Indicador Político 20-abril-2010 Martes.

+ Posadas: congresistas a SCJN
+ El sistema judicial a prueba

Carlos Ramírez

A punto de decidir si se forma o no una comisión especial para revisar las presuntas irregularidades de la investigación del gobierno salinista del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, congresistas de los EU enviaron cartas a ministros de la Corte Suprema de Justicia de México para apoyar una nueva investigación.
Este dato revela no tanto la presión sobre la Corte mexicana sino la observación que está haciendo el Congreso de la EU del sistema judicial mexicano. En una carta al ministro Juan Silva Meza, el congresista Christopher H. Smith revela el interés de los EU sobre los crímenes del narcotráfico sobre todo ahora que los dos países están luchando juntos para detener la violencia del crimen organizado alrededor de las drogas.
La importancia de la carta del congresista Smith, miembro de importantes comisiones de carácter político bilateral en la cámara baja y vicepresidente del Comité de Relaciones Exteriores, radica en el hecho de que en abril del 2006 presidió las audiencias especiales del Subcomité de Derechos Humanos y Operaciones Internacionales del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes específicamente sobre el caso Posadas, bajo el título de “Fin de la impunidad: investigación del asesinato en 1i993 del arzobispo Juan Jesús Posadas Ocampo”. Ahí Smith dijo que ese asesinato era una muestra de la impunidad criminal en México. El texto íntegro de la audiencia está en www.grupotransicion.com.mx.
La decisión de invocar el segundo párrafo del artículo 97 Constitucional para formar una comisión especial de la Corte Suprema para investigar hechos que supongan violaciones graves de derechos humanos sería la penúltima instancia para evitar la impunidad en el asesinato de Posadas. Si la Corte mexicana dice que no, entonces el caso pasaría a la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la OEA. Para los promotores de la iniciativa --Cardenales de la iglesia católica en los EU y legisladores estadunidenses--, la Corte Suprema de México se ha convertido en la última línea de lucha contra el viejo sistema judicial mexicano y sus expresiones de impunidad, corrupción y protección política.
La carta del 14 de abril pasado del congresista Smith al ministro Silva Meza fue en realidad el recordatorio de las audiencias en el Congreso de los EU sobre el caso Posadas. En esas audiencias hubo una dura crítica contra el sistema de justicia mexicano por su parcialidad. Inclusive, se presentó un severo reporte de Joy Olson, directora de la organización no gubernamental estadounidense Oficina de Washington para América Latina (WOLA, en inglés) con tres conclusiones: extendida impunidad por severos defectos en el sistema judicial, el narcocrimen organizado ha dañado negativamente a la justicia y existe la necesidad de una profunda reforma judicial.
La presión internacional para abrir una investigación independiente sobre el asesinato del Cardenal Posadas se basa en la parcialidad de la pesquisa oficial: el procurador salinista Jorge Carpizo McGregor impuso la tesis oficial de la confusión, pero con pistas confusas y asesinatos posteriores. Pero Carpizo era el principal operador judicial del presidente Carlos Salinas, varios de cuyos funcionarios aparecen en declaraciones legales como responsables de presiones, amenazas, ofensas y espionaje contra el Cardenal Posadas. Estos datos aparecen en la carta del congresista Smith al ministro Silva Meza.
El congresista Smith señala que el Cardenal Posadas fue asesinado por denunciar la acción de narcotraficantes y sus relaciones con ciertos niveles de poder. De ahí su petición a la Corte Suprema de México y el énfasis en denunciar violación de derechos humanos en la investigación de Carpizo: “el caso Posadas clama por justicia(…) México está en una encrucijada con la violencia amenazando con asentarse en su pacífica nación(…) Una resolución final del Cardenal Posadas pondría fin a una grave violación de los derechos humanos e impedirá futuras violaciones de derechos humanos contra valientes hombres y mujeres que enfrentan todos los días el asesinato por hablar en contra de los capos de la drogas”.
La Corte Suprema de México recibió la semana pasada la solicitud formal y oficial del gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, invocando el segundo párrafo del artículo 97 Constitucional. La Corte programó en dos ocasiones la discusión de la solicitud, pero no alcanzó a votarse si se aceptaba la solicitud para su estudio y conclusiones sobre si se formaba o no la comisión especial.
La argumentación de la carta del congresista Smith, remitida a la Corte Suprema de México el pasado 14 de abril, invoca el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que no cumplió la investigación oficial del asesinato de Posadas: “toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”.
Y ahí se localiza el dilema: o la Corte de México o la Corte de la OEA.