INDICADOR POLITICO
+ PRI
adelanta vísperas en Sedena
+ Militares:
estrictamente con la ley
Carlos
Ramírez
El cumplimiento de la orden de presentación del general retirado Tomás
Ángeles Dauhare ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en
Delincuencia Organizada (SIEDO) fue ajena
a la estabilidad institucional de las fuerzas armadas, pero reveló cuando menos tres hechos:
1.- El PRI adelantó vísperas e introdujo la inestabilidad en ciertos mandos
militares retirados que ya ven al PRI de regreso a Palacio Nacional. La
invitación como partido a generales retirados rompió la disciplina militar que aún los retirados deben guardar al
mando castrense y al presidente de la república como comandante en jefe de las
fuerzas armadas. Todavía no gana las elecciones y el PRI soltó la posibilidad de que el próximo secretario de Seguridad
Pública federal sea un militar, lo que ha despertado la ambición de generales retirados.
2.- Algunos altos mandos militares
retirados violaron la disciplina
militar y cayeron en el juego priísta de criticar la estrategia de seguridad
del gobierno federal y del alto mando castrense como una forma de apuntarse a posiciones políticas para
el próximo gabinete. El problema de fondo no fue el de conocer percepciones
críticas de los retirados, sino que los militares retirados se han salido de los canales institucionales castrenses
que son muy estrictos. En este sentido, el PRI politizó el comportamiento de generales retirados en el contexto de
la decisión priísta de fijar la percepción
de que de los retirados podría salir inclusive
el próximo secretario de la Defensa Nacional.
3.- Al usar a militares retirados para criticar la estrategia
gubernamental de seguridad, en la que las fuerzas armadas constituyen el pilar fundamental, el PRI introdujo un
factor de desestabilización. El
general Ángeles cometió un error de criterio al aceptar presentarse en una
reunión de la campaña presidencial del
PRI y de criticar la estrategia gubernamental de la que él mismo fue parte como subsecretario de la Defensa
Nacional al iniciar el sexenio del
presidente Calderón. Con ello, el PRI está dividiendo
la unidad de las fuerzas armadas justo cuando la disciplina militar es vital
por el papel fundamental del ejército en la lucha contra el crimen organizado.
A estos puntos hay que agregar
otros tres que ya contaminaron el
proceso de presentación del general Ángeles ante la SIEDO a una solicitud
formal de la Procuraduría General de la República:
1.- La decisión de los abogados del
general Ángeles, obviamente con el aval
del militar citado a declarar, de mediatizar el asunto y sacarlo de
los canales institucionales de la disciplina militar para convertirlo en escándalo
periodístico.
2.- La queja de un militar ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
justo cuando se han multiplicado las denuncias ante ese organismo como parte de
una campaña de desprestigio de las
fuerzas armadas para debilitar la moral castrense en la estrategia de lucha
contra los cárteles del crimen organizado.
Con esa solicitud ante la CNDH, el militar trata de salvarse aportando elementos a los adversarios del ejército, a
pesar de que se cumplieron los pasos
institucionales y castrenses para conducirlo a declarar.
3.- La imprudencia de la esposa del general Ángeles de afirmar que su
esposo fue víctima de una “traición”,
concepto que tiene nociones delicadas en los procedimientos de la disciplina
militar. De manera mañosa, la esposa
del general Ángeles trató de introducir
al general secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, en un
asunto del que el ejército es ajeno
porque se trata de un expediente manejado directamente por la PGR. El problema
fue que la esposa del general Ángeles buscó que el general secretario irrumpiera en un proceso judicial
delicado para un acto de impunidad. En
algunos sectores castrenses se leyeron las declaraciones de la señora Ángeles
como una especie de vulgar chantaje.
Lo que el general Ángeles, su esposa
y su abogado no quieren entender es
que el asunto es ajeno al ejército, tiene que ver con un expediente de la PGR y
se basa en declaraciones de un testigo que no se pueden dejar pasar y mínimo deben de investigarse. El
general Ángeles goza de muy buena
reputación en las fuerzas armadas, pero en denuncias vinculadas al crimen
organizado no basta la confianza sino que hay que desahogar las indagatorias.
En este sentido, el general Ángeles no
fue detenido sino presentado a declarar; sin embargo, la politización de la información
y el ruido que introdujo el PRI al convocar a generales en retiro a
actos políticos de campaña y usar relaciones para designaciones propias de
quien ya adelantó la victoria presidencial, llevaron a la autoridad a dictar el
arraigo del militar retirado.
El dato que se quiere ignorar tiene
que ver con una muestra de voluntad
de los altos mandos del ejército de no usar el uniforme para la impunidad y que
los presuntos acusados militares tendrán que ser llevado ante tribunales civiles.
Lo paradójico del asunto es que la solicitud del general Ángeles de buscar la protección de la CNDH se convirtió en
un dardo clavado en el costado del cuerpo militar y una evidencia de indisciplina. Mientras el ejército
trata de salvaguardar el fuero militar
como una garantía de eficacia y lealtad a la defensa de la soberanía, un
general retirado ha buscado los espacios
civiles en donde las leyes han permitido la impunidad.
De ahí que el ejército ha tomado el
camino más sensato: reiterar que el
caso del general Ángeles es un tema de una persona y no involucra a las fuerzas armadas como institución, algo que por
cierto el acusado debió de haber entendido porque en aras de salvarse a sí
mismo no vacila en tratar de embarrar
a las fuerzas armadas y a sus altos mandos. La autoridad militar decidió cumplimentar un requerimiento de la PGR
sin invocar la jurisdicción militar y con ello dejar claro que el ejército no protegerá a investigados ni los
cobijará bajo el fuero militar.
La decisión militar de cumplir con
una orden de presentación de la PGR contrasta
con la complicidad de algunas instancias del poder civil que prefieren la
apatía o la connivencia ante
denuncias de funcionarios, políticos y policías señalados de colaborar o
proteger a banas criminales.
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