INDICADOR POLITICO
+ Narco: derechos sociales
+ La presión de EU, desleal
Carlos Ramírez
Una severa campaña se ha orquestado en México por la decisión de modificar el fuero militar por el caso documento de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido en 1974. Sin embargo, parece que nadie quiere hacer respetar los derechos ciudadanos de la sociedad que son violados impunemente por las bandas criminales y con complacencia de los tribunales civiles.
La lista de los derechos ciudadanos y humanos violados por las mafias criminales es bastante larga:
Los asesinatos.
Los secuestros.
Los granadazos.
Los coches bomba.
Las agresiones contra la sociedad.
Los asesinatos de inocentes por cada tonelada de droga decomisada.
Las matanzas de jóvenes.
Los asesinatos en centros de rehabilitación de drogas.
La venta de droga al menudeo que afecta a los ciudadanos.
La venta de drogas a los niños para hacerlos adictos.
La leva de jóvenes para incorporarlos a fuerzas al crimen organizado.
Las narcofosas.
Los crímenes del pozolero en tambos de ácido.
Los asesinatos de periodistas.
Las amenazas contra periodistas que se atreven a publicar reportajes contra los narcos.
Los asesinatos de alcaldes.
El asesinato del candidato del PRI a gobernador por Tamaulipas.
Los narcobloqueos en vías públicas.
El terror vía twitter para sacar a los ciudadanos de la calles.
Los cientos de policías y militares asesinados por las bandas del crimen organizado.
Los descabezados que significan amenazas.
Los colgados en puentes.
Las narcomantas amenazadoras.
La corrupción de policías, funcionarios y políticos por parte del crimen organizado.
La impunidad de políticos como Julio César Godoy que buscan una defensa legaloide contra revelaciones que lo vinculan con las mafias.
La complicidad del PRD con la narcopolítica al proteger al diputado (ex) (no ex) perredista Julio César Godoy.
La venta de protección del crimen organizado a la ciudadanía para echar de algunas plazas a las fuerzas de seguridad.
Los ataques de bandas criminales contra fuerzas de seguridad en las calles sin importar la presencia de civiles.
El tráfico de armas que se usan no sólo para matarse entre mafiosos sino para disparar contra la sociedad desarmada.
La incapacidad de los gobiernos estatales y municipales para limpiar sus cuerpos policiacos y sus tribunales de justicia, donde se anida el poder corruptor del narcotráfico.
El asesinato impune de indocumentados migrantes por negarse a trabajar para las mafias del crimen organizado.
Los ataques armados contra instalaciones policiacas para intimidar a los policías y obligarlos a renunciar.
El lavado de dinero en el sistema financiero, con la complicidad de empleados bancarios.
La falta de respeto a la ley, al Estado de derecho y a los derechos humanos por parte de los criminales.
HIPOCRESIAS DE LOS PARTIDOS
La situación en torno al diputado (ex-no ex) perredista Julio César Godoy está llevando al PRD a un callejón sin salidas. El escudo de protección al legislador con fuero ha convertido al partido del sol azteca en un cómplice de la impunidad del poder ante el crimen organizado.
El asunto perfila las incongruencias en la lucha contra el crimen organizado: mientras militares, marinos y policías combaten con violencia a las bandas criminales, los sectores políticos y sociales ven por sus propias conveniencias.
El caso Godoy ejemplifica lo absurdo de la política: la PGR entregó información sobre la presunta responsabilidad del michoacano en sus relaciones con la mafia de La Familia michoacana. La culpabilidad le corresponde determinarla a un juez. Pero para ello, se requiere que el acusado se presente ante tribunales para desahogar pruebas. Godoy puede eludir ese paso al protegerse detrás del fuero constitucional como diputado.
Lo grave del asunto es que se deja la sensación de que los políticos rehúyen las acusaciones con el escudo del fuero. El asunto es simple: si Godoy es inocente, entonces él debería renunciar al fuero y presentarse ante las autoridades. Sin embargo, sus alegatos de defensa buscan enredar la investigación, no negar sus conversaciones con jefes de las mafias.
Ahí se localiza el principal obstáculo para cerrarle el paso al crimen organizado: en funcionarios y políticos que se niegan a encarar acusaciones. Los resultados de la lucha contra la inseguridad serán menores si no se desmantela la red de protección política y policiaca con la que cuentan las bandas criminales.
Sin embargo, políticos y sociedad se han negado sistemáticamente a participar en la estrategia gubernamental de combate a las mafias criminales. En Ciudad Juárez, por ejemplo, la sociedad prefiere lidiar con los delincuentes que apoyar las acciones de seguridad. Y es obvio que no habrá victoria sobre la inseguridad si la sociedad y las estructuras políticas no se deciden a sumarse a la batalla contra la criminalidad.
Lo malo es que el combate contra la inseguridad no se ganará si sólo se atiende a la parte policiaca y militar. Todos hablan de reconstruir el tejido social, pero nadie participa en acciones de reconfiguración de la base social institucional. La sociedad se queja pero no participa en la denuncia de las bandas.
Extraña el volumen de quejas sociales y políticas contra presuntos abusos de autoridad en la lucha contra las mafias, pero un silencio cómplice ante casos como los del diputado Godoy.
NARCO: LA CULPA ES DE EU
En una actitud bizarra, el gobierno de los Estados Unidos se ha convertido en el tribunal político contra la estrategia mexicana de lucha contra las drogas. No pasa oportunidad sin que la señora Hillary Clinton califique la realidad mexicana pero sin entenderla, a pesar de que el cargo de secretaria de Estado exige la visión geopolítica de la que carece el presidente Obama.
La fase de violencia criminal en México es producto de un reacomodo de mafias y el replanteamiento de sus relaciones de poder. Eso es cierto y no merece ninguna reflexión científica. Sin embargo, los EU se han negado a ver la simplicidad del problema del narco en México en sus tres puntos fundamentales:
1.- México es una pieza importante en la estructura del narcotráfico por la demanda de droga de la población de los Estados Unidos.
2.- Washington se preocupa por la violencia en México debido a los tres mil kilómetros de frontera, pero sin racionalizar que el gobierno de los EU carece de una verdadera política estratégica de seguridad fronteriza.
3.- La incomprensión de la Casa Blanca hacia el verdadero problema de la violencia del narco en México --la demanda/consumo en los EU-- se convierte en política imperial. Mientras los EU no combatan con seriedad el consumo de droga en su territorio, la crisis de México será permanente y sin solución.
Lo malo radica en el hecho de que la parte mexicana vive políticamente atemorizada de reclamarle a la Casa Blanca los cuestionamientos a un problema que es binacional y bilateral y que nunca se terminará si no se plantea una corresponsabilidad de culpabilidades cuando menos en tres temas:
1.- El problema del narcotráfico en México seguirá latente y creciendo mientras se mantenga y crezca el consumo de millones de estadunidenses. Hay una ley natural de la economía: la demanda determina la oferta. México accedió a productor de marihuana cuando los EU la solicitaron para sus soldados en Vietnam. La CIA organizó una estructura de comercio de droga vía Vietnam.
2.- La violencia del crimen organizado depende del acceso a las armas. Pero el principal productor, comerciante y contrabandista de armas en el mundo es el gobierno de los Estados Unidos, además de tener una cultura por las armas y la violencia con protección constitucional.
3.- El controlador del sistema financiero ilegal que permite el lavado de dinero de múltiples actividades ilícitas es el sistema financiero gubernamental de los Estados Unidos. Las autoridades financieras de los EU mantienen una estructura secreta de manejo de fondos de dinero ilícito, vía ventanillas negras que absorben el dinero criminal.
Por tanto, ya va siendo hora de que México denuncie internacionalmente que la causa de la violencia criminal aquí revela una corresponsabilidad del gobierno de los EU en los tres puntos clave: consumo, contrabando de armas y lavado de dinero. Por eso es que alguien debiera ya darle una lección de real politik a la señora Clinton, quien por cierto nunca pudo controlar los devaneos sexuales de su marido en la Casa Blanca y quiere controlar a México.
En términos legales --vía el caso de las tabacaleras--, México puede demandar en tribunales internacionales a los EU como responsable de la violencia y el gasto en seguridad y salud porque el origen del problema se localiza en la demanda de droga de los estadunidenses. Pero la diplomacia mexicana es timorata.
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