INDICADOR POLITICO
+ Reyes Salazar: crimen organizado
+ No DH sino secuestros y La Línea
Carlos Ramírez
Amparados por el gobierno del DF, los miembros de la familia Reyes Salazar no han podido responder a los señalamientos de que los asesinatos de seis familiares responden más a la participación de Miguel Angel Reyes Salazar como parte del grupo La Línea del cártel de Juárez que al activismo de Josefina Reyes Salazar en la defensa de los derechos humanos.
Miguel Angel fue detenido en dos ocasiones en operativos contra la banda de secuestradores de Los Escajeda, la primera en 2008. La segunda ocasión fue presentado junto con Alfredo Escajeda Navarro, alías El Riquín, y otros acusados del secuestro y asesinato del dirigente de la comunidad mormona en el municipio de Galeana, en Chihuahua, Benjamín Franklin Le Baron, y su cuñado Luis Carlos Withman. Ahora se encuentra a disposición de un juez en Matamoros, Tamaulipas.
El activismo político de la señora Josefina Reyes Salazar, ex regidora del PRD, en enero de 2010 fue producto de la segunda aprehensión de su hijo Miguel Angel en un operativo del ejército. A partir de ahí, la señora Reyes Salazar organizó marchas y protestas exclusivamente contra el ejército, cuyos acciones exitosas lograron desmantelar a varias bandas de secuestradores. Oficialmente la señora Reyes Salazar nunca presentó ante las autoridades o ante oficinas de derechos humanos una queja formal sobre algún caso en particular de represión. Todo se concretó a protestas callejeras y mediáticas.
Lo grave del caso de Miguel Angel Reyes Salazar fue el hecho de que salió libre en el primer arresto pero atrapado con la banda de los Escajeda en una segunda ocasión. Además de la presunta participación en otros actos criminales, como el caso de la familia Salas Valenciano. En el cuerpo de los últimos tres Reyes Salazar asesinados hace unos días aparecieron mantas acusando a la familia de “halcones (espías de movimientos de bandas y policías) y sicarios”. Los datos del expediente señalan que Reyes Salazar habría estado en medio de la lucha entre la banda de los Escajeda contra la de los Salas Valenciano; inclusive, hay datos que vincularon a Reyes Salazar con el asesinato de Adán Salas Valenciano. En la guerra entre ambas bandas hubo amenazas, incendios de casas, como la de la abuela Sara Salazar, madre de Josefina, y ejecuciones.
Los Escajeda aparecían en la lista de los buscados por la DEA por un enfrentamiento a balazos con policías estadunidenses en la línea fronteriza, debido a la pérdida de un cargamento de droga. Por acusaciones anónimas, el ejército localizó a la banda de los Escajeda y arrestó a veinticinco de ellos en el poblado de Nicolás Bravo. Los detenidos revelaron que el jefe de la banda era José García, alias El General.
Este operativo provocó una reacción criminal de la banda: el secuestro y asesinato de Le Baron y Withman porque se negaron a pagar el rescate de un millón de dólares por el secuestro de Erik Le Barón. Lo grave fue que la banda se disfrazó de militares para entrar a la comunidad mormona y cometieron tropelías gravísimas con la familia Le Baron. El secuestro causó tal indignación que el 8 de junio del 2009 el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión guardó un minuto de silencio por los mormones asesinados. Al final, Erik fue liberado por el ejército en el operativo en Nicolás Bravo.
Miguel Angel Reyes Salazar fue arrestado en el operativo contra Escajeda y presentado por las autoridades como parte de la banda involucrada en los crímenes de mormones. A pesar de la información de los dos arrestos de Miguel Angel en 2008 y 2009, Josefina Reyes Salazar sorprendió a la comunidad de activistas defensores de derechos humanos con sus movilizaciones contra el ejército y los operativos en Ciudad Juárez. Inclusive, en enero del 2010 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos salió en su defensa acreditándola como defensora de las garantías individuales, sin indagar el hecho de que uno de los hijos estaba preso por pertenecer a una banda de secuestradores ligados a La Línea y por tanto al cártel de Juárez.
En los medios nacionales se erigió a Josefina Reyes Salazar y a su familia como un ícono de la lucha contra los supuestos abusos de las autoridades en la lucha contra el crimen organizado en Ciudad Juárez. Pero ya desde entonces resultaba sospechoso que estos activistas, aglutinados en el membrete de Frente Nacional contra la Represión en Ciudad Juárez, atacaran solamente al ejército y nada dijeran de los crímenes cometidos por los cárteles en lucha. Bastaba elevar la voz denunciando a las autoridades para asumir el papel de activista. Sin embargo, las autoridades tienen referencias cruzadas de que Josefina Reyes Salazar sí conocía las actividades delictivas de su hijo. Sus denuncias contra el ejército formaban parte de la ofensiva política del crimen organizado para desprestigiar la acción de seguridad y dejarles la plaza a los cárteles.
Metidos en una cadena de asesinatos que responden más a la lógica de las luchas criminales, la familia Reyes Salazar pidió la protección del gobierno del DF y la obtuvo sin pasar por los filtros de rigor. En sus declaraciones el lunes pasado, el procurador capitalino Miguel Angel Mancera caracterizó a la familia Reyes Salazar como “activista a favor de los derechos humanos” y dijo desconocer, a pesar de su condición de procurador, información sobre Miguel Angel Reyes Salazar, aunque bastaba consultar periódicos atrasados o solicitar los expedientes a la SIEDO o al ejército. El asilo político a la familia Reyes Salazar podría convertir al SDF en territorio de violencia entre cárteles.
Lo malo fue que Mancera se basó sólo en las declaraciones de la propia familia Reyes Salazar: “comentan los integrantes de la familia Reyes Salazar que son luchadores sociales, activistas de derechos humanos que llegaron a la ciudad de México solicitando apoyo”. Sin embargo, las mantas encontradas en los cuerpos sin vida de los tres hijos y el expediente de Miguel Angel Reyes Salazar revelan más bien una lucha entre cárteles que una violación de derechos.
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