INDICADOR POLITICO
+ Seguridad:
EU como factor 2012
+ Pepsico
viola derechos humanos
Carlos
Ramírez
Ante la finalización del sexenio
calderonista y la falta de
definición de los candidatos presidenciales sobre el tema de seguridad y
narcotráfico para el próximo sexenio, el gobierno de los Estados Unidos ha
iniciado una estrategia unilateral de
defensa de sus intereses nacionales en México.
Sólo que la Casa Blanca, muy a su
estilo imperial de ignorar la
realidad de su propia situación como el país consumidor de droga número uno del
mundo, está dañando la estrategia
mexicana de lucha contra el crimen organizado. Y no sólo por declaraciones
contra la estructura mexicana de seguridad, sino por el hecho de también ocultar que los cárteles de la droga en México sobreviven por la protección de
intereses de sectores instalados en el país consumidor.
El caso de los ataques contra
vehículos de la empresa Sabritas motivó que la propietaria PepsiCo eludiera las razones de los ataques
--acusaciones de colaboración con las fuerzas de seguridad-- y orientara sus
críticas contra las fuerzas armadas que son hoy la última línea de defensa en Michoacán, donde el narco se instaló durante
gobiernos perredistas y el gobierno priísta aparece incapaz de combatir el problema de raíz.
Los señalamientos del representante
de la PepsiCo contra el ejército por presuntas violaciones de derechos humanos
resultaron paradójicos con la
decisión oficial el sábado de desplazar partidas militares para resguardar
instalaciones de Sabritas en Michoacán. Y el asunto está más complicado porque
la empresa PepsiCo ha sido denunciada internacionalmente por violar derechos humanos y éticos al usar restos de fetos abortados para
investigaciones sobre efectos de sus productos en el consumidor. El uso de esos
fetos ha sido para productos “de más sabor y con menos calorías”; una de las
denuncias principales contra PepsiCo salió de un accionista que protestó ante la
junta directiva.
Las declaraciones de PepsiCo contra
la estrategia mexicana de seguridad han tenido el aval del gobierno de los EU. Sin embargo, lo que menos quieren en los EU es que México
gane la batalla contra los cárteles
de la droga porque un cierre del
suministro de estupefacientes provenientes de México provocaría violencia incontrolable de los casi 25
millones de consumidores estadunidenses, sobre todo en las zonas de apartheid de mil
ciudades de los EU donde viven y comercian la droga sin que la policía de ese
país se atreva a ingresar.
Ahí es donde se percibe otra paradoja: la estrategia mexicana contra
los cárteles de la droga se realizó
por presiones de Washington; sin embargo, en los EU se localizan los tres
principales problemas que tienen que
ver con las bandas criminales: el consumo de 25 millones de adictos estadunidenses, el tráfico de armas de los EU hacia los cárteles y la administración de los narcodólares en el sistema financiero
estadunidense. El 90% del armamento
criminal asegurado por el ejército mexicano --115 mil armas, más de 9 mil
granadas y casi 12 millones de cartuchos-- provienen
de los EU, por lo que las agresiones contra la transnacional Sabritas-PepsiCo
se dieron con armas estadunidenses.
A ello se agrega otro de los temas que en los EU ignoran
en sus medios de comunicación controlados por los grandes intereses financieros
y de seguridad nacional: la corrupción
de miembros de los sistemas policiacos, financieros y judiciales de los EU. Los
datos son conocidos:
--El fracaso de la Operación
Rápido y Furioso aprobada por el procurador de justicia de Obama y que le
dio armas al cártel de El Chapo, armas
por cierto que fueron usadas para asesinar a agentes aduanales en México.
--En marzo del 2012 dos militares
estadunidenses fueron acusados de
vender armas y entrenamiento a Los Zetas.
--En mayo de este año se revelaron
datos de investigaciones abiertas por casos
de corrupción en la oficina de aduanas de los EU, en cuyos puestos fronterizos
cruzan cargamentos de droga.
--En ocho años se han arrestado al menos a 130 agentes de
Aduanas de los EU por corrupción, tráfico de drogas, contrabando de personas,
lavado de dinero y conspiración criminal. Lo grave del asunto es que el las oficinas de seguridad nacional de
los EU existe el temor de que grupos terroristas se infiltren a los EU justamente por las aduanas.
--En marzo del 2009 se reveló que
la Border Patrol, Aduanas y policías estatales habían recibido sobornos de cárteles mexicanos.
--En diciembre de 2011 la DEA --la
polémica agencia antidrogas de los EU-- participó en operaciones de lavado de dinero de organizaciones criminales
mexicanas, con el argumento de que
se trataba de seguir las rutas del dinero; sin embargo, cárteles mexicanos en efecto lavaron dinero a su favor con la DEA y
hasta ahora no se tienen datos de
arrestos derivados de esas operaciones.
El tema se ha cruzado con las
campañas presidenciales mexicanas. Y aunque existe la certeza de que los
candidatos presidenciales mexicanos eluden
definiciones de seguridad porque carecen de alternativa y van a continuar el modelo de Calderón pero no
se atreven a decirlo por temor a perder votos, de todos modos los EU se quieren
meter como factor de seguridad en
los temas de la elección presidencial mexicana pero en función de los intereses
de Washington.
A ello se agrega un dato revelador: la confianza social en
el ejército subió de 29% a mediados del 2010 a 46%, y se colocó como la institución más reconocida, según encuesta
de Ulises Beltrán y Asociados. De ahí el interés de los EU de mimar a una institución vital para la
estabilidad de México y medrar con la desconfianza.
(Hoy lunes, a las 10 de la noche,
en Canal 40, el programa “Política Incómoda”, conducido por Carlos Ramírez, con
el tema: “Segundo debate: balconeada de secretos del poder”.)
@carlosramirezh
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