INDICADOR POLITICO
+ DEA
y Obama, en caso Angeles
+ Sedena,
al margen de expediente
Carlos
Ramírez
El arraigo del general Tomás Ángeles
Dauahare es ajeno a la sucesión
presidencial y a la designación del secretario de la Defensa Nacional del
próximo gobierno y bastante vinculado
a una ofensiva de la DEA y de los Estados Unidos hacia México en el escenario
de la campaña presidencial de Barack Obama.
Hacia el interior del ejército las
opiniones sobre Ángeles son más buenas que malas, aunque en todos los niveles
existe la certeza de que la justicia civil debe ir hasta el fondo de las acusaciones. Por tanto, se
descarta algún ajuste de cuentas en
los mandos castrenses.
La designación del secretario de la
Defensa es diferente a los
mecanismos civiles. El general secretario saliente siempre es consultado por el presidente electo
sobre los mandos posibles a sucederlo y la lista es amplia y sin vetos, sobre
todo porque los altos mandos son pocos y todos obedecen a las relaciones derivadas de la disciplina militar. Por
tanto, son irreales las versiones de
que el arraigo del general Ángeles estaría en la disputa de la cartera de
Sedena.
Más aún, la verdadera lista de aspirantes a la titularidad de la Sedena se
conoce hasta después de las elecciones presidenciales, a partir del 2000 en que
se dio la alternancia. Y hasta donde se tienen datos, nunca se ha registrado
alguna confrontación entre generales
para posicionarse por la cartera de general secretario. Y más aún, Ángeles es
retirado y hasta ahora no ha habido
un general secretario regresado del retiro, además de que mantiene relaciones estrechas con los generales que
estarían enfilados hacia la titularidad de la Sedena.
De ahí que la decisión de la PGR de
solicitarle la presentación del general Ángeles y otros dos generales tiene escenarios
ajenos al próximo gabinete:
1.- El momento político: la proximidad de la elección presidencial, la
información que relaciona al ex gobernador priísta tamaulipeco Tomás Yarrington
con el narcotráfico, el cerco que se
cierra en torno a Joaquín El Chapo
Guzmán, el debate sobre la
continuidad o reformas el próximo sexenio de la estrategia del gobierno de
Calderón contra el crimen organizado, el escalamiento
en la violencia entre los cárteles
usando a los medios como caja de resonancia y el debate el próximo 10 de junio
entre candidatos presidenciales donde tocarán el tema de seguridad forman el contexto del corto plazo mexicano.
2.- El momento sucesorio. Después del arraigo de los generales por datos de
presunta vinculación con el cártel de
los hermanos Beltrán Leyva, el presidente Calderón lanzó un reto significativo a los candidatos:
¿continuará el próximo gobierno o interrumpirá la lucha contra los cárteles? La continuidad o desviación de
la estrategia es sin duda una de las más importantes
preguntas en las sociedades que viven en los estados contaminados por el
narcotráfico. Y queda también el dato de que el arraigo de tres generales antecedió la información sobre las
relaciones del ex gobernador tamaulipeco Tomás Yarrington con el narco, estallada
en tribunales de los EU. De esta manera, la lucha contra el crimen organizado
volvió a asumir su posición central
en las campañas presidenciales.
3.- El factor Estados Unidos. Días después del arraigo de tres generales
bajo información filtrada de haber tenido relaciones con el cártel de los Hermanos Beltrán Leyva se
dieron tres hechos vinculados: la
información proveniente de los EU sobre Yarrington, la versión de que la DEA
tiene información de funcionarios y
políticos vinculados al narco y la extradición el martes pasado de La Barbie a los Estados Unidos a pesar
de ser la fuente de datos sobre
corrupción de militares, políticos y periodistas. Por alguna razón La Barbie pasó a manos de la DEA,
oficina antidrogas donde se manejan muchos expedientes de presuntos involucrados con el narco en México.
En este contexto, el arraigo de
tres generales se localizó en tres escenarios ajenos a la composición del ejército, donde los dos mensajes
principales fueron enviados con claridad:
los militares no protegen la impunidad de altos mandos y la confianza social en
el ejército ha crecido a pesar de estos
incidentes; después del arraigo de tres generales, una encuesta del Gabinete de
Comunicación Estratégica reveló que la confianza social en el ejército creció de 35% a 50% y una encuesta de
Pedro Ferriz también registró el dato de que el 64% de su auditorio tenía más
confianza en el ejército.
Lo que queda es, entre todos, el
caso del general Ángeles por sus buenas relaciones mediáticas, políticas y
estadunidenses. Por lo pronto, Ángeles no
fue despedido de la subsecretaría de la Defensa Nacional sino que abandonó las
funciones por haber cumplido la edad de retiro de 65 años; recientemente el
general Roberto Miranda, inspector general con nivel de reconocimiento a nivel
de subsecretario, también pasó a retiro por edad. De ahí que sea falsa la versión de supuestos enojos de
Ángeles en su contra o de él con algún otro mando.Los dos subsecretarios
posteriores a Ángeles --Armando Meza Castro y Humberto Alfonso Guillermo
Aguilar-- también dejaron el cargo
por edad.
En cuanto a las críticas del general Ángeles contra la
estrategia de combate al crimen organizado vertidas en una reunión del PRI en
campaña presidencial, en la Defensa Nacional tienen la percepción de que al
propio general debería de dar explicaciones porque a él le tocó, en el tiempo que
fungió como subsecretario de la Sedena 1 Diciembre 2006 a 29 de Febrero 2008, participar en la decisión estratégica
de mover a los militares a labores de seguridad interior --la seguridad pública
como seguridad nacional--, y más cuando la estrategia no ha tenido variantes. Y a ello se agrega que los militares en
retiro tienen libertad de criterio y
de expresión.
Por lo pronto, el arraigo de tres
generales fue una decisión de la PGR
que encontró a un ejército dispuesto a no
apelar al fuero de guerra en casos de presuntas irregularidades de mandos,
mientras todos los días se ven casos de políticos y funcionarios involucrados
con el narco que se burlan de la ley.
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