INDICADOR POLITICO
+ Amparo: derecho a mano alzada
+ Fue el sistema judicial del DF
Carlos Ramírez
En los pasillos del poder judicial de la federación se mira el caso del amparo contra la exhibición del documental Presunto Culpable como un asunto del fuero común, es decir, de ámbito de competencia del Distrito Federal. Y entonces todos los ojos han volteado para observar gestos y reacciones del Mejor Alcalde del Mundo, ahora más preocupado por su auto candidatura presidencial.
De todos modos, el debate social ha llevado a un territorio peligroso: el condicionamiento del Estado del derecho no a un cuerpo legal sino al capricho de las masas: el derecho a la exhibición de un documental quiere pisotear el valor del derecho de amparo, sin duda el instrumento social más importante para defender al ciudadano de los abusos a sus libertades.
Paradójicamente, la sociedad de la transición quiere seguir utilizando los mecanismos de justificación del viejo régimen: el l sometimiento del Estado de derecho a razones políticas y sociales, la temible raison d'État del maquiavelismo pervertido. Se trataría, para darle una dimensión de categoría científica, de lo que pudiera considerarse la doctrina jurídica Manuel Bartlett: el fraude patriótico, es decir, el incumplimiento de la ley por razones superiores de hegemonía política. Ahora se quiere exhibir un documental a pesar de la existencia de un amparo. Y el deterioro del amparo llevará el derecho a la desprotección del ciudadano y al fortalecimiento del absolutismo.
El caso de Presunto Culpable se comienza a ahogar en el pantano de la estridencia. Lo grave es que existen caminos jurídicos para atender las quejas del denunciante pero sin desestimar el eje central, la litis jurídica, del documental: la denuncia de un Estado de derecho pervertido, corrupto, manipulado en el Distrito Federal --y obviamente en todos los estados de la república, aunque en ellos aún sin videos incriminatorios--. El documental no se realizó en torno al denunciante que reclama --con derecho-- que su imagen fue usada sin autorización, sino para revelar las corruptelas del sistema integral de impartición de justicia en un espacio territorial y en un tiempo político: el DF bajo los gobiernos perredistas, el partido que se comprometió a corregir las corruptelas del sistema priísta.
Lo que le ocurrió a José Antonio Zúñiga ya le había sucedido, bajo el autoritarismo priísta, a los presos políticos del periodo 1951-2000, a los sectores sociales que siguen encontrando en la estructura judicial a un cancerbero del sistema político priísta vigente en la alternancia, al ciudadano común que se defiende en el anti principio jurídico de que todos son culpables hasta auto demostrar lo contrario. Para esos ciudadanos desprotegidos se inventó el amparo.
Ahora el debate de fondo es la validez del amparo. Una cosa es que el denunciante haya conseguido abogados eficientes para elaborar un amparo y otras cosa culpar al amparo y otra cosa que el sistema judicial-penal del Distrito Federal no ha corregido ni un milímetro de lo denunciado y el jefe de gobierno del DF prefiere apoyar la exhibición del documental contra “la censura” que ofrecer la reforma estructural del sistema denunciado en Presunto Culpable. A partir de ahora el presunto culpable no es un inocente acusado y enjuiciado sino la institución social del amparo.
Lo demás es estridencia y, también, política correcta. Hasta los abogados experimentados --lo mismo litigantes que figuras prominentes de la investigación y la cátedra-- han caído en el juego de debatir la censura y no el sistema judicial-penal en el DF y en toda la república. ¿Dónde están los policías que detuvieron a Zúñiga, los judiciales que lo torturaron, el ministerio público que lo enjuició sin garantías, los jueces de sentencia, los inútiles abogados de oficio, el Tribunal Superior de Justicia del DF, los gobernantes que prometieron cambiar el sistema judicial-penal represivo y de control social y político?
El riesgo radica en que la estridencia social vaya a lastimar el valor jurídico de la institución del amparo. Ahora resulta que la culpa de Presunto Culpable no es el sistema policiaco-judicial-penal del DF sino el amparo. Hoy el principal instrumento de defensa del ciudadano ante los abusos del poder es el amparo. Pero podría cambiar. En el caso Lydia Cacho-Mario Marín, el eje fue una grabación ilegal y anticonstitucional; y la grabación prohibida por la Constitución fue avalada por el ministro de la Corte Genaro Góngora Pimental. Ello llevó a una reforma constitucional que volvió a legalizar las grabaciones clandestinas y con ello reinstaló el espionaje político al estilo de la vieja Dirección Federal de Seguridad priísta. Y todo con el apoyo de la Corte Suprema.
Lo mismo puede ocurrir con el amparo. Lo legal es acatar el amparo, debatir en tribunales, presentar razones jurídicas; si se gana, regresar a pantallas; si se pierde, rehacer el documental. Pero sería un absurdo jurídico convertir al amparo en el malo de la película, a menos que estemos viviendo una película al estilo de Juan Orol. Como siempre ocurre, la estridencia social quiere convertir al Estado de derecho en una votación a mano alzada en la plaza pública.
El debate debe centrarse en la sobrevivencia del sistema policiaco-judicial-penal del viejo régimen priísta que sigue vigente a pesar de que la oposición llegó al Congreso en 1978, a los gobiernos estatales a partir de 1989, al gobierno del DF en 1997 y a la presidencia en el 2000. Lo paradójico es que la oposición al priísmo hoy en áreas de poder ha mantenido esa estructura porque representa un mecanismo de control social. En los tiempos priístas el amparo se manejaba en contra de los derechos de los ciudadanos. Y en la alternancia las cosas siguen igual.
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