INDICADOR POLITICO
+ DH sí son usados por cárteles
+ Casos Reyes Salazar y Le Barón
Carlos Ramírez
Al arrancar en mayo pasado las protestas sociales por el asesinato del hijo de Javier Sicilia a manos de delincuentes del cártel del Pacífico Sur, una presencia destacó al frente de la manifestación que se dirigía a la ciudad de México: la señora Olga Reyes Salazar.
El asesinato de varios miembros de la familia Reyes Salazar se dinamizó por el argumento de que se trataba de una familia que se dedicaba a defender los derechos humanos. Sin embargo, la realidad era otra: detrás de la careta de activistas por los derechos humanos se ocultaban más bien acciones de ajustes de cuentas entre los cárteles de la droga en Chihuahua: el hermano de Olga Reyes Salazar se encuentra preso en Matamoros por pertenecer a la banda de secuestradores que plagió y asesinó al líder mormón Alejandro Le Barón.
Hoy Julián Le Barón acompaña a Sicilia en sus protestas. Pero en octubre del 2009, un operativo de la 5ª zona militar interceptó en el rancho Le Barón, de Galeana, Chihuahua, a dos camionetas sospechosas y los soldados fueron atacados con armas de fuego de alto calibre, de uso exclusivo del ejército y asesinaron a un soldado. Los militares arrestaron a los agresores: Daniel y Oscar Le Barón, miembros de la colonia mormona de los Le Barón; hubo once detenidos, tres armas largas, una corta y 583 cartuchos. Así, familiares del Le Barón asesinaron a un soldado y cargaron con la sospecha de pertenecer a una banda delictiva. De ahí la insistencia de Julián Le Barón, aliado de Sicilia en el movimiento por la paz, de castigar hoy al ejército, pues en 2009 una partida militar demostró que varios de los Le Barón andaban en malos pasos.
Si las organizaciones no gubernamentales se molestaron con lo que consideraron una generalización del señalamiento del secretario de Marina, su respuesta fue también un pecado de generalizaciones. Porque en la realidad, efectivamente los cárteles de la droga tienen operadores políticos especializados en derechos humanos que usan para acosar a las autoridades. Además del caso de la familia Reyes Salazar --por cierto le negaron visa de asilada en los EU precisamente por pertenecer a bandas de narcos-- y Le Barón, hubo otros casos:
--Una grabación difundida por el periódico Milenio reveló que grupos de narcos azuzaban a organizaciones sociales para enarbolar la bandera de los derechos humanos y con ello paralizar a las fuerzas de seguridad.
--En Tamaulipas los cárteles financian protestas sociales callejeras contra la presencia del ejército.
--En algunas marchas pululan mantas con señalamientos de que las fuerzas de seguridad están asesinando civiles, aunque no han presentado ninguna prueba.
--En Ciudad Juárez también se detectaron marchas promovidas por cárteles de la delincuencia para protestar contra la violación de los derechos humanos.
Y en los organismos de seguridad existen muchas otras pruebas que hasta ahora no se han difundido porque involucran a organizaciones no gubernamentales precisamente por las suspicacias sociales. En Indicador Político del pasado 11 de marzo se acreditó el caso de la familia Reyes Salazar:
“Miguel Angel Reyes Salazar fue detenido en dos ocasiones en operativos contra la banda de secuestradores de Los Escajeda, la primera en 2008. La segunda ocasión fue presentado junto con Alfredo Escajeda Navarro, alías El Riquín, y otros acusados del secuestro y asesinato del dirigente de la comunidad mormona en el municipio de Galeana, en Chihuahua, Benjamín Franklin Le Baron, y su cuñado Luis Carlos Withman. Ahora se encuentra a disposición de un juez en Matamoros, Tamaulipas.
“El activismo político de la señora Josefina Reyes Salazar, ex regidora del PRD, en enero de 2010 fue producto de la segunda aprehensión de su hijo Miguel Angel en un operativo del ejército”.
A las propias organizaciones de derechos humanos les debería interesar blindar sus grupos para evitar la mala utilización de sus objetivos. Los reclamos del secretario de Marina, almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, no ocurrieron en el sentido de criminalizar a los defensores de los derechos humanos sino para alertar una de las estrategias utilizadas por los cárteles de la droga en detrimento de la tarea humanitaria de evitar abusos. Lo debe de saber con precisión Emilio Alvarez Icaza, cuya participación en el liderazgo del movimiento por la paz le da sentido social a la defensa de los derechos humanos, pero quien conoce a la perfección los riesgos de que la defensa de las garantías se convierta en la protección a delincuentes.
Por lo demás, el movimiento por la paz de Javier Sicilia volvió a demostrar su fundamentalismo, su falta de voluntad para dialogar, su desprecio por las instituciones y su desconocimiento de la realidad de la delincuencia en México. Muchos de los testimonios de los afectados acusaron a las bandas criminales pero el movimiento careció de una racionalización del conflicto, dejando la impresión de que prefieren vivir con delincuentes a aceptar la decisión del gobierno federal de combatir a una criminalidad que se había apoderado de espacios territoriales de la soberanía del Estado.
El problema de la inseguridad y de la estrategia gubernamental es diverso y obliga a la corresponsabilidad no sólo del Estado y de sus instituciones, sino de la propia sociedad. El movimiento por la paz acusa de fallido al Estado pero ignora que el Estado es la suma de la sociedad civil y la sociedad política. El crimen organizado no se instaló en partes de la república por generación espontánea, sino por la aceptación de la sociedad. Por tanto, se necesita de una decisión social para autocriticarse y crear las formas de participación en la solución a la crisis de seguridad.
Además, opino que Javier Sicilia y su movimiento debe pedir directamente la rendición incondicional a Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada, Heriberto Lazcano El Laza, Servando Gómez La Tuta, Juan José El Azul Esparragoza, Vicente Carrillo Fuentes y además debe exigirles su entrega de su arsenal de armas, para ser juzgados como responsables de la violencia criminal en el tráfico de drogas.
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Hay que insistir en que todas las ONGs definan con claridad y transparencia su exigencia de que el Estado no escatime esfuerzos en la defensa de los ciudadanos pacificos y sus familias. Ello no impide que se trabaje tambien en la prevencion del delito y el decomiso de los dineros producto de la actividad delincuencial.
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