11-Marzo-2011, Viernes.

INDICADOR POLITICO

+ Reyes Salazar: crimen organizado

+ No DH sino secuestros y La Línea

Carlos Ramírez

Amparados por el gobierno del DF, los miembros de la familia Reyes Salazar no han podido responder a los señalamientos de que los asesinatos de seis familiares responden más a la participación de Miguel Angel Reyes Salazar como parte del grupo La Línea del cártel de Juárez que al activismo de Josefina Reyes Salazar en la defensa de los derechos humanos.

Miguel Angel fue detenido en dos ocasiones en operativos contra la banda de secuestradores de Los Escajeda, la primera en 2008. La segunda ocasión fue presentado junto con Alfredo Escajeda Navarro, alías El Riquín, y otros acusados del secuestro y asesinato del dirigente de la comunidad mormona en el municipio de Galeana, en Chihuahua, Benjamín Franklin Le Baron, y su cuñado Luis Carlos Withman. Ahora se encuentra a disposición de un juez en Matamoros, Tamaulipas.

El activismo político de la señora Josefina Reyes Salazar, ex regidora del PRD, en enero de 2010 fue producto de la segunda aprehensión de su hijo Miguel Angel en un operativo del ejército. A partir de ahí, la señora Reyes Salazar organizó marchas y protestas exclusivamente contra el ejército, cuyos acciones exitosas lograron desmantelar a varias bandas de secuestradores. Oficialmente la señora Reyes Salazar nunca presentó ante las autoridades o ante oficinas de derechos humanos una queja formal sobre algún caso en particular de represión. Todo se concretó a protestas callejeras y mediáticas.

Lo grave del caso de Miguel Angel Reyes Salazar fue el hecho de que salió libre en el primer arresto pero atrapado con la banda de los Escajeda en una segunda ocasión. Además de la presunta participación en otros actos criminales, como el caso de la familia Salas Valenciano. En el cuerpo de los últimos tres Reyes Salazar asesinados hace unos días aparecieron mantas acusando a la familia de “halcones (espías de movimientos de bandas y policías) y sicarios”. Los datos del expediente señalan que Reyes Salazar habría estado en medio de la lucha entre la banda de los Escajeda contra la de los Salas Valenciano; inclusive, hay datos que vincularon a Reyes Salazar con el asesinato de Adán Salas Valenciano. En la guerra entre ambas bandas hubo amenazas, incendios de casas, como la de la abuela Sara Salazar, madre de Josefina, y ejecuciones.

Los Escajeda aparecían en la lista de los buscados por la DEA por un enfrentamiento a balazos con policías estadunidenses en la línea fronteriza, debido a la pérdida de un cargamento de droga. Por acusaciones anónimas, el ejército localizó a la banda de los Escajeda y arrestó a veinticinco de ellos en el poblado de Nicolás Bravo. Los detenidos revelaron que el jefe de la banda era José García, alias El General.

Este operativo provocó una reacción criminal de la banda: el secuestro y asesinato de Le Baron y Withman porque se negaron a pagar el rescate de un millón de dólares por el secuestro de Erik Le Barón. Lo grave fue que la banda se disfrazó de militares para entrar a la comunidad mormona y cometieron tropelías gravísimas con la familia Le Baron. El secuestro causó tal indignación que el 8 de junio del 2009 el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión guardó un minuto de silencio por los mormones asesinados. Al final, Erik fue liberado por el ejército en el operativo en Nicolás Bravo.

Miguel Angel Reyes Salazar fue arrestado en el operativo contra Escajeda y presentado por las autoridades como parte de la banda involucrada en los crímenes de mormones. A pesar de la información de los dos arrestos de Miguel Angel en 2008 y 2009, Josefina Reyes Salazar sorprendió a la comunidad de activistas defensores de derechos humanos con sus movilizaciones contra el ejército y los operativos en Ciudad Juárez. Inclusive, en enero del 2010 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos salió en su defensa acreditándola como defensora de las garantías individuales, sin indagar el hecho de que uno de los hijos estaba preso por pertenecer a una banda de secuestradores ligados a La Línea y por tanto al cártel de Juárez.

En los medios nacionales se erigió a Josefina Reyes Salazar y a su familia como un ícono de la lucha contra los supuestos abusos de las autoridades en la lucha contra el crimen organizado en Ciudad Juárez. Pero ya desde entonces resultaba sospechoso que estos activistas, aglutinados en el membrete de Frente Nacional contra la Represión en Ciudad Juárez, atacaran solamente al ejército y nada dijeran de los crímenes cometidos por los cárteles en lucha. Bastaba elevar la voz denunciando a las autoridades para asumir el papel de activista. Sin embargo, las autoridades tienen referencias cruzadas de que Josefina Reyes Salazar sí conocía las actividades delictivas de su hijo. Sus denuncias contra el ejército formaban parte de la ofensiva política del crimen organizado para desprestigiar la acción de seguridad y dejarles la plaza a los cárteles.

Metidos en una cadena de asesinatos que responden más a la lógica de las luchas criminales, la familia Reyes Salazar pidió la protección del gobierno del DF y la obtuvo sin pasar por los filtros de rigor. En sus declaraciones el lunes pasado, el procurador capitalino Miguel Angel Mancera caracterizó a la familia Reyes Salazar como “activista a favor de los derechos humanos” y dijo desconocer, a pesar de su condición de procurador, información sobre Miguel Angel Reyes Salazar, aunque bastaba consultar periódicos atrasados o solicitar los expedientes a la SIEDO o al ejército. El asilo político a la familia Reyes Salazar podría convertir al SDF en territorio de violencia entre cárteles.

Lo malo fue que Mancera se basó sólo en las declaraciones de la propia familia Reyes Salazar: “comentan los integrantes de la familia Reyes Salazar que son luchadores sociales, activistas de derechos humanos que llegaron a la ciudad de México solicitando apoyo”. Sin embargo, las mantas encontradas en los cuerpos sin vida de los tres hijos y el expediente de Miguel Angel Reyes Salazar revelan más bien una lucha entre cárteles que una violación de derechos.

www.grupotransicion.com.mx

carlosramirezh@hotmail.com

- - 0 - -

10-Marzo-2011, Jueves.

INDICADOR POLITICO

+ DH en EU: impunidad del poder

+ Continuidad de Bush y Obama

Carlos Ramírez

Luego de prometer el cierre de la prisión de Guantánamo, el presidente Barack Obama decidió el lunes pasado la reinstalación de comisiones militares para juzgar a presos civiles en esa prisión donde se violan sistemáticamente los derechos humanos con torturas aprobadas personalmente por el secretario de Defensa de George W. Bush, Donald Rumsfeld.

A pesar de la contundencia de los argumentos, ninguna ONG internacional ni ninguna autoridad mexicana se han atrevido a decirle a los Estados Unidos la diferencia entre los costos de las guerras: en México ha habido daños colaterales por acciones contra delincuentes, en tanto que la Casa Blanca ha avalado directamente la violación de derechos humanos de civiles en la lucha contra el terrorismo.

En los EU hay un principio político impuesto para favorecer a los presidentes estadunidense que raya en el cinismo o la impunidad del poder. Se trata de una pequeña frase que pronunció el ex presidente Richard Nixon en 1977 en su histórica entrevista con el periodista inglés David Frost para justificar sus decisiones de autorizar la violación de derechos humanos en los EU durante el caso Watergate, sobre todo por el uso del FBI y de la CIA en contra de civiles:

“Si los presidentes lo hacen, significa que no es ilegal”.

Este sencillo principio del poder imperial permitió al presidente Bush autorizar la tortura de civiles sospechosos de terrorismo para obtener información de atentados. Y es el mismo principio del poder que protege al presidente Obama para mantener abierta la prisión de Guantánamo, la muerte de 30 mil civiles en Afganistán y no enjuiciar a los violadores de derechos humanos en la lucha contra el terrorismo.

En su libro The conviction of Richard Nixon (La convicción de Richard Nixon) el periodista James Reston Jr., hijo del legendario columnista del The New York Times y asesor periodístico de Frost, afirma que el principio de Nixon es la garantía de la impunidad del poder por parte de los presidentes de los EU: “en el área de actividades criminales, arguye Nixon, el Presidente es inmune”.

Obama se ha negado a castigar la violación de derechos humanos por Bush, pero sigue condenando violación de derechos humanos en otros países. En el 2008 se reveló el memorándum oficial donde el secretario de Defensa de Bush, Donald Rumsfeld, autorizó el 2 de diciembre de 2002 el uso de la tortura contra prisioneros. Lo grave era que la tortura ya había sido utilizada sin autorización. A pesar de ello, el presidente Obama se ha negado a castigar a los responsables de la tortura y ha protegido a la CIA torturadora.

El memorándum de autorización incluye, con letra manuscrita, una burla cínica de Rumsfeld respecto al tiempo que debían de permanecer de pie los detenidos como parte de la tortura. Escribió: “yo soporto de 8 a 10 horas al día. ¿Por qué están poniendo el límite de aguante (de prisioneros) en 4 horas?”. Si por Rumsfeld fuera, los detenidos debían de tener más aguante que él, sólo que Rumsfeld soportaba sentado cuatro horas y los detenidos eran torturados.

Si Obama y los EU defienden los derechos humanos en el mundo, nada han hecho en su interior. El 7 de febrero de 2002 el presidente Bush decidió públicamente que los detenidos en Guantánamo no tenían los derechos humanos amparados por el artículo 3 de la Convención de Ginebra para prisioneros de guerra. De hecho, el gobierno de los EU autorizó las mismas torturas que Vietnam del Norte aplicó a los detenidos estadunidenses capturados en los sesenta y setenta. En junio de 2006, la Corte Suprema determinó que los detenidos en Guantánamo sí tenían derechos humanos amparados en el artículo 3, pero el gobierno de Bush se negó a acatar el mandato.

En el 2008, el abogado Vincent Bugliosi publicó un alegato jurídico para pedir el procesamiento judicial de George W. Bush por el asesinato de más de tres mil doscientos soldados estadunidenses en Irak, por la mentira de invadir Irak, apresar a Saddam Hussein y aplicarle la pena de muerte con el argumento de que ahí había armas de destrucción masiva. Hoy Bush y sus colaboradores reconocen que no había armas en Irak, pero de todos modos impusieron un gobierno pronorteamericano en un país poseedor de riqueza petrolera. El libro de Bugliosi --The prosecution of George W. Bush for murder (traducción libre: La enjuiciamiento de George W. Bush por asesinato)-- incluye las fotos de decenas de soldados muertos en Irak y permaneció muchas semanas en el número uno de la lista de libros más vendidos del The New York Times.

Los documentos oficiales revelados sobre la tortura y violación de derechos humanos de detenidos --autorizados por la firma del secretario de Defensa de Bush-- contienen dieciocho técnicas de interrogación, varias de ellas por cierto aplicadas a disidentes durante el reinado priísta por la Dirección Federal de Seguridad, la cual había recibido asesoría de la CIA, justamente la agencia que realiza las torturas en Guantánamo.

Nadie ha sido capaz de llamar a cuentas a los funcionarios responsables de violar los derechos humanos de los detenidos bajo cargos de sospechosos de terrorismo. Los datos y copias de los documentos se encuentran en el libro Torture team. Rumsfeld´s memo and the betrayal of american values (El equipo de la tortura: El memorándum de Rumsfeld y la traición a los valores americanos) de Philippe Sands. Y hay otro archivo de consulta indispensable en http://www.torturingdemocracy.org/documents.

Ningún informe de Amnistía Internacional o Human Rights Watch condena clara y consistentemente la violación de derechos humanos de los EU en la lucha contra el terrorismo. Así, las ONG´s resultan en cómodos cómplices de los intereses de dominación de los EU en países del área de su seguridad nacional.

www.grupotransicion.com.mx

carlosramirezh@hotmail.com

- - 0 - -

9-Marzo-2011, Miércoles.

INDICADOR POLITICO

+ Edomex: pregunta para el 2012

+ Compromiso histórico región 4

Carlos Ramírez

Más que una estrategia de alianzas en pos de un salto democrático cualitativo, el acuerdo electoral PAN-PRD ha quedado en un afán antipriísta. Después del resultado en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, la alianza opositora en el Estado de México podría terminar también en una asociación oportunista, sin destino histórico y sin objetivos transicionistas.

La derrota del PRI no implica de suyo un avance democrático, como se ha visto en la conformación priísta de los gobiernos aliancistas. La encuesta PAN-PRD sobre la alianza mexiquense introduce una cuña novedosa pero tampoco explicada: “un programa de gobierno común”. Por tanto, más que centrar el debate en la alianza en sí, el PAN y el PRD deberían de mostrar primero el contenido del programa común para que los mexiquenses sepan la razón de apoyar o no la alianza.

La alianza mexiquense tiene tres puntos que en nada refieren a un programa común: la reserva de votos, el posicionamiento del gobernador Peña Nieto al frente de las encuestas presidenciales y quebrar la federalización priísta. Son puntos de coyuntura, no de estructura.

Las alianzas extremas han tenido experiencias históricas: entre izquierdas y de la izquierda con la derecha. La primera fue en 1972 en Francia con el “programa común” entre el Partido Socialista y el Partido Comunista; en 1977 se rompió el acuerdo; y en 1981 arribó al poder el socialista François Mitterrand con sus “110 propuestas” en segunda vuelta y el apoyo comunista; Mitterrand le entregó dos carteras ministeriales al comunismo pero luego aplicó un programa de derecha.

En Italia, el compromesso storico alió a la izquierda --Partido Comunista-- con la derecha --Partido Demócrata Cristiano--. La razón era el estancamiento político: el PCI tenía un tercio de la votación, pero no podía ser mayoría. La DC aceptó cambios democráticos y los dos encontraron un espacio de alianza en el centro reformador. El sospechoso secuestro y asesinato del líder democristiano Aldo Moro rompió la alianza.

Las alianzas PAN-PRD han sido sin acuerdo, sin programa y con candidatos priístas que ya en el poder sólo han reforzado el sistema político priísta. Por tanto, no han sido alianzas por la transición sino para derrotar al PRI oficial. Sin embargo, el PAN y el PRD no han  logrado vencer al PRI en lo que hoy es su base electoral: el priísmo como modo de vida. En algunas plazas, el PAN y el PRD en el poder son iguales al PRI sólo que con panistas y perredistas y (ex) priístas.

Las alianzas deben mirar al 2012 pero no nada más para mantener evitar el regreso de los priístas sino para completar la alternancia con un programa de construcción de la democracia. De poco le servirá al país un PAN gobernando como PRI.

Si deveras hay voluntad política en el PAN y en el PRD para la alianza en el Estado de México, entonces hay tiempo para difundir primero el “programa de gobierno común”. Los ciudadanos mexiquenses no deben de votar a ciegas por una alianza con un programa común desconocido. Y los ciudadanos mexiquenses tampoco tienen el aliciente de las alianzas pasadas porque en Oaxaca, Puebla y Sinaloa persiste el sistema político priísta.

Las alianzas PAN-PRD no han servido al país para construir una verdadera democracia. Por tanto, el debate sobre las alianzas debe centrarse en dos temas fundamentales: sólo derrotar al PRI o entrar a la fase de construcción de la democracia. Hasta ahora, e inclusive la mexiquense, las alianzas se han centrado en el primer tema. Pero derrotar al PRI como aparato electoral no ha sentado las bases de una nueva democracia. Al contrario, la oposición en el poder se ha convertido en una nueva oligarquía, con los mismos vicios del PRI.

El PAN parece agobiado por su falta de expectativas. Vicente Fox tuvo el suficiente bono democrático para consolidar la transición a la democracia y avanzar a la fase de instauración de una nueva democracia, pero le ganó la frivolidad y su incapacidad para ser estadista y por ello buscó el acuerdo con el PRI para administrar el viejo sistema político priísta. Calderón llegó al poder con una victoria muy apretada, con un PRI hundido y con la ceguera de la oposición perredista. El fracaso de López Obrador fue haber reaccionado como candidato derrotado y no como estadista: en el 2006 se pudo haber logrado el pacto PAN-PRD por la transición para darle el golpe de gracia al PRI.

En el 2012 el país tendrá su última oportunidad para apostarle a la construcción de la democracia. El PAN debe reactivar los dos escenarios para sus alianzas: derrotar al PRI o construir la democracia. El primero descansa en un dividido y pragmático PRD de (ex) priístas y estará condicionado a que López Obrador no fracture el voto perredista, como ya lo está haciendo en el Estado de México. El segundo es más audaz pero implica una jugada histórica: alianza del PAN con el PRI en base a un programa de construcción de la democracia, con nuevas reglas electorales. Pero ni en el PAN ni en el PRI hay conciencia histórica de las oportunidades.

Al final, el país ya no puede aguantar un sistema político priísta parchado, resanado, exhausto, ineficiente y en crisis estructural. De ahí la importancia de las alianzas en un país partido en tres partes. La alianza de las izquierdas fracasó con el PRD por los vicios priístas intrínsecos; la alianza PAN-PRI sería todo un desafío histórico.

La transición sin construcción democrática mantendría vigente el sistema político priísta. La transición exige que los partidos acuerden la construcción de un nuevo sistema político, un nuevo régimen de gobierno y un nuevo pacto constitucional.

www.grupotransicion.com.mx

carlosramirezh@hotmail.com

- - 0 - -

8-Marzo-2011, Martes.

INDICADOR POLITICO




+ Narcos mexicanos en todo EU

+ Arrestos de Obama, pellizcos



Carlos Ramírez



1.- Los operativos del gobierno de Obama con el saldo de centenas de narcomenudistas detenidos apenas fueron un pellizco a la estructura de mercado de comercialización de droga al menudeo que existe en los EU.

2.- El mapa que presenta esta columna hoy ilustra los puntos de venta de droga en las principales ciudades de los EU: miles de puestos de comercialización al menudeo. Y de acuerdo con otro reporte de la oficina antidrogas de la Casa Blanca, esos puntos de venta están operados por pandillas articuladas a los cinco principales cárteles mexicanos de narcotráfico. Es decir, que los cárteles mexicanos se apoderaron desde hace tiempo de la comercialización de la droga dentro de los EU.

3.- De acuerdo con el National Drug Threat Assessment 2010, de la National Drug Intelligence Center del Departamento de Justicia, casi el 37% de consumo de droga en los EU es de cocaína, el 27.6% es de metanfetaminas, el 12.9% es de heroína, el 12.1% es de marihuana y el 9.8% es de drogas bajo prescripción médica.

4.- La zona del centro-oeste de los EU las principales drogas son las metanfetaminas entre 60-%-80%, en tanto que en la zona centro-este el consumo mayor es de cocaína entre 30%-60%.

5.- El problema más grave para los EU es la compra directa de droga de las pandillas a los cárteles mexicanos, eliminando los intermediarios introductores. El reporte del Departamento de Justicia es claro:

“Para aumentar su control sobre el tráfico de drogas en los mercados más pequeños, las pandillas callejeras han incrementado la adquisición de grandes cantidades al por mayor de drogas a precios más bajos directamente de bandas de traficantes en México y a lo largo de la frontera sudoestes. Al comprar directamente de las fuentes mexicanas de mayoreo en México a lo largo de la frontera sudoeste, las pandillas en todo el país generan ahorros de costos que les permita vender drogas a precios más bajos que los distribuidores locales independientes en las comunidades pequeñas, sacando a otros comerciantes del negocio”.

6.- La penetración de los cárteles mexicanos en la comercialización de la droga dentro de los EU fue producto de la pasividad de las autoridades estadunidenses y de la tolerancia jurídica. Hoy el narco está asentado en todo el territorio de los EU y el gobierno de Obama no se atreve a ir hasta el fondo.







www.grupotransicion.com.mx

carlosramirezh@hotmail.com



- - 0 - -
 

7-Marzo-2011, Lunes.

INDICADOR POLITICO

+ Amparo: derecho a mano alzada

+ Fue el sistema judicial del DF

Carlos Ramírez

En los pasillos del poder judicial de la federación se mira el caso del amparo contra la exhibición del documental Presunto Culpable como un asunto del fuero común, es decir, de ámbito de competencia del Distrito Federal. Y entonces todos los ojos han volteado para observar gestos y reacciones del Mejor Alcalde del Mundo, ahora más preocupado por su auto candidatura presidencial.

De todos modos, el debate social ha llevado a un territorio peligroso: el condicionamiento del Estado del derecho no a un cuerpo legal sino al capricho de las masas: el derecho a la exhibición de un documental quiere pisotear el valor del derecho de amparo, sin duda el instrumento social más importante para defender al ciudadano de los abusos a sus libertades.

Paradójicamente, la sociedad de la transición quiere seguir utilizando los mecanismos de justificación del viejo régimen: el l sometimiento del Estado de derecho a razones políticas y sociales, la temible raison d'État del maquiavelismo pervertido. Se trataría, para darle una dimensión de categoría científica, de lo que pudiera considerarse la doctrina jurídica Manuel Bartlett: el fraude patriótico, es decir, el incumplimiento de la ley por razones superiores de hegemonía política. Ahora se quiere exhibir un documental a pesar de la existencia de un amparo. Y el deterioro del amparo llevará el derecho a la desprotección del ciudadano y al fortalecimiento del absolutismo.

El caso de Presunto Culpable se comienza a ahogar en el pantano de la estridencia. Lo grave es que existen caminos jurídicos para atender las quejas del denunciante pero sin desestimar el eje central, la litis jurídica, del documental: la denuncia de un Estado de derecho pervertido, corrupto, manipulado en el Distrito Federal --y obviamente en todos los estados de la república, aunque en ellos aún sin videos incriminatorios--. El documental no se realizó en torno al denunciante que reclama --con derecho-- que su imagen fue usada sin autorización, sino para revelar las corruptelas del sistema integral de impartición de justicia en un espacio territorial y en un tiempo político: el DF bajo los gobiernos perredistas, el partido que se comprometió a corregir las corruptelas del sistema priísta.

Lo que le ocurrió a José Antonio Zúñiga ya le había sucedido, bajo el autoritarismo priísta, a los presos políticos del periodo 1951-2000, a los sectores sociales que siguen encontrando en la estructura judicial a un cancerbero del sistema político priísta vigente en la alternancia, al ciudadano común que se defiende en el anti principio jurídico de que todos son culpables hasta auto demostrar lo contrario. Para esos ciudadanos desprotegidos se inventó el amparo.

Ahora el debate de fondo es la validez del amparo. Una cosa es que el denunciante haya conseguido abogados eficientes para elaborar un amparo y otras cosa culpar al amparo y otra cosa que el sistema judicial-penal del Distrito Federal no ha corregido ni un milímetro de lo denunciado y el jefe de gobierno del DF prefiere apoyar la exhibición del documental contra “la censura” que ofrecer la reforma estructural del sistema denunciado en Presunto Culpable. A partir de ahora el presunto culpable no es un inocente acusado y enjuiciado sino la institución social del amparo.

Lo demás es estridencia y, también, política correcta. Hasta los abogados experimentados --lo mismo litigantes que figuras prominentes de la investigación y la cátedra-- han caído en el juego de debatir la censura y no el sistema judicial-penal en el DF y en toda la república. ¿Dónde están los policías que detuvieron a Zúñiga, los judiciales que lo torturaron, el ministerio público que lo enjuició sin garantías, los jueces de sentencia, los inútiles abogados de oficio, el Tribunal Superior de Justicia del DF, los gobernantes que prometieron cambiar el sistema judicial-penal represivo y de control social y político?

El riesgo radica en que la estridencia social vaya a lastimar el valor jurídico de la institución del amparo. Ahora resulta que la culpa de Presunto Culpable no es el sistema policiaco-judicial-penal del DF sino el amparo. Hoy el principal instrumento de defensa del ciudadano ante los abusos del poder es el amparo. Pero podría cambiar. En el caso Lydia Cacho-Mario Marín, el eje fue una grabación ilegal y anticonstitucional; y la grabación prohibida por la Constitución fue avalada por el ministro de la Corte Genaro Góngora Pimental. Ello llevó a una reforma constitucional que volvió a legalizar las grabaciones clandestinas y con ello reinstaló el espionaje político al estilo de la vieja Dirección Federal de Seguridad priísta. Y todo con el apoyo de la Corte Suprema.

Lo mismo puede ocurrir con el amparo. Lo legal es acatar el amparo, debatir en tribunales, presentar razones jurídicas; si se gana, regresar a pantallas; si se pierde, rehacer el documental. Pero sería un absurdo jurídico convertir al amparo en el malo de la película, a menos que estemos viviendo una película al estilo de Juan Orol. Como siempre ocurre, la estridencia social quiere convertir al Estado de derecho en una votación a mano alzada en la plaza pública.

El debate debe centrarse en la sobrevivencia del sistema policiaco-judicial-penal del viejo régimen priísta que sigue vigente a pesar de que la oposición llegó al Congreso en 1978, a los gobiernos estatales a partir de 1989, al gobierno del DF en 1997 y a la presidencia en el 2000. Lo paradójico es que la oposición al priísmo hoy en áreas de poder ha mantenido esa estructura porque representa un mecanismo de control social. En los tiempos priístas el amparo se manejaba en contra de los derechos de los ciudadanos. Y en la alternancia las cosas siguen igual.

www.grupotransicion.com.mx

carlosramirezh@hotmail.com

- - 0 - -

4-Marzo-2011, Viernes.

INDICADOR POLITICO

+ Aristegui: presunta culpable

+ Y AMLO, presunto culpable

Carlos Ramírez

La historia que voy a contar comienza una

noche en que la policía violó la Constitución.

Jorge Ibargüengoitia, Dos crímenes (1979).

En un programa en el que violó todos los postulados de su propio código de ética, la conductora Carmen Aristegui orientó el asunto del retiro por orden judicial del documental Presunto culpable como una expresión de censura del gobierno federal.

Sin embargo, el caso narrado ocurrió a finales de 2005 en la ciudad de México y la conductora eludió, por su militancia lopezobradorista, la contextualización del conflicto.

--¿Quién era jefe de gobierno del DF en diciembre de 2005, cuando detuvieron ilegalmente a José Antonio Zúñiga bajo el cargo de homicidio? Alejandro Encinas como jefe gobernante capitalino interino por designación de López Obrador.

--¿Quién era responsable de la permanencia del viejo sistema judicial y penal priísta en la ciudad de México? El ex priísta López Obrador como jefe de gobierno.

--¿Quién se comprometió a reformar los sistemas de impartición de justicia diseñados por el PRI? López Obrador.

--¿Quién era el procurador de justicia del DF bajo cuyo mando se encontraban los judiciales acusados por el documental de torturar al presunto culpable y que siempre se vanaglorió de haber limpiado el poder judicial? Bernardo Bátiz Vázquez, hoy ministro de Justicia del gobierno legítimo de López Obrador.

--¿Quién es hoy el responsable del poder judicial capitalino que sigue manteniendo a Zúñiga como “presunto culpable” y que fue liberado por la orden de un juez y no por su inocencia? Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del DF.

--¿Quién era magistrado del Tribunal Superior de Justicia del DF en diciembre de 2005 y meses posteriores y por tanto de alguna manera corresponsable del proceso judicial kafkiano que mantuvo preso a Zúñiga como presunto culpable? Edgar Elías Azar, hoy presidente del tribunal superior de justicia del DF.

--¿Quién era el secretario de Seguridad Pública del DF en diciembre del 2005 y responsable de la patrulla preventiva que levantó a Zúñiga como presunto culpable? Joel Ortega Cuevas, sucesor de Ebrard y recomendado por Ebrard y más tarde secretario de Seguridad Pública del DF bajo el gobierno de Ebrard, hasta que renunció en el 2008 por su responsabilidad en el caso News Divine.

En su programa de ayer jueves, Aristegui inclusive mantuvo, en un juego de tensión tipo periodismo paparazzi, que la Secretaría de Gobernación había ordenado el retiro del documental, pero sin aclarar que el asunto nada tenía que ver con una censura gubernamental: un familiar del asesinado promovió un amparo para suspender la exhibición del documental por haber usado su imagen sin su permiso.

Pero en el programa de Aristegui se invocó la libertad de expresión por encima de un proceso legal, se insinuó que Gobernación estaba de acuerdo con la censura y permitió acríticamente que el director y la productora acreditaran la decisión a hechos inexplicables, de carácter político y con la intención de fuerzas superiores desconocidas de sacarlo de la circulación.  La conductora no profundizó en las responsabilidades de las autoridades del GDF.

La politización anticalderonista del retiro del documental impidió el ejercicio del periodismo de investigación. En 1993 el poeta y ensayista Gabriel Zaid le ganó una demanda a la revista Mira, propiedad del columnista Miguel Angel Granados Chapa, por haber publicado sin su autorización una foto en un acto cultural público. En el caso del cantante Kalimba, los medios violaron la intimidad de una menor de edad al difundir su nombre y su imagen a pesar de las prohibiciones de ley. Recientemente hubo quejas de la funcionaria del GDF Elena Cepeda y del escritor Xavier Velasco por la publicación de imágenes en medios sin autorización y con cierta maldad al retratar gestos nada agradables.

En todos estos casos hubo una invasión de la intimidad protegida por la ley. El periodismo, por tanto, debiera de acotarse a esas limitaciones. Pero el programa de Aristegui en el 2006 difundió unas grabaciones del entonces gobernador Mario Marín que violaban la Constitución y que derivaron en una reforma constitucional para legalizar el espionaje político que restringió las libertades constitucionales.

Se trata de casos de periodismo paparazzi, de periodismo de tabloide, de escándalo. El documental “Presunto culpable” es un señalamiento severo de la corrupción en el sistema de impartición de justicia en el DF durante las gestiones perredistas. Pero ahora mismo en el sistema judicial perredista en el DF se sigue considerado a Zúñiga como “presunto culpable”.

Es un caso del viejo modelo judicial priísta vigente en las gestiones del PAN y el PRD en el poder. De ese sistema que condenó en 1969, vía el juez de consigna Eduardo Ferrer McGregor, a José Revueltas bajo el cargo de haber inducido en el 68 a la “autosugestión universitaria” (era autogestión) y por haber insultado al “señor Presidente” diciéndole Tlacatlecuhtli, creyendo que era una ofensa y en realidad era una caracterización similar a Tlatoani.

No hay, pues, por qué sorprenderse. Lo que llama la atención --y los medios han desviado la atención-- es que Presunto culpable denuncia un caso de impunidad policiaca y judicial en el régimen perredista en el DF pero con la misma estructura jurídica que el priísmo. Parafraseando a Narciso Bassols, en el viejo régimen las leyes se hicieron para controlar al adversario, no para promover la democracia. Y el sistema policiaco-judicial-penal perredista confirma que las cosas siguen igual que en los tiempos priístas.

www.grupotransicion.com.mx

carlosramirezh@hotmail.com

- - 0 - -

3-Marzo-2011, Jueves.

INDICADOR POLITICO

+ ¿Ahora sí ya entendió Obama?

+ EU: consumo y narcorredadas

Carlos Ramírez

El asesinato del agente estadunidense de migración en las carreteras de San Luis Potosí finalmente despertó al presidente Barack Obama del letargo en que lo tenían sus agencias de seguridad y comprendió que el problema del narco en México está directamente relacionado con el consumo en los EU.

Por ello, las dos redadas en territorio estadunidense para arrestar a traficantes de drogas representan un cambio estratégico en la política antidrogas de la Casa Blanca. Y no era para menos. La secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, reaccionó al incidente en San Luis como si formara parte del gabinete del conservador Ronald Reagan. Pero Obama la ya corrigió: el problema también es de los EU.

Las redadas internas autorizadas por Obama implican el hecho de que finalmente los EU hicieron caso de las constantes quejas de las autoridades mexicanas: habrá producción y trasiego en México mientras exista la demanda tolerada de droga en los EU. Y ahí había cuando menos tres realidades que la Casa Blanca había ignorado:

--Cifras oficiales revelan que el 8% de los estadunidenses son consumidores de drogas, una cifra cercana a los veinte millones de personas. Esa demanda determinó la oferta.

--Reportes de la oficina de inteligencia antidrogas de la Casa Blanca han reportado que los mercados estadunidenses de venta de droga al menudeo en decenas de ciudades en todo el país están controladas por cárteles mexicanos a través de las pandillas.

--La clave de una verdadera estrategia internacional de lucha contra el mercado internacional de droga estaba en operaciones conjuntas. Después de las redadas, ahora a los EU les falta la decisión más importante: atacar el lavado de dólares del narco en el sistema estadunidense empresarial y financiero.

Las redadas de narcos en los EU --dos masivas en las últimas semanas-- se habían tardado. La evaluación de inteligencia sobre pandillas de carácter nacional de 2005, realizada por el FBI, el Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas de la Casa Blanca y la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas --ATF por sus siglas en inglés-- había descubierto que el 78.4% de las agencias de la ley en los EU habían reportado una alianza entre pandillas y cárteles mexicanos de drogas. Asimismo, la encuesta nacional de pandillas juveniles de 2001 reveló que el 49% de los miembros de esos grupos delictivos eran de origen latino.

La evaluación del 2009 mostró el crecimiento de la penetración del narcotráfico mexicano en el interior de los Estados Unidos, sin que la autoridad realizara alguna operación en contra de ellas. Del 2004 al 2008, la proliferación de pandillas vinculadas al narco aumentó en los EU en tres puntos porcentuales. Y le actividad de las pandillas en las escuelas también subió, ante la apatía gubernamental, de 20% a 24% de denuncias por parte de estudiantes. El aumento de la presencia de pandillas reveló cifras preocupantes: el número de miembros de pandillas por cada 100 mil habitantes fue de entre 4 y 11 en prácticamente cuarenta estados, con Illinois como la que tiene mayor número de pandilleros, seguida de Colorado, Nuevo México, California y Nevada.

Las evaluaciones sobre pandillas han mostrado también el dato de que desde 2005 la organización Mexikanemi, también conocida como Texas Mexican Mafia o Emi, fue formada al comienzo de los ochenta y tiene cuando menos dos mil miembros. “Mexikanemi representa una significativa amenaza a las comunidades del suroeste de los Estados Unidos, particularmente Texas”, dice el reporte de 2009. Esta pandilla trafica cocaína, heroína y metanfetaminas, además de marihuana y éxtasis, todas estas drogas provenientes de México. Su mercado de consumo también se localiza dentro de las prisiones. La droga de esta pandilla la suministran los cárteles de Jaime Herrera Herrera, Osiel Cárdenas y Vicente Carrillo. “Adicionalmente, los Mexikanemi mantienen una relación con Los Zetas”.

A pesar de ser considerados una amenaza contra la seguridad nacional, las pandillas nunca fueron combatidas… al menos hasta los dos operativos de los últimos días. Los datos oficiales de los EU señalan que existen cuando menos un millón de pandilleros en más de 20 mil pandillas con actividad criminal en los cincuenta estados y la capital federal de Washington.

Las denuncias de actividades criminales han aumentado. De acuerdo con el reporte de 2009, las denuncias contra las pandillas han aumentado de 45% a 58% en el periodo 2004-2008. Las pandillas criminales han cometido alrededor del 80% de los siguientes delitos: tráfico de extranjeros, robos a mano armada, asaltos robo de autos, tráfico de drogas, extorsión, fraude, invasión de propiedades, robo de identidades, asesinatos y tráfico de armas.

El reporte reconoce desde 2005 la existencia de bases de traficantes mexicanos en el territorio de los EU y las pandillas sirven para la distribución nacional de drogas. Asimismo, revela que los pandilleros cruzan rápidamente la frontera para traficar personas y drogas. En el 2005 una encuesta entre policías reveló que el 5.7% de las pandillas estaban vinculados con organizaciones terroristas asentadas en los EU.

La conclusión desde 2005 era de peligro inminente:

“La omnipresencia de las pandillas en toda la sociedad es innegable. Incitan al miedo y la violencia en nuestras comunidades. Las pandillas amenazan a nuestras escuelas, nuestros niños y nuestros hogares. Las pandillas de hoy son más sofisticadas y flagrantes en el uso de tácticas de violencia e intimidación. A medida que emigran a todo el país, llevan consigo las drogas, las armas y la actividad delictiva”.

Obama finalmente dio el primer paso previo a la visita del presidente Calderón: atacar al narco en la fase de distribución de la droga en las calles.

www.grupotransicion.com.mx

carlosramirezh@hotmail.com

- - 0 - -