+ Outsourcing, negocio político
+ Cae empresa de Mendiguchía
Carlos Ramírez
Aunque por sí misma fue una noticia espectacular el operativo policiaco contra la empresa de outsourcing Alvarez Puga y asociados, al final resultó más importante el hecho político de que esa empresa de contratación paralela de trabajadores está vinculada directamente con los priístas chiapanecos José Antonio Aguilar Bodegas y el ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía.
El operativo del Sistema de Administración Tributaria, el Seguro Social y la Procuraduría General de la República tuvo la intención de comenzar a combatir con la ley presuntos casos de evasión fiscal y laboral. Sin embargo, el fondo del asunto tiene que ver también con el hecho de que muchos priístas --apoyados uno que otro ex gobernador-- se han dedicado al negocio de las outsourcing para cubrir dinero no declarado y para dar empleo a otros políticos.
Fuentes cercanas al SAT han dejado entrever que la próxima semana continuarán los operativos y que ya estaría integrado el expediente de una empresa contable con sede en Oaxaca y ligada a un ex gobernador que sigue en la política. El caso de Alvarez Puga y Asociados esconde pistas de políticos: Aguilar Bodegas, director de Alvarez Puga y asociados, fue candidato del PRI-PVEM a la gubernatura de Chiapas en el 2006 y Salazar Mendiguchía fue gobernador de Chiapas por la alianza PAN-PRD 2000-2006.
Salazar Mendiguchía ha sentido ya los pasos de la justicia local por irregularidades en su gestión, por una política represiva contra los indígenas y sobre todo por haber reprimido con violencia la libertad de expresión. Varios funcionarios del gobierno de Salazar Mendiguchía están encarcelados y otros andan prófugos de la justicia.
El director general de Alvarez Puga y Asociados es Aguilar Bodegas, quien ha sido presidente municipal de Tapachula, senador y diputado federal priísta. Al perder las elecciones a gobernador por poco más de medio punto porcentual en el 2006, se dedicó a los negocios. Su carrera profesional es precisamente de licenciado en relaciones industriales. La empresa Alvarez Puga se dedica a contratación paralela de personal, pero con indicios de operaciones más bien de defraudación fiscal y laboral. En el expediente del SAT han aparecido altos personajes de la política que utilizaban el outsourcing para evadir impuestos y sobre todo para ocultar dinero político.
Salazar Mendiguchía terminó mal su gobierno por el ánimo represivo contra la prensa. Encarceló a directores de medios, pero no por fallar en la información sino porque quiso apropiarse de sus periódicos. El problema con el diario Cuarto Poder radicó por la revelación exclusiva del diario de que Salazar Mendiguchía no se había titulado profesionalmente, aunque luego apareció con un título poblano al vapor. Asimismo, Salazar Mendiguchía persiguió al director de El Orbe de Tapachula por las denuncias sobre fraudes con los recursos por el huracán Stan.
Aguilar Bodegas y Salazar Mendiguchía estaban operando políticamente en Chiapas con miras a generar inestabilidad y articulaban maniobras de desestabilización política en el estado, quien le había ganado las elecciones a Aguilar Bodegas. Actualmente, el procurador y fiscal del gobierno estatal chiapaneco de Salazar Mendiguchía, Mariano Herrán Salvatti, se encuentra preso por diferentes delitos probados, muchos de los cuales tenían ramificaciones hacia el propio ex gobernador.
La empresa Alvarez Puga había brillado por grandes negocios de outsourcing y otros paralelos tipificados casi como lavado de dinero. Esa empresa creció como la espuma en los últimos ocho años, sobre todo por las relaciones políticas de Aguilar Bodegas y Salazar Mendiguchía. La empresa, inclusive, participó como solicitante de compra de Aeroméxico. Sin embargo, el SAT hizo una investigación minuciosa para descubrir el gran negocio de la empresa Alvarez Puga: la evasión fiscal.
Hace poco más de un decenio, los Alvarez Puga tenían sólo un restaurante modesto en la terminal de autobuses del Centro de Tuxtla Gutiérrez. Chiapas. Y crecieron hasta construir un emporio con sucursales en 45 ciudades de la república, de las cuales el SAT sólo hizo incursión en siete: Tuxtla, Chihuahua, Oaxaca, Puebla, Cancún, Mérida y el DF. Sus oficinas centrales están en Santa Fe, el DF, en la lujosa Torre Impulso. Asimismo, han detectado propiedades en el extranjero de directivos y socios de la empresa, vehículos de lujo y cuando menos siete aviones con matrícula con matrículas XACGF, XALGC y otros, con el registro reciente de un vuelo a Laredo de Alejandro Alvarez Puga, así como cuentas bancarias y franquicias. Con la matrícula XA de taxi aéreo también evadieron impuestos.
El mecanismo outsourcing tenía sus bondades pero derivó en esquemas "abusivos" de sustitución laboral para transferir a los trabajadores de las empresas a sociedades cooperativas, sociedades en nombre colectivo, empresas integradoras e integradas, para eludir pagos.
La PGR realizó el operativo en basa a las actas circunstanciadas UEIDFF/AC/25/2010, UEIDFF/AC/26/2010, UEIDFF/AC/27/2010 UEIDFF/AC/28/2010, UEIDFF/AC/29/2010, UEIDFF/AC/30/2010 y UEIDFF/AC/31/2010.
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