INDICADOR POLITICO
+ Radilla: PRI debe disculparse
+ CIDH enjuicia a Estado priísta
Carlos Ramírez
De toda la sentencia del caso Radilla, un punto queda pendiente: la obligación del Estado mexicano de disculparse con los familiares por la desaparición de Rosendo Radilla. Sin embargo, el caso ocurrió en 1974; por tanto, la disculpa tiene que darla el PRI porque el partido que gobernaba en esos tiempos y el que usó la fuerza para reprimir la disidencia que exigía vías democráticas.
Pero resulta que el PRI está ahora mismo distraído en preparar su regreso a la presidencia de la república en el 2012 que se ha olvidado de las tres herencias que lo hicieron perder las elecciones en el 2000: la represión, la corrupción y la pobreza. Como partido de la alternancia, e PAN ha sido incapaz e ineficiente para deslindarse del pasado priísta y de la herencia maldita.
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Radilla enjuició a los gobiernos priístas que utilizaron la represión como respuesta autoritaria contra las demandas de democracia. Radilla presuntamente fue aprehendido por formar parte del Partido de los Pobres de Lucio Cabañas, quien murió en diciembre de ese año en un enfrentamiento con fuerzas militares. Se trataba de la primera guerrilla formal, de orientación popular y socialista, con objetivos de derrocar al gobierno priísta.
La guerrilla en México tuvo tres fuentes: la pobreza rural, la represión en Tlatelolco y la represión obrera, las tres decisiones políticas del PRI para no ceder el poder ni abrir la competencia política. La guerrilla formó parte de la lucha política contra el sistema político priísta: primero fueron las protestas, luego la toma de organizaciones sociales como los sindicatos y finalmente las manifestaciones callejeras. Contra todas ellas respondió el PRI no con voluntad democrática sino con la represión. No por menos equipo político de la represión transitó en el poder de 1954 a 2000: en la crisis magisterial de 1954-1958 Gustavo Díaz Ordaz descubrió a Luis Echeverría cuando los dos eran oficiales mayores, el primero de Gobernación y el segundo de Educación Pública; y el tercer miembro del equipo fue Fernando Gutiérrez Barrios, entonces pieza clave de la Federal de Seguridad. En 1999 el sistema priísta también reprimió políticamente a dos ecologistas en Guerrero y tuvo en su contra otra sentencia de la CIDH.
La represión priísta fue la respuesta a las demandas de democratización de importantes grupos de la sociedad. La guerrilla fue, a su vez, el camino de ruptura institucional que tomaron los que vieron que el sistema político priísta no se iba a abrir a la democracia. El segundo recordatorio histórico llegaría en 1994 con el alzamiento de la guerrilla zapatista, entonces con un enorme consenso social que paró la represión que preparada el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
Radilla quedó atrapado en la lógica de la represión ordenada por el presidente Luis Echeverría, con la complicidad de la estructura de poder del sistema político priísta: la prensa, el Congreso y sus bancadas de oposición leal y controlada, la Corte Suprema de Justicia supeditada al presidente de la República y la comunidad internacional que alababa la estabilidad política priísta. Su aprehensión y desaparición, por tanto, formó parte de la lógica de la represión del PRI para impedir la democratización.
Lo paradójico de los casos es que en la CIDH estaba, durante el juicio del caso Radilla, como juez internacional un jurista que formó parte del engranaje judicial del régimen represor priísta en el gobierno de Echeverría: Sergio García Ramírez, quien fue agente de la policía política de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, procurador del DF el día del halconazo y subsecretario de Gobernación el día del arresto de Radilla. Hubiera sido interesante que los jueces de la CIDH interrogaran al abogado para tener información directa de las razones de Estado en la represión contra ciudadanos.
Por tanto, la sentencia del caso Radilla en la CIDH debe ser leída como una tardía condena internacional contra la represión criminal del PRI en el largo periodo de endurecimiento 1950-2000. Los gobiernos panistas 2000-2011 no pudieron o no quisieron o pactaron no ajustar cuentas con las tres herencias malditas del sistema político priísta, aunque han tenido que cargar con las secuelas de ese pasado: la CIDH en la represión, la pobreza por la negativa priísta a modificar el modelo de desarrollo y la corrupción.
Lo malo del asunto es que el PAN ha servido como periodo de limpieza política del régimen priísta. La posibilidad del regreso del PRI a la presidencia de la república no sólo no ajustará antes cuentas con la sociedad en las tres herencias cuyo agudizamiento en el 2000 lo llevaron a perder las elecciones, sino que el PRI está viendo con una sonrisa de sorna cómo los gobiernos panistas de la alternancia cargan con el castigo político y moral por los saldos priístas.
En los recientes debates sobre los casos Radilla y de los ecologistas, el PRI estuvo ajeno, a pesar de que varios de los políticos priístas en activo en alguna o muchas formas participaron en la complicidad política. Peor aún: las instituciones mexicanas como el PRI, el Congreso y la Corte Suprema, que en el pasado priísta fueron cómplices institucionales de la represión, actuaron como si hubieran estado en otra galaxia en el pasado priísta. Sólo el ejército, que ha obedecido lealmente la dirección política de los políticos civiles, tuvo que pagar los platos rotos y lo hizo, de nueva cuenta, con disciplina institucional, pero abandonado por otras instituciones que lo llevaron en el pasado a situaciones límite.
Aunque hay una complicidad para aislar las implicaciones históricas de los casos Radilla y de los ecologistas, de todos modos queda claro que el Estado no tiene que disculparse con los familiares de los reprimidos sino que la disculpa la tienen que dar el PRI y los priístas que usaron la represión en el pasado para eludir cualquier apertura democrática real.
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