INDICADOR POLITICO
+ Moreira,
por narcotráfico local
+ Ojo
por ojo, sobrino por sobrino
Carlos
Ramírez
Aunque hay experiencia para concluir
que los climas políticos y de
inseguridad no matan, de todos modos el asesinato del hijo del ex gobernador y
ex presidente nacional del PRI Humberto Moreira tuvo un escenario mayor al de la ofensiva federal contra
los cárteles y pudiera ser el primer mensaje para la redefinición de
la estrategia de seguridad del gobierno priísta de Peña Nieto.
Por lo pronto, las primeras pistas están conduciendo hacia el
escenario local. Organismos de inteligencia tienen datos que confirman que el
asesinato de José Eduardo Moreira Rodríguez tiene que ver con decisiones estatales, no federales. De hecho, se
trató, consideran en esas oficinas, de un “ojo por ojo” sólo que ahora sobrino por sobrino.
Horas antes del asesinato de
Moreira Rodríguez ocurrió el asesinato
de Alejandro Treviño Chávez, hijo del Z-40
Miguel Treviño Morales en un enfrentamiento con fuerzas estatales, del Grupo de Armas y Tácticas Especiales. Acosado por el
cerco gubernamental, con su hermano arrestado apenas en junio en los Estados
Unidos y en plena guerra contra el
jefe de Los Zetas, Heriberto Lazcano El Lazca, el Z-40 envió el mensaje:
el asesinato del sobrino del gobernador Rubén Moreira, hermano de Humberto. De
ahí la irritación de la esposa del
funcionario asesinado contra el mandatario.
La desesperación de algunos jefes
de los cárteles ha llevado a
decisiones que no hacen sino profundizar
la persecución por parte de las fuerzas de seguridad. Pero algunos de los capos del crimen organizado llegaron a
altos niveles no por astucia e
inteligencia para moverse en los escenarios sociales y políticos, sino por un escalafón criminal; y por ello suelen
atacar posiciones oficiales estatales o federales sin suponer que la reacción
sería con mayor fuerza.
Pero el otro escenario parecen olvidarlo los políticos y funcionarios. El
ex gobernador Moreira descargó su ira contra el gobierno federal, aunque los
datos indican que se trató de un asunto local, por venganza de una operación de
la policía local y reveló el grado
de corrupción a nivel municipal que involucra a las policías municipales.
Cuando el gobierno del presidente
Calderón lanzó una ofensiva contra
los cárteles del crimen organizado,
los datos que apuntalaron la decisión hablaban de la pérdida de soberanía territorial del Estado mexicano sobre zonas en
poder de los criminales. Pero sobre todo, las principales evidencias establecían
la capacidad de corrupción del
crimen organizado sobre las policías estatales y municipales y sobre niveles
políticos de los niveles locales de gobierno.
A lo largo de seis años, la
autoridad federal suplió la
corrupción e ineficacia de los cuerpos de seguridad estatales y municipales y
se dedicó a exigir a los gobiernos
estatales y municipales la reorganización de sus policías a través de severos
controles de confianza. Pero aún con esos rigores, las policías estatales y
municipales han seguido como aliadas
de los cárteles.
El temor que existe en las oficinas
de inteligencia radica en la posibilidad de que se esté reproduciendo un clima de deterioro político por razones
de seguridad y que pueda conducir a una mayor descomposición de las alianzas
sociales. A la estrategia de seguridad federal le faltó un acuerdo social real y una mayor comprensión por parte de la
sociedad. Pero las protestas de
familiares afectados por el crimen han sido utilizadas por los propios cárteles
para crear un ambiente adverso al gobierno federal.
Las fuerzas federales de seguridad
--ejército, armada y policía federal-- no
pueden suplir a las fuerzas estatales y municipales que son las que deben garantizar los niveles de seguridad de la
sociedad. Mientras los gobiernos estatales y municipales no logren mecanismos de profesionalismo y honestidad en las
policías a su cargo, la sociedad carecerá de sistemas de vigilancia que impidan
que los delincuentes transiten con tanta impunidad
por las calles. Hasta ahora, las sociedades siguen avalando electoralmente a candidatos por razones de simpatías y no
por rendición de cuentas.
Culpar al gobierno federal de
crímenes con escenarios locales no lleva más que a entregarles --o regresarles-- las plazas recuperadas a los criminales.
Todo proceso de limpia criminal debe pasar por etapas de agudizamiento de la
violencia por la capacidad de respuesta
de las organizaciones criminales. Pero en el fondo se debe entender que un
repliegue de las fuerzas de seguridad llevaría a que los cárteles criminales administren política y socialmente las
zonas de control. Parar la ofensiva gubernamental no significará que México recuperará la paz; al contrario, sería el
mensaje de derrota del Estado.
El asesinato de Moreira Rodríguez
va a llevar al gobierno de Peña Nieto a una evaluación crítica de la estrategia de seguridad, pero también al
reconocimiento de que el fracaso de la estrategia no ha sido en realidad del gobierno federal sino de los gobiernos estatales
y municipales que han incumplido su
compromiso de sanear sus policías y que esa situación ha llevado a la ausencia de una estructura policiaca y
de seguridad que impida que las bandas criminales sigan operando con tanta
facilidad en la república.
Lo ocurrido en Ciudad Acuña tuvo
también la dramática paradoja de
afectar a la familia de un ex gobernador y ex presidente nacional priísta,
justo en el umbral del regreso del
PRI a la presidencia de la república, hecho que permitió poner, lamentablemente,
un punto de definición para saber qué
viene en seguridad para el próximo sexenio.
@carlosramirezh
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