+ Corral: déjá vu del déjá vu
+ Otro intento de ley mordaza
Carlos Ramírez
Obsesionado con el control estatal del contenido de los medios, el diputado panista-perredista Javier Corral Jurado ataca con otro intento de ley de medios que repite casi calcada la iniciativa de ley mordaza de 1997-1998.
No hay intenciones de acotar excesos sino de controlar contenidos. En 1997 Corral recogió la iniciativa de la diputada panista María Teresa Gómez Mont, se refugió en el espacio del salinista José Carreño Carlón en la Universidad Iberoamericana y convirtió la iniciativa en una ley mordaza para coartar la libertad de expresión. Hasta el entonces precandidato panista Vicente Fox y el líder perredista López Obrador la repudiaron por mordaza.
Aquella iniciativa de Ley Federal de Comunicación Social, avalada, como era de esperarse, por el PRD, inventaba --como hoy-- una Comisión Nacional de Comunicación Social para intervenir en contenidos. Y no eran intenciones para promover una mayor libertad de expresión en el contexto de la pérdida priísta de la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados y del gobierno del DF, sino que revivía el modelo priísta que operó desde el autoritarismo en los años de la mano dura diazordacista.
La intención controladora chocó con la defensa de los medios. En octubre de 1998 los principales diarios --El Universal, Excelsior, La Prensa y El Heraldo de México-- publicaron titulares coincidentes denunciando la intención legislativa de controlar la libertad de expresión. El pivote de la promoción de la ley era el diputado Corral.
A diferencia del destape español en los medios que siguió a la transición democrática y que aceptó excesos en la libertad de expresión, el diputado panista Corral alentó los controles estatales oficiales, públicos y legales, pero idénticos a los que existían en los tiempos del PRI para convertir a los medios en bocinas del poder y evitar la crítica. La Comisión de Comunicación Social operaría como un ente público para regular la libertad de expresión. De hecho, Corral se montó en el modelo de Miguel de la Madrid de diciembre de 1982 para imponer una ley mordaza con el delito de “daño moral”. Presiones de los medios obligaron a excluir el daño moral de las prácticas de la crítica periodística.
En el fondo, el objetivo del diputado Corral, asesorado directamente por el salinista Carreño Carlón, intentó en 1997 y 1998 acotar no la prensa comercial sino señaladamente A la prensa crítica. El país había conquistado, con la reforma política de 1978, la incorporación de nuevos actores políticos y por tanto con una prensa mucho más crítica. Paradójicamente, Corral y Carreño apuntaron a la prensa que con su crítica estaba minando los pilares autoritarios, corruptos y cómplices del sistema político priísta. La alternancia partidista en la presidencia pudo lograrse también porque la prensa crítica había roído al PRI como el Muro de Berlín del autoritarismo y al presidencialismo como la Estatua de Lenin.
El Consejo Nacional de Comunicación propuesto por María Teresa Gómez Mont pero luego privilegiado por Corral estaría formado por trece miembros, de los cuales tres eran del gobierno federal, tres de los dueños de los medios y tres de trabajadores pero vinculados a los dueños, dejando sólo dos académicos --oficialistas-- y dos de organizaciones civiles. La mayoría estaría controlada por el gobierno y los dueños.
Ahora Corral con su propuesta de ley de medios --avalada de nueva cuenta por el PRD-- quiere revivir ese consejo y convertirlo en la autoridad máxima. La crítica periodística sin duda debe tener un marco jurídico pero no un organismo regulador controlado por los intereses del gobierno en turno. Para ello se requerían leyes que garantizaran primero la libertad de expresión. Como decisión autoritaria, en 1998 y ahora, Corral busca crear un organismo que decida la libertad de expresión. Con ello simplemente se busca acallar la crítica y colocarle amenazas legales que lleven a periodistas a la cárcel.
Como en 1998, ahora Corral anda en busca de una aprobación de fast track de la ley, inclusive antes de la reforma política que sin duda tendrá efectos en los espacios políticos para la libertad de expresión. Como en 1998, ahora Corral ha desatado una campaña estridente para condenar a la hoguera a los críticos de la ley que por cierto son los que han mantenido la crítica periodística como un acotamiento del poder absolutista de los poderes legales y fácticos. Como en 1998, Corral quiere hoy aprobar una ley coercitiva antes que una ley para las libertades de prensa y expresión.
Como en 1998, la ley mordaza de Corral quiere hoy revivir el viejo estatismo al estilo PRI que durante años controló la libertad de prensa y la subordinó a las mafias políticas priístas. En septiembre de 2009 Corral por cierto elogió la ley de comunicación de la presidenta argentina Cristina Kirchner que había sido criticada por la prensa libre como reguladora y sobre todo vinculada a las intenciones de controlar los medios y la crítica para facilitar la reelección de su esposo Néstor Kirchner y mantener la continuidad casi monárquica de una familia en el poder presidencial.
Como en 1998, hoy Corral quiere imponer otra ley mordaza. Es decir, la misma de 1998.
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