Indicador Político 8-abril-2010 Jueves

+ Caso Posadas, herencia de CSG
+ Garantías individuales violadas

Carlos Ramírez

La solicitud del gobernador jalisciense Emilio González Márquez a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para crear una comisión investigadora está fundamentada en el hecho de que el gobierno de Carlos Salinas y su procurador Jorge Carpizo McGregor investigaron el caso para imponer la tesis oficial de la confusión.
La fundamentación es explícita:
4.- Han transcurrido más de 16 años y en estos momentos los mexicanos no conocemos la verdad de los hechos. No sabemos quiénes fueron los homicidas y no conocemos el móvil. El primer detenido, el mismo día del crimen, Jesús Alberto Bayardo Robles, presente ese día en el aeropuerto de Guadalajara, no ha sido presentado ante el Juez Penal de la causa, y no existe ningún responsable sentenciado en forma definitiva como autor material ni intelectual de los hechos
5.- Lo que sabemos es que la Procuraduría General de la República no ha consignado a los responsables y que por tal motivo no hay condenas firmes. También sabemos que la averiguación previa SE/001/95 que atrajo todas las investigaciones anteriores, tiene actuaciones del Ministerio Público que son ilegales, pruebas que obtuvieron de forma ilícita y que están en contradicción con otras pruebas, incluso actuaciones que contravienen las disposiciones legales de actuación del Ministerio Público. Testigos falsos, periciales alteradas, declaraciones manipuladas. Incluso en la secuela de procedimiento de indagatoria diversos testigos han perdido la vida y han quedado documentadas diversas presiones y amenazas, el fruto de esa acción, es decir, no conocemos la verdad por la impunidad.
6.- Bajo las anteriores consideraciones en las que abundamos a lo largo de esta petición formal, venimos a solicitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nombre alguno o algunos de sus Ministros o algún Juez de Distrito o Magistrado de Distrito, o designe uno o varios Comisionados especiales para que averigüen la verdad de los hechos que consideramos constituyen una grave violación a las garantías individuales consagradas en nuestra Constitución y a los derechos humanos.
7.- Consideramos que se violan las garantías consagradas en los artículos 6, 14, 16, 17, 19, 20 apartado B y 21 de nuestra Carta Magna.
Es indispensable que el Ministerio Público investigue los hechos y ejercite la acción penal en contra de los responsables es una garantía que consagra nuestra Constitución para proteger los derechos humanos de las víctimas y de los ofendidos de cualquier delito, requisito indispensable para que la garantía consagrada en el artículo 17 de nuestra Constitución párrafo segundo pueda ser satisfecha.
8.- En un Estado moderno en el que vivimos, la impunidad resulta lesionar no sólo a la parte afectada sino que es un mal que corroe a las instituciones y empuja a los pueblos a la barbarie. Los mexicanos queremos y debemos erradicar la impunidad que es la protección de los peores crímenes y que anima a las personas y a los grupos humanos a realizar acciones cada vez más agresivas que ponen en riesgo a toda la comunidad.
9.- Los mexicanos tenemos derecho a conocer la verdad.
10.- El delito de homicidio es considerado grave y es el propio Estado quien se arroga la acción de perseguir y castigar el delito, porque con ello está garantizando a todos los gobernados, acciones que mantengan la seguridad pública, el respeto a las garantías individuales y el cuidado de los derechos humanos. Nuestra Constitución Política confiere las facultades y atribuciones de investigación y persecución de los delitos al Ministerio Público. Esta autoridad debe actuar con estricto apego a la ley. Si el Ministerio Público se corrompe, los gobernados no podemos quedar a merced de esta traición, no podemos permitir que se dañe a las personas o comunidades de nuestro pueblo, por ello, es urgente la intervención de nuestro máximo Tribunal para preservar el ejercicio de una justicia pronta y expedita, imparcial y comprometida con la sociedad para preservar el estado de derecho y el bien común.
11.- El asunto trasciende en el tiempo y en el espacio, porque durante los 16 años transcurridos desde que fueron asesinados el Cardenal y seis personas más, existe un reclamo social y una exigencia de que se haga justicia, de actores importantes como lo son la Iglesia Católica, de lo cual hay constancias suficientes, también una exigencia por parte de legisladores de diversos partidos y en diferentes ocasiones y del propio Gobierno de Jalisco.
12.- Es importante recordar que el Cardenal Posadas Ocampo participó de manera muy activa en las reformas constitucionales e históricas que modificaron los artículos que se refieren a la relación de las Iglesias y del Estado que habían estado pendientes durante muchos años en México.
También fue un actor muy importante en algunos acontecimientos de la vida en México que provocaron indignación y molestia, como es el caso de cuando estallaron los gasoductos de PEMEX en la Ciudad de Guadalajara, el 22 de abril de 1992, dejando bastantes muertos y daños materiales considerables a la población. El Cardenal Posadas Ocampo exigió que se investigaran los hechos y que se hiciera justicia y que se resarcieran los daños a todos los afectados.
Y fue muy activo en denunciar en sus homilías la corrupción, el narcotráfico, y las acciones que dañaban la dignidad de los seres humanos (prostitución, aborto, comercio sexual, etcétera).