarcelados en prisiones civiles van a correr el riesgo de ser asesinados o, en el peor de los casos, de ser cooptados por las bandas del crimen organizado.

Desde el martes las bandas criminales están de fiesta por la decisión de la Corte: de nueva cuenta se usan los derechos humanos para proteger a los delincuentes. Y lo prueba el video que circula donde dos delincuentes asesinan a patadas a dos soldados.

(Diario Político 2012 de Carlos Ramírez en www.grupotransicion.com.mx)

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14-Julio-2011, Jueves.

INDICADOR POLITICO

+ Ejército: platos rotos del PRI

+ Hipocresía política de CIDH

Carlos Ramírez

La Corte Suprema de Justicia de México decidió castigar al ejército con la limitación del fuero militar por un suceso ocurrido en 1974, cuando el sistema presidencialista del PRI utilizó a las fuerzas armadas para aplacar las demandas de democracia.

En esos cuarenta años, el papel y la situación del ejército han cambiado radicalmente, al grado de que --como en casi ningún otro ejército-- cuenta con una oficina de atención ciudadana y con una dirección de derechos humanos. De ahí que la Corte Suprema haya decidido desconocer la evolución profesional del ejército y lo haya asumido como un violador per se de los derechos humanos pero basado y no en el presente.

Lo paradójico ha sido que la Corte exoneró a Luis Echeverría del delito de genocidio por la represión estudiantil en 1968 con el criterio de que no se podía aplicar retroactivamente el convenio internacional firmado por México en el 2002 pero ahora sí se aplicó la retroactividad en el caso Radilla. Lo peor es que la Corte sancionó al ejército por el caso Radilla de 1974, cuando el presidente de la república entonces era Luis Echeverría y cuando justamente Echeverría como comandante en jefe de las fuerzas armadas utilizó al ejército para combatir la guerrilla guerrerense.

La corresponsabilidad moral por la represión es muy amplia. La sentencia Radilla debe ser tomada como una condena internacional al régimen priísta que usó la fuerza para reprimir las exigencias de democracia. Y puede darse la paradoja de que ese mismo régimen priísta, sin pasar por algún acto de contrición o de revisión de su pasado represor, pueda regresar al poder presidencial en el 2012. Hasta ahora, el priísmo no ha tenido el valor político de revisar críticamente la etapa de la represión ni de deslindar las responsabilidades del ejército como instrumento de fuera en el reinado priísta. En el caso Radilla, el PRI abandonó al ejército a su propia suerte, a pesar de que fue el PRI el que usó al ejército contra la disidencia.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tendría que ser llevada a juicio por incongruencia jurídica y corresponsabilidad moral. La CIDH ha condenado a México por represión. Sin embargo, uno de sus jueces de la CIDH, el mexicano Sergio García Ramírez, hoy retirado, formó parte del gobierno de Echeverría. Y no sólo eso: García Ramírez fue procurador general del Distrito Federal en 1971, precisamente el día del halconazo en San Cosme contra estudiantes, y como tal eludió su responsabilidad jurídica y moral para investigar el hecho de que la represión fue presidencial.

García Ramírez se excusó de participar en el caso Radilla pero por el hecho de ser mexicano, no por haber sido miembro del gobierno de Echeverría en 1974. En el 1974 del caso Radilla, el juez García Ramírez de la CIDH era nada menos que subsecretario de Gobernación del gabinete de Echeverría, la dependencia encargada de operar la represión contra disidentes. Y durante la primera mitad del gobierno de López Portillo, cuando se formó la Brigada Blanca como escuadrón de élite para liquidar ilegalmente a la guerrilla, García Ramírez fue subsecretario de la Juventud precisamente cuando la juventud era reprimida por el Estado priísta para aplacar sus exigencias de democracia.

Los funcionarios que participaron en los gobiernos priístas de la represión no sólo se salvaron sino que algunos se convirtieron en defensores de lo que antes atacaron. En este contexto, el ejército quedó como una víctima propiciatoria de los cargos de conciencia de los sectores hoy beneficiados por la democracia y dispuestos a condenar al pasado represor del PRI olvidando su propio pasado. La sentencia Radilla y la decisión  de la Corte de acotar el fuero militar merecerían una declaración oficial del PRI para asumir responsabilidades históricas que el gobierno de Fox no se atrevió a fincar.

Lo grave del caso es que la decisión de la Corte obedeciendo a la CIDH causó un daño irreversible al escudo de seguridad nacional de la república y a la soberanía del Estado. El problema en que la Corte metió al ejército puede ser inmanejable. De hecho, las presuntas violaciones de derechos humanos por parte de militares han sido en el combate al crimen organizado como parte de sus tareas de defensa de la seguridad interior, entendida ésta como el orden interno que es atacado por  la acción criminal y que pone en riesgo la seguridad nacional, la soberanía del Estado y la balcanización territorial. Por tanto, los primeros en cobijarse bajo la decisión de la Corte serán los criminales que podrían alegar el exceso de fuerza y por tanto la violación de derechos humanos en su contra para eludir el brazo de la justicia.

El ejército como la institución por excelencia para la defensa de la soberanía fue rebajada a nivel de policía y con ello los cárteles del crimen organizado se anotaron una victoria histórica porque en sus juicios podrán alegar violación de derechos humanos y con ello ir anulando cargos, como ocurre en los tribunales civiles. La propia Corte ha condenado a la policía federal y a policías federales en la contención de insurrecciones políticas y las ha obligado a regular el uso de la fuerza, como ocurrió con la violencia social en Atenco o la insurrección en Oaxaca contra la forma constitucional de gobierno.

La sentencia Radilla, por tanto, fue una condena al régimen priísta que usó la represión en el pasado contra las demandas de democratización o contra la disidencia que tomó las armas para derrocar al gobierno federal. Ahí radica la otra gravedad del asunto: los cárteles de la droga y la guerrilla --dos formas para combatir al Estado, la soberanía y el orden constitucional-- fueron disminuidas al nivel de crimen común, a pesar de que las dos utilicen la violencia de las armas que por ley sólo le corresponde al Estado, a las fuerzas armadas y a las policías.

Y como existe el riesgo de ser juzgadas por delitos contra los derechos humanos, entonces las fuerzas armadas tendrán que ejercer la pasividad o verse metidas en juicios en las que llevarán las de perder. Ya se olvidó que el Estado es, en resumen, el monopolio de la fuerza. Ahora las fuerzas de seguridad tendrán que convertirse en oficinas de relaciones públicas y no en garantes del orden y la soberanía del Estado.

(Diario Político 2012 de Carlos Ramírez en www.grupotransicion.com.mx)

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13-Julio-2011, Miércoles.

INDICADOR POLITICO

+ PAN 2012: el factor Josefina

+ El mensaje de las encuestas

Carlos Ramírez

Si la política cada día es más imagen mediática que ideas o proyectos, los perfiles del 2012 están enviando ya algunos mensajes: al posicionamiento televisivo del priísta  Enrique Peña Nieto podría estarle saliendo su contraparte en el ascenso político de la diputada panista Josefina Vázquez Mota.

La última encuesta de Consulta Mitofsky, de Roy Campos, ofrece algunos datos para el análisis político: sin precampaña abierta, con escasa exposición pública, en medio de la parafernalia priísta de Peña Nieto y los escándalos perredistas de López Obrador y Marcelo Ebrard, la panista Vázquez Mota duplicó su presencia en el ambiente político de enero a junio y rebasó al activismo del senador panista Santiago Creel Miranda.

El dato no es menor porque deja ver algunas señales surgidas “desde Pinos” --como se refieren en el lenguaje político a la casa presidencial, ya sin el artículo “Los” en plural-- para dejarle campo abierto a la diputada. Mediáticamente Vázquez Mota ofrece una imagen fresca, ajena a la estridencia, muy femenina y el mercado político responde con encuestas positivas. En círculos políticos se tomó la licencia de Creel al senado para su precampaña como una respuesta al posicionamiento creciente de Vázquez Mota.

El candidato (casi-semi) oficial Ernesto Cordero, que ha recibido espacios públicos y cargadas de apoyo, bajó incluso un punto su reconocimiento en la encuesta de Consulta y Alonso Lujambio permaneció igual, los dos con cifras de alrededor de 7% contra el 33.4% de Vázquez Mota. En tanto, el agitado secretario del Trabajo, Javier Lozano, no ha logrado obtener respuesta mediática a su twittercampaña y apenas subió de 1.0% a 1.6%.

Lo interesante de la encuesta de Consulta no es el afianzamiento de Peña Nieto en la tendencia de los votos, sino los datos del sondeo que perfilan un reposicionamiento de los posibles adversarios del priísta. Y ahí de nueva cuenta Vázquez Mota manda datos significativos: 15% contra 18% de López Obrador, pero ella casi sin exposición mediática y el tabasqueño con sus estridencias, sobreexposición en medios y acarreos cotidianos.

Y con Marcelo Ebrard, Vázquez Mota perfila casi un empate técnico --16.7% del gobernante capitalino contra 15.4% de la diputada panista--, quitándole un copete de votos a Peña Nieto, a pesar de que el perredista usa recursos del gobierno del DF para posicionarse. En el juego de escenarios entre varias ternas de aspirantes de los tres partidos, Vázquez Mota sale arriba de Creel.

El mercado político, por ahora, envía algunas señales reactivas, con una elección alejada en el tiempo. Si se revisan las lecciones de la elección mexiquense, el candidato estatal del PRI mantuvo su ventaja porque los candidatos del PAN y del PRD no lograron motivar al electorado desde antes de su nominación. De ahí que el salto de Vázquez Mota en la encuesta de Consulta tenga un mensaje en cuanto a la motivación de los encuestados sobre una personalidad política con hasta ahora poca exposición en medios.

Los análisis de las cifras de la encuesta registran también otros detalles interesantes. A nivel nacional la posición adelantada de Enrique Peña Nieto es personal --ex decir, producto de exposición en medios-- y baja diez puntos el PRI como partido político. Ello quiere decir que la ventaja del gobernador mexiquense puede reducirse si el PRI se le sigue convirtiendo en un lastre, aunque el tricolor ya aprendió la lección y suele ir en alianza con otro partido para diluir el escudo del PRI en las boletas; pero otras encuestas comienzan a registrar el efecto negativo del anuncio de Humberto Moreira y del propio Peña Nieto de una alianza con Elba Esther Gordillo, la repudiada dirigente magisterial.

El ambiente político está ofreciendo un panorama bastante apretado para el PAN en el 2012. Las opciones del presidente Calderón son tres: su candidato, un candidato que le pueda ganar el proceso interno o una candidatura sorpresa para dar una mayor pelea al adelantado candidato del PRI. Calderón tiene experiencia en el manejo de estos tres escenarios porque hace seis años se le impuso al presidente Fox en la elección interna y pudo remontar una ventaja casi igual a la de hoy que tenía entonces Andrés Manuel López Obrador. Y si hace seis años le funcionó al PAN el mensaje de que “López Obrador es un peligro para México”, en el 2012 requerirá de otro argumento político para acortar la ventaja tricolor.

Aunque Creel ha hecho una tarea agotadora para mantener altas sus expectativas, el dato del salto de Vázquez Mota sin trabajo político es un elemento para el análisis panista de las posibilidades. Para algunos expertos en imagen política, a Vázquez Mota le estaría ayudando a su posicionamiento su perfil femenino como un elemento sorpresa y su imagen de tranquilidad en un ambiente político crispado y polarizado, sobre todo en una crisis económica y social que ha fortalecido a la mujer como pieza fundamental en las familias.

Las primeras encuestas de imagen, posicionamiento social y tendencias tempranas del voto están aportándole al PAN algunos elementos de viabilidad para sus precandidatos. Ciertamente Ernesto Cordero y Alonso Lujambio --las dos cartas fuertes del gabinete-- aún no han comenzado una campaña formal y su posición en el gabinete no ayuda. Sin embargo, los datos de las últimas elecciones estatales han dejado indicios del perfil de los competidores que está atendiendo el electorado. En las actuales circunstancias será muy difícil imponer un candidato panista sin atender a las encuestas.

El gran dilema del PAN radica en saber si va a escoger como candidato al que impongan las élites o al que tenga una mejor imagen en el electorado. Y la principal preocupación en el PRI radica en que una mujer sea candidata panista.

(Diario Político 2012 de Carlos Ramírez en www.grupotransicion.com.mx)

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12-Julio-2011, Martes.

INDICADOR POLITICO

+ Radilla y soberanía del Estado

+ Activismo de la Corte de DH

Carlos Ramírez

El debate en la Corte Suprema de México sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Rosendo Radilla Pacheco no tiene que ver con una decisión de reparación de daño sino establece el mandato de un organismo internacional para exigir la modificación de la Constitución mexicana.

Entre otras, dos opiniones de dos ministros de la Corte Suprema de México jalaron  la atención a la validez de mandatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tienen que ver con la soberanía del Estado. Aunque los dos ministros se vieron en minoría frente a decisiones aprobadas por mayoría, de todos modos quedaron sentadas sus advertencias sobre un organismo internacional como legislador negativo del Estado de derecho mexicano.

El tema, inclusive, involucra no sólo la conceptualización, en la filosofía del derecho, de la soberanía del Estado,  sino que tocó el punto sensible de la soberanía en acto del Estado por el papel que juega el ejército como pilar de la soberanía. La CIDH ordenó la modificación del código de justicia militar para mandar los asuntos a tribunales civiles, con lo que se perdería la disciplina militar que conforma la columna vertebral de los militares en la defensa del Estado.

La argumentación, el jueves 7 de julio, del ministro Luis María Aguilar Morales prendió los focos de alarma sobre el desbordamiento de funciones de la Corte Interamericana:

“Mi voto es en contra de la propuesta de determinar siquiera obligaciones a cargo del Poder Judicial de la Federación, derivadas de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o de su resolución de seguimiento y mucho menos de discutir su cumplimiento; ya que como he sostenido reiteradamente en este asunto, toda obligación que no esté dirigida a la legal y justa reparación de las violaciones a los derechos de don Rosendo Radilla es contraria, por excesiva a lo dispuesto por el propio Pacto de San José, que da origen a la propia Corte Internacional y no como una decisión contraria al sometimiento pactado en dicho convenio, sino precisamente con el fin de lograr el más irrestricto respeto a lo convenido, especialmente a los términos del artículo 63 que determina los alcances de las sentencias, ya que dichas decisiones no derivan de una disposición de ley que es obligatoria e indiscutible, sino del acuerdo firmado por dos partes que debe analizarse siempre desde una perspectiva de reciprocidad de los compromisos adoptados, que para mí ha sido claramente no cumplida por la Corte Interamericana y que en ese sentido no podría obligar al Estado Mexicano a someterse incondicionalmente a ella, pues en el pacto sí se establecieron condiciones como las que derivan de dicho artículo 63.

“(…) No puedo conceder que con motivo de cualquier pacto, convenio o tratado internacional México pierda su soberanía y relegue a la Constitución de la República a un segundo plano, ya que aceptar resoluciones más allá de la forma y términos de los compromisos adoptados, es correr el riesgo de que se tomen decisiones ajenas o francamente contrarias a las del pueblo de México, que sólo pueden ser determinadas en los términos de nuestra Constitución por los órganos constituidos conforme a la Norma Suprema Nacional y derivados de la voluntad popular, nada y nadie por sobre la Constitución; pero si se considera que por la votación mayoritaria sobre la obligatoriedad de la sentencia me vería constreñido a sólo considerar pendientes las obligaciones señaladas en la resolución de seguimiento de la Corte Interamericana”.

En la misma sesión del jueves, el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano calificó a la Corte Interamericana de “activista”:

“Que las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdicción militar en México, se adecuan a los principios establecidos en la jurisprudencia de este tribunal, los cuales han sido reiterados en el presente caso, supra párrafos doscientos setenta y dos a doscientos setenta y siete. Bajo este entendido este tribunal ( la CIDH) considera que no es necesario ordenar la modificación del contexto normativo que regula el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (sobre fuero de guerra).

“No obstante lo anterior, la Corte Interamericana declaró en el Capítulo Nueve de este fallo, que el artículo 57 del Código de Justicia Militar es incompatible con la Convención Americana supra párrafos doscientos ochenta y siete y doscientos ochenta y nueve; en consecuencia, el Estado debe adoptar en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar la citada disposición, con los estándares internacionales de la materia de la Convención, de conformidad con los párrafos doscientos setenta y dos a doscientos setenta y siete de esta sentencia.

“Este es el tema, reformas legislativas, vean por favor el punto de condena diez, todo lo demás es un exceso de expurgar para ver qué encontramos, para decir: “Nosotros podemos hablar y definir”, es un activismo que no nos corresponde.

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos es activista, lo primero que hizo fue dividir la representación del Estado Mexicano refiriéndose y dirigiéndose a sus tres Poderes, esto no lo podía ni debía hacer, pero nosotros ya dijimos: “Bueno, no importa que no se hayan dirigido solamente al que representa el Estado Mexicano está bien que hayan venido a tocar esta puerta”; pero de eso a que estemos buscando qué nos autoaplicamos entresacando de temas fuera de contexto, bueno a mí me parece que hay una enorme diferencia”.

(Diario Político 2012 de Carlos Ramírez en www.grupotransicion.com.mx)

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