INDICADOR POLITICO
+ Sedena:
el próximo secretario
+ Deudas
civiles con el ejército
Carlos
Ramírez
Por ser fin de sexenio, fin del
primer ciclo panista bisexenal en la presidencia y fin de una estrategia de
seguridad ante el crimen organizado, el perfil
del próximo secretario de la Defensa Nacional se ha convertido en un punto sensible.
En las pasadas celebraciones
militares de la independencia nacional en septiembre pareció quedar clara una cosa: ante los vaivenes
políticos, las agendas del cortísimo plazo y la disputa política de posiciones,
el ejército se aparece como el hilo conductor de la identidad nacional, de la soberanía de la república y de la existencia
misma del Estado nacional.
El día en que se analice con
frialdad estratégica la decisión de
lanzar a las fuerzas armadas contra los cárteles
del narcotráfico y otras organizaciones transnacionales
del crimen organizado, entonces se va a entender la dimensión del peligro en que se encontraba la
república. La soberanía del Estado había sido violada por el dominio territorial de narcos, por la incapacidad policiaca para combatir
delincuentes, por los miedos de las
clases políticas locales a ejercer el poder, por las alianzas útiles
de organismos sociales exigiendo el regreso de las fuerzas armadas a sus
cuarteles para que el país quedara a merced
de los delincuentes y por las mezquindades
de los grupos legislativos al regatear reformas para darle certidumbre jurídica
a las acciones contra los criminales.
Las demostraciones militares en el
Heroico Colegio Militar y sobre todo el mensaje
que dejó la organización del desfile militar del 16 de septiembre exhibió el
papel estabilizador del ejército en
la fase de desorganización social y de lucha política sin reglas, ambas en pos
del poder. El ejército exhibió su preocupación social, la identidad nacional,
su papel en la historia y su músculo
de fuerza. Ahí se mostraron las razones reales
de la intervención de los militares en la lucha contra el crimen organizado
como una defensa de la seguridad interior
y ésta como parte fundamental de la seguridad nacional vulnerada por el carácter transnacional de los cárteles.
Más que el color del partido en la próxima presidencia de la república o los jaloneos entre grupos políticos que
quieren apadrinar militares o las presiones para atar al ejército y con ello disminuir el escudo de seguridad
nacional del Estado o las presiones extranjeras
para romper la unidad histórica entre el ejército y la república, la
designación del próximo secretario de la Defensa Nacional tendría un escenario doble:
1.- Lo que le siguen debiendo al ejército. Ante el diagnóstico del
narcotráfico como cáncer, el gobierno de Calderón tomó la decisión de usar al
ejército para recuperar la soberanía
del Estado sobre espacios expropiados por los grupos criminales. Pero el poder
civil y el poder político le quedaron debiendo al ejército varias cosas:
--Una ley de seguridad nacional
para reforzar el papel militar en
circunstancias cuando la seguridad pública
se convierte en seguridad interior
caracterizada por la Constitución y ambas como parte de la seguridad nacional. El ejército no pidió intervenir sino que gobiernos estatales y municipales lo
clamaron.
--Una doctrina de defensa nacional dentro de un plan de defensa nacional que reafirme el papel del ejército en la
vida interna del país como parte de
sus tareas de seguridad nacional y entre éstas incluido el criterio de que una seguridad nacional estable se garantiza con
desarrollo, bienestar y contención
de grupos criminales que hayan rebasado a las policías.
--Y una reafirmación del principio de fuero militar como parte esencial de
la disciplina militar, no
escondiendo violaciones de derechos humanos sino reiterando que sin fuero
militar el ejército perdería su cohesión interna.
2.- El perfil del próximo general secretario. Hasta ahora, los
mecanismos de designación han sido institucionales porque los mandos del
ejército obedecen a un escalafón
diferente al de los políticos, como se vio en la designación en el 2000 con el
primer gobierno de alternancia. Eso sí, hay criterios que uniforman el perfil
que debería tener el próximo General Secretario:
--Experiencia y conocimiento en el
ramo de la inteligencia.
--Conocedor de uno de los grupos
fundamentales en las fuerzas armadas: las fuerzas especiales, orgullo de los militares.
--Experiencia en el ramo administrativo dentro de la Secretaría
de la Defensa Nacional y dentro del ejército como institución armada.
--Buena relación con los Estados
Unidos, así como firmeza para
garantizar los intereses estratégicos, geopolíticos y de seguridad nacional de
México.
--Relaciones de confiabilidad en
los niveles de gobierno y de la clase política gobernante, así como con los
gobernadores que son los principales demandantes
de la presencia militar en estados donde las policías y las autoridades han
sido rebasadas por el crimen
organizado.
Como contexto, el gobierno de Peña Nieto debe de clarificar el papel del general Oscar Naranjo, ex director de la
Policía Nacional de Colombia, no tanto por su experiencia sino por su
proclividad a buscar los espacios mediáticos
con declaraciones que afectan a los organismos mexicanos aún involucrados
operativamente en la lucha contra los cárteles.
La última entrevista de Naranjo con El
País distorsionó algunas ideas
adelantadas por el presidente electo Peña Nieto y sembró confusión.
Por lo pronto, la designación del
próximo General Secretario será delicada
porque tendrá como contrapunto el saldo positivo
del actual General Secretario Guillermo Galván Galván.
@carlosramirezh
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