INDICADOR POLITICO
+ Sedena: olvidos de la Corte
+ Modernización del ejército
Carlos Ramírez
Además de condenar al ejército a perder fuero que debilita el escudo de seguridad nacional del Estado y de la nación y de condenarlo por actos cometidos bajo los gobiernos priístas del pasado, la Corte Suprema de Justicia de México ignoró el proceso de modernización social de la Secretaría de la Defensa Nacional en materia de derechos humanos en este sexenio.
En un artículo publicado el lunes en Milenio diario, el especialista Javier Oliva Posada, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y experto en seguridad nacional y sistema político mexicano, realizó un recuento de las reformas que ha realizado el ejército para abrir su sistema judicial y parea sumarse a la defensa de los derechos humanos.
La lista de reformas que recupera Oliva Posadas no es desdeñable: en 2005 estableció en la ley de educación militar la doctrina de “conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos”, el sexenio anterior eliminó la pena de muerte, en la actual administración ha creado la Dirección de Derechos Humanos y la Dirección de Vinculación Ciudadana en la Sedena, la Marina dictaminó reglas para el uso de las armas, los militares auto limitaron el fuero de guerra y los juicios militares son orales y abiertos a la ciudadanía.
Por tanto, los militares no vulneran la legalidad por sistema y se modernizan de cara a la sociedad. Aquí se reproduce el análisis de Oliva:
“Con estos muy breves antecedentes (anotados arriba), la tan difundida, como superficial, postura de que los militares en México representan un actor que vulnera la de por sí precaria situación de los derechos humanos no tiene sustento. Los datos de la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos pueden desmentir ese señalamiento, pues ante una queja fundamentada, se ha procedido contra poco más de 250 militares que han abusado y violado de alguna forma los derechos humanos de ciudadanos. En este punto, debe recordarse el penoso papel de la fiscalía encabezada por Ignacio Carrillo Prieto durante el foxato, que sólo culpabilizó y sentó en el banquillo de los acusados a militares (en situación de retiro) y a un ex presidente de la República, pero en cambio ningún protagonista de los que le “declararon la guerra” al Estado mexicano, quienes utilizaron todos los recursos de la violencia armada, física y tortura contra compañeros de lucha, víctimas de secuestros, policías y soldados, jamás compareció.
“Como sabemos, el origen de la determinación de la Corte tiene que ver con el caso de desaparición forzada del activista Rosendo Radilla, en 1974, en el ambiente de la guerrilla en Guerrero. Pero en el momento en que se determina la comparecencia de los militares mexicanos ante tribunales civiles, no se ha tomado la precaución ni de parte de la Cámara de Diputados ni tampoco de la misma SCJN para establecer las condiciones adecuadas y jurídicas con la cuales el poder militar pueda seguir contribuyendo a preservar la seguridad interior y la seguridad pública en amplias zonas del país. Los soldados y marinos, hay que subrayarlo, están fuera de sus instalaciones a petición expresa del poder civil y por mandato del comandante supremo de las fuerzas armadas, es decir, el Presidente de la República.
“Sin las reformas necesarias a la Ley de Seguridad Nacional, cuyo proceso legislativo comenzó en el lejano 20 de abril de 2009, ni tampoco una cobertura política, las fuerzas armadas, en cambio, sí observan los efectos de las presiones de actores políticos y organizaciones que encuentran el terreno despejado ante la inacción de quienes no desean presentarse como partidarios de la “mano dura”, o con posiciones propensas a respaldar la violación sistemática de los derechos humanos. Pensando en 2012, estamos perdiendo el sentido de país.
“El momento en que se adopta la decisión para que militares sean juzgados por tribunales civiles en caso de violaciones a los derechos humanos provocará que a partir del momento de su plena vigencia, soldados y marinos podrán ser juzgados y procesados en los mismos lugares en dónde se encuentran los criminales que han acorralado al Estado, gobiernos y sociedad abierta. El peligro de que los militares se vean inhibidos en el cumplimiento de una actividad que no les corresponde de forma directa, como es la conservación de la seguridad pública, afectará a gobiernos estatales y municipales que hoy padecen en situación de extrema vulnerabilidad el acecho del crimen organizado.
“En Londres, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), clasifica a México como un país que vive un conflicto armado sin rebelión, es decir, una confrontación armada que carece de argumentos políticos o de programas de reivindicación por alguna de las partes, pero que no deja de tener una muy alta dosis de violencia. En ese contexto, los derechos humanos pueden ser utilizados como una estratagema que busque contener las acciones de los militares mexicanos ante la posibilidad de verse involucrados en un largo y complejo litigio judicial.
“¿Quién va a pagar los abogados, la Sedena y la Semar o el soldado y el marino? En medio de operativos en donde la muerte y el miedo son acompañantes permanentes, agregar la incertidumbre jurídica al estado de ánimo de quienes son la última instancia y recurso del país no dará un buen resultado.
“Es justificado el temor respecto de los abusos que el crimen organizado puede realizar con la cobertura que proporciona la decisión de la Corte, pero más peligroso aún es la posibilidad de que en medio de este litigio jurídico, el repliegue obligado de las fuerzas armadas se dé ante la falta de operación política de parte de la autoridad civil a las actividades que ésta misma le ha solicitado a los militares para realizar el despliegue táctico. Buscar el punto de equilibrio es complejo pero hay que construirlo, y ese lo dará una ley de Seguridad Nacional que atienda a la complejidad del país y vea más allá de la inseguridad pública.
“Los militares mexicanos, tomando como referencia la historia latinoamericana, son los únicos que piden leyes para mejor actuar. En febrero de 2009, el general Guillermo Galván hizo el primer exhorto. Los señalamientos, sugerencias y peticiones militares han sido hechos. Las respuestas han sido limitadas.”
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