11-Julio-2011, Lunes.

INDICADOR POLITICO

+ Consulados descuida migrantes

+ Denuncian anomalías en Atlanta

Carlos Ramírez

Si México denuncia que muchos de los mexicanos condenados a muerte en los Estados Unidos no tuvieron a tiempo la asesoría consular para defender sus derechos, ocurre que algunos consulados mexicanos en los EU no cumplen su función de tutelar los derechos de los conciudadanos.

Varias denuncias han llegado a Indicador Político para revelar severas irregularidades en el funcionamiento del consulado mexicano en Atlanta, Georgia, donde por cierto han aumentado las agresiones de leyes migratorias que dañan a mexicanos. La oficina de protección del consulado ha dejado de atender consultas y ha abandonado a los mexicanos presos a su propia suerte; miembros de la comunidad oaxaqueña en Atlanta revelan que la jefa de oficina, Abigail Calleja, no responde las llamadas telefónicas dejando a los mexicanos sin la protección consular.

La situación en el consulado de México en Atlanta, a cargo de Salvador de Lara Rangel, ha llegado a un deterioro grave de la atención a mexicanos que algunas organizaciones han enviado cartas oficiales al presidente Felipe Calderón, pero de ahí son remitidos… al propio consulado. Inclusive, algunos mexicanos han comenzado a escribir mensajes a los diputados mexicanos para que tomen cartas en el asunto de un consulado que descuida la protección y atención a los paisanos, justo cuando son perseguidos por las severas leyes migratorias estadunidenses. Las actividades cotidianas del consulado se han retrasado, sobre todo en trámites oficiales de documentos civiles, notariales y de identificación.

El asunto no es menor porque recientemente se aprobó la Ley de Alabama que endurece la persecución contra mexicanos y aumenta los temores a deportación de jefes de familia con hijos nacidos en los EU, por lo que los documentos oficiales se convierten en indispensables. Sin embargo, algunos denunciantes han revelado que en el consulado mexicano en Atlanta hay un retraso de meses en la protocolización de documentos.

Lo malo, dicen las denuncias, es que se han enviado quejas a la presidencia de la república de México y a las diferentes oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero a la fecha nadie ha investigado las denuncias de irregularidades, a pesar de que varias de ellas contienen datos realmente graves sobre los comportamientos irregulares del cónsul De Lara Rangel, a pesar de que podrían caer como violaciones a códigos de ética estrictos en la diplomacia porque han involucrado la intervención de la policía, aunque salvados gracias a inmunidades diplomáticas.

Por lo pronto, algunos mexicanos han revelado en sus comunicaciones un “espectáculo bochornoso” del cónsul De Lara Rangel a finales del año pasado en el hotel Intercontinental de Atlanta porque tuvo que acudir la policía local para “calmar” los ánimo de del diplomático. Lo grave fue que ya tuvo un accidente de tráfico por consumo de alcohol, hecho que fue subsanado contratando a un chofer de nacionalidad estadunidense pero en una plaza donde muchísimos mexicanos quisieran empleos en oficinas dependientes del gobierno de México.

En este sentido, los mexicanos en Atlanta y condados que dependen de esa oficina se sientes desprotegidos por la oficina consular. El día en que se aprobó la Ley Alabama, que viola los derechos de los mexicanos y que se encuentra en el escenario de la Ley Arizona que tanto fue condenada por México en discursos, el cónsul De Lara Rangel estuvo ilocalizable para atender la preocupación de los mexicanos ante la persecución migratoria que se avecinaba e inclusive no pudo ser contactado por algunas oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores que exigían información. La disculpa del cónsul fue sorprendente: que ese día había ingerido un medicamento de fuertes repercusiones que lo “sacó de combate”.

Pero hasta ahora, el consulado en Atlanta no sólo no ha tomado iniciativas para proteger a los mexicanos de las leyes migratorias agresivas sino que ha cerrado materialmente las puertas del consulado a los mexicanos que claman protección. La atención ha llegado a situaciones casi de racismo --paradójico pero cierto-- porque el cónsul ha prohibido la aglomeración de mexicanos en los pasillos para atender sus demandas debido a “los malos olores” y los solicitantes tienen que llegar desde la madrugada o dormir en la calles una noche antes porque las oficinas inician la atención a las siete, y eso que las familias acuden con niños. Y a pesar del aumento de demandas de servicios consulares por las leyes migratorias, sólo dos personas atienden los mostradores.

El problema es de intereses. Una queja enviada a la presidencia de la república de México reveló que el Instituto México de Atlanta cometía irregularidades que afectaban a la comunidad mexicana, pero la protesta se perdió en la burocracia. Cierto que el Instituto es independiente, pero resulta que hay un convenio con el consulado para que el Instituto “cobre” por las fotografías para trámites legales dentro del consulado y así fue reconocido en la respuesta oficial de Los Pinos. Sólo que el precio anterior por las fotos era de 4 dólares y concesionada al instituto la subieron a 12 dólares, con cargo a la precaria situación financiera de los paisanos. El manejo de ese dinero se pierde en el hecho de que el Instituto es privado, pero con ingresos a costa de una concesión del consulado.

La lista de irregularidades en el consulado de México en Atlanta es del tamaño de la irritación de los mexicanos. Lo grave de todo es que las leyes contra migrantes aumentan de intensidad en los Estados Unidos pero algunos consulados, como el de Atlanta, desatienden su tarea primordial de protección de derechos. Y luego se quejan de que algunos mexicanos detenidos en los EU carecieron de asesoría consular.

(Diario Político 2012 de Carlos Ramírez en www.grupotransicion.com.mx)

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8-Julio-2012, Viernes.

INDICADOR POLITICO

+ CIDH: fuero de guerra no grave

+ No urge reforma constitucional

Carlos Ramírez

La discusión de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Corte Suprema de Justicia de México abrió un debate sobre la soberanía del Estado mexicano: ¿puede un organismo extranjero obligar a legislar a un Estado y a cambiar su Constitución y sus leyes?

Pero lo grave de todo son las contradicciones de la Sentencia Radilla de la CIDH porque reconoce que el fuero de guerra en México “pareciera no generar problema alguno” y luego dice que sí y también afirma que “no es necesario ordenar la modificación del contenido normativo que regula el artículo 13 de la Constitución” pero urge a México a reformar ese artículo de su carta magna.

El caso Radilla puede considerarse un caso de abuso de la CIDH:

1.- La CIDH tiene facultades para garantizar derechos a presuntos sentenciados en otros países y, “si ello fuera procedente”, a la reparación del daño y a una indemnización (artículo 63). Sin embargo, no puede obligar a México a modificar la Constitución.

2.- El artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece ciertas condiciones para equiparar leyes. Para ello, la CADH establece un criterio con valor de principio legal: “adoptar (las exigencias de la CADH), con arreglo a sus procedimientos constitucionales”. México puede invocar “procedimientos constitucionales” vigentes propios en el tema del fuero de guerra y en las reformas constitucionales requieren un proceso legislativo plural.

3.- Sin embargo, la sentencia del Caso Radillas impone una exigencia perentoria para la reforma del fuero de guerra: Disposición “10.- El Estado deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los términos de los párrafos 337 a 342 de la presente Sentencia”. Así, la CIDH de la OEA asume la condición de legislador negativo obligando al Estado mexicano a reformar sus leyes.

4.- La actual Constitución mexicana acaba de ser reformada para incorporarle un perfil de norma sustentada en los derechos humanos. El párrafo 2 del nuevo artículo 1º dice: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”. Al poner por delante el criterio de “conformidad con esta Constitución”, se cumplen con los compromisos doctrinarios de defensa de los derechos humanos y se reconoce, en automático, que los Tratados tienen que ajustarse a la Constitución y no al revés.

5.- Por si fuera poco, el artículo 133 Constitucional define los criterios de jerarquización de leyes: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión”. De nueva cuenta los Tratados se someten a la jerarquía superior de la Constitución. Por tanto, los Tratados deben someterse a la Constitución y no al revés.

6.- En la fracción X del artículo 89 Constitucional que define las facultades y obligaciones del presidente de la república, se establece el criterio de que la conducción de la política exterior debe tener, entre otros “principios normativos”, el de “la autodeterminación de los pueblos” y “el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos”. La reforma presidencial en materia de derechos humanos es de las más avanzadas del mundo y le otorga mayores facultades a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuyo presidente no es designado por el ejecutivo federal sino por el Congreso.

7.- La disposición 10 de la sentencia del caso Radilla no deja lugar a dudas en el tema militar. La Sentencia ordena al Estado mexicano a reformar el 13 Constitucional en materia de fuero de guerra. Sin embargo, la propia sentencia cae en graves contradicciones: por ejemplo, en el numeral 340 señala que “es necesario que las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdicción militar en México, se adecúen a los principios establecidos en la jurisprudencia de este Tribunal”.

8.- Pero en el numeral  341 de la misma Sentencia Radilla señala que, “bajo ese entendido, este Tribunal considera que no es necesario ordenar la modificación del contenido normativo que regula el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Por tanto, la disposición 10 contradice la propia argumentación.

9.- Lo grave de todo es que la propia Sentencia reconoce: “aunque en principio el artículo (13, del fuero de guerra) pareciera no generar problema alguno, las interpretaciones que de éste se han hecho[,…] llevan a la necesidad de solicitar su reforma para alcanzar la precisión necesaria que impida que elementos del Ejército mexicano sean juzgados por tribunales militares cuando han cometido violaciones a los derechos humanos”. Por tanto, el fuero de guerra no es problema y aun así lo quieren reformar, aunque excediendo sus atribuciones por el reconocimiento a las leyes locales y por la existencia de una jerarquía constitucional.

10.- México y la Corte Suprema de México deben exigir a la CIDH que defina: si en el numero 341 dice que “no es necesario” ordenar el cambio constitucional, en la disposición 10 ordena de manera perentoria la reforma de un artículo que, reconoce la propia CIDH, “pareciera no generar problema alguno”. México debe hacer respetar su soberanía y su Constitución.

(Diario Político 2012 de Carlos Ramírez en www.grupotransicion.com.mx)

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7-Julio-2011, Jueves.

INDICADOR POLITICO

+ Fuero militar: Estado esencial

+ Hipocresía de SCJN y CIDH

Carlos Ramírez

Ahora que de nueva cuenta la Corte Suprema de Justicia va a tratar el tema  del fuero militar por un asunto que ocurrió en 1974, el debate debería darse en su punto medular: el papel del fuero de guerra en la hegemonía del Estado.

1.- El ejército es la primera línea de combate por la soberanía nacional y la última línea de defensa del Estado. Como su función es la de defender la integridad de la república, entonces su funcionamiento debe quedar al margen de los intereses de las autoridades civiles. Un tribunal civil puede minar a las fuerzas militares. El fuero militar sirve para castigar violaciones a la doctrina militar y poner en  riesgo la soberanía; el derecho civil se basa en cómo eludir el castigo.

2.- Si un Estado no cuenta con una fuerza militar ajena a las consideraciones civiles, su capacidad de defensa y de salvaguarda de la soberanía y la integridad debilitaría la tutela del Estado. Modificar el fuero militar sería condenar a la república a pasar de Estado a protectorado de intereses militares extranjeros, sobre todo de los Estados Unidos.

3.- El debate del fuero de guerra es, sin duda, la esencia del derecho público, es decir: del Estado. Sin embargo, los argumentos de varios ministros de la Corte Suprema responden a su formación en el derecho privado o el derecho académico que se practica en las universidades privadas. La defensa de la soberanía del Estado significa la existencia misma de una república.

4.- El fuero de guerra fue trasladado a tribunales civiles en Argentina y su primer efecto ha sido la insubordinación de la tropa. La disciplina militar tiene que ser mucho más estricta que la civil.

5.- La Corte Suprema va a estudiar posibles cambios en el fuero militar en función de un caso de represión ocurrido en 1974, cuando el sistema político priísta, al cual pertenecía entonces la Corte Suprema como institución sometida, estaba definido en función de la estrategia de guerra fría, es decir, combate ideológico. La presunta desaparición de Rosendo Redilla Pacheco se dio en la lucha del Estado contra la guerrilla armada que quería derrocar con las armas al gobierno constitucional e instaurar un gobierno socialista. Varios Redilla pertenecían al Partido de los Pobres de Lucio Cabañas y luchaban con las armas contra el gobierno constitucional, autoritario pero legítimo.

6.- Ese modelo de país y de Estado ya no existe en México. Terminó en 1985. Aunque quedó la herencia del PRI de una ola de represión que causó centenas de desaparecidos. Sólo que ese mismo PRI se prepara para regresar al poder presidencial, mientras las instituciones republicanas manipuladas por el PRI para reprimir están en peligro de desaparecer. El PRI siguió ganando elecciones pero sin ser juzgado, ni por la Corte Suprema, por sus acciones de represión. La Corte se negó a juzgar a Luis Echeverría, presidente de la república en 1974 y responsable del uso de las fuerzas armadas.

7.- El fuero de guerra no es un hecho de excepción ni sirve para proteger a delincuentes. Más aún, está acotado. Las resoluciones de los órganos de procuración y administración de justicia militar pueden ser revocadas o modificadas por autoridades civiles, desde juzgados de distrito hasta la Corte Suprema. Este acotamiento implica, de suyo, un mecanismo de control sobre las decisiones de los tribunales militares.

8.- La función de los militares no es la de un agente de tránsito. Su tarea primordial de salvaguarda de la soberanía y de mantenimiento de la paz es fundamental para el desarrollo y el bienestar. Por ser los garantes de la integridad del Estado requieren de un fuero especial para juzgar, no para encubrir. La soberanía nacional puede ser debilitada si los presuntos delitos militares pasan a tribunales civiles donde las puertas de escape son infinitas. Por eso los militares deben ser juzgados por militares en función de un código de honor militar. Por ejemplo, una juez como la que liberó a Jorge Hank Rhon no debería juzgar a militares con delitos. En los tribunales civiles no se juzgan sino se tasan y se negocian quebrantamientos de la ley.

9.- La intervención de ejército se ha dado siempre contra amenazas a la seguridad nacional y a la soberanía, no para perseguir carteristas. En el combate a la guerrilla en los setentas se dio una incapacidad de los civiles y del PRI para abrir la democracia y hoy los narcos quieren quitarle soberanía nacional al Estado, constituyen una fuerza armada superior a la policiaca, instalaron zonas francas en territorio del Estado nacional, se convirtieron en gobierno autónomo, desconocieron las leyes constitucionales y de hecho operan como grupo insurgente contra el Estado. Jurídicamente los narcos podrían vencer al ejército en tribunales.

10.- Sería paradójico que la Corte Suprema, que se negó a condenar a Luis Echeverría por la represión en Tlatelolco y en San Cosme, y que en el pasado como institución fue instrumento autoritario del Estado priísta, ahora vaya a castigar al ejército y al Estado desintegrando el principio rector de la defensa nacional.

11.- Y sería paradójico que la Corte Suprema de México se someta a las presiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde estuvo por muchos años de juez internacional y presidente de la CIDH Sergio García Ramírez, quien era subsecretario de Gobernación el día en que presuntamente desaparecieron a Redilla, jefe de investigaciones políticas de la policía de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales de Gobernación en 1970 y procurador del DF el día del halconazo criminal contra estudiantes en junio de 1971, además de haber sido prominente miembro del PRI que reprimió. García Ramírez --que nunca rompió con el gobierno represor del PRI-- se excusó de participar en el juicio Radilla pero no por haber sido funcionario en 1974 y cómplice de la represión sino por ser mexicano en un juicio sobre un mexicano. Si fuera seria, la CIDH debería de incluir en su condena a García Ramírez como un funcionario corresponsable de la represión. Y la Corte mexicana miró a otro lado durante los años de la represión priísta. Y hoy las dos condenan lo que avalaron.

12.- A México le hace falta política de defensa nacional.

(Diario Político 2012 de Carlos Ramírez en www.grupotransicion.com.mx)

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6-Julio-2011. Miércoles.

INDICADOR POLITICO

+ IFE: reventado por partidos

+ 2012 con crisis poselectoral

Carlos Ramírez

El Instituto Federal Electoral ha sido llevado a su nivel de incompetencia. En lugar de perfeccionar al órgano electoral, los partidos se lo repartieron como un botín. Los problemas para nombrar a tres consejeros son apenas una muestra de que el IFE se convirtió en un instrumento de poder y en un nudo gordiano.

La estructura electoral que la sociedad le arrancó al gobierno en 1994 con el alzamiento zapatista quedó ya como un trofeo de los partidos políticos y de la burocracia electoral. Lo grave de todo es que los partidos forman parte fundamental del proceso electoral, por lo que se reprodujo el problema que tenía la anterior Comisión Federal Electoral: depender de uno de los protagonistas de las elecciones; antes servía al gobierno, hoy a los partidos; nunca a la sociedad.

El actual Instituto electoral ya no es una garantía de certeza electoral ni de procedimientos democráticos. Todos los afectados de una u otra manera por las elecciones tienen las manos metidas: partidos, funcionarios, representantes de poderes, candidatos, gobiernos. Aunque está en la lógica de los plazos fatales del proceso electoral presidencial, el IFE enfrenta una crisis que exige una reorganización integral para darle certidumbre a las elecciones de julio del año próximo.

El IFE ideal es contrario al IFE real. De acuerdo con expertos, hay diez puntos de lo que debería ser el órgano electoral mexicano:

1.- El IFE no debe ser un organismo político sino técnico. Su función principal es exclusivamente la de organizar elecciones. Por tanto, su gobierno interno debe ser más sencillo, sin consejeros ciudadanos, sin partidos, sin representantes de los poderes. Debe estar formado sólo por funcionarios. Y su objetivo central debe ser el de organizar las votaciones, sin representantes de partidos en las casillas.

2.- El padrón electoral debe estar separado del Instituto. La credencial de elector se ha convertido en un poder político; por eso el IFE no la quiere soltar. Pero la credencial del IFE sustituye lo que debe ser el documento fundamental: la cédula de identidad. Cada día se tiene pruebas de que la credencial del IFE es falsificable; un dato: todos los narcos tienen credencial del IFE con nombres falsos.

3.- Los cargos en el organismo realizador de elecciones no deben ser políticos. Su función es técnica: instalar casillas, vigilar el voto y contar las boletas. Por tanto, los nombramientos no deben pasar por el congreso porque se convierten en botín de los partidos.

4.- Los principales funcionarios del organismo electoral deben ser abogados, como en el poder judicial. El principal problema electoral es jurídico. Por tanto, la designación de las autoridades electorales debería estar en manos de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Y el cargo podría ser de magistrados electorales.

5.- El actual IFE está enredado en la designación de tres sillas de consejeros que quedaron vacías por la terminación de periodos de gestión de los anteriores. Y no se pueden nombrar porque el PRI, el PAN y el PRD quieren imponer a consejeros que respondan a sus intereses. Una salida a este problema sería regresar a experiencias anteriores, que por cierto están vigentes en algunos institutos estatales: ante la dificultad para consensar, entonces que cada partido designe a un aspirante al cada cargo y que lo decida lo que viene desde la Constitución de Cádiz de 1812: la suerte política: las ternas en una vasija y se designa al que salga en el sorteo.

6.- La creación de un organismo estrictamente electoral significaría un ahorro para el país: toda la burocracia política electoral sale sobrando porque no garantiza democracia electoral y le cuesta al erario. El Instituto electoral puede prescindir de los consejeros y de sus enormes salarios y prestaciones. Sería suficiente con una burocracia administrativa. En ningún país del mundo la burocracia electoral tiene tanta presencia mediática como en México.

7.- El falso federalismo ha multiplicado las burocracias electorales en los tres niveles de gobierno y en los trescientos distritos electorales. Los institutos electorales son ahora instancia de poder del gobernador en turno en cada estado, como se vio en el funcionamiento del Instituto Electoral del Estado de México controlado por la secretaría general de gobierno. Por eso también deberían desaparecer los institutos electorales y crear oficinas estatales de un organismo central.

8.- El coordinador de un organismo electoral nada tiene que hacer en medios, las reuniones del organismo electoral tampoco deben trascender porque se convierten en un atractivo político-mediático. El actual consejero-presidente del IFE opera para los medios, no para el sistema electoral.

9.- La fiscalización de los recursos entregados a los partidos debe estar en otra oficina; si los consejeros del actual IFE fueron impuestos por partidos, por tanto no hay certeza jurídica de que esos consejeros y funcionarios dependientes de ellos vayan a vigilar el gasto de los partidos. Se requiere de un  organismo autónomo similar a la Auditoría Superior de la Federación, sólo que exclusivo para revisarle cuentas a los partidos. Y sus sanciones deben ser jurídicas, no políticas.

10.- El actual consejo general del IFE es una torre de Babel porque está formado por instancias de poder político que se anulan entre sí: consejero-presidente, ocho consejeros electorales, consejeros del Poder Legislativo, representantes de los partidos políticos y el secretario ejecutivo, más la cauda de asesores. El consejero-presidente ha fracasado como coordinador electoral y se ha convertido en un factor de división y encono.

La actual crisis en el IFE sólo está dejando el mensaje de que las elecciones presidenciales del 2012 carecerán de certeza electoral.

(Diario Político 2012 de Carlos Ramírez en www.grupotransicion.com.mx)

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5-julio-2011, Martes.

INDICADOR POLITICO

+ Edomex: Alicia detrás del espejo

+ El fracaso fue de PAN y de PRD

Carlos Ramírez

En las elecciones estatales en el Estado de México, el PRI no ganó sino que perdió la oposición. Hacia las presidenciales del 2012, sólo el PAN tiene posibilidades de recomponer sus errores, porque el PRD ya comenzó a hundirse en una lucha de élites, de facciones y de tribus.

1.- Las elecciones estatales no determinarán el resultado electoral del 2012. El regreso del PRI a la presidencia de la república está lejos de ser en automático. De creer que sí, entonces el análisis político estratégico no explicaría los resultados del 2012 cuando el PRI perdió los gobiernos estatales de Oaxaca, Puebla y Sinaloa.

2.- El colapso electoral de la oposición en el Estado de México tiene cinco explicaciones:

--El fracaso de la alianza PAN-PRD.

--La inexistencia de una estrategia electoral de la oposición.

--La campaña electoral en clave nacional y no estatal.

--El peso específico de la estructura de gobierno estatal a favor del PRI.

--La estructura de control del voto cautivo del PRI.

3.- El resultado electoral en el Estado de México tampoco refleja una relación automática entre las cifras avasalladoras del PRI y la precandidatura presidencial del gobernador Enrique Peña Nieto. El saldo responde a una dinámica partidista muy local.

4.- Las cifras finales van a probar una tesis electoral: el porcentaje sirve para acreditar votos, pero en el análisis político importa la relación entre el número de votos del PRI con respecto a la lista nominal. En la elección de 1993, cuando el PRI acumuló casi 2 millones de votos, el saldo con respecto a la lista nominal fue de 38%; Eruviel Avila, el domingo, quedó en 25%; ello quiere decir que el PRI no ha podido recuperar los votos perdidos.

5.- La hegemonía del PRI estaba determinada por el alto número de votos en relación con la lista de electores. Para cantar una victoria real manteniendo el porcentaje de 63% en votos/lista, Avila debió de haber acumulado 4 millones de votos para señalar la hegemonía del PRI. De ahí que las cifras del domingo revelen que el PRI ha perdido votos: de 1987 a 2011, el PRI subió 1.1 millones de votos, pero en ese periodo la lista nominal creció 6.6 millones de nuevos votantes.

6.- La oposición ha fracasado en captar a los nuevos votantes, Peor aún: el PRD perdió diez mil votos en el 2011 con respecto a su pico de 2005, pero la debacle fue en el PAN porque en el 2011 dilapidó poco más de 403 mil votos, una caída de 42% con respecto a hace seis años.

7.- En las expectativas electorales para las presidenciales del 2012, el PAN ganó las elecciones del 2000 y del 2012 porque sacó a votar a la mayoría silenciosa. La votación total en el 2000 fue de 64% y en el 2006 de 58.5%. Debajo de 50%, el PRI asienta su voto cautivo para acreditar la victoria. En el Estado de México la votación total fue de 43.5%.

8.- Las elecciones no se ganan con discursos, con ataques o con periodicazos en medios nacionales, como lo hizo el PAN y el PRD, sino con estructuras electorales, como el PRI. El PAN y el PRD fracasaron en armar una estructura electoral para movilizar el voto y para controlar casillas. El PRI, en cambio, pudo establecer una relación simbiótica entre la estructura de gobierno estatal con la estructura del PRI estatal.

9.- El PRI mexiquense fue el mismo del PRI oaxaqueño, poblano y sinaloense, sólo que en estas últimas tres entidades la oposición se alió y sobre todo sacó a votar a la ciudadanía en cifras globales arriba de 55%. En Oaxaca y Puebla muchos ciudadanos salieron por sí mismos por el discurso aliancista en contra de los gobernadores salientes.

10.- En el PAN, el presidente Calderón está pagando los cinco y medio años de abandono de su partido. La apuesta única a una alianza con el PRD dejó al panismo sin opciones. Pero sobre todo, el gran mensaje de las victorias priístas del pasado 3 de julio va dirigido al PAN: o se organiza como un partido con estructura electoral y cuadros eficaces o en el 2012 va a perder lastimosamente.

11.- El PAN se confió en el modelo electoral presidencial del 2000 y del 2012: el carisma de Vicente Fox y el “peligro” para el país que significaba López Obrador. En ambas elecciones, el PAN le apostó a la mayoría silenciosa --el 10% de ciudadanos que va de la banda de 45% a 55%-- que necesita de estímulos para salir. En el 2000 el mejor motivador electoral fue derrotar al PRI y en el 2006 evitar el populismo de López Obrador. En el 2012 podría ser la amenaza del regreso del PRI a la presidencia de la república, pero aun así el PAN está urgido de una estructura electoral que lleve a los ciudadanos a las urnas.

12.- El PAN en el Estado de México entró en una fase de severa crisis de organización después de las elecciones del 2005, cuando acumuló el 25% de los votos pero sobre todo cuando consolidó su fuerza en el corredor azul de los municipios conurbados de alto nivel de desarrollo. En las municipales del 2009 el PAN perdió las alcaldías en esa zona y el PRI las recuperó. En dos años, el PAN se pasmó en el Estado de México como estructura electoral.

13.- En estos años de calderonismo, el PAN ha tenido cuatro dirigentes nacionales: Manuel Espino, Germán Martínez Cázares, César Nava y Gustavo Madero. Los tres primeros abandonaron la dirección reventados por asuntos internos, falta de comunicación con el presidente de la república e insuficiencias internas. Madero ha resultado un fiasco electoral para el PAN.

14.- El resultado electoral del pasado domingo 3 de julio fue un mensaje para el presidente de la república, el PAN y los precandidatos presidenciales.

 (Diario Político 2012 de Carlos Ramírez en www.grupotransicion.com.mx)

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4-Julio-2011, Lunes.

INDICADOR POLITICO

+ Gordillo, último PRI-dinosaurio

+ SNTE: de apóstoles a mapaches

Carlos Ramírez

Cuando fue impuesta por Carlos Salinas de Gortari en 1989 como dirigente nacional del sindicato de maestros, Elba Esther Gordillo llevaba la tarea de controlar al magisterio para la modernización neoliberal que se venía. Sin embargo, se convirtió en un poder en sí mismo.

Pero todos los caciques y dictadores son temporales. Y Gordillo pareciera estar comenzando a interpretar el canto del cisne. Su conferencia de prensa el miércoles pasado fue reveladora pero no por exhibir acuerdos políticos con el candidato panista en el 2006, sino por comenzar a mostrar ya la ineficacia de un liderazgo agobiado por la corrupción, el control de los trabajadores y la politización de la educación pública.

El SNTE y el liderazgo de la maestra Gordillo serían unas de las últimas herencias malditas del viejo régimen priísta vigente que los dos sexenios panistas en la presidencia de la república no han podido modificar: el sindicato recibe miles de millones de pesos del presupuesto público recaudado vía impuestos y representa un sindicato oficial pero vende sus servicios como estructura electoral al mejor postor.

Peor aún: con dinero recibido del presupuesto público del gobierno panista en turno, Gordillo ha inventado el Partido Nueva Alianza como posición personal e impuso --al fin y al cabo el  PANAL es de su propiedad-- a su hija como secretaria general. Lo malo de todo comienza con el hecho de que el Código Electoral prohíbe los partidos articulados a sectores corporativos, pero la impunidad en el ejercicio del poder político de la maestra Gordillo le permite violar la ley electoral. Pero queda todavía el absurdo cotidiano de ver que el dinero fiscal de la sociedad que se paga al SNTE sirve para un partido que obedece a los intereses políticos exclusivos de la señora Gordillo.

Lo paradójico fue que la maestra Gordilla fue colocada en el SNTE por el presidente Salinas no con la intención de modernizar la educación o de transformarla en detonador del desarrollo o de defender los principios sociales de la Revolución Mexicana en la educación, sino para controlar a los maestros para que Salinas pudiera aplicar su modelo de neoliberalización del proyecto político de la Revolución Mexicana que representó el PRI hasta 1993.

En el salinismo hubo una reconversión política, ideológica y social de sindicatos como el de maestros, el petrolero de Joaquín Hernández Galicia La Quina que estaba ya montado en la oposición cardenista, los maestros y los telefonistas. Los sindicatos revolucionarios del pasado fueron sometidos en la época de la represión López Mateos-Díaz Ordaz: ferrocarrileros, médicos, electricistas, entre otros.

De apóstoles de la educación pública de la Revolución Mexicana y defensores de las ideas progresistas, los maestros han sido rebajados por la maestra Gordillo a la triste condición de mapaches electorales, mientras los bajos niveles de la educación pública se exhiben en una educación incapaz de servir a la modernización nacional.

La tarea salinista de la maestra Gordillo fue cumplida a cabalidad: la reforma ideológica del PRI rompió la vinculación orgánica, histórica y política del PRI con las organizaciones de masas; al dejar de operar como mecanismos de vinculación de proyecto ideológico con el PRI, los sindicatos quedaron a merced de los intereses particulares de los dirigentes en turno. Por eso Salinas pudo lograr la transición histórica de un proyecto de desarrollo nacionalista y articulado a la Revolución Mexicana a un neoliberalismo privatizador no sólo de empresas sino de compromisos ideológicos.

Pero el SNTE se acerca ya a su reforma final: Salinas federalizó la educación entregándosela a los estados, pero permitió la vigencia de un sindicato nacional como esencia del anti federalismo; los gobiernos estatales tienen que pagar a sus maestros, pero la revisión salarial se realiza en el D. F. a través de la negociación SEP-SNTE. Ahí se magnifica el poder político de la maestra Gordillo: las secciones estatales tienen la protección del nacional, por lo que los gobernadores dependen de una negociación federal. La federalización del SNTE --sindicatos estatales-- sería una solución para muchos gobiernos estatales y terminaría también con el superpoder de su dirigente nacional.

El SNTE aparece como el último dinosaurio político del jurásico priísta; los gobiernos panistas prefirieron pactar con la maestra Gordillo para aprovechar la estructura magisterial del sindicato pero no para mejorar la calidad de la educación ni para democratizar las estructuras sindicales sino para usarlos como mapaches electorales. La confesión de Gordillo de lo que recibió a cambio del apoyo al PAN en las pasadas elecciones presidenciales no sirvió sino para probar la red de intereses políticos que tiene hundida a la educación mexicana.

Lo grave de todo es que dinero que debiera destinarse a la capacitación de los maestros o al mejoramiento del bienestar de los trabajadores del magisterio se ha desviado a la creación de un partido sin ideología, familiar, sin compromisos y dependiente de las complicidades políticas de la señora Gordillo. Dinero de los causantes pasa al SNTE vía la SEP pero buena parte ya desembocó en la franquicia del Partido Nueva Alianza, ahora convertido en negocio personal. Es probable que la hija de la señora Gordillo sea una mujer inteligente y capaz, pero su ascenso a la secretaría general del PANAL fue decisión materna, de herencia.

Lo que queda por aclarar es si las confesiones de Gordillo el miércoles sean la preparación del terreno para su despedida. PRI, PRD y PAN saben que el SNTE es un obstáculo para la educación pública y que nadie en el sindicato o en la familia Gordillo tendría fuerza para suplirla y que las dictaduras sindicales son temporales. O tan sólo confesó lo que le cobró al PAN en el 2006 para que el PRI vaya preparándose para el 2012 si quiere mapaches magisteriales.

(Diario Político 2012 de Carlos Ramírez en www.grupotransicion.com.mx)

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1-Julio-2011, Viernes.

INDICADOR POLITICO

+ Elección Edomex: ¿ilegitima?

+ Instituto Electoral para el PRI

Carlos Ramírez

El incidente de última hora planteado por el PRD contra el candidato priísta Eruviel Avila por actos adelantados de campaña llevó a exhibir al Instituto Electoral del Estado de México como el organismo menos confiable y al servicio completamente del PRI.

Si la ley electoral mexiquense es clara en incluir la pérdida del registro como candidato por actos anticipados de campaña, el IEEM se conformó sólo con una multa contra el PRI por asumir que no se trataba de una violación grave a las leyes. Lo peor del asunto fue que el propio candidato del PRI aceptó haber llevado actos anticipados de campaña y ni así el IEEM actuó con legalidad.

El inciso a) de la fracción II del artículo 355 del Código Electoral del Estado de México es muy claro en las sanciones a “los partidos políticos, sus dirigentes, precandidatos y candidatos, independientemente de las responsabilidades en que incurran”:

“Por realizar actos anticipados de precampaña con independencia de otras sanciones establecidas en este Código se aplicará multa del equivalente de cincuenta a mil días de salario mínimo general vigente en la capital del Estado de México. Si la violación fuese grave podrá, adicionalmente, sancionarse con la pérdida del derecho para ser postulado como candidato en la elección de que se trate o, en su caso, con la cancelación del registro como candidato correspondiente”.

Por tanto, si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que sí hubo acto anticipados de campaña, las autoridades electorales mexiquenses también establecieron lo mismo y el propio candidato priísta aceptó haber cometido la irregularidad, entonces el IEEM estaba obligado a aplicar la ley electoral y debió de haber cancelado el registro a Eruviel Avila. Pero el instituto electoral se escudó detrás del hecho de que el código electoral no establece una tabla de delitos graves o no graves. Sin embargo, el sólo hecho de haber incluido el delito y la pérdida del registro como candidato en la ley le dio una severidad al asunto.

El tema de la denuncia contra Eruviel Avila por actos anticipados de campaña reveló el grado de flexibilidad con el que opera el instituto electoral mexiquense, sobre todo por las denuncias de que se encuentra --como en casi todas las entidades de la república-- al servicio de la secretaría general del gobierno mexiquense y para proteger al PRI.

Representantes de partidos de oposición y algunos analistas que han seguido el funcionamiento del IEEM consideran que los consejeros electorales parecen más leguleyos de barandilla y no resuelven y todo lo enredan para beneficiar al PRI, además de exhibir una falta de moderación.

Los casos se acumulan para ilustrar la falta de credibilidad del IEEM: la resolución sobre el caso de Bernardo García Cisneros, presidente de la junta local del Valle de Toluca, que fue grabado exponiendo la estrategia electoral del gobierno del estado y del PRI, confesando el uso del aparato gubernamental y recursos públicos con fines electorales constituye la prueba más dura y fehaciente --por estar apoyada en un video de imágenes y sonido-- de la operación electoral de un funcionario del IEEM al servicio del PRI y de su candidato. Lo peor fue que el Consejo y los involucrados reconocieron la autenticidad del video pero los consejeros se negaron a verlo en el pleno. El asunto fue desechado.

Otro caso fue la forma en que el instituto electoral mexiquense hizo un manejo tramposo --para decir lo menos-- de la decisión de retirar la publicidad del gobierno estatal pero esperó dar la orden hasta dos días antes del cierre de campañas, con lo que dejó esa propaganda para beneficiar al candidato del PRI.

Y vinculado al asunto de los actos anticipados de campaña, el instituto electoral mexiquense se negó a sancionar el rebase priísta de topes de campaña que se localiza como inciso c) del castigo que también incluye la sanción de cancelar el registro del candidato. Retorciendo la ley electoral, el instituto determinó hacer efectivo el castigo hasta después de las elecciones e inclusive luego de haber decretado la existencia de gobernador electo. Con ello, el IEEM anuló el valor jurídico de la ley y dejó hacer al PRI todo lo que viniera en gana.

Las autoridades electorales mexiquenses han actuado para beneficiar al PRI con los vacíos legales o las exigencias atemporales o la caracterización de irregularidades que les corresponden a los consejeros electorales. Los pasos para la resolución sobre asuntos delicados de su competencia se extienden hasta el límite y justo en el momento en que carecen ya de efectividad. Peor: muchas de las denuncias de la oposición sin siquiera han concluido el trámite y seguramente saldrán cuando ya no sirvan para regular legalmente el proceso electoral.

Entre los retrueques de la ley que han hecho las autoridades electorales para beneficiar al candidato oficial Eruviel Avila se encuentra justamente el de los actos adelantados de campaña que reconoció el propio candidato priísta. Por decisión mayoritaria de los consejeros, el IEEM decidió, en contra de su propia investigación y de los criterios del Tribunal Federal, que el candidato no tenía ninguna responsabilidad y le dio validez a una interpretación distorsionada de los estatutos del PRI y mayor peso que a los criterios del poder judicial, tanto de la Corte Suprema como del Tribunal federal.

El problema del conflicto poselectoral por las irregularidades no será sólo mexiquense sino que representará el mensaje político del PRI y de su precandidato Enrique Peña Nieto en su camino de recuperación de la presidencia de la república: el regreso también del viejo aparato electoral que beneficiaba al PRI y que se ciudadanizó por la crisis de 1994 con el alzamiento zapatista, aunque ahora controlado por los gobernadores para favorecer al PRI. Como antes, pues.

 (Diario Político 2012 de Carlos Ramírez en www.grupotransicion.com.mx)

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