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31-Octubre-2012, Miércoles.

INDICADOR POLITICO

 

+ Caso Moreira fue contra el PRI

+ Muerte del Lazca, ¿respuesta?

 

Carlos Ramírez

 

La crisis de seguridad en Coahuila va más allá de la agudización de las tensiones y se ha colocado en un escenario de estrategias de poder: el asesinato de José Eduardo Moreira Rodríguez, además de meterse en el contexto de las venganzas locales, fue el inicio del ciclo presidencial del PRI en materia de inseguridad.

El crimen organizado se ha asentado desde hace tiempo en entidades del norte y el noreste de dominio priísta: Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Veracruz y San Luis Potosí, donde se libra una verdadera disputa por el poder regional, tanto político como criminal, y son los estados donde existen más sospechas de alianzas políticos-capos.

De ahí que las declaraciones desesperadas de Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila y ex presidente nacional del PRI que operó la nominación de Enrique Peña Nieto como candidato presidencial priísta, pueden parecer una maniobra de distracción. En el fondo, el caso de Moreira Rodríguez se localiza más en los espacios de las estrategias de poder, que de venganzas de corto plazo.

Si los hechos criminales responden a causas y efectos y por tanto el asesinato de Moreira Rodríguez fue una venganza por el asesinato del sobrino del Z-40, en esa misma lógica habrá que considerar que el asesinato del Lazca pudiera ser la primera acción del nuevo gobierno priísta ante acciones criminales. Moreira Rodríguez era nada menos que hijo del ex gobernador coahuilense y ex presidente nacional del PRI, por lo que no podría quedar impune.

En los hechos criminales no hay mensajes directos ni vacíos de interpretación. La muerte del Lazca, la captura de  Salvador Alfonso Martínez Escobedo La Ardilla y la fotografía de La Ardilla y el Lazca, difundida en el contexto de la muerte del fundador de Los Zetas, dio indicios de la estrategia: la percepción de que La Ardilla habría delatado al Lazca.

Si la muerte del Lazca fue un mensaje político, entonces los cárteles del crimen organizado debieron leerla como que en el próximo sexenio priísta no habrá impunidad y que a cada acción contra élites priístas habrá una reacción de las autoridades. De ahí que la muerte del Lazca debiera también analizarse en el contexto de la propuesta del general colombiano Óscar Naranjo, asesor en materia de seguridad criminal del próximo gobierno priísta, de crear comandos especiales para perseguir a las élites del narcotráfico.

Si el ex gobernador priísta Moreira quisiera aportar elementos para la investigación del asesinato de su hijo, entonces tendría que revisar muy a fondo lo ocurrido en su gobierno y tendría también que evaluar con frialdad la versión del columnista Raymundo Riva Palacio de que el actual gobernador Rubén Moreira había intensificado las acciones contra los cárteles que se habían asentado cómodamente en Coahuila durante años y que el crimen fue una venganza.

Lo peor que le puede ocurrir al próximo gobierno priísta sería la existencia en sus filas de un político adolorido por el asesinato de su hijo pero haciendo declaraciones que debilitan al priísmo. Humberto Moreira parece olvidad que su hermano Rubén fue su principal operador político en el pasado sexenio local y que la sucesión estatal funcionó para la continuidad de una misma familia en el poder. Por tanto, habría también un encadenamiento en intereses entre los gobiernos de los hermanos Moreira.

Ante la crisis de seguridad en Nuevo León y Tamaulipas, Coahuila desdeñó los avisos de advertencia sobre la presencia de Los Zetas en la plaza coahuilense. Y por la solución en la sucesión estatal, ni a quién echarle ahora la culpa si un hermano operó la entrega del poder a otro hermano, pero en un escenario de continuidad de percepciones de seguridad pública. Coahuila fue una salida del efecto cucaracha ante las acciones del ejército en Tamaulipas. Los Zetas se asentaron en territorio de Coahuila.

El otro mensaje sigue esperando atención por parte del ex gobernador Moreira y del gobernador Moreira: el artero asesinato de Moreira Rodríguez ocurrió en un territorio priísta y las complicidades criminales implican a políticos priístas, con la circunstancia agravante de que el actual gobernador Moreira fue presidente estatal del PRI y el ex gobernador Moreira fue presidente nacional del PRI. Más que buscar incriminaciones superficiales, en todo caso el mensaje severo es otro: el PRI no le ha dado suficiente atención a las redes de poder del crimen organizado.

Y si a ello se agrega que el PRI tomará las riendas del próximo gobierno federal y por tanto debe de replantear la estrategia de seguridad, entonces el caso Moreira debe pasar por otros escenarios de análisis más allá del síndrome Sicilia que parece haber afectado al ex gobernador Moreira, luego de contactos secretos con el poeta. No estaría mal, para limpiar la plaza coahuilense, que el ex gobernador investigara el asesinato de su hijo y revelara la maraña de intereses subterráneos que convirtieron a Coahuila en un santuario del narcotráfico.

Por lo pronto, la muerte del Lazca pareció haber inmovilizado a los cárteles en Coahuila por su mensaje implícito de posible respuesta de seguridad a los criminales. Si los escenarios se confirman, entonces el gobierno de Peña Nieto podría estrenarse con el fin del Z-40 y hasta del Chapo. El significado del asesinato de un ex presidente reciente del PRI no quedaría impune podría ser hasta una de las primeras definiciones estratégicas del próximo gobierno federal.

Al final de cuentas, la muerte del Lazca en el escenario del asesinato de Moreira Rodríguez pudo haber marcado un nuevo escenario a la criminalidad, un mensaje contra la impunidad y un reacomodo de la acción de las bandas criminales en espacios alejados de las élites gobernantes. En situaciones extremas, el ojo por ojo se aparece como una medida de contención.

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30-Octubre-2012, Martes.

INDICADOR POLITICO

 

+ Transición y libertad de prensa

+ Cádiz, Zarco, Lares y… Puebla

 

Carlos Ramírez

 

La decisión del gobierno de Puebla de demandar a dos periodistas --de una lista de diecinueve-- por el uso de sus espacios de prensa para, a decir de la parte demandante, insultar a funcionarios tiene dos escenarios:

1.- El pendiente de la libertad de prensa en la instauración de la democracia posterior a la transición del 2000 y su papel en lucha contra los poderes dominantes del viejo régimen priísta.

2.- El regreso al debate sobre la libertad de prensa que hubo en el siglo XIX y que sentó las bases de la libertad de prensa, con los medios como el contrapeso del poder establecido.

Por los alcances de la ley poblana y la decisión del director de comunicación del gobierno estatal de realizar las primeras dos acusaciones por “daño moral” a dos periodistas locales, el tema es espacio suficiente para debatir la función de la prensa en la nueva fase de la transición democrática.

Las reformas poblanas para demandar a periodistas tienen más de la Ley Lares santanista de 1853 y de la reforma constitucional de Porfirio Díaz-Manuel González de 1883 para controlar a la prensa que de la Ley Lafragua de 1955, los debates de Francisco Zarco en el Constituyente de 1857 y los debates de los artículos 6 y 7 en el Constituyente de 1917.

La libertad de prensa en México vino con la Revolución de Independencia: el Decreto sobre la Libertad Política de la Imprenta, promulgado por las Cortes de Cádiz el 10 noviembre de 1810. Además del apellido Política, ese decreto señaló la función de la prensa como contrapeso del poder y le dio validez legal al concepto de “opinión pública”, en su considerando que se transcribe con el lenguaje original de la época:

“Atendiendo las Córtes generales y extraordinarias á que la facultad individual de los ciudadanos de publicar sus pensamientos é ideas políticas es, no solo un freno de las arbitrariedad de los que gobiernan, sino tambien un medio de ilustrar á la Nacion en general, y el único camino para llevar al conocimiento de la verdadera opinion pública”.

De ahí la concepción de que en América la imprenta fue la Ilustración, señala un texto de Camilo Torres citado por Germán Arciniegas y retomado por François Xavier Guerra en Modernizad e independencias.

El itinerario de la libertad de prensa en México ha sido una hazaña de la construcción de la ciudadanía política:

1.- La aparición del Diario de México, dirigido por Carlos María de Bustamante, bajo el criterio de “fijar la opinión pública”.

2.- El decreto de Cádiz de Noviembre de 1810. A América llegó en 1812 y se publicó hasta 1815 por Carlos María de Bustamante. En el primer número de su revista Juguetillo, Bustamante resumió el alcance del decreto en una sola frase: “¿con que podemos hablar?”

3.- En abril 1855 el ministro de Justicia de Santa Anna, Teodosio Lares, emitió la llamada Ley Lares con el propósito de salvaguardar a los funcionarios de los comentarios “injuriosos y calumniosos” (artículo 28).

4.- En diciembre de 1855, derrotado el santanismo por la Revolución de Ayutla, se promulgó la Ley Lafragua como Reglamento Provisional de la Libertad de Imprenta. En esta ley se clarificó el concepto de “abuso de la libertad de imprenta” sólo por tres cosas: atacar al gobierno republicano, representativo y popular, publicar noticias falsas que excitaran a la rebelión o invitar a desobedecer alguna ley.

5.- En el debate de la libertad de prensa en el Constituyente de 1857, Francisco Zarco fue muy claro en sus criterios: “la opinión sí puede ser un error, jamás puede ser un delito”. Como ministro de Gobernación, Zarco clarificó los delitos de prensa en casos de honor y de plazo pública, pero sin coartar la libertad de decir y escribir y reduciéndolos sólo a los llamados contra las leyes de la república.

6.- En 1883, bajo el gobierno de Manuel González pero por instrucciones de Porfirio Díaz, se reformó la Constitución de 1857 para regresar a los delitos de prensa como una forma de acotar las críticas a las relecciones de Díaz y para callar a los caricaturistas. La reforma liquidó la existencia de dos jurados en materia de delitos de prensa --uno para determinar si hubo o no delito y otro para la sentencia-- y con ello retornó los delitos de prensa a delitos comunes.

El código civil de Puebla establece el “daño moral” como la afectación de los “derechos de personalidad” de los funcionarios --afectos, decoro, honor--, aunque no señala concretamente a los medios. Sin embargo, el código penal federal deja muy claro en su artículo 1916 bis que “no estará obligado a la reparación del daño moral quien ejerza sus derechos de opinión, crítica, expresión e información en los términos y con las limitaciones de los artículos 6 y 7 constitucionales”.

En el DF existe la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el DF, en cuyo artículo 4 establece que “se reconoce el derecho a la información y las libertades de expresión e información como base de la democracia instaurada en el sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo que tiene como presupuesto fundamental la defensa de los derechos de personalidad de los mexicanos”.

Al final, el ejercicio de la crítica periodística como libertad de prensa necesita de flexibilidad, porque si no tendrían actualmente que cerrarse todas las publicaciones y encarcelar a todos los periodistas y caricaturistas para proteger los “derechos de personalidad” de funcionarios que ocultan su ineficacia detrás de los derechos de personalidad; sin la prensa, entonces la sociedad mexicana reviviría el modelo de sociedad de los tiempos de Antonio López de Santa Anna.

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29-Octubre-2012, Lunes.

INDICADOR POLITICO

 

+ El PRI, el narco y las listas de EU

+ Tamaulipas: sombra de Yarrington

 

Carlos Ramírez

 

A punto de regresar al poder presidencial, el PRI parece no querer resolver el expediente más delicado de los últimos tiempos, inclusive posterior a la derrota del 2000: las relaciones peligrosas con el crimen organizado.

El problema que enfrenta el PRI es doble: hacia el interior del partido, hacia la composición del equipo que asumirá las riendas del gobierno federal y, de manera sobresaliente, la lista estadunidense de políticos mexicanos con presuntas relaciones con el narcotráfico.

Dos estados de la república se encuentran en el centro del conflicto: Nuevo León y Tamaulipas, aunque ya no tanto por las acciones criminales de los narcos sino por los desajustes políticos internos: en Nuevo León existen maniobras priístas locales y de grupos dominantes de poder para relevar al gobernador Rodrigo Medina de su cargo; y en Tamaulipas, aliados y compadres del ex gobernador Tomás Yarrington, acosado por la justicia por relaciones con el narco, se quieren colar en el equipo del próximo presidente de la república.

El caso de Tamaulipas es el más grave para el PRI porque el punto culminante de la crisis del narcotráfico ocurrió con el asesinato en junio del 2010 del entonces candidato del PRI al gobierno del estado, Rodolfo Torre Cantú, luego el PRI logró la mayor votación para llevar al gobierno al hermano del político asesinado, Egidio Torre Cantú, más tarde Tamaulipas sufrió peor acoso panista por temas del narcotráfico en la elección federal de este año y ahora los personeros de Yarrington quieren colarse al equipo del próximo presidente de la república para volver a convertir a Tamaulipas en un botín político.

Hasta ahora, los servicios de inteligencia política han detectado en Tamaulipas el activismo del ex diputado federal Baltazar Hinojosa Ochoa, sin brillo propio pero vinculado al grupo de poder del ex gobernador Yarrington, a quien lo unen dos compadrazgos. Pero esa movilidad ha ido desequilibrando las precarias alianzas estatales y con ello ha estado facilitando el asentamiento del PAN como fuerza local dominante.

El problema de Hinojosa Ochoa radica no sólo en su formación política al lado de Yarrington, sino al hecho de que Yarrington ha aparecido en expedientes filtrados desde los Estados Unidos no tanto por la veracidad de sus sospechas sino como parte del estilo de Washington de hacerle llegar al presidente electo, desde los tiempos de López Portillo, fichas de políticos con vinculaciones serias o simplemente de relaciones dudosas con el narcotráfico, a fin de que los nuevos gobiernos pongan más atención en la selección de funcionarios.

La filtración del expediente de Yarrington formó parte de esas maniobras. Por tanto, en las oficinas de inteligencia y seguridad nacional de los EU le han dado seguimiento a las relaciones de poder. Ahí es donde se ha prendido la alarma en torno a Hinojosa Ochoa, sobre todo por formar parte de la red de funcionarios vinculados a Yarrington.

Apenas en agosto pasado, el periódico Reforma publicó una lista de presidentes municipales que habrían recibido dinero del crimen organizado, sobre todo del cártel del Golfo, y casi todos ellos de la zona fronteriza de Tamaulipas con los EU. Respecto a Matamoros, un testigo reveló que Hinojosa Ochoa, presidente municipal de Matamoros en el periodo 2005-2007, formaba parte del círculo de Yarrington, ambos originarios de esa misma ciudad. Ante esa revelación, aún diputado federal, Hinojosa Ochoa negó cualquier relación con el narcotráfico. Sin embargo, ni las autoridades judiciales ni el gobierno mexicano realizaron alguna investigación adicional para verificar la veracidad de la denuncia.

De todos modos, el caso de Hinojosa Ochoa formó parte de una lista caliente de colaboradores, amigos y aliados políticos del ex gobernador Yarrington. Y si hasta ahora no se tienen más datos de investigaciones sobre las redes políticas de poder del cártel del Golfo, las sospechas en los EU seguirán asentadas hasta en tanto no se aclare el caso del ex gobernador Yarrington. Algunas fuentes priístas consideran que el gobierno de Peña Nieto tendrá que darle seguimiento a la denuncia originada en los EU.

Los casos de Tamaulipas y Nuevo León tienen derivaciones del pasado reciente en los grupos políticos dominantes. Sin embargo, forman parte de los expedientes calientes que tendrá que atender sin dilaciones el gobierno de Peña Nieto, sobre todo por el hecho de que esas fichas entregadas cada inicio de gobierno se pueden convertir en factores de presión estadunidense.

En los casos de Tamaulipas y Nuevo León, los investigadores estadunidenses han otorgado especial atención sobre todo a las redes de poder de los políticos presuntamente involucrados con alianzas con el crimen organizado. Ahí se localiza el principal peligro porque implica ya no tanto la violencia de las bandas criminales, sino la complicidad del sistema de gobierno que ha impedido alguna solución. No es gratuito que en los dos estados sigan existiendo complicidades políticas, muchas de ellas aún no detectadas.

De ahí que la principal inquietud en Washington sea que algunas personas sospechosas de relaciones peligrosas con la criminalidad puedan colarse en posiciones de poder en la nueva administración. Pero el nuevo gobierno priísta debe ser el primer interesado en evitar la contaminación de personajes que aparecen en las listas estadunidenses.

En este contexto, el nuevo gobierno priísta debe tener claro el hecho de que gobiernos estatales gobernados por el PRI --Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas y Michoacán-- se encuentran metidos en problemas de narcotráfico y tengan tantos problemas derivados no tanto de la violencia sin control sino de las redes del crimen organizado con espacios políticos de poder. De ahí la importancia para el PRI de limpiar las listas estadunidenses.

 

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26-Octubre-2012, Viernes.

INDICADOR POLITICO

 

+ La descardenización del PRI

+ Y no-cardenización del PRD

 

Carlos Ramírez

 

En esas volteretas que suele dar la política, la reforma laboral en materia de liderazgos sindicales logró dos impactos inesperados:

1.- La descardenización del PRI porque los liderazgos sindicales serán ahora responsabilidad de las bases y no de las alianzas de los sindicatos con el Estado ni con el PRI, con lo que se dio fin al proyecto político laborista del presidente Lázaro Cárdenas al impulsar la creación de la CTM como brazo obrero del partido del gobierno, entonces Partido de la Revolución Mexicana y luego Partido Revolucionario Institucional.

2.- La no-cardenización del PRD porque los líderes sindicales tendrán vigencia en tanto respondan a las bases y no a sus relaciones orgánicas con el PRD, fundado sobre las bases del neocardenismo impulsado por Cuauhtémoc Cárdenas en 1987-1989 y luego colocado como eje del PRD. Como el PRI, el PRD quiso articularse en torno a alianzas con sindicatos.

3.- La des-sindicalización del proyecto nacional de nación y de desarrollo que quiso, ante el debilitamiento del PRI por la nominación de Miguel de la Madrid como candidato tecnócrata en 1981, rehacer el proyecto progresista a partir del enfrentamiento del proyecto sindicalista contra el proyecto neoliberal empresarial que representaba entonces De la Madrid y su operador económico Carlos Salinas de Gortari. Aquella fase, conocida como la de la disputa por la nación --registrada con precisión por Carlos Tello y Rolando Cordera en un libro titulado precisamente con ese concepto--, se resolvió con la introducción del neoliberalismo como política de Estado y vigente a la fecha.

El papel central del sindicalismo como eje del funcionamiento del Estado priísta se consolidó por el proyecto político del presidente Cárdenas, pero sin posibilidad de existencia posterior. Cárdenas facilitó la candidatura sucesoria del conservador Manuel Avila Camacho en 1940 y en 1941, luego de haber desplazado a Vicente Lombardo Toledano y su grupo socialista de la cúpula de la CTM, Fidel Velázquez asumió el control total de esa Confederación y la subordinó a los intereses del Estado, operando como el brazo controlador de los obreros.

El papel central de Fidel Velázquez en la política se refrendaba cada seis años cuando la CTM tenía el privilegio de destapar al candidato presidencial del PRI, excepto en 1969 cuando le tocó al sector campesino de la CNC con Echeverría. En 1981 fue el último destape de Velázquez porque seis años después, en 1987, Carlos Salinas de Gortari fue nominado por el CEN, aunque con reconocimiento al veterano líder cetemista. De igual manera, Colosio fue destapado en noviembre de 1993 por el CEN priísta y Zedillo fue destapado por Joseph-Marie Córdoba Montoya.

En materia económica, el sector obrero, con la CTM como buque insignia, fue apabullado en 1981 con el cambio en el enfoque de la política económica del gobierno: el salario pasó de símbolo de la justicia social a variable inflacionaria determinante; la estrategia salarial definida por Salinas de Gortari desde 1982 fue la de sacrificar el salario como instrumento de control de la inflación por el lado de la demanda. Los pactos estabilizadores controlaron los salarios y llevaron a los obreros a una pérdida consistente del poder de compra. Más aún, Salinas de Gortari introdujo nuevos elementos para determinar el salario: la productividad, la demanda y el equilibrio del circulante, toda la doctrina neoliberal.

Lázaro Cárdenas había impulsado la organización sindical como pilar del nuevo Partido de la Revolución Mexicana con dos objetivos: instrumento de equilibrio de clases y factor de definición del bienestar. Esta idea sobrevivió hasta la presidencia del PRI de Porfirio Muñoz Ledo en 1976 cuando definió al PRI como el “partido de los trabajadores”. Pero la nominación de De la Madrid como candidato presidencial en septiembre de 1981 terminó con ese ciclo.

De 1981 al 2012, los sindicatos flotaron en un ambiente político en el ya no fueron determinantes para la toma de decisiones pero llegaron a contar como votos. En las elecciones presidenciales de 1988 Fidel Velázquez le prometió 20 millones de votos al candidato presidencial priísta Carlos Salinas de Gortari, pero al final el PRI sólo pudo acreditar 9.7 millones. Ahí se probó que la organización obrera del PRI tampoco servía para llevar votos a las urnas.

La reforma laboral aprobada por el Senado rompió el paternalismo del PRI sobre los líderes sindicales porque le trasladó a los obreros la permanencia de los dirigentes. Ahí terminó su ciclo el modelo sindical priísta del general Cárdenas. Y los líderes sindicales articulados al PRD, que habían reproducido el modelo cardenista, también tendrán que replantear sus liderazgos, ya no basados en su alianza con el partido sino en función de sus bases obreras.

La des-sindicalización de los partidos estaría conduciendo a la necesidad de formar partidos con bases obreras, como ya ocurrió con el SNTE y ahora se abre como posibilidad con el SME y su decisión de ser partido. Sin embargo, no existen pruebas contundentes de que las bases obreras se conviertan automáticamente en votos electorales.

Al final, la reforma laboral disminuirá el papel activo de los sindicatos y de las bases obreras en la política. De todos los partidos, el PRI es el que puede mantener su lealtad porque tiene cuotas de poder para sus sindicatos en las listas de candidaturas a cargos de elección popular. En el PRD y sus aliados, en cambio, sus líderes sindicales más representativos --Hernández Juárez por los telefonistas y la Unión Nacional de Trabajadores, Agustín Rodríguez por el STUNAM y Martín Esparza por el SME-- no llegaron al Congreso.

Si la reforma laboral pasa el tamiz de la Cámara de Diputados, el país habrá dado un paso importante en la conformación de los partidos: de partidos de masas a partidos de ciudadanos y votantes.

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25-Octubre-2012, Jueves.

INDICADOR POLITICO

 

+ Reforma laboral: ganó el PRI

+ PAN y PRD, la mano del gato

 

Carlos Ramírez

 

Si la política ha dejado de ser lineal y ha encontrado comodidad en el modelo matemático de la teoría de juegos para toma de decisiones en situaciones complejas, entonces el saldo de la reforma electoral en el Senado se convirtió en una victoria para el PRI.

En su fase de juego de estrategias, la decisiones políticas no se miden por el modelo binario ganar-perder, sino por la fabricación de escenarios que lleven a conclusiones que tampoco se deben tomar de manera literal porque a veces perdiendo se gana más.

De ahí que la votación final de la reforma electoral en el Senado debe tener otras lecturas políticas, sobre todo en función de las necesidades del PRI:

1.- La reforma tenía dos aristas separadas: la modificación del status del trabajador frente al patrón y la vida interna de los partidos. La victoria sobre la transparencia sindical se convirtió automáticamente en una derrota del obrero; los dirigentes sindicales seguirán mangoneando a los trabajadores, pero la iniciativa consolidó el abaratamiento en prestaciones de la mano de obra.

2.- Las reformas internas en el PRI habían diluido los compromisos políticos del partido con sus sectores corporativos: Salinas de Gortari introdujo el neoliberalismo que golpeó a la clase media, privatizó el ejido y hoy el PRI termina con el compromiso histórico con los trabajadores. El punto clave radica en el hecho de que en las últimas elecciones el PRI ya no dependió del voto corporativo sino social; por tanto, los sectores le salían políticamente más caros. Con la reforma se ayudó al PRI a disminuir el lastre de los sindicatos.

3.- La propuesta modernizadora de Enrique Peña Nieto estaba siendo frenada por los compromisos corporativos. Era obvio que el PRI por sí mismo nunca iba a lanzar una iniciativa que afectara al sindicalismo como aliado corporativo; por eso el PRI pareció reacio a la reforma, dejó que el PAN y el PRD polarizaran posiciones y luego votó a favor. Así, la reforma que terminaría con el corporativismo sindicalista priísta y la pérdida de poder de los líderes ayudará a la modernización de Peña Nieto.

4.- El eje político de la reforma laboral estaba delineado por Francisco Hernández Juárez, líder de los telefonistas desde 1976, aliado de Salinas de Gortari en la liquidación del papel tutelar del Estado, cómplice de la privatización de las empresas públicas, en un texto publicado en 1993 para exaltar al gobierno salinista: El sindicalismo en la reforma del Estado: “para remontar la crisis (de 1981-1989), no era suficiente que cambiara el modelo de desarrollo (del Estado al mercado); tenía que cambiar, a la vez, la estructura laboral, productiva, gubernamental, empresarial y sindical que funcionó para sus circunstancias económicas, sociales, políticas e ideológicas específicas” (pág. 65.)

5.- En la etapa fuerte de modernización 1989-1990, Salinas de Gortari sólo pudo golpear a los liderazgos sindicales de empresas del Estado pero adversos al Estado; en su discurso del primero de mayo de 1990, Salinas de Gortari enumeró los ocho puntos de su reforma laboral para buscar una nueva relación sindical dentro de los sindicatos pero no se atrevió a modificar las reglas de excepción de los líderes sindicales.

6.- La modernización de Peña Nieto necesitaba de un sistema productivo despolitizado, con líderes que rindieran cuentas a sus agremiados y no al gobernante en turno, toda vez que las decisiones del Estado que afectan las relaciones obrero-patronales han dejado de necesitar la complicidad de los líderes. El siguiente paso será la descorporativización de las cuotas de poder de cargos públicos del PRI, y será relativamente fácil con líderes que deben de atender a sus sindicatos y no la política. La reforma electoral votada en el Senado sacó las castañas del fuego con la mano del PAN y del PRD.

7.- Los más afectados con la reforma aprobada serán, paradójicamente, los sindicatos articulados al PRD porque heredaron el modelo del viejo PRI de control de masas como fuente de poder. Los líderes de esos sindicatos hacen más política que lucha por los obreros. Al gobierno no le interesa si Hernández Juárez se queda o no en el sindicato telefonista o Agustín Gutiérrez en la UNAM porque los dos dependen de patrones fuera del control estatal; pero esos dos líderes van a salir perdiendo con la reforma laboral.

8.- Los empresarios también quedaron felices porque controlan a sindicatos negociando directamente con los líderes pero estaban urgidos de abaratar la mano de obra. El PAN y el PRD ayudaron al PRI a deslindarse del paternalismo sobre los sindicatos, la relación del gobierno priísta con sindicatos se llevará en Hacienda vía revisión salarial y ya no en el PRI. Como los campesinos, los obreros estaban organizados para votar y no para producir.

El problema de la democratización del país tiene que ver muy poco con reformas parciales que no modifiquen el sistema de decisiones productivas. La siguiente fase de la modernización productiva del PRI --la de Peña Nieto en Los Pinos-- tenía que diluir el peso corporativo de los sindicatos; con la reforma, los líderes tendrán, ahora sí, que atender a los obreros y ya no a la política.

A cambio de posibilidades de democratización de la vida interna de los sindicatos que en el PRI nunca han sido prioridad, el PRI logró el abaratamiento de la mano de obra con la disminución de algunas prestaciones sociales que se habían convertido en costo de producción y afectaban la tasa de utilidad de los empresarios. Asimismo, el PRI consiguió que la alianza PAN-PRD --los extremos que se juntan-- aceptara el trueque de democratización a cambio de terminar con la alianza histórica del Estado priísta con los trabajadores.

La des-sindicalización del Estado, gracias al PAN y al PRD, fue otra forma de fortalecer la modernización del sistema productivo que inició el PRI en 1982 y que seguirá el próximo sexenio.

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24-Octubre-2012, Miércoles.

INDICADOR POLITICO

 

+ Sindicatos: ¿y los trabajadores?

+ Salarios, derechos, prestaciones

 

Carlos Ramírez

 

A lo largo de varias semanas, en medios, opinión pública y congreso se ha debatido la existencia de una estructura de organización sindical no sólo opaca sino opresora de los trabajadores. Pero en esos días, el peor silencio ha sido el de los obreros.

La existencia de la actual organización sindical en México ha obedecido a cuando menos tres hechos:

1.- El control Estatal de trabajadores para aplicar políticas económicas y de alto costo productivo y para utilizar a los sindicatos como instrumento de control empresarial.

2.- El factor laboral ha sido parte de la tasa de utilidad. El deterioro en el poder de compra del salario obrero es correlativo a las ganancias empresariales y a las estrategias de estabilización macroeconómica del Estado.

3.- Pese a las evidencias de que Estado, empresarios y líderes han mangoneado a los obreros para obtener beneficios particulares y generales, los obreros han dado muestras palpables de pasividad frente a sus dirigencias.

A lo largo de más de treinta años, de la introducción del neoliberalismo en las decisiones del Estadio en 1980 con la llegada a la Secretaría de Programación y Presupuesto de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari al debate actual sobre la reforma laboral, los trabajadores han sido sacrificados por el Estado, los empresarios y los líderes sindicales:

1.- En ese tiempo, el gobierno ha centrado el control de la crisis en el salario --la demanda--, con la anuencia de los líderes sindicales.

2.- Los controles salariales son mayores que los controles estatales sobre los precios y las utilidades: el deterioro del poder de compra obrero ha sido de 70% en treinta y seis años.

3.- El costo laboral y social de la crisis ha sido posible por la existencia de líderes venales que han controlado a los obreros para que gobierno y empresarios impongan políticas económicas que reventaron el Estado de bienestar.

Pero pese a la realidad de que los obreros han sido sacrificados por el gobierno, los empresarios y los líderes sindicales, los trabajadores han dado muestras fehacientes de inmovilidad; al final de cuentas, ni al Estado, ni al partido en el gobierno, ni a los empresarios les conviene la democracia sindical porque ella llevaría a una revaloración del factor trabajo y a una lucha salarial que rompería la estabilización y reduciría la tasa de utilidad.

Por tanto, el problema de la reforma laboral en realidad no se localiza en un Estado, unos empresarios y unos líderes sindicales que explotan a los trabajadores para legitimar políticas depresivas de desarrollo, sino en la holgazanería social y gremial de los obreros frente a su realidad que raya en la aceptación de condiciones de esclavitud económicas.

En realidad, los obreros no necesitan de leyes para someter a los líderes a controles; basta, por ejemplo, que los trabajadores se movilicen contra esos liderazgos entreguistas al gobierno en turno, a los empresarios y a los líderes. En 1976, por ejemplo, Francisco Hernández Juárez construyó una democratización desde abajo del sindicato de telefonistas y depuso al líder Salustio Salgado Guzmán porque se había eternizado en la dirigencia sindical; hoy, con el aval de los obreros, Hernández Juárez va para los cuarenta años como líder telefonista.

De nada servirán las leyes o las reorganizaciones o la transparencia de los liderazgos sindicales si los obreros aceptan con sumisión a sus líderes. Resulta inexplicable que trabajadores de la UNAM --supuestamente los más militantes y con formación proletaria-- acepten el liderazgo eterno de Agustín Gutiérrez por casi veinte años y la entrega de los derechos sindicales a arreglos con la rectoría de la universidad. Y los trabajadores petroleros, esa casta del proletariado de una empresa del Estado, ven pasar con desdén a liderazgos como el de La Quina y acaban de reelegir a Carlos Romero Deschamps por otros seis años, a sabiendas de sus componendas con los patrones.

Por tanto, será inútil que los legisladores peleen la democracia y transparencia sindical si los obreros carecen de conciencia proletaria hacia su sindicato y por tanto de conciencia social hacia el país y no les importa quiénes sean sus líderes. Al final, los obreros tienen los líderes que se merecen. ¿Cómo fue posible que Romero Deschamps haya ido reelecto en el sindicato petrolero después de las fotos de su hija hubiera aparecido como hija de jeque árabe?

Lo patético ha sido ver al movimiento YoSoy132 --esa juventud dizque rebelde-- marchar contra la reforma laboral y al lado de dirigentes sindicales con biografías de explotación de los obreros. O ver al PAN, doce años después de la transición que debió de haber impulsado la reforma laboral para la modificación del régimen priísta, rasgarse las vestiduras en el congreso con una ley tardía.

Al final, el debate sobre la reforma laboral ha probado que en México no existe obreros o proletarios con conciencia de clase, sino un lumpenproletariado desclasado y contento con el gobierno que sacrifica sus salarios y su nivel de vida, con empresarios que ganan más a costa del control de los sindicatos y con líderes sindicales venales que manejan a los obreros como trabajadores de Cananea o Río Blanco.

 

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